Ailyn Rufino Rangel

Expediente 1060/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1060/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Presidencia de la Republica
  • Ailyn Rufino Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1060/2021. RESULTANDO PRIMERO. El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, Leticia Rangel Lara en representación de la menor de iniciales A.R.R., solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad, los que estimó violatorios de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Este Juzgado de avocó al conocimiento del asunto; y, por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la quejosa se duele de actos de autoridad. SEGUNDO. Resguardo de identidad de menor. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 4, párrafo noveno, de la Constitución Política Federal, en relación con los diversos 3.1. y 19.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 5, primer párrafo, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 49 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán; debe tomarse en consideración que en el caso interviene una menor de edad, por lo que, para proteger su intimidad y la reserva de sus datos personales, se hará referencia a él en esta sentencia como el menor de edad o por las iniciales de su nombre y apellidos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 11/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA". TERCERO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado, el cual, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo y las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que se reclama de: Secretaría de la Salud en Representación del Presidente de la Republica, Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, y Secretario de Salud en el Estado de Michoacán. La omisión y dilación por parte de la Autoridad responsable al no aplicar la vacuna contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), a los menores de 12 a 17 años del biológico Pfizer- BioNTec, el cual ya es autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (cofepris) y contemplarlos por igual como todo ciudadano mexicano en riesgo de contagio del virus Sars-Cov2, violentando totalmente el artículo 1, 4 constitucional, toda vez los menores tienen el mismo riesgo que cualquier otro ciudadano de contraer el virus y así mismo en la actualidad de las variantes y poner delicados por el covid 19, ya que puedan ser contagiados por algún miembro de su familia, por actividades diarias, o ahora con la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador el cual manifiesta que Llueve, truene o Relampaguee los menores deben regresar a clases y su regreso será próximo, incluso en algunas escuelas del estado de Michoacán ya están de manera presencial, ahora bien por todas estas razones los menores al no estar vacunados están totalmente vulnerables al virus y como ya hay casos de menores delicados e inclusive que han perdido la vida aun sin tener comorbilidades, por lo cual se debe salvaguardar el derecho a la salud de todos los menores por igual tengan enfermedades y/o comorbilidades o no y respetar el derecho a la igualdad y pueda ser de manera urgente vacunado mi menor hijo. CUARTO. Actos inexistentes. No obstante de la presunción de certeza del acto reclamado a la responsable Secretaría de la Salud en Representación del Presidente de la Republica, al ser omiso en rendir su informe justificado, dicha presunción se desvirtúa por lo que resulta inexistente el acto atribuido, pues lo cierto es que de la revisión efectuada al documento denominado Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México, publicada en la página electrónica http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentosdeconsulta/, lo que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para esta juzgadora y de lo que se desprende que no hay participación de dicha autoridad responsable en su emisión, como incluso se verá más adelante. En efecto del citado documento se advierte que fue elaborado por el Secretario de Salud, el Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, y revisado por el Subsecretario de la Prevención y Promoción de la Salud en México. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Máxime, como se verá más adelante la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es la autoridad encargada de la aplicación de la vacuna. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; no obstante, dicha negativa se ve desvirtuada con las manifestaciones vertidas en su propio informe. La autoridad responsable Secretaría de Salud con residencia en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada del oficio por los que se le requirió el mismo; por tanto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. Cabe mencionar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con su escrito de alegatos que presentó ante este juzgado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las responsables negaron la existencia de los actos reclamados, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Argumento que se desestima, en virtud de que, por los motivos dados, el acto reclamado es cierto. SEXTO. Procedencia. En este tenor, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, esta juzgadora considera que respecto al acto reclamado consiste en la exclusión de la menor quejosa A.R.R. que cuenta con quince años de edad respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado, es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no deja ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. El acto reclamado consiste en la exclusión de la menor quejosa de iniciales A.R.R. que cuenta con quince años de edad respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec, el cual ha sido autorizado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Por otro lado, se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, las autoridades sanitarias anunciaron el registro para los adolescentes de quince a diecisiete años, sin comorbilidades para que puedan acceder a ser inoculados contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec; lo anterior, fue anunciado en diversos medios de comunicación como lo es en la información que como hecho notorio se invoca: "Asimismo, es de hacer notar como hecho notorio que, del perfil oficial de Twitter de la Secretaría de Salud, se advierte que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y del Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, el dieciséis de noviembre del año en curso, informaron que el 19 de noviembre se abriría el pre registro para adolescentes de 15 a 17 años SIN COMORBILIDADES a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19. Además, se informa que gracias a la actualización que se llevó a cabo a la plataforma digital [mi vacuna] consultable en la página oficial http//:vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de consulta/ se advierte que los menores de edad de entre 15 a 17 años, sin comorbilidades ya pueden realizar su registro de vacunación para ser inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19; asimismo pueden acceder a ella y registrarse el grupo etario de 12 a 17 años, que vivan con alguna comoborbilidad de las señaladas en la propia política, como lo son: Condiciones cardíacas crónicas Enfermedad pulmonar crónica Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo Enfermedad neurológica crónica Enfermedades endócrinas Inmunosupresión moderada a grave Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas Embarazo adolescente." Lo que constituye un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del numeral 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues la vacunación a los adolescentes que cuentan entre quince y diecisiete años es una realidad, dado que en múltiples plataformas informativas se ha dado la difusión de tal acontecimiento, permitiendo a dicho grupo etario el acceso a la citada vacuna, en su primera y segunda dosis. De tal suerte que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, respecto de la menor quejosa de iniciales A.R.R. que cuenta con quince años de edad existía el impedimento para que pudiera ser vacunada; no obstante, en la actualidad dicho obstáculo ha sido nulificado por las propias autoridades, dando la apertura al registro para tal fin y, posteriormente, procediendo a la aplicación del biológico solicitado. Luego entonces, se tiene que para acceder a dicha vacuna, la parte quejosa debe efectuar los trámites solicitados; ello, a efecto de preservar el orden y control en la aplicación de citado biológico, dado que el juicio de amparo no puede constituir un medio por el que se permita la excepción a los trámites previstos por las autoridades, siempre y cuando estos resulten ajustados a derecho. En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos de los actos que en esta vía se reclaman, pues la omisión de incluir a la menor de quince años de edad en el Plan Nacional de vacunación quedó sin efectos, al haber sido aperturado el registro para la aplicación de la primera y segunda dosis de la citada vacuna a dicho sector poblacional; con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. Por tanto, el actuar de las autoridades restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirán, pues a partir del momento en que las autoridades sanitarias del país incluyeron a los menores entre quince y diecisiete años, sin comorbilidades, en el programa de vacunación contra la COVID-19, cesó la omisión reclamada. Atento a lo antes expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, respecto del acto reclamado consistente en la exclusión del menor quejoso respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, COVID-19, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;." En el caso se actualiza la causal de inejercitabilidad ya señalada, pues al parte quejosa ha consentido expresamente el acto reclamado, situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Es decir, se produce la causal en estudio cuando, respecto del acto reclamado el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad respecto del acto reclamado. En relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, es conveniente tener presente la tesis que sostiene el Pleno del más Alto Tribunal que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En el caso que se analiza, se advierte que la parte quejosa consintió el acto reclamado ya que por autos de fechas veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, notificado el día cinco de enero de dos mil veintidós, de dieciséis de febrero de dos mil veintidós notificado el veintidós del mismo mes y año, así como de las constancias que obran en el incidente de suspensión del cual deriva el presente juicio de amparo mediante resolución incidental de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, que se le hizo saber de forma personal el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, derivado de las fechas de vacunación designadas por la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, la quejosa fue requerida para que exhibiera los comprobantes de vacunación de la menor de iniciales A.R.R, sin que a la fecha haya cumplido con lo solicito por esta Juzgadora Federal. Además porque en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós dentro de los del incidente de suspensión, se hizo constar que la autoridad responsable informó que a la menor de iniciales A.R.R le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna en contra del virus SARS-CoV2 el quince de febrero del año actual, lo que acreditó con las constancias de consentimiento relativo a su aplicación. La información y documentales que obran en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo constituyen un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al cual la suscrita puede tomar en cuenta hechos que, aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, sean lo bastante notorios e importantes para resolver una cuestión judicial determinada. En este orden de ideas, y ante la omisión de la impetrante de cumplir con lo requerido, debe asumirse que existe consentimiento de éste sobre los actos reclamados, con lo que se demuestra un desinterés de la quejosa. Es decir, ante el requerimiento el resultado es una conducta pasiva, ante lo cual no queda sino contrastar los elementos con los que cuenta esta juzgadora, de lo que se obtiene que debe prevalecer lo relativo a que la quejosa ha consentido el acto de autoridad reclamado, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XIII y XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado". Luego, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Se cita la Jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Leticia Rangel Lara en representación de la menor de iniciales A.R.R., por las razones dadas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese a la parte quejosa en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Carlos Fernando Cabrera López, con quien actúa y da fe.

  2. Incidental

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LETICIA RANGEL LARA REPRESENTANTE DE LA MENOR A.R.R., LA DETERMINACION DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por Noé Díaz Munguía, apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán; mediante el cual informa que el quince de febrero del año en curso, se aplicó la segunda dosis de vacunación a la menor de iniciales A.R.R., contra la enfermedad COVID-19, lo que acredita con las constancias de consentimiento relativo a dicha aplicación. En tales circunstancia, requiérase a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, exhiba copia certificada del comprobante de la primera y segunda dosis de vacunación de la menor de iniciales A.R.R. o bien su original, el cual le será devuelto previo cotejo se haga del mismo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por Noé Díaz Munguía, apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán; mediante el cual informa que el quince de febrero del año en curso, se aplicó la segunda dosis de vacunación a la menor de iniciales A.R.R., contra la enfermedad COVID-19, lo que acredita con las constancias de consentimiento relativo a dicha aplicación. En tales circunstancia, requiérase a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, exhiba copia certificada del comprobante de la primera y segunda dosis de vacunación de la menor de iniciales A.R.R. o bien su original, el cual le será devuelto previo cotejo se haga del mismo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Requerimiento a la parte quejosa. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa informara a este órgano jurisdiccional, si ya le fue aplicada a la menor quejosa A.R.R., las vacunas solicitadas; en cuyo caso, deberá exhibir copias certificadas de los comprobantes de vacunación relativos a la primera y/o segunda dosis -según corresponda- o bien, sus originales los que previo su cotejo le serán devueltos, sin que obre constancia o manifestación al respecto no obstante de haber sido notificada el cinco de enero de la presente anualidad, como se desprende de la notificación que obra en el expediente electrónico. En tal circunstancia, a efecto de estar en condiciones de continuar con la apropiada tramitación del juicio de amparo en que se actúa, requiérase por última ocasión a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que se le notifique el presente proveído, informe ante este juzgado si ya le fue aplicada a la menor quejosa A.R.R., las vacunas solicitadas; en cuyo caso, deberá exhibir copias certificadas de los comprobantes de vacunación relativos a la primera y/o segunda dosis -según corresponda- o bien, sus originales los que previo su cotejo le serán devueltos. Apercibida que, en caso de no realizar manifestación alguna en el plazo concedido para tal efecto, este órgano jurisdiccional proveerá conforme a derecho. Requerimiento a la autoridad responsable. Notifíquese. Por otra parte, de la misma certificación que antecede, se desprende que la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, no ha informado a este órgano jurisdiccional, si a la menor a la menor quejosa A.R.R., ya le fueron aplicadas la primera y la segundo dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19, pues no obra constancia o manifestación al respecto. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se libre, requiérase a la citada autoridad, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que se le notifique el presente proveído, informe a este juzgado federal si, a la menor quejosa A.R.R., le fueron aplicadas las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que para ello tenga, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación3, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Diferimiento constitucional. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por licencia concedida a la titular de este órgano jurisdiccional por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio número 04447/2022, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

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