Aida Lopez Benites

Expediente 157/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
157/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/08/2019

Partes del expediente

  • Aida Lopez Benites

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el escrito de cuenta signado por el autorizado legal de la quejosa Aida López Benites, mediante el cual solicita la expedición de copias certificadas de las constancias que señala en el escrito que se atiende. Como lo solicita la promovente, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de artículo 2°, expídase las copias que solicita y entréguensele previa constancia de recibo que se deje en autos.

  2. Principal

    vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte, ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo 157/2019-3B, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Aida López Benites; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por no presentada la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto, se advierte, no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el quince de marzo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA QUEJOSA AÍDA LÓPEZ BENITES, EL AUTO DICTADO EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta y anexos que presenta la quejosa Aida López Benites en vía de cumplimiento al acuerdo de quince de los corrientes. Ahora bien, en principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo y escrito aclaratorio, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Ahora bien, de la demanda de mérito y aclaración se advierte, que la parte quejosa en esencia reclama la omisión de llamársele al juicio 531/2014, promovido ante el Tribunal responsable por Rogelio Rosalio López Benitez contra Isidro López Benitez y el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, por reconocimiento a la titularidad de los derechos agrarios que en vida pertenecieron a la extinta Albina Benitez Serrano, en el Ejido Chihuahuita, Ahome, Sinaloa progenitora tanto de la quejosa como de los citados Rogelio e Isidro, ambos de apellidos López Benitez, contendientes de ese juicio, además, demandó dicho actor la nulidad de la lista de sucesores relativa a la mencionada difunta. Del análisis de lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo toda vez que el acto esencialmente reclamado, no ocasiona una afectación a derechos sustantivos de la impetrante esto es no le causa un agravio personal y directo para poder controvertir tal acto mediante el juicio de amparo, y por ende, no se encuentra legitimada. Al respecto, el artículo 107 Constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, señala: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". A su vez, el diverso artículo 5º de la misma Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La victima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos de autoridades administrativas o judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento, además establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien le perjudique, por sí o por su representante. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica del impetrante, como en el caso. En efecto, la acción constitucional se reserva única y exclusivamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, perjuicio entendido como toda afectación producto de la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y precisamente, esto es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio constitucional. En tal aspecto, se invoca la jurisprudencia número 852, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, en el Tomo VI, visibles en la página 581, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.". Como se advierte de lo expuesto, la impetrante reclama que se haya omitido llamarla al juicio de origen, esto, se entiende, porque con tal omisión se le pretende privar de sus derechos sin ser oída y vencida en juicio, en su calidad de hija de la extinta ejidataria Albina Benites Serrano, en el Ejido Chihuahuita, Ahome, Sinaloa sin embargo, no se advierte que se le hubiera afectado derecho alguno. Ciertamente, de la reseña de antecedentes se desprende que la contienda ante el Tribunal responsable se relaciona con la acción de nulidad de la lista de sucesores y el reconocimiento de la titularidad de los derechos agrarios de la finada Albina Benitez Serrano. En el caso, conforme a lo manifestado por la quejosa, en su demanda y en su escrito aclaratorio, la quejosa, tiene conocimiento de la existencia del juicio de origen, el cual no se ha resuelto, y en esas condiciones, no puede considerársele parte agraviada, dado que al no haberse emitido en dicho juicio la resolución definitiva, no puede estimarse que se le afecta en su esfera de derechos, pues para ello es necesario se demuestre la ejecución -así sea a título de inminente- en su perjuicio del acto reclamado, no obstante su calidad de persona tercera extraña a tal juicio. Como se ve, es claro que en ese juicio agrario no se han reconocido en favor de alguno de los contendientes los derechos agrarios que en vida pertenecieron a Albina Benitez Serrano, sino que este versa sobre la nulidad de la lista de sucesión relacionada, y la quejosa comparece como hija de la de cujus, quien es la autora o a quien pertenecía el derecho agrario en conflicto, esto es, con una simple expectativa de derecho, que no será materia del juicio de nulidad respectivo. En consecuencia, las actuaciones practicadas en el expediente natural no resultan violatorias de los derechos fundamentales de la quejosa, pues se insiste, si no se reconocieron derechos sucesorios agrarios en favor de alguna de las partes, entonces, tampoco se afecta la esfera jurídica de la quejosa quien se encuentra en condiciones de promover en primera instancia lo que a su derecho corresponda a fin de dilucidar si cuenta con derechos agrarios derivados de la sucesión; pues se insiste, no se le está privando de derecho alguno con la sola tramitación de ese juicio agrario, al cual puede apersonarse en cualquier momento a hacer valer los derechos que le asistieren como hija de quien ostentaba el derecho agrario. Se invoca por su vinculación con el tema la tesis I.1o.T.3 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena, Época, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común página 461, del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE TRATANDOSE DE PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO AUN NO SE HA EJECUTADO. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio, alegando que se pretende ejecutar en su domicilio un laudo que constituye el acto reclamado. Lo anterior porque conforme a los artículos 107, fracciones I, III, inciso c) y VII, constitucional, 4o. y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, es aplicable el principio general de procedencia del amparo, consistente en que sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, lo que significa que es necesaria la demostración de la ejecución del acto reclamado, mientras no sea inminente dicha ejecución en menoscabo de los intereses legalmente tutelados del tercero extraño al juicio". También sirve de apoyo, en lo conducente, por las razones que la informan la tesis del mismo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Sexta Parte, Materia Civil, página 650, que dice: "TERCERO EXTRAÑO, FALTA DE INTERES JURIDICO DEL DEMANDADO, PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, COMO. Para la procedencia del juicio de amparo, ningún perjuicio causa al quejoso el procedimiento seguido en un juicio ordinario civil en el que no haya sido emplazado, si en el mismo aún no se ha dictado sentencia definitiva que lo resuelva debido a que aún no existen actos de ejecución en su contra, pues será hasta el momento en que se dicte sentencia condenatoria en perjuicio del quejoso, en ese juicio, cuando se presente el daño, por ya existir actos que van a ejecutarse en su agravio; por tal motivo en el primer caso resulta improcedente el juicio constitucional atento a lo que dispone el artículo 4o. de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 73 del mismo ordenamiento". Por todo ello, al ser obvio e incuestionable que no se ha generado afectación a la esfera de derechos de la peticionaria, con la actuaciones del juicio de origen, sino que será la resolución definitiva que en él se dicte, la que, de generarle afectación a su esfera de derechos podrá ser materia de reclamo, es que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por notoriamente improcedente.

  4. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA.

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