Agustín Rodriguez Gastelum
Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Agustín Rodriguez Gastelum
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído mediante el cual se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó atención médica; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, firmado por el licenciado Luis Javier Jiménez González, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de veinte de octubre del presente año, y hace manifestaciones respecto al cumplimiento de ejecutoria hecho valer por la autoridad responsable; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el sentido se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de proteger los derechos violados del impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Se lleve a cabo en la persona del quejoso Agustín Rodríguez Gastélum, los estudios pre quirúrgicos ordenados por el Servicio de Trauma y Ortopedia al haberle diagnosticado coxartrosis mecánica izquierda, se programe fecha para la cirugía de cadera y el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. 2. Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "coxartrosis mecánica izquierda, para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, en proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, causo ejecutoria el presente juicio de amparo, y se requirió a la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria, mediante oficio 11776/2021. (fojas 86 a la 89). Ahora bien, mediante oficio, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de octubre del año en curso, (fojas 94 a 101), el Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se le notificó al hoy quejoso por conducto de su representante legal que quedo agendado para el veintidós de julio del presente año, así mismo se informó que en efecto en la fecha referida el derecho habiente hoy quejoso fue atendido en el servicio de Traumatología y Ortopedia de ese hospital, cita en el que se ordenaron diversos estudios preoparatorios, sin embargo el paciente manifestó que NO ES SU DESEO realizarse los estudios, debido a que tiene temor de contagiarse con el Virus Sars-Cov2 (pandemia]), solicitando no se le programen cirugía hasta en tanto haya oportunidad dependiendo del estado de la PANDEMIA. Con el oficio de cuenta se le dio vista a la parte quejosa en proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación manifestara lo que a su interés convenga; apercibido que de no hacer manifestación alguna se proveerá lo que en derecho proceda. Ahora bien, en respuesta el autorizado de la parte quejosa al evacuar la vista de veinte de octubre de dos mil veintiuno, manifestó: ".Que en atención al contenido del proveído de 20 de los corrientes, por medio del cual se da vista a esta parte quejosa con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de la responsable; al respecto informo que en esta propia fecha me puse en contacto vía telefónica con el quejoso para cuestionarle con relación a las supuestas afirmaciones en el sentido de que él había expresado su negativa de realizarse los estudios preoperatorios dado que tiene temor de contagiarse de COVID 19; ante lo que me manifestó que es correcto, ya que derivado del hecho que su esposa se contagió de tal enfermedad tiene miedo de contagiarse él también de dicha enfermedad, además que no tiene quien lo cuide, por lo que tomó la determinación de expresar al IMSS su deseo de suspender por el momento los estudios preoperatorios que le ordenó el IMSS, así como la cirugía que en su caso le ordenaran los médicos, hasta en tanto se regularice la contingencia derivada por los contagios de COVID-19.". Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad ".Lleve a cabo en la persona del quejoso Agustín Rodríguez Gastélum, los estudios pre quirúrgicos ordenados por el Servicio de Trauma y Ortopedia al haberle diagnosticado coxartrosis mecánica izquierda, se programe fecha para la cirugía de cadera y el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello, asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "coxartrosis mecánica izquierda, para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello.". Lo cual ya aconteció, toda vez que la autoridad responsable agendó para que se realizaran diversos estudios preoparatorios; lo que se advierte que el quejoso no lo permitió, al tomar la determinación de expresar al Instituto Mexicano del Seguro Social, su deseo de suspender por el momento los estudios preoperatorios que le ordenó el citado instituto, así como la cirugía que en su caso le ordenaran los médicos, hasta en tanto se regularice la contingencia derivada por los contagios de COVID-19. En efecto, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, la finalidad del juicio constitucional es resarcir al ciudadano el goce del derecho humano que le fue transgredido; para determinar si una resolución fue o no cumplida por parte de la autoridad responsable debe atenderse al núcleo esencial de concesión, en el sentido de realizar los actos necesarios a efecto de que lleve a cabo los estudios pre quirúrgicos ordenados por el Servicio de Trauma y Ortopedia al haberle diagnosticado coxartrosis mecánica izquierda, se programe fecha para la cirugía de cadera y el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello, asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda a su padecimiento de problema "coxartrosis mecánica izquierda, para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa manifestó que NO ES SU DESEO realizarse los estudios, debido a que tiene temor de contagiarse con el Virus Sars-Cov2 (pandemia]), solicitando no se le programen cirugía hasta en tanto haya oportunidad dependiendo del estado de la PANDEMIA; por tanto, el núcleo esencial de la concesión del amparo, se encuentra cumplido, dejándose expeditos los derechos de la parte demandante. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; es evidente que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Directo del Hospital General de Zona 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el impedimento que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues refiere que: ".el derechohabiente hoy quejoso fue atendido en el Servicio de Traumatología y Ortopedia de este Hospital General de Zona No. 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social, cita en la que se le ordenaron diversos estudios preoperatorios sin embargo el paciente manifestó que NO ES SU DESEO realizarse los estudios, debido a que tiene temor de contagiarse con el Virus Sars- Cov2 (pandemia) solicitando no se le programe cirugía hasta en tanto haya oportunidad dependiendo del estado de la PANDEMIA, lo anterior se acreditó con el oficio de fecha 23 de julio de 2021, documento que se encuentra firmado por el propio quejoso."; ".Ante la imposibilidad de poder continuar con la atención medica por negativa del Quejoso, le solicito a ese H. Juzgado requiera al hoy quejoso manifieste por escrito si es su deseo continuar con la atención médica en este Hospital y si es así le pido se requiera al quejoso para que se presente en las instalaciones de este Hospital para así poder dar seguimiento al problema de salud que le aqueja."; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Por tanto, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que de no hacer manifestación alguna se proveerá lo que en derecho proceda.
- Principal
Único. La justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Agustín Rodríguez Gastelum, respecto de los actos reclamados al Director General del Hospital General de Zona 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto para los efectos precisados en el séptimo considerando de esta resolución.
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