Agustin Urias Rodriguez

Expediente 244/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 40 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
244/2016
Año
2016
Actuaciones
40
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Agustin Urias Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual solicita el acuse de recibo del oficio 2591-A, por el cual remitió la resolución pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 14/2018 laboral de su índice; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales. Como lo pide la superioridad oficiante, por oficio vía interconexión, acúsese recibo del comunicado 2591-A, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de quince de mayo del año en curso, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisionalmente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto en que se concedió dicha medida cautelar en el incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha siete de abril de dos mil dieciséis, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  4. Principal

    Agréguese para que obre como legalmente corresponda el escrito suscrito por la autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones; en atención a lo anterior, se le tienen por hechas las manifestaciones a la promovente. Por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa Agustín Urías Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tanto del Estado de Sinaloa, como de Sonora -autoridad auxiliar en razón de que fue con quien se contrató el crédito, realizará lo siguiente: 1. En uso de las facultades que le confieren los artículos 3, fracción XXXVII, 4, fracción IV y 9 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emita de inmediato aviso de suspensión de descuentos realizados al salario de Agustín Urías Rodríguez, con registro federal de contribuyentes UIRA601202QWA y el número de seguridad social 24806050506, quien a la fecha de presentación de la demanda laboraba para Ferrocarril Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Los Mochis, Sinaloa; ello en relación con el crédito 9433872224. 2. Que la autoridad responsable ordene que se le devuelva al accionante del amparo todas y cada una de las cantidades que se le hayan retenido con motivo del aludido crédito, con sus correspondientes actualizaciones. 3. Hecho lo anterior, realicen la investigación relativa a si es o no la persona con la cual realizaron el contrato de crédito. 4. En el supuesto de que sí sea la persona con la cual realizaron el contrato de crédito, previo a los descuentos que se realicen, le otorguen la garantía de audiencia para que el impetrante pueda manifestar lo que su interés legal convenga; pueda defenderse; y tenga conocimiento de los descuentos que, en su caso, se le efectuarán. Ahora bien, el diez de enero de dos mil diecinueve, se resolvió la resolución del incidente innominado para determinar la cantidad monetaria que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa con motivo de los descuentos realizados, en la cual se dijo exactamente el monto a devolver, por lo que se requirió a las autoridades por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En auto de seis de febrero del año en curso, se otorgó una prorroga a la autoridad responsable Gerente del Área Jurídica representante legal y en nombre del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Sonora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, por proveído de veintiséis del mismo mes y año se dio vista a la parte quejosa con el oficio suscrito por el Gerente del Área Jurídica representante legal y en nombre del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Sonora, con el cumplimiento dado a la ejecutoria, por lo que la parte quejosa desahogó la vista dada en el mismo manifestando su inconformidad, con lo que se le dio vista a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. Por lo anterior, en autos de veintiocho de febrero y treinta de abril de dos mil diecinueve, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Gerente del Área Jurídica representante legal y en nombre del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Sonora, por el cumplimiento. Por lo tanto, mediante oficio de dos de mayo del presente año, suscrito por dicha autoridad remitió copia de la pantalla emitida por la base de datos que mantiene, en la cual se evidencia el pago de nueve de abril del mismo año, por la que se llevó a cabo la transferencia de recursos a favor del aquí quejoso a la clave interbancaria propuesta. Con lo anterior, en proveído de seis del presente mes y año se dio vista a la quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, quien quedó debidamente notificado del mismo, el siete de los corrientes. Ahora, tomando en cuenta que se concedió a la parte quejosa Agustín Urías Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. En uso de las facultades que le confieren los artículos 3, fracción XXXVII, 4, fracción IV y 9 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emita de inmediato aviso de suspensión de descuentos realizados al salario de Agustín Urías Rodríguez, con registro federal de contribuyentes UIRA601202QWA y el número de seguridad social 24806050506, quien a la fecha de presentación de la demanda laboraba para Ferrocarril Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Los Mochis, Sinaloa; ello en relación con el crédito 9433872224. 2. Que la autoridad responsable ordene que se le devuelva al accionante del amparo todas y cada una de las cantidades que se le hayan retenido con motivo del aludido crédito, con sus correspondientes actualizaciones. 3. Hecho lo anterior, realicen la investigación relativa a si es o no la persona con la cual realizaron el contrato de crédito. 4. En el supuesto de que sí sea la persona con la cual realizaron el contrato de crédito, previo a los descuentos que se realicen, le otorguen la garantía de audiencia para que el impetrante pueda manifestar lo que su interés legal convenga; pueda defenderse; y tenga conocimiento de los descuentos que, en su caso, se le efectuarán. ; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido a la peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable transfirió la cantidad acordada, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos.

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