Agustín Robles García

Expediente 1031/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1031/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2016

Partes del expediente

  • Agustín Robles García

Actuaciones

  1. Principal

    Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal;Toda vez que se desechó la demanda, que originó el presente juicio; no se aperturó incidente de suspensión relativo a éste; en consecuencia no existe billete de depósito alguno, a fin de garantizar alguna medida cautelar; Sí existen documentos por devolver. Doy fe.En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número de folio 18899, anexos que se adjuntan y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado el diez de noviembre del año en curso, en el recurso de queja administrativa 112/2016-2 por medio del cual declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa contra el auto de veintidós de septiembre del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ésta (fojas 55-60); acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, en razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que éste se formó; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación.Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes.Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.Por último, toda vez que en el presente asunto Luz María Corvera Bobadilla, en su carácter de representante legal de Agustín Robles García, exhibió el Poder General para Pleitos, Cobranzas, Actos de Administración y de riguroso Dominio 53784 de dieciséis de octubre de dos mil trece, otorgado en su favor, ante la fe del licenciado Juan José Brindis Silva, Notario Público número uno (1) de la demarcación de Ocampo, Tlaxcala (foja 13); en consecuencia con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo Acuerdo General Conjunto 1/2009; citado en párrafos anteriores, requiérase a la parte quejosa para que dentro de los NOVENTA DÍAS HÁBILES siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, comparezca debidamente identificada y en horas hábiles, a recibir el documento de que se trata, apercibida de que, en caso de no hacerlo, ésta seguirá la suerte del presente juicio.Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué 29879, 29880, 29881 y 29882

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la Luz María Corvera Bobadilla, en su carácter de apoderada legal del quejoso Agustín Robles García (foja 55); en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintidós de septiembre del año en curso (fojas 55 a 60), por el que se desechó la demanda promovida contra actos del encargado de departamento del impuesto predial del municipio de Tlaltenango, Zacatecas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia, se rinde el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el presente juicio de amparo, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, remítase copia certificada de la demanda de amparo con que se formó el presente expediente, del auto recurrido y su notificación; a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañase el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Luz María Corvera Bobadilla, en su carácter de representante legal de Agustín Robles García, personalidad que acredita con el Poder General para Pleitos, Cobranzas, Actos de Administración y de riguroso Dominio 53784 de dieciséis de octubre de dos mil trece, otorgado en su favor, ante la fe del licenciado Juan José Brindis Silva, Notario Público número uno (1) de la demarcación de Ocampo, Tlaxcala; contra actos del Encargado del departamento del Impuesto Predial del municipio de Tlaltenango, Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías que consagran los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 1031/2016 que por su orden progresivo le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: De la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado:  La negativa de cancelar el registro predial a nombre de Mauricio Robles García, respecto del inmueble denominado "Rancho Los Morones", ubicado en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas. Por otra parte, como se desprende de la cuenta secretarial, ante este propio juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 2238/2015, promovido por Luz María Corvera Bobadilla, en su carácter de representante legal de Agustín Robles García, contra actos del Encargado del departamento del Impuesto Predial del municipio de Tlaltenango, Zacatecas, lo cual, además de manifestarlo la promovente del amparo, es un hecho notorio para la suscrita juez federal. Juicio en el que consta la resolución reclamada en esta instancia constitucional, es decir, mediante la cual la autoridad responsable negó cancelar el predial a nombre de Mauricio Robles García, respecto del inmueble denominado "Rancho Los Morones", ubicado en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas Por tanto, glósese al expediente que ahora se forma, copia certificada de las constancias mencionadas que obran en el referido juicio de amparo, para los efectos legales consiguientes. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Del precepto reproducido, se obtiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama; y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. En la especie, del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en la negativa de cancelar el predial a nombre de Mauricio Robles García respecto del inmueble denominado "Rancho Los Morones", ubicado en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; determinación que, según se aprecia de las copias certificadas del diverso juicio de amparo 2238/2015, se contiene en la resolución de tres de agosto de dos mil dieciséis, emitida por el Encargado de la Oficina del Predial del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Conforme a lo anterior, es evidente que el mencionado acto es de carácter administrativo al ser emitido por una autoridad de la Administración Pública de un municipio del Estado de Zacatecas, por tanto, dicha determinación debe ser impugnada previamente a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas, previsto en la fracción I del artículo 19, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, que dispone lo siguiente: "Artículo 19.- El Tribunal es competente para conocer: I.- De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la Administración Pública del Estado de Zacatecas o de sus municipios, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales. .". Luego, resulta inconcuso que la parte quejosa, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el medio de defensa ordinario procedente, contra la determinación; es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, como se observa en el Título Primero de la Organización y Competencia, Capítulo I, Disposiciones generales, de la Ley en cita, que dispone: "Artículo 1.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo forma parte del Poder Judicial del Estado es el organismo que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual la parte quejosa está en aptitud de promover, al tratarse de actos emitidos por el Encargado de la Oficina del Predial del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, quien forma parte de la Administración Pública de un municipio del Estado de Zacatecas, por lo que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; y, por tanto, que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda en cuestión. Cabe agregar que en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, sus artículos del 55 al 60, prevén la suspensión de los actos impugnados, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo . Además, cabe señalar que si bien es cierto que el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, establece que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, la determinación que se impugna no carece de todo fundamento, pues de la misma se advierten los motivos por los cuales se emitió, así como también los preceptos legales que estimaron pertinentes y aplicables al caso concreto, para sustentarlas, aunque se estime que la fundamentación sea inexacta o indebida, tal circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad, por lo que, la impetrante del amparo tuvo pleno conocimiento de las razones y fundamentos legales vertidos por el Encargado de la Oficina del Predial responsable, para emitir la resolución en que se contiene la negativa que ahora constituye el acto reclamado en el presente juicio, tan es así que con ella se le dio vista en el diverso juicio de amparo 2238/2015 a que se ha hecho referencia, por proveído de treinta de agosto pasado, la que se desahogó en escrito acordado el cinco de septiembre actual, como se aprecia de las copias certificadas que se ordenó agregar; por tanto, es evidente que no le asiste razón al aducir que la determinación de que se trata es violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, como tampoco se está en presencia de violaciones directas a la Ley Suprema. En tales circunstancias, se concluye que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual la parte quejosa se encuentra en aptitud de promover, a fin de que sean respetadas las garantías de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por tratarse de determinación que se encuentra dirigida a su persona. Sirve de apoyo de lo anterior por identidad de razón, la Jurisprudencia XV.4o. J/6, emitida por el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, visible en la página 1514, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.- Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". Robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." También, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Conviene acotar que en similares términos resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la ejecutoria de diez de noviembre de dos mil once, derivada del amparo en revisión administrativa número 268/2011, que revocó la sentencia de veinte de julio de dos mil once, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, y en su lugar sobreseyó el juicio de amparo 376/2011-I. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar la demanda de amparo, promovida por Luz María Corvera Bobadilla, en su carácter de representante legal de Agustín Robles García. Sin que haya lugar a autorizar en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados María del Roció Lechuga Román, Daniel Romero Sánchez, Luis Fredy Flores Pérez, Francisco Javier Lorenzana Peña, Flavio Flores Cervantes y Antonio López Guerra y Agustín Lechuga Román, toda vez que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que únicamente se tienen como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos; asimismo, no ha lugar a tener por señalados los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, toda vez que los mismos no constituyen un domicilio propiamente dicho. Ahora bien, y toda vez que del libelo constitucional no se advierte que se haya señalado algún otro domicilio para tal efecto; en tal virtud, la notificación del presente auto así como las subsecuentes de carácter personal, practíquense por medio de lista, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto la quejosa señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que de igual manera incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.

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