Agustín Loredo Ramíirez

Expediente 1334/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 32 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1334/2018
Año
2018
Actuaciones
32
Última actuación
21/08/2019

Partes del expediente

  • Agustín Loredo Ramíirez
  • Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con folio 11766. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. Enrique.

  2. Principal

    El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 10666. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por José Alberto Zárate Juárez, en su carácter de autorizado del quejoso, por la que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio y dentro del término legal, remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Enrique.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con treinta minutos del diez de julio de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de derechos 1334/2018, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 a 11), a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 22 a 51); asimismo que los terceros interesados se encuentran emplazados (fojas 108 a 110, 147 y 148); así como a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Juez provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al Juez con las allegadas por el quejoso con la demanda de amparo, mediante escrito recibido el cuatro de abril de dos mil diecinueve y la inspección judicial desahogada el diez de junio de dos mil diecinueve y ofrecida por la parte quejosa; asimismo, con las remitidas por las autoridades responsables al rendir el informe justificado (fojas 7 a 11, 22 a 52, 177 y 230). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: El secretario da cuenta con los formulados por el quejoso en escrito recibido el diez de abril de dos mil diecinueve y los formulados por la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito en pedimento 1358/2018 (fojas 20, 21 y 177). A lo que el Juez dispone: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de cuenta y por perdido el derecho de las restantes partes para expresarlos, y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta correspondiente, firmando los que en ella intervienen y se ordena dictar la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1334/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Agustín Loredo Ramírez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable ordenadora: Ayuntamiento Municipal de Villanueva Zacatecas, de quien reclama: -La orden girada al Director de Obras Públicas del municipio de Villanueva Zacatecas, para construcción de sanitarios publicos en las proximidades de su domicilio (en frente), ubicado en calle sin nombre (ahora de la rosas), en el poblado de Francisco I, Madero- Santa Rosa, Municipio de Villanueva, Zacatecas. Autoridad responsable ejecutora: Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, de quien reclama: -La ejecución del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora. Acto que, a su parecer resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, en proveído de cinco de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita, quien formuló pedimento; se emplazó a los tercero interesados; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: La orden y ejecución para la construcción de obra publica consistente en sanitarios públicos en la cercanía de la casa del quejoso (frente a la casa), en el poblado Francisco I. Madero, del Municipio de Villanueva, Zacatecas. La precisión de los actos reclamado, se hace con apoyo en la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Los actos reclamados se tienen como ciertos en atención de que de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Ayuntamiento y Director de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, Zacatecas, se adviete la existencia de los mismos (fojas 22 y 37). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la responsable con el informe justificado, relativas al acto reclamado, misma que cuenta con pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supeltoria a la materia de amparo. CUARTO. Improcedencia. El juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Ahora, los artículos 1 y 20, inciso A, fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 1 La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Zacatecas y tiene por objeto: I. Regular los juicios y procedimientos que tengan como finalidad dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, en los términos de lo establecido en la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 112 de la propia del Estado; (.)". "Artículo 20 Las atribuciones del Pleno serán jurisdiccionales y administrativas, en los términos siguientes: A. Por las jurisdiccionales podrá conocer: I. De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la administración pública estatal y municipal, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales; (.) En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la orden y ejecución de la construcción de una obra de sanitarios públicos frente a la vivienda del quejoso, ubicada en calle sin nombre (ahora de la rosa), en el poblado de Francisco I. Madero-Santa Rosa, municipio de Villanueva, Zacatecas, actos que fueron aceptados como existentes por las autoridades responsable al rendir el informe con justificación y de lo cual remitieron las constancias que acerditan que la obra aludida, se contruye en dicho lugar por convenio realizado con la población del citado poblado. Lo anterior, se corrobora con la diligencia de inspección ocular realizada el diez de junio de dos mil diecinueve, por el actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villanueva Zacatecas, en la que se hizo constar entre otras cosas, la existencia de la construcción que se realiza por las responsables en el poblado Francisco I. Madero, también conocido como Santa Rosa, Villanueva Zacatecas. Sin embargo, la parte quejosa previamente a acudir a la presente instancia constitucional, debió agotar en contra del acto reclamado, el medio ordinario de defensa relativo al juicio contencioso administrativo de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, previsto en los artículos 1, fracción I y 20, inciso A fracciones I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y al no haberlo hecho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, ya que el texto del precepto transcrito de la Ley de Amparo, contempla la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto. El hacer referencia a la no exigencia de mayores requisitos, significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto combatido, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Circunstancia que no se actualiza porque la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados. Es así, dado que en cuanto a la suspensión del acto en los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 95 La suspensión de los actos impugnados podrá ser concedida por el Tribunal, lo que se comunicará de inmediato a la autoridad demandada para su cumplimiento. Artículo 96 El actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada hasta en tanto no se resuelva el asunto. No se otorgará la suspensión si es en perjuicio del interés social, se contravengan disposiciones de orden público o si se dejare sin materia el procedimiento. Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso al domicilio que habiten, el Tribunal podrá dictar las medidas cautelares pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia o el acceso al domicilio. Excepcionalmente y bajo su más estricta responsabilidad, se podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios, en cualesquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de que se dicte sentencia. La suspensión podrá ser revocada por el Tribunal en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó." "Artículo 97 "Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión cuando quien la solicita garantice su importe ante la Secretaría del ramo o ante la Tesorería Municipal que corresponda, en alguna de las formas establecidas por las disposiciones fiscales aplicables." "Artículo 98 "En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran causar con la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía, cuyo monto le señale el Tribunal. Luego, si la parte quejosa tiene a su alcance el medio ordinario de defensa mencionado para combatir la orden de construcción de obra sanitaria frente a su domicilio ubicado en calle sin nombre (ahora de la rosa), en el poblado de Francisco I. Madero-Santa Rosa, municipio de Villanueva, Zacatecas, ordenado por las autoridades responsables; es inconcuso que previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad, esto es, el juicio contencioso administrativo referido. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, procede sobreseer el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado del acto de la ordenadora y por el cual se sobresee el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Agustín Loredo Martínez, en contra de los actos que reclamó del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas del Municipio de Villanueva, Zacatecas, en los términos y consideraciones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. gfp

  4. Principal

    El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 8511. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Villanueva, Zacatecas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 322/2019 y de origen 141/2019, que se le giró para efectos de llevar a cabo la prueba de inspección ocular ofrecida por el quejoso; misma que se llevó a cabo el diez de junio del año en curso por la actuaria adscrita al juzgado oficiante, en los términos indicados en el acta respectiva. Acúsese recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado quien autoriza y da fe. Enrique

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