Agustín Robles García

Expediente 2238/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2238/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
19/09/2016

Partes del expediente

  • Agustín Robles García
  • Departamento del Impuesto Predial de Tlaltenango, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la Juez con un escrito con registro 15859.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Luz María Corvera Bobadilla (representante legal de Agustín Robles García), en atención a su contenido y como lo solicita, se autoriza que el poder general para pleitos, cobranzas, actos de administración y riguroso dominio número 53784, de dieciséis de octubre de dos mil trece, otorgado en favor de la promovente, sea entregado a Agustín Lechuga Ramón, así como la copia certificada de la sentencia del juicio número 733/2013 que se acompañó al escrito inicial de demanda; previa .copia certificada que se deje en autos y constancia de recibo que se asiente. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciad Héctor Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    El cinco de septiembre de agosto de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la juez con un escrito con folio 15315 y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de septiembre de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, por el que la parte quejosa realiza manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (en el sentido de que dicho fallo no ha sido acatado aún), y el estado que guardan los presentes autos; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 173 a 184), en auxilio de las labores de este juzgado, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el oficio reclamado y, en su lugar, emitiera otro en el que el Encargado de la Oficina Recaudadora del Impuesto Predial del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la negativa a cancelar del padrón catastral realizada a favor de Mauricio Robles García, respecto del predio rústico de agostadero de mala calidad ubicado en el punto denominado 'Rancho del difunto Manuel', en la quinta lonja de la Sierra de Morones en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, que emitió en forma verbal; y, 2. En su lugar, emita otra respuesta, por escrito, en la que resuelva lo que en derecho corresponda en cuanto a la solicitud formulada por la apoderada del quejoso relativa a que cancele del padrón catastral la inscripción realizada a favor de Mauricio Robles García, respecto del predio rústico de agostadero de mala calidad ubicado en el punto denominado 'Rancho del difunto Manuel', en la quinta lonja de la Sierra de Morones en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, para lo cual deberá colmar los requisitos formales de fundamentación y de motivación, así como justificar su competencia legal; además, deberá notificar su resolución al inconforme". De lo anterior destaca que los efectos de la concesión otorgada se concretaron en la insubsistencia de la respuesta verbal que había sido dada al quejoso y, en su lugar, se emitiera una respuesta por escrito en la que se resolviera sobre la petición de cancelación realizada, de manera fundada y motivada, y justificando su competencia legal; lo que debería notificarse al peticionario del amparo. De ahí que la autoridad responsable tenía la obligación de fundar y motivar la respuesta que por escrito diera a la solicitud de cancelación que le fue planteada, en particular, si tenía competencia para resolver al respecto. En cumplimiento de la ejecutoria anterior (y en virtud del requerimiento que fue realizado el veintisiete de julio de dos mil dieciséis), el ocho de agosto de dos mil dieciséis, el Encargado de la Oficina de Predial del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, remitió el oficio 400 de tres de agosto de dos mil dieciséis dirigido al amparista (fojas 242 a 248), en el que, en esencia, determinó que: 1. En términos del artículo 8°, fracción IV, de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, en relación con el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Catastro, dicha autoridad era competente para resolver sobre la petición de cancelación planteada por la amparista, ya que dentro de las facultades conferidas en el artículo 13, fracción II, de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, se encontraba conocer y resolver sobre las manifestaciones o avisos relacionados con el padrón catastral, aspecto sobre lo que versaba la petición realizada y se trataba de un buen inmueble ubicado en el territorio del Estado de Zacatecas. 2. La solicitud planteada debía negarse, porque: a) Al pedirse la cancelación de un registro catastral derivado de un aviso de resolución judicial, la comunicación del juez o notario respectivo debió presentarse antes del plazo de quince días posterior a su emisión, en términos del artículo 20 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas; lo que no aconteció en la especie ni al momento de que se realizó la solicitud en comento. a.1) Esto, porque el Notario Público 41 del Estado de Zacatecas ni el juez de primera instancia remitieron una escritura o determinación judicial para la modificación solicitada, en términos del numeral 6 de la Ley de Catastro, 20 y 24 de la Ley de Hacienda Pública Municipal. b) La parte quejosa no acreditó la propiedad o la posesión del inmueble materia de la solicitud, siendo que eran los titulares de esos derechos los que estaban obligados a informar respecto de las modificaciones que acontecieran al respecto, en términos de los artículos 7 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas. b.1) En el supuesto de los artículos 52 y 53 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, relativo a cuando el nombre del propietario o poseedor sea distinto al que aparezca inscrito en el padrón catastral, la aclaración debía colmar los requisitos consagrados en el artículo 54 de dicho ordenamiento, es decir, debía formularse por escrito, acompañarse los documentos base de la solicitud, y expresar el nombre y domicilio del solicitante, clave catastral del inmueble, ubicación, colindancias, superficie y linderos del bien, así como una explicación de lo planteado. c) Asimismo, al no haberse formulado por escrito, la solicitud carecía de las formalidades consagradas en el artículo 8 constitucional, 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Zacatecas y 10 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado. De lo anterior se sigue que la autoridad responsable, en esencia, determinó que era competente para resolver la petición de cancelación planteada y que debía ésta debía negarse, toralmente, porque: (1) no existía una determinación judicial o aviso notarial que la ordenara, tomando en cuenta que se trataba de un registro originado judicialmente; (2) la peticionaría no acreditó ser titular de los derechos de posesión o propiedad del inmueble; y (3) la solicitud no se formuló por escrito. Luego, el oficio en estudio contiene el argumento mínimo pero suficiente que permite conocer las razones y fundamentos que determinaron su sentido, pues como se sintetizó, por cada una de las consideraciones se citaron los preceptos legales que se estimaron aplicables y se expresaron las razones por las cuales se estimaron de esa manera, en particular, la autoridad justificó la competencia con la que contaba para resolver la petición. Lo expuesto teniendo como directriz que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para resolver lo que estimara pertinente, por lo que el fondo de las consideraciones vertidas resulta ajeno a la materia del cumplimiento en análisis. Por tanto, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento en análisis resultan inoperantes, porque se dirigen a controvertir el fondo del asunto, lo anterior pues la falta de fundamentación y motivación que alega descansa en el argumento de que, a su juicio, se encuentra legitimada para solicitar la cancelación del registro predial materia de la petición realizada. De ahí que, se reitera, al no haberse limitado la jurisdicción de la autoridad responsable en cuanto al fondo del asunto, basta que la respuesta otorgada se encuentre formalmente fundada y motivada; lo que, en conformidad con lo expuesto, acontece en la especie. En relación con la notificación de la respuesta en comento, el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad responsable acompañó el acta administrativa de veinticinco de agosto de esa anualidad (foja 304)., mediante la cual determinó notificar por lista en los estrados de la oficina de predial de Tlaltenango, Zacatecas, tal determinación, en virtud de que el notificador no pudo realizar dicha comunicación de forma personal, en conformidad con las actuaciones de veinticuatro y veinticinco de ese mes y año (fojas 306 y 307). Además, exhibió la constancia de la publicación por lista de la resolución en comento (fojas 308 a 314). Lo expuesto envuelve el acatamiento de la totalidad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues éstos implicaban la emisión de una respuesta fundada y motivada y la notificación de ésta; lo que, en conformidad con lo considerado, aconteció en la especie. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firmó Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El treinta de agosto de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el número 15050, con anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Encargado de la Oficina del Predial del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por medio del cual da cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda; apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria citada, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretaria que autoriza y da fe. María del Carmen*

  4. Principal

    El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la juez con un escrito con folio 14395 y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, por el que la parte quejosa realiza manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (en el sentido de que dicho fallo no ha sido acatado aún), y el estado que guardan los presentes autos; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 173 a 184), en auxilio de las labores de este juzgado, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el oficio reclamado y, en su lugar, emitiera otro en el que el Encargado de la Oficina Recaudadora del Impuesto Predial del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la negativa a cancelar del padrón catastral la inscripción realizada a favor de Mauricio Robles García, respecto del predio rústico de agostadero de mala calidad ubicado en el punto denominado 'Rancho del difunto Manuel', en la quinta lonja de la Sierra de Morones en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, que emitió en forma verbal; y, 2. En su lugar, emita otra respuesta, por escrito, en la que resuelva lo que en derecho corresponda en cuanto a la solicitud formulada por la apoderada del quejoso relativa a que cancele del padrón catastral la inscripción realizada a favor de Mauricio Robles García, respecto del predio rústico de agostadero de mala calidad ubicado en el punto denominado 'Rancho del difunto Manuel', en la quinta lonja de la Sierra de Morones en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, para lo cual deberá colmar los requisitos formales de fundamentación y de motivación, así como justificar su competencia legal; además, deberá notificar su resolución al inconforme". De lo anterior destaca que los efectos de la concesión otorgada se concretaron en la insubsistencia de la respuesta verbal que había sido dada al quejoso y, en su lugar, se emitiera una respuesta por escrito en la que se resolviera sobre la petición de cancelación realizada, de manera fundada y motivada, y justificando su competencia legal; lo que debería notificarse al peticionario del amparo. De ahí que la autoridad responsable tenía la obligación de fundar y motivar la respuesta que por escrito diera a la solicitud de cancelación que le fue planteada, en particular, si tenía competencia para resolver al respecto. En cumplimiento de la ejecutoria anterior (y en virtud del requerimiento que fue realizado el veintisiete de julio de dos mil dieciséis), el ocho de agosto de dos mil dieciséis, el Encargado de la Oficina de Predial del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, remitió el oficio 400 dirigido al amparista (fojas 242 a 248), en el que, en esencia, determinó que: 1. En términos del artículo 8°, fracción IV, de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, en relación con el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Catastro, dicha autoridad era competente para resolver sobre la petición de cancelación planteada por la amparista, ya que dentro de las facultades conferidas en el artículo 13, fracción II, de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, se encontraba conocer y resolver sobre las manifestaciones o avisos relacionados con el padrón catastral, aspecto sobre lo que versaba la petición realizada y se trataba de un bien inmueble ubicado en el territorio del Estado de Zacatecas. 2. La solicitud planteada debía negarse, porque: a) Al pedirse la cancelación de un registro catastral derivado de un aviso de resolución judicial, la comunicación del juez o notario respectivo debió presentarse antes del plazo de quince días posterior a su emisión, en términos del artículo 20 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas; lo que no aconteció en la especie ni al momento de que se realizó la solicitud en comento. a.1) Esto, porque el Notario Público 41 del Estado de Zacatecas ni el juez de primera instancia remitieron una escritura o determinación judicial para la modificación solicitada, en términos del numeral 6 de la Ley de Catastro, 20 y 24 de la Ley de Hacienda Pública Municipal. b) La parte quejosa no acreditó la propiedad o la posesión del inmueble materia de la solicitud, siendo que eran los titulares de esos derechos los que estaban obligados a informar respecto de las modificaciones que acontecieran al respecto, en términos de los artículos 7, 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas. b.1) En el supuesto de los artículos 52 y 53 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, relativo a cuando el nombre del propietario o poseedor sea distinto al que aparezca inscrito en el padrón catastral, la aclaración debía colmar los requisitos consagrados en el artículo 54 de dicho ordenamiento, es decir, debía formularse por escrito, acompañarse los documentos base de la solicitud, y expresar el nombre y domicilio del solicitante, clave catastral del inmueble, ubicación, colindancias, superficie y linderos del bien, así como una explicación de lo planteado. c) Asimismo, al no haberse formulado por escrito, la solicitud carecía de las formalidades consagradas en el artículo 8 constitucional, 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Zacatecas y 10 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado. De lo anterior se sigue que la autoridad responsable, en esencia, determinó que era competente para resolver la petición de cancelación planteada y que ésta debía negarse, toralmente, porque: (1) no existía una determinación judicial o aviso notarial que la ordenara, tomando en cuenta que se trataba de un registro originado judicialmente; (2) la peticionaría no acreditó ser titular de los derechos de posesión o propiedad del inmueble; y (3) la solicitud no se formuló por escrito. Luego, el oficio en estudio contiene el argumento mínimo pero suficiente que permite conocer las razones y fundamentos que determinaron su sentido, pues como se sintetizó, por cada una de las consideraciones se citaron los preceptos legales que se estimaron aplicables y se expresaron las razones por las cuales se consideraron de esa manera, en particular, la autoridad justificó la competencia con la que contaba para resolver la petición. Lo expuesto teniendo como directriz que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para resolver lo que estimara pertinente, por lo que el fondo de las consideraciones vertidas resulta ajeno a la materia del cumplimiento en análisis. Sin embargo, no existe constancia de que la resolución anterior hubiera sido notificada a la parte quejosa, lo anterior implica que no se han acatado todos los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues como se destacó, en dicha resolución se determinó que la autoridad responsable debería notificar la resolución que se emitiera. Por tanto, resulta indudable que aún no se ha cumplido con dicha resolución en su totalidad. En consecuencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Encargado de la Oficina del Predial del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, para que, dentro del plazo de tres días, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de este juicio, es decir, acredite la notificación del oficio emitido en respuesta a la petición objeto de la concesión de amparo, en términos del artículo 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. Lo requerido bajo el apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firmó Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. yalith

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