Agustín Ramírez Villanueva
Expediente 1178/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1178/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Agustín Ramírez Villanueva
- Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán.
- Agustín Ramírez Villanueva y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la misma ley, en contra de la determinación de veinte de agosto de dos mil veintiuno, sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14, en relación con el diverso 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la transferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 14, 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada, se determina que ambos cuadernos del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Destino del original del incidente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado; ello, siempre y cuando exista el original. Devolución de los discos compactos. En atención a que resulta innecesario conservar los discos compactos (CD) que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado y en apoyo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se ordena su devolución, solicitándole se sirva acusar de recibo. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por la parte quejosa, por medio del cual solicita que se dé seguimiento al acuerdo dictado el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Estado procesal. En ese sentido, vista la certificación que antecede de la que se advierte que el pazo concedido a la parte quejosa para que hiciera valer alguna manifestación relacionada con el cumplimiento dado por la autoridad responsable respecto de la ejecutoria de amparo, transcurrió del veinte al veinticuatro de mayo anterior, lapso dentro del cual realizó diversas manifestaciones, mismas que más adelante serán tomadas en consideración; en ese sentido; con fundamento en los artículos 192, primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. El dieciocho de mayo de dos mil veinte, este órgano de control constitucional dictó sentencia en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Agustín Ramírez Villanueva, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la determinación emitida en audiencia de juicio de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, llevada a cabo en la causa penal 55/2018, únicamente en la parte que resolvió el incidente planteado por la defensa del imputado, aquí quejoso AGUSTÍN RAMÍREZ VILLANUEVA. En estricta observación de los principios de concentración y continuidad que rigen al procedimiento penal, señale fecha y hora para continuar con la audiencia de juicio, en la que resuelva fundada dicha incidencia, atendiendo a lo siguiente: a) Precise qué pruebas fueron ofrecidas y deben desahogarse; lleve a cabo su desahogo en la audiencia de juicio, dando celeridad y prioridad al asunto. b) Fije un plazo máximo para dictar sentencia, a fin de no prorrogar la prisión preventiva decretada al quejoso y no se retrase el proceso. [.] Las principales consideraciones que sirvieron de base para emitir el fallo protector en tal sentido fueron las siguientes: [.] Empero, la audiencia de juicio fue diferida al menos en dos ocasiones derivado de la promoción del incidente planteado por la defensa a fin de probar que había transcurrido en exceso el plazo para resolver en definitiva la situación jurídica del imputado; además, tales diferimiento excedieron del término que para ello dispone el referido artículo 351, pues la audiencia de dos de julio de dos mil diecinueve -en que se promovió el incidente- se difirió para el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve; y en esta data, nuevamente se reprograma para el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, al no existir condiciones para resolver dicho incidente. Lo anterior deja ver que si bien el procedimiento se ha alargado por cuestiones ajenas a las partes, lo cierto es que el quejoso tiene dos años privado de su libertad, con motivo de la prisión preventiva, pues dicha medida le fue fijada en auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho. En esa temática, el juez de enjuiciamiento para determinar si se ha trasgredido el plazo señalado por la ley para resolver en definitiva si el imputado es o no responsable de la comisión del hechos que se le atribuye, debió tomar en consideración la complejidad del asunto; la actividad procesal de los interesados; así como la conducta de las autoridades judiciales. Aspectos que fueron anunciados al celebrar la audiencia, en la parte que aquí se combate, pero omitió su análisis, pues erróneamente estableció que no había transcurrido el plazo de un año que otorga la norma para juzgar al imputado, lo que lo llevó a determinar la improcedencia del incidente. Empero, como ya se precisó, ese lapso ha fenecido, además, se ha incurrido en un exceso de tiempo para que lleve a cabo la audiencia de juicio oral; por tanto, para respetar los principios de presunción de inocencia, dignidad humana y pro persona, el juez de control deberá resolver la incidencia planteada, valorando y evaluando en forma proporcional y razonada los factores particulares del caso concreto, entre los que se encuentran los actos procesales, la trascendencia del asunto y cualquier otra circunstancia que incida en el proceso; deberá precisar qué pruebas fueron ofrecidas y deben desahogarse, dando celeridad y prioridad al asunto; por lo que deberá fijar un plazo máximo para dictar sentencia, a fin de no prorrogar la prisión preventiva decretada al quejoso, más allá de la razonabilidad de los plazos procesales que sean necesarios para la culminación del juicio. [.] [El énfasis es añadido] De lo anterior, se advierte que las razones que llevaron a este órgano de control constitucional, a conceder el amparo al quejoso, fueron precisamente para que la autoridad responsable valorara y evaluara en forma proporcional y razonada la trascendencia del asunto y cualquier otra circunstancia que incidiera en el proceso, qué pruebas se ofrecieron y cuáles debían desahogarse en el juicio dando celeridad y prioridad al asunto, fijando un plazo máximo para dictar la sentencia a fin de no prorrogar la prisión preventiva más allá de lo razonable de los plazos procesales que resultaran necesarios para la culminación del juicio. Ejecutoria. Por auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, la sentencia en comento causó ejecutoria; sin que resultara procedente requerir a la autoridad responsable para que diera cumplimiento con el fallo protector, en atención a que por autos de ocho y doce de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a la citada responsable informando el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, cabe señalar que mediante oficio 337/2021 de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, recibido y atendido en este órgano jurisdiccional mediante proveídos de ocho y doce de marzo del año citado, se tuvo la autoridad responsable Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Zitácuaro, Michoacán, informando que mediante audiencia celebrada el uno de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 55/2018, se dieron a conocer los antecedentes del caso, que dan cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Del oficio de referencia, se advierte que la autoridad responsable, con fecha veintiocho de enero de dos mil veinte dictó sentencia definitiva -pues arguye que no tenía conocimiento de lo resuelto en el presente juicio de amparo-; resolución que fue impugnada por la defensa del aquí quejoso a través del recurso de apelación, mismo que fue resuelto el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el que el tribunal de alzada confirmó aquélla determinación. Asimismo, hizo del conocimiento que aún y cuando se dejó sin efectos la incidencia planteada por la defensa del quejoso, ello no trastocó el fondo de la resolución emitida por el tribunal de enjuiciamiento, ya que fue resuelta a través del verificativo de varias audiencias y finalmente se dictó la sentencia definitiva. Pronunciamiento. De la anterior relación, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Se considera así, en atención a que aún y cuando la autoridad responsable emitió la sentencia definitiva con anterioridad a la emisión del fallo protector, lo cierto es, que con dicha resolución dejaron de existir las violaciones que vino a reclamar el quejoso a este juicio de amparo. Se recuerda, que el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional fue: "la resolución emitida dentro de la causa penal ZIT-55/2018, en audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el incidente planteado por la defensa al considerar fenecido el plazo para llevar a cabo el juzgamiento del imputado". De esa manera, una de las principales consideraciones que sirvieron de base para conceder la protección constitucional al quejoso fue para que la autoridad responsable declarara fundada la incidencia planteada por éste a fin de que precisara las pruebas ofrecidas y las que debían desahogarse en la audiencia de juicio, fijando un plazo máximo para dictar la sentencia a fin de no prorrogar la prisión preventiva más allá de lo razonable de los plazos procesales que resultaran necesarios para la culminación del juicio. Todo lo anterior, considerando la celeridad y prioridad al asunto, en tanto que el retraso en el enjuiciamiento del aquí quejoso fue precisamente lo que lo motivó a promover el juicio de amparo. De ahí que si finalmente se dictó sentencia en el proceso penal 55/2018, en el que se resolvió la situación jurídica del quejoso, es claro que las violaciones destacadas por el imperante en el presente juicio -y que este órgano jurisdiccional declaró fundados- dejaron de existir; por lo que es dable concluir que el fallo protector se cumplió de manera anticipada. Sin que se advierta que exista exceso o defecto en el mismo. Quejoso realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria. El quejoso Agustín Ramírez Villanueva -a través de su defensor particular- refiere en su promoción acordada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable en audiencia de uno de marzo de dos mil veintiuno, resulta parcial y desplegada a lo ordenado por este juzgado federal, en razón de que si bien es verdad que se dejó insubsistente la resolución reclamada determinando procedente la solicitud hecha por la defensa del quejoso, lo cierto es, que contrario a lo ordenado por esta autoridad federal el juez responsable concluyó que no resultaba procedente señalar fecha para la audiencia de juicio en la que se desahogaran las pruebas ni emitir un fallo definitivo porque ya se había dictado la sentencia condenatoria misma que además había sido confirmada por el tribunal de alzada. No obstante, lo anterior hágase del conocimiento de la parte quejosa que contrario a lo considerado por éste, la sentencia de amparo se encuentra cumplida de manera anticipada pues como ya se dijo, los efectos de la concesión quedaron suplidos con el dictado de la sentencia que puso fin al juicio de origen. Ciertamente, como lo refiere el quejoso, los efectos de la concesión de amparo, fueron para que el juez responsable dejara sin efectos la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, y con base en las pruebas ofrecidas determinara cuáles debían desahogarse en audiencia de juicio a fin de que se determinara si había transcurrido o no en exceso en plazo para el enjuiciamiento del aquí quejoso; sin embargo, dichos efectos de ninguna manera tienen como consecuencia que al declararse fundada la incidencia planteada se declarara nulo todo lo actuado en el juicio, como así lo pretende hacer ver el quejoso de manera equivocada. Más bien, el efecto de la concesión de amparo, fue para que con base en las pruebas aportadas por el aquí quejoso en la incidencia planteada, se declarara fundado el incidente de mérito, en atención a que había transcurrido en exceso el tiempo previsto en la ley de la materia para resolver la situación jurídica del quejoso, fijándose un plazo máximo para la audiencia de juicio a fin de que no se siguiera prorrogando la prisión preventiva más allá de lo razonable de los plazos procesales que resultaran necesarios para la culminación del juicio. De ahí que -como ya se dijo- si finalmente, el tribunal de enjuiciamiento dictó la sentencia definitiva que culminó el procedimiento penal, es inconcuso que con ello se subsanaron las violaciones destacadas por el quejoso en el presente sumario constitucional, que fueron precisamente el hecho de que había transcurrido en exceso el tiempo para resolver sobre su situación jurídica. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Víctor Hugo Alonso Cendejas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/2033/2021, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE FECHAA VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por la parte quejosa, por medio del cual solicita que se dé seguimiento al acuerdo dictado el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Estado procesal. En ese sentido, vista la certificación que antecede de la que se advierte que el pazo concedido a la parte quejosa para que hiciera valer alguna manifestación relacionada con el cumplimiento dado por la autoridad responsable respecto de la ejecutoria de amparo, transcurrió del veinte al veinticuatro de mayo anterior, lapso dentro del cual realizó diversas manifestaciones, mismas que más adelante serán tomadas en consideración; en ese sentido; con fundamento en los artículos 192, primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. El dieciocho de mayo de dos mil veinte, este órgano de control constitucional dictó sentencia en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Agustín Ramírez Villanueva, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la determinación emitida en audiencia de juicio de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, llevada a cabo en la causa penal 55/2018, únicamente en la parte que resolvió el incidente planteado por la defensa del imputado, aquí quejoso AGUSTÍN RAMÍREZ VILLANUEVA. En estricta observación de los principios de concentración y continuidad que rigen al procedimiento penal, señale fecha y hora para continuar con la audiencia de juicio, en la que resuelva fundada dicha incidencia, atendiendo a lo siguiente: a) Precise qué pruebas fueron ofrecidas y deben desahogarse; lleve a cabo su desahogo en la audiencia de juicio, dando celeridad y prioridad al asunto. b) Fije un plazo máximo para dictar sentencia, a fin de no prorrogar la prisión preventiva decretada al quejoso y no se retrase el proceso. [.] Las principales consideraciones que sirvieron de base para emitir el fallo protector en tal sentido fueron las siguientes: [.] Empero, la audiencia de juicio fue diferida al menos en dos ocasiones derivado de la promoción del incidente planteado por la defensa a fin de probar que había transcurrido en exceso el plazo para resolver en definitiva la situación jurídica del imputado; además, tales diferimiento excedieron del término que para ello dispone el referido artículo 351, pues la audiencia de dos de julio de dos mil diecinueve -en que se promovió el incidente- se difirió para el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve; y en esta data, nuevamente se reprograma para el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, al no existir condiciones para resolver dicho incidente. Lo anterior deja ver que si bien el procedimiento se ha alargado por cuestiones ajenas a las partes, lo cierto es que el quejoso tiene dos años privado de su libertad, con motivo de la prisión preventiva, pues dicha medida le fue fijada en auto de vinculación a proceso de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho. En esa temática, el juez de enjuiciamiento para determinar si se ha trasgredido el plazo señalado por la ley para resolver en definitiva si el imputado es o no responsable de la comisión del hechos que se le atribuye, debió tomar en consideración la complejidad del asunto; la actividad procesal de los interesados; así como la conducta de las autoridades judiciales. Aspectos que fueron anunciados al celebrar la audiencia, en la parte que aquí se combate, pero omitió su análisis, pues erróneamente estableció que no había transcurrido el plazo de un año que otorga la norma para juzgar al imputado, lo que lo llevó a determinar la improcedencia del incidente. Empero, como ya se precisó, ese lapso ha fenecido, además, se ha incurrido en un exceso de tiempo para que lleve a cabo la audiencia de juicio oral; por tanto, para respetar los principios de presunción de inocencia, dignidad humana y pro persona, el juez de control deberá resolver la incidencia planteada, valorando y evaluando en forma proporcional y razonada los factores particulares del caso concreto, entre los que se encuentran los actos procesales, la trascendencia del asunto y cualquier otra circunstancia que incida en el proceso; deberá precisar qué pruebas fueron ofrecidas y deben desahogarse, dando celeridad y prioridad al asunto; por lo que deberá fijar un plazo máximo para dictar sentencia, a fin de no prorrogar la prisión preventiva decretada al quejoso, más allá de la razonabilidad de los plazos procesales que sean necesarios para la culminación del juicio. [.] [El énfasis es añadido] De lo anterior, se advierte que las razones que llevaron a este órgano de control constitucional, a conceder el amparo al quejoso, fueron precisamente para que la autoridad responsable valorara y evaluara en forma proporcional y razonada la trascendencia del asunto y cualquier otra circunstancia que incidiera en el proceso, qué pruebas se ofrecieron y cuáles debían desahogarse en el juicio dando celeridad y prioridad al asunto, fijando un plazo máximo para dictar la sentencia a fin de no prorrogar la prisión preventiva más allá de lo razonable de los plazos procesales que resultaran necesarios para la culminación del juicio. Ejecutoria. Por auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, la sentencia en comento causó ejecutoria; sin que resultara procedente requerir a la autoridad responsable para que diera cumplimiento con el fallo protector, en atención a que por autos de ocho y doce de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a la citada responsable informando el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, cabe señalar que mediante oficio 337/2021 de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, recibido y atendido en este órgano jurisdiccional mediante proveídos de ocho y doce de marzo del año citado, se tuvo la autoridad responsable Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Zitácuaro, Michoacán, informando que mediante audiencia celebrada el uno de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 55/2018, se dieron a conocer los antecedentes del caso, que dan cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Del oficio de referencia, se advierte que la autoridad responsable, con fecha veintiocho de enero de dos mil veinte dictó sentencia definitiva -pues arguye que no tenía conocimiento de lo resuelto en el presente juicio de amparo-; resolución que fue impugnada por la defensa del aquí quejoso a través del recurso de apelación, mismo que fue resuelto el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el que el tribunal de alzada confirmó aquélla determinación. Asimismo, hizo del conocimiento que aún y cuando se dejó sin efectos la incidencia planteada por la defensa del quejoso, ello no trastocó el fondo de la resolución emitida por el tribunal de enjuiciamiento, ya que fue resuelta a través del verificativo de varias audiencias y finalmente se dictó la sentencia definitiva. Pronunciamiento. De la anterior relación, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Se considera así, en atención a que aún y cuando la autoridad responsable emitió la sentencia definitiva con anterioridad a la emisión del fallo protector, lo cierto es, que con dicha resolución dejaron de existir las violaciones que vino a reclamar el quejoso a este juicio de amparo. Se recuerda, que el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional fue: "la resolución emitida dentro de la causa penal ZIT-55/2018, en audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el incidente planteado por la defensa al considerar fenecido el plazo para llevar a cabo el juzgamiento del imputado". De esa manera, una de las principales consideraciones que sirvieron de base para conceder la protección constitucional al quejoso fue para que la autoridad responsable declarara fundada la incidencia planteada por éste a fin de que precisara las pruebas ofrecidas y las que debían desahogarse en la audiencia de juicio, fijando un plazo máximo para dictar la sentencia a fin de no prorrogar la prisión preventiva más allá de lo razonable de los plazos procesales que resultaran necesarios para la culminación del juicio. Todo lo anterior, considerando la celeridad y prioridad al asunto, en tanto que el retraso en el enjuiciamiento del aquí quejoso fue precisamente lo que lo motivó a promover el juicio de amparo. De ahí que si finalmente se dictó sentencia en el proceso penal 55/2018, en el que se resolvió la situación jurídica del quejoso, es claro que las violaciones destacadas por el imperante en el presente juicio -y que este órgano jurisdiccional declaró fundados- dejaron de existir; por lo que es dable concluir que el fallo protector se cumplió de manera anticipada. Sin que se advierta que exista exceso o defecto en el mismo. Quejoso realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria. El quejoso Agustín Ramírez Villanueva -a través de su defensor particular- refiere en su promoción acordada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable en audiencia de uno de marzo de dos mil veintiuno, resulta parcial y desplegada a lo ordenado por este juzgado federal, en razón de que si bien es verdad que se dejó insubsistente la resolución reclamada determinando procedente la solicitud hecha por la defensa del quejoso, lo cierto es, que contrario a lo ordenado por esta autoridad federal el juez responsable concluyó que no resultaba procedente señalar fecha para la audiencia de juicio en la que se desahogaran las pruebas ni emitir un fallo definitivo porque ya se había dictado la sentencia condenatoria misma que además había sido confirmada por el tribunal de alzada. No obstante, lo anterior hágase del conocimiento de la parte quejosa que contrario a lo considerado por éste, la sentencia de amparo se encuentra cumplida de manera anticipada pues como ya se dijo, los efectos de la concesión quedaron suplidos con el dictado de la sentencia que puso fin al juicio de origen. Ciertamente, como lo refiere el quejoso, los efectos de la concesión de amparo, fueron para que el juez responsable dejara sin efectos la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, y con base en las pruebas ofrecidas determinara cuáles debían desahogarse en audiencia de juicio a fin de que se determinara si había transcurrido o no en exceso en plazo para el enjuiciamiento del aquí quejoso; sin embargo, dichos efectos de ninguna manera tienen como consecuencia que al declararse fundada la incidencia planteada se declarara nulo todo lo actuado en el juicio, como así lo pretende hacer ver el quejoso de manera equivocada. Más bien, el efecto de la concesión de amparo, fue para que con base en las pruebas aportadas por el aquí quejoso en la incidencia planteada, se declarara fundado el incidente de mérito, en atención a que había transcurrido en exceso el tiempo previsto en la ley de la materia para resolver la situación jurídica del quejoso, fijándose un plazo máximo para la audiencia de juicio a fin de que no se siguiera prorrogando la prisión preventiva más allá de lo razonable de los plazos procesales que resultaran necesarios para la culminación del juicio. De ahí que -como ya se dijo- si finalmente, el tribunal de enjuiciamiento dictó la sentencia definitiva que culminó el procedimiento penal, es inconcuso que con ello se subsanaron las violaciones destacadas por el quejoso en el presente sumario constitucional, que fueron precisamente el hecho de que había transcurrido en exceso el tiempo para resolver sobre su situación jurídica. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Víctor Hugo Alonso Cendejas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/2033/2021, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Manifestaciones en relación al cumplimiento. Agréguense a los autos, el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante los cuales, se le tienen por hechas las manifestaciones a que alude, en relación al cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en atención a su contenido, este órgano jurisdiccional acordará lo conducente en relación a las manifestaciones que realizó en su escrito de cuenta; al momento de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con César Sahagún Tena, secretario que autoriza y da fe.
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