Agustín Ramírez Villanueva
Expediente 441/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Agustín Ramírez Villanueva
- Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Regional de Oriente en Zitácuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En veintiséis de julio de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los autos, dentro del juicio de amparo 441/2018. Conste.Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el sobreseimiento decretado fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, en el incidente de suspensión se concedió la provisional y se concedió la definitiva, en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de depuración, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original. Devolución de constancias. Remítase al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, un disco versátil digital (DVD), que contiene el audio y video de la audiencia relativa a la causa penal ZIT-55/2018, que anexó dicha responsable como complemento de su informe justificado; para lo cual, se ordena sea desglosado de autos, y en su lugar se deje la certificación secretarial correspondiente, solicitando acusar recibo de su recepción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1928/2018, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el licenciado Vicente David Burguet Franco, secretario técnico de dicha comisión, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Reenvío de oficios. Visto el estado que guardan los autos, específicamente el proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, del que se advierte se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (fojas 107 a 111). Sin embargo, en dicho proveído, se omitió girar los oficios correspondientes a las autoridades responsables; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo, regularícese el procedimiento, y mediante oficio que al efecto se libre del presente proveído, remítase a las autoridades responsables copia simple del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho; lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Devuelven despacho. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Zitácuaro, Michoacán; por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 240/2018 (orden 713); lo que acredita con las constancias que para tal efecto anexa. En mérito a lo anterior, se ordena dar de baja la comunicación oficial de referencia y hacer las anotaciones necesarias en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Informes de la autoridad responsable. Glósese a los autos el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán; a través del cual, informa que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular del imputado Agustín Ramírez Villanueva, en contra del auto de vinculación a proceso, en la causa penal ZIT-55/2018; sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que mediante auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se determinó sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Autoridad inexistente. Agréguense las piezas postales que contienen los oficios 13738/2018 y 13739/2018, dirigidos al Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Regional Oriente en Zitácuaro, Michoacán y Agentes del Área de Aprehensiones de la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Oriente en Zitácuaro, Michoacán; en virtud que fueron devueltas por la Administración de Correos, con residencia en esta ciudad, toda vez que, como se advierte de la leyenda inserta en los sobres de referencia "No existe la autoridad ". En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de junio de dos mil dieciocho, se tienen por inexistentes a las autoridades citadas y se suspende comunicación con las mismas. Informe con justificación. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, téngase por admitidas y desahogadas, en razón a su propia y especial naturaleza, las documentales que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, adjuntó a su informe justificado, consistente en el índice cronológico de la audiencia donde deriva el acto reclamado y copias certificadas de las actas administrativas donde consta las resoluciones que se emitieron en la causa penal ZIT-55/2018, así como un disco versátil digital (DVD), que contiene el audio y video de la audiencia de diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, donde se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Agustín Ramírez Villanueva (aquí quejoso). Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica que operó con motivo del auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso Agustín Ramírez Villanueva, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, dentro de la causa penal ZIT-55/2018. La referida causal de improcedencia establece que el juicio de amparo biinstancial es improcedente, cuando, por virtud del cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el citado precepto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando es promovido contra un acto que emane de un procedimiento judicial y con posterioridad se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que atacó en primer término y que por ello, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de este último, sin afectar la nueva situación jurídica. De ahí, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el impetrante por virtud del acto que reclamó en el juicio constitucional. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A lo anterior sirve de sustento, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 219, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En el caso, el quejoso hace consistir el acto reclamado en la orden de aprehensión cumplimentada el quince de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal ZIT-55/2018, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada. Ahora bien, obran en autos las siguientes constancias: 1. El Informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán (foja 88). 2. Así como el informe justificado rendidos por la diversa autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, en el cual manifiesta que se vinculó a proceso al imputado, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada (fojas 94 a 106). Asimismo, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, quedando a cargo de dicha medida a la autoridad penitenciaria del Centro de Reinserción Social "Hermanos López Rayón", establecido en Zitácuaro, Michoacán. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En ese contexto, es inconcuso que en el caso se han colmado todos los requisitos para que opere la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, que aquí constituye el acto reclamado, fue dictada en un procedimiento judicial. Asimismo, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo (dieciocho de mayo de dos mil dieciocho), el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso al imputado, lo que cambia la situación jurídica en que se encontraban con motivo de la orden de aprehensión impugnada. Además, porque la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso con motivo de la orden de aprehensión, impide decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha orden de aprehensión reclamada, sin afectar el auto de vinculación a proceso el cual es independiente y no es motivo de análisis en este juicio. En ese contexto, es imposible volver las cosas al estado que tenían antes de las posibles violaciones que hubieran existido con la orden de aprehensión cuestionada, porque no puede retrotraerse en sus efectos restitutorios como lo prevé el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; pues, precisamente, como se dijo, la situación jurídica del quejoso queda supeditada al auto de vinculación a proceso, y por ende, ahora ya no puede analizarse en este juicio aquel otro acto, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tales determinaciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Penal, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". La tesis de jurisprudencia número II.2o.P.20 P (10a.), publicada en la página 1287, Tomo 2, Libro XV, Diciembre de 2012, Décima Época, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Así como la diversa tesis de jurisprudencia número XV.3o.5 P (10a.), visible en la página 2907, Tomo IV, Libro 40, Marzo de 2017, Décima Época, que dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN DECRETADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SI AL TÉRMINO DE DICHA DILIGENCIA SE DICTA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y SE RESUELVE LA FASE DE DISCUSIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. El juicio de amparo indirecto en el que se reclama la legalidad de la ratificación de la detención decretada en la audiencia inicial dentro del procedimiento penal de corte acusatorio y oral, es improcedente si al término de dicha diligencia, habiéndose llevado a cabo la imputación, se dicta el auto de vinculación a proceso y se resuelve la fase de discusión de medidas cautelares, dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a ese acto sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad, toda vez que, en primer orden, la afectación a la libertad ambulatoria derivada de la detención en flagrancia es sustituida por la imposición de una medida cautelar, además de que una declaratoria en torno a que la detención resultó arbitraria impactaría en el auto de vinculación a proceso, en razón de que los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente con motivo de esa actuación ilegal deben ser excluidos; por consiguiente, en ese supuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al existir un cambio de situación jurídica que hace imposible analizar las violaciones que se hubieran cometido con motivo de la ratificación de la detención del gobernado. Sin que lo anterior implique una prohibición o impedimento para que la autoridad común, posteriormente, determine que deben excluirse pruebas por derivar de una detención ilegal, pues la calificación de la detención es un pronunciamiento preliminar dictado en la primera fase de la audiencia inicial con base en datos de prueba, es decir, con la mera enunciación realizada de diversos actos de investigación que obran en la carpeta respectiva, procedimiento penal en el que aún no existe una investigación pormenorizada para determinar con base en pruebas la verdad histórica de los hechos; además, en el procedimiento penal acusatorio, el auto de vinculación dictado en esa audiencia tiene por efecto, entre otros, autorizar una investigación judicializada que tiene como fin fundamental el esclarecimiento de los hechos". En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Hágase saber tal circunstancia a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Se gira despacho notificación al quejoso. A fin de notificar al quejoso Agustín Ramírez Villanueva el presente proveído, y tomando en consideración que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "Hermanos López Rayón", en Zitácuaro, Michoacán; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al titular del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de Zitácuaro, Michoacán, en turno, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social "Hermanos López Rayón", en Zitácuaro, Michoacán, y notifique al quejoso el presente proveído. Hecho lo anterior, deberá devolver la encomienda, debidamente diligenciada y las constancias que acrediten su cumplimiento, o bien, manifestar el impedimento que tuvo para ello. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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