Agustín Morales Vega

Expediente 354/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
354/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Agustín Morales Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Colegiado admite queja. Recíbase el oficio de cuenta, que remite el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja promovido contra el auto dictado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo; dando origen al expediente 53/2021 de su índice; lo que se asienta para constancia y demás efectos legales conducentes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Se tramita queja. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por el quejoso Agustín Morales Vega, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, ríndase el informe sobre la materia de la queja que corresponda y remítase copias debidamente certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la recurrente y una copia de éste para el agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 354/2021. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de marzo de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA LA DEMANDA. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado por la quejosa Agustín Morales Vega consiste en: El oficio circular 5009/2021/17625 de nueve de abril de dos mil veintiuno, dirigido a la Secretaria Técnica, Secretaria Particular, dirección de Salud Pública, Dirección de Servicios de Salud, Delegación Administrativa, Subdirecciones de Información y Evaluación en Salud, de Promoción y Prevención de Salud, de Atención Médica, de Calidad y Enseñanza, de enfermería, de planeación e Infraestructura en Salud, Recurso Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios, Jurídica, Enlaces de Comunicación Social, Departamentos de Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Centro Estatal de Atención Oncológica, Hospitales "Dr. Miguel Silva", Infantil "Eva Sámano de López Mateos", de la Mujer, Psiquiátrico, Pátzcuaro, Uruapan, "Dr. Pedro Daniel Martínez", Zamora, Arteaga, Carácuaro, Nocupétaro, Cherán, Ciudad Hidalgo, Coahuayana, Huacana, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Maruata, Nueva Italia, Puruándiro, Sahuayo, Tacámbaro, "María Zendejas", Tuzantla, Zitácuaro, Zacapu, de Especialidad Oftalmológicas y Jurisdicciones Sanitarias: 1,2,3,4,5,6,7 y 8, mediante el cual, se les hace del conocimiento a todos los trabajadores que conforman los Servicios de Salud en Michoacán, que a partir de la quincena 07, misma que comprende del uno al quince de abril de dos mil veintiuno, el salario que actualmente es depositada en la Institución Financiera Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex), será pagado a través de la Institución bancaria denominada Banco del Bajío S.A. (Banbajio). Lo anterior con fundamento en la Ley general de Contabilidad Gubernamental de las condiciones Generales de Trabajo de los Servicios de Salud. Para mejor comprensión del acto reclamado se hace relación de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa. El peticionario de amparo Agustín Morales Vega, es trabajador activo del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud en Michoacán", desde el mes de enero de mil novecientos noventa y siete, adscrito al Hospital General "DR. Miguel Silva", con clase presupuestal 41616004 1002 11301 MO1004 088, con una percepción quincenal de $17,018.61 (diecisiete mil dieciocho pesos 61/100 M.N.). Por lo que el trece de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 5009/2021/17625 de nueve de abril de dos mil veintiuno, fue informado que a partir de la quincena 07, misma que comprende del uno al quince de abril de dos mil veintiuno, el salario que actualmente es depositada en la Institución Financiera Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex), le será pagado a través de la Institución bancaria denominada Banco del Bajío S.A. (Banbajio). Siendo esta determinación el acto aquí reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal . Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, las autoridades que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la señalada, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar el acto reclamado, actúan en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúa en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo, se desprende que mantiene una relación laboral con la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, toda vez que es Médico adscrito al Hospital General "Dr. Miguel Silva", con residencia en esta ciudad. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que las autoridades responsables en este caso, no se ubican en una posición de supra a subordinación con el quejoso, pues las órdenes de las autoridades responsables, son atendiendo a la relación de trabajo que lo une con dicha dependencia. Por ende, la decisión que adopta la institución oficial, con relación al pago del salario a través de la Institución bancaria denominada Banco del Bajío S.A. (Banbajio), no genera afectación alguna a su derecho a percibir el salario, pues con motivo de cambio de institución no se suspende la realización del pago, ello como se advierte de la siguiente transcripción: ". Con el presente comunicado se hace del conocimiento a todos los trabajadores que conforman los Servicios de Michoacán que a partir de la quincena 07, misma que comprende del 1 al 15 de abril de 2021, dos mil veintiuno, el salario que actualmente es depositado en la Institución Financiera Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex), será pagado a través de la Institución bancaria denominada Banco del Bajío, S.A. (Banbajio). Lo anterior con fundamento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 67 y artículo 44 de las Condiciones Generales de Trabajo de los Servicios de Salud. Es importante señalar que los trabajadores no tendrán que realizar trámite directo ante el citado banco, toda vez que personal de Servicios de Salud de Michoacán conjuntamente con Ejecutivos Bancarios, se encuentran realizando los trabajos correspondientes con el objetivo de que en cada centro de trabajo acuda un representante bancario y se haga entrega física del plástico correspondiente a cada trabajador, en el que le será depositada la nómina quincenal; para ello es necesario que cada trabajador acuda personalmente a su unidad de adscripción para la recepción de contrato y entrega de la tarjeta personalizada, a partir del día 15 de abril del presente año, misma que deberá ser activada de manera personal comunicándose vía telefónica al número." Como se advierte de la propia circular, la institución oficial actúa en cumplimiento a ordenamientos que rigen la relación laboral con el trabajador -aquí quejoso-, artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y artículo 44 de las Condiciones General de Trabajo de los Servicios de Salud. Además, no se desprende que con su emisión se afecte el derecho de los trabajadores a percibir su salario a través de una institución bancaria distinta, pues incluso se advierte que la entrega de las tarjetas relativas será en su propia área de trabajo. No pasa desapercibido el hecho de que el quejoso refiere que se violan sus derechos fundamentales al transgredir el derecho a la protección del salario con base en que se le cambió sin su consentimiento de institución bancaria; sin embargo, es de hacer notar que el quejoso en su calidad de trabajador tiene potestad de decisión para solicitar el cambio de institución bancaria, pues el propio artículo 44 de las Condiciones General de Trabajo de los Servicios de Salud, en su último párrafo señala que opcionalmente, el trabajador podrá solicitar su pago a través de banca electrónica, esto es, si no se encuentra conforme con la institución designada, podrá solicitud se realice el pago del salario a través de una diversa. Por tanto, si el acto reclamado proviene de un nexo de índole laboral, entonces carece de las particularidades para ser calificado como acto de autoridad. Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que el acto provine de una relación laboral. Sirve de apoyo por las razones que expone, la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría. Por tanto, al operar de manera notoria y manifiesta el motivo de improcedencia analizado, se impone desechar la demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Roberto Guillén López, Víctor Manuel Morales Pérez y Martín García Moreno, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos José Antonio Sánchez León y Miguel Alejandro Calderón, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.KOA/JPG/GCHH

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