Agustín Morales Barradas
Expediente 227/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Agustín Morales Barradas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veinte de agosto del presente año, en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original de su incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente sobreseído en el presente juicio, y negado tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos; en el entendido de que será con posterioridad al ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Asimismo, agréguese una copia al original del incidente de suspensión, y manténgase en el archivo por separado, hasta en tanto se determine sobre su destrucción. Por otro lado, toda vez que de autos se advierte que obran formados tres tomos por separado, con las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable denominada Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a la autoridad antes citada para los efectos legales procedentes, sin que haya lugar a requerir el acuse respectivo, toda vez que se contará con la constancia de notificación.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de ocho días que se le dio se le dio a las partes mediante proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, para que esté en oportunidad de conocer e imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Sexta de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, transcurrirá del diecisiete al veintiséis de abril del año en curso; en consecuencia, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Por otro lado, téngase por recibido el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual realiza diversa manifestaciones a título de alegatos; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en la audiencia constitucional. Respecto a su petición en el sentido de que se le expida copia certificada de la resolución que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, dígasele que deberá solicitarla en el momento procesal oportuno. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente auto y hágase entrega a la Fiscal Federal adscrita, quien deberá firmar por su recibo en autos para debida constancia.
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Juez Sexta de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguense para que surtan sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, la cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmense dos tomos por separado, colocándoles las carátulas correspondientes para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el segundo de los oficios de cuenta, signado por la Juez Sexta de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los días inhábiles que mediaron en el término que se le concediera para rendir su informe justificado.
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