Agustina Domínguez Viveros
Expediente 451/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Agustina Domínguez Viveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; asimismo, una vez que se cumplan tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá destruirse con posterioridad al VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó la ciudadana licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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En Xalapa, Veracruz, a once de mayo de dos mil veintidós, Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, hace constar: que comparece ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, quien se identifica con su credencial para votar con clave de elector VSLPZS63042320H200, expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral, en cuyo frente aparece una fotografía que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente de referencia, documento que luego de tenerse a la vista y dar fe de su contenido, se procede a su devolución, por ser innecesaria su retención, dejándose en autos copia simple de la misma para debida constancia, quien manifiesta que el motivo de su presencia es con el fin de recoger los documentos que la parte quejosa anexó a su demanda, los cuales se describieron en la boleta de turno como: 1. Seis recibos del impuesto predial municipal. 2. Seis cesiones de derechos en copia certificada. 3. Una constancia de vigencia de derechos. Acto seguido, en uso de la voz el compareciente dijo: "que en este acto recibo a mi entera satisfacción los documentos descritos con anterioridad", firmando al calce de la misma los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar. Conste. SECRETARIO COMPARECIENTE Lic. Uriel Curti Espinosa ********************
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Agustina Domínguez Viveros, en su carácter de represente común, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexaron a su demanda de amparo; al respecto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la promovente los documentos que indica, previa copia simple que exhiba y se deje en lugar de los documentos que se le devuelvan, autorizando para su recibo a la persona que refiere en su escrito, quien deberá firmar por su recibo en autos, para debida constancia. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala la ocursante, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario que autoriza y da fe.
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ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por Agustina Domínguez Viveros, Serapio Domínguez Viveros, Esperanza Domínguez Viveros, Rosa Domínguez Viveros, María Elena Domínguez Viveros y Elvira Domínguez Viveros, contra el acto que reclaman del Delegado del Registro Agrario Nacional en Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 451/2022-V-A. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis aislada P. VI/2004 al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así las cosas, la suscrita advierte que los promoventes de amparo reclaman lo siguiente: La orden de cancelación de los certificados parcelarios 104012, 104014, 104021, 104026, 104035, 104038, 345256 y 592718, que amparan sus parcelas 00019, 00155, 00180, 00239, 00087, 00127, 00026 y 00202, respectivamente todas del ejido Palmas de Abajo, municipio de Actopan, Veracruz, así como la entrega de títulos de propiedad de origen parcelario a Mario Domínguez Viveros. Entrega de documentación relativa a las posesiones de los señores Mario Domínguez Morgado y Carmelita Viveros Barradas, al ciudadano Mario Domínguez Vivero, sin que haya mediado asamblea de reconocimiento. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad, como a continuación se expondrá. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El texto del precepto legal reproducido establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio de defensa ordinario susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a que no deben exigirse mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso o medio de defensa ordinario, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley que rige el juicio constitucional para conceder la suspensión definitiva; el principio de definitividad debe prevalecer en ese caso y, en consecuencia, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios en su defensa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le causen afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la Ley Agraria, como las de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que los particulares estén en la aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. Resulta ilustrativa a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Por consiguiente, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que la legislación ordinaria prevea la suspensión del acto reclamados sin mayores requisitos a los establecidos en la ley de amparo para su procedencia; d) Que el caso concreto no se ubique dentro de algunas de las excepciones contempladas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. La hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque el acto reclamado se le atribuye al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; lo que evidencia que se trata de un acto emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, en consecuencia, se satisface el requisito señalado en el inciso a). Por otra parte, en lo tocante al requisito identificado con el inciso b), relativo a que contra el acto reclamado ya precisado proceda algún recurso o medio de defensa legal, también se cumple. El artículo 163 de la Ley Agraria que establece: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." El artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Agrario que establece: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. (.) IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; (.)" De los preceptos legales transcritos se establece la procedencia del juicio agrario contra la nulidad de las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho. En ese sentido, si los quejosos Agustina Domínguez Viveros, Serapio Domínguez Viveros, Esperanza Domínguez Viveros, Rosa Domínguez Viveros, María Elena Domínguez Viveros y Elvira Domínguez Viveros, reclaman la orden de cancelación de los certificados parcelarios 104012, 104014, 104021, 104026, 104035, 104038, 345256 y 592718, que amparan sus parcelas 00019, 00155, 00180, 00239, 00087, 00127, 00026 y 00202, respectivamente todas del ejido Palmas de Abajo, municipio de Actopan, Veracruz, así como la entrega de títulos de propiedad de origen parcelario a Mario Domínguez Viveros; y la entrega de documentación relativa a las posesiones de los señores Mario Domínguez Morgado y Carmelita Viveros Barradas, al ciudadano Mario Domínguez Vivero, sin que haya mediado asamblea de reconocimiento, dichos actos son susceptibles de impugnarse por medio del juicio de nulidad previsto en el artículo 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En esa tesitura, el juicio ante el Tribunal Unitario Agrario es un medio ordinario de impugnación que los quejosos deben agotar antes de acudir ante esta instancia constitucional, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado, con lo que se satisface el requisito exigido en el inciso c). Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos." Así como la tesis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL QUE SE PROMUEVE RESPECTO DE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIN QUE SE HAYA AGOTADO PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. De conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó la fracción XIX del artículo 27 constitucional, el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, los asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deben pasar a ser de la competencia de los Tribunales Agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva. Consecuentemente, aquellos asuntos que encuadren dentro de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (previsivo de la competencia de estos Tribunales), y que surjan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del referido decreto, son impugnables a través del juicio agrario, por lo que la promoción del juicio de amparo en contra de alguno de estos actos resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por concurrir el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." Asimismo, en relación con el inciso c), se cumple con el mismo, pues el Titulo Décimo, Capítulo I "Disposiciones Preliminares", artículo 166 de la Ley Agraria establece, regula y permite la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio agrario. Así, el artículo 166 de la Ley Agraria, prevé la suspensión de los actos reclamados, remitiéndose para su regulación al capítulo respectivo de la Ley de Amparo e incluso precisa que deberán considerar las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. Ahora, cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda. De lo que se sigue que la Ley Agraria, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados, pues se trata de los mismos requisitos contemplados en aquella. Al respecto cabe señalar que el artículo 166 de la Ley Agraria, al remitir el legislador a la Ley de Amparo para decretar la suspensión de los actos de autoridad, permite la posibilidad de que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 126, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte. Orienta esta consideración, la tesis 2a. XXV/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 475, registro 167695, que señala: "JUICIO AGRARIO. CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA. Cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda; y, d) Al no existir recursos ordinarios o medios de defensa dentro de la Ley Agraria para controvertir estas determinaciones, pueden impugnarse en amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el precepto primeramente citado, al remitir el legislador al Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo para decretar la suspensión del acto de autoridad, excluye la posibilidad de que se apliquen las disposiciones del Libro Segundo que dicha ley prevé para los juicios de garantías en materia agraria, entre los cuales se encuentran sus artículos 233 y 234; sin embargo, tal circunstancia no impide que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 123 de la Ley de Amparo, cuya aplicación está permitida, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte. Por último, también se cumple con el último requisito para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el caso concreto no se ubica dentro de las excepciones previstas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, por ello, a continuación se verificará si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. En la especie, en este sumario no se argumentó la existencia de una violación directa a la constitución, por lo que no incide en las consideraciones expuestas para sostener la improcedencia del presente juicio. Sustenta lo anterior la tesis sin número del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que señala: "VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN, CUÁNDO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la Ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectiva ante el juez de amparo, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al pacto federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe Inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recuso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el' acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de Amparo, haciendo nugatorio el principio, de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes ha van sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas." Asimismo, de la lectura integral del ocurso de demanda, se advierte que en el caso no se trata de un amparo contra leyes, ni tampoco que los actos reclamados entrañen el primer acto de aplicación de una norma general impugnada, por lo cual no se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad en comento. Finalmente, cabe precisar además, que el acto reclamado no se trata de aquellos que importan la privación de la vida o ataques a la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento, ya que se trata de actos de naturaleza agraria, no penal, por lo que tampoco puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. En conclusión, a través del juicio agrario tramitado ante un Tribunal Unitario Agrario conforme a lo previsto en la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, en tanto, el artículo 163 de la Ley Agraria señala que la sentencia definitiva del juicio podrá sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esa ley, de lo que se desprende la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria; de ahí que, al no haber agotado dicho juicio previo a acudir a la presente instancia constitucional, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en comento al no haberse observado el principio de definitividad que rige el juicio amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, atendiendo a las razones que han quedado expuestas en los párrafos que anteceden, deviene inconcuso que, en la especie, sí se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. Brinda sustento, la tesis XIX.1 o.1 K del entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que refiere: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO. No basta que el peticionario de garantías haga valer en su demanda exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal para exonerarlo de agotar el principio de definitividad, sino que el juzgador debe examinar en cada caso concreto el acto autoritario para determinar si carece o no de la debida fundamentación, como exige el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo para proceder en consecuencia; ya que de otra manera quedaría al arbitrio del quejoso y no del órgano jurisdiccional determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse." REPRESENTANTE COMÚN. Como lo solicitan los promoventes, se tiene como representante común a Agustina Domínguez Viveros, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, el que indica la parte quejosa y como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Zeus Augusto Vásquez López, quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro 76300, además de tratarse de un asunto en materia agraria. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado, Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.UCE-Liliana
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