Agustín Fabián Hernández Ixtepan
Expediente 404/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Agustín Fabián Hernández Ixtepan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Agustín Fabián Hernández Ixtepan, por medio del cual solicita la devolución de diversas documentales que, a su decir, obran en el expediente en que se actúa. Al respecto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que solicita, autorizando a las personas que menciona en su ocurso para recibirlas, quienes deberán firmar por su recibo en autos para debida constancia. Significándole al quejoso lo siguiente: Por cuanto ve a la documental señalada con el arábigo 4 (cuatro), si bien es cierto el quejoso afirma que dicha probanza se hace consistir en veintinueve recibos de pago emitidos suyo por la Secretaría de la Función Pública, lo cierto es que en realidad consiste en copia fotostática de veintiocho recibos de pago, como se advierte de autos; Por cuanto hace a la documental señalada con el número 8 (ocho), si bien es cierto el quejoso afirma que dicha probanza se hace consistir en copia certificada de tres recibos de pago de pensión emitidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cierto es que en realidad consiste en copia fotostática de cuatro recibos de pago de pensión. Finalmente, por cuanto ve al último de los documentos solicitados en el escrito que se provee, dígasele que no ha lugar a realizar la devolución del mismo, toda vez que dicha documental no obra en los autos del expediente en que se actúa.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II,del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la DESTRUCCIÓN del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso en su escrito de demanda reclama a las autoridades responsables: "La omisión de dar contestación a mi solicitud de aplicación de todos y cada uno de los conceptos integradores de mi salario durante mi vida laboral activa, violentando mi derecho de petición establecido en nuestra Carta Magna; específicamente en el primer párrafo del artículo 8." Por otra parte, en proveído de once de junio del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz y como representante legal del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado y remitió copia certificada del oficio 1.4.1391/2018, de treinta y uno de mayo del año en curso, a través del cual dio contestación al quejoso Agustín Fabián Hernández Ixtepan, del escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciocho, en la Delegación de Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, asimismo, del citado oficio se advierte que este fue notificado al quejoso, en el domicilio que señaló, el cual fue recibido el cinco de junio de dos mil dieciocho, por Aurea Mateo Hernández. En esta tesitura, la demanda de amparo fue presentada el quince de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada ese mismo día a este juzgado, por su parte, la autoridad responsable el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dio contestación al escrito de petición de quince de febrero de dos mil dieciocho, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado implica, que la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, es decir, no sólo detiene definitivamente el acto de autoridad, sino además, desaparece totalmente los efectos del mismo, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la total desaparición de los efectos del acto impugnado. De esta manera, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata y total, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIX, Enero de 2009, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) En otras palabras, si de lo que se dolía el quejoso era la omisión de las responsables Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz e Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, ambas con sede en esta ciudad, de acordar su escrito de quince de febrero del año en curso y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dichas autoridades a efecto de que se pronunciara en relación al citado escrito; luego, al existir constancia de que le dieron contestación, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado. Por otra parte, resulta importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, sostuvo que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, viole el derecho de petición de los gobernados sería procedencia el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. En el entendido de que, respecto de la respuesta que, en su caso, formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social. Dicha contradicción de tesis dio lugar a la creación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, publicada en la página 898, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2011948, con rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Luego, si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también es un ente asegurador, organismo del Estado y que puede emitir actos conforme a la ley que lo regule, incluso, incurrir en omisiones como aconteció en el presente juicio de amparo; por tanto, se estima aplicable el referido criterio jurisprudencial, por lo que se justifica el por qué no resultó procedente dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la contestación que recayó a su petición, esto es, si señalaba como acto reclamado el oficio 1.4.1391/2018, de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Subdelegado de Prestaciones dependiente de la Delegación Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, ya que el impetrante de amparo de no estar de acuerdo con dicha contestación debe acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente al quejoso, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
- Principal
Téngase por recibido el escrito y anexos de cuenta, signado por el quejoso *********, en atención a su contenido, ténganse como pruebas de su parte, las documentales que anexa a su escrito de mérito, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional.
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