Ady Dorey González Uscanga

Expediente 370/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
370/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Ady Dorey González Uscanga
  • Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 1047-III, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en la queja 209/2019, interpuesto por Ricardo Morales Carrasco, en representación de Ady Dorey González Uscanga, en contra del auto de treinta de abril del año en curso, misma que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Ady Dorey González Uscanga, contra el acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, pronunciado por el secretario adscrito al Juzgado Décimoquinto de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, en funciones de Juez, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo indirecto 370/2019, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que mediante resolución de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto que desechó la demanda; en consecuencia, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por Ricardo Morales Carrasco, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en contra del auto de treinta de abril de la presente anualidad, emitido en el juicio de amparo en que se actúa, radicando la queja número 209/2019, de su índice; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito signado por Ricardo Morales Carrasco, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del que interpone recurso de queja contra el auto de treinta de abril de la anualidad que transcurre, por el cual se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por los argumentos y consideraciones vertidos en el auto combatido; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, conjuntamente con el escrito original de agravios, para la substanciación de la queja en comento. Lo anterior, sin que haya lugar a acusar recibo del oficio que se provee, en virtud de que el juzgado oficiante no lo solicitó, aunado a que contará con la constancia de notificación respectiva en la que constará el sello de recepción de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Ady Dorey González Uscanga, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad. Al respecto se acuerda: FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE bajo el número 370/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expusieron hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. En ese sentido, la quejosa, dentro de su demanda de amparo, señaló como acto reclamado: 1. El acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el cuadernillo administrativo 23/2019, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del cual se desechó la denuncia administrativa interpuesta en contra de Mayra Magaly Minguez Morales. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, en relación con los diversos 5, fracción I, primer párrafo y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". (Lo subrayado es propio). Ley de Amparo: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (Lo subrayado es propio). De la anterior transcripción, se desprende que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que éste debe promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, que la persona que demanda el amparo y protección de la justicia, debe ser el titular del derecho subjetivo transgredido, o quien tenga el interés legítimo, ya sea individual o colectivo, del derecho que está siendo violado por una norma general, acto u omisión de cierta autoridad. De ahí que, la afectación real y actual a la esfera jurídica de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o tiene el interés legítimo en éste, resulta ser un elemento indispensable para que el juicio de amparo cumpla con el principio de instancia de parte agraviada, pues de no existir perjuicios en los derechos subjetivos del promovente, el acto que se reclama no podría ser materia de estudio y análisis constitucional. En ese tenor, se desprende el segundo de los principios fundamentales del juicio de amparo, es el relacionado con la existencia del agravio personal y directo sobre los derechos humanos y fundamentales del promovente, que genera la norma, acto u omisión que se reclama; entendiendo como agravio en el juicio de amparo a la privación de los derechos subjetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que México ha suscrito, prevean. Ahora, a contrario sensu de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 107 constitucional, si el promovente del juicio de amparo aduce ser el titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, pero la norma, acto u omisión que reclama no transgrede su esfera jurídica, es decir, no viola los derechos fundamentales y humanos reconocidos por los diversos ordenamientos, y por tanto no le genera perjuicio alguno sobre éstos, se desprende que no se cumple con los principios de parte agraviada y la existencia de un agravio personal y directo sobre el promovente. Asimismo, el carácter de quejoso no se le puede reconocer al promovente que a pesar de ser titular de derechos subjetivos o tener interés legítimo en éstos, al momento de acudir al juicio de amparo carece de violaciones a algún derecho previsto en el artículo primero de la Ley de Amparo, pues se encuentra reclamando en la vía constitucional una norma, acto u omisión que no generan agravios en su esfera jurídica. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverlo la parte directamente agraviada, entendiéndose como tal, el gobernado que sufre una lesión directa a sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por alguna ley, cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad; siendo menester precisar que el interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, la afectación a un derecho tutelado constitucionalmente o por alguna disposición legal. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo no es procedente contra actos que no generan agravios dentro de la esfera jurídica del promovente, es decir, cuando los intereses jurídicos o legítimos, ya sean individuales o colectivos, no son afectados por la norma, acto u omisión que se reclama. De ahí que, previo al estudio de los demás requisitos para que se provea sobre la admisión de la demanda de amparo, es menester advertir si la promovente de la vía constitucional, es titular de derechos subjetivos o intereses legítimos, que aduce están siendo vulnerados dentro de sus esferas jurídicas por normas, actos y omisiones previstas en el artículo primero de la Ley en materia. En atención al caso en concreto, se advierte que la promovente Ady Dorey González Uscanga, busca sólo lograr un control de legalidad en abstracto sobre el acto, y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor, menos aún representa una colectividad, puesto que acude por su propio derecho. Se considera lo anterior, porque la quejosa combate, como ya quedó establecido, el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el cuadernillo administrativo 23/2019, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del cual se desechó la denuncia administrativa interpuesta en contra de Mayra Magaly Minguez Morales, de lo que se colige que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, actuó como una autoridad administrativa y sancionadora de las conductas desplegadas por la denunciada. En ese contexto, resulta patente que el interés de la promovente, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado, residente en esta entidad federativa (Veracruz), ya que no se observa que, de prosperar esta instancia constitucional, se genere algún beneficio jurídico de la accionante, es decir, la anulación del acto no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica de la promovente de amparo. En tal caso, a pesar de que a la quejosa le interesa que la funcionara pública que denunció sea sancionada por sus actuaciones u omisiones, tal objetivo o intención es insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de amparo indirecto, porque se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés jurídico previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, que es necesario para acudir al juicio de amparo. En efecto, el interés mostrado por la impetrante de amparo no llega a calificar como jurídico sino como simple, puesto que no se encuentran en una situación tal, en la que el acto reclamado permita considerarlo como parte agraviada, en los términos que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que lo reclamado no le afecta directamente, sino de manera indirecta. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 41/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa. Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." En razón de ello, se concluye que la promovente de la demanda de amparo carece de interés jurídico para iniciar el presente medio de control constitucional, pues no demostró la existencia de los derechos subjetivos que aduce se encuentran violados ni que lo reclamado a la autoridad afecta esos derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (Lo subrayado es propio). Luego, tras haber realizado un análisis de los preceptos tanto constitucionales como de la Ley de Amparo sobre el interés jurídico, legítimo y la afectación a la esfera jurídica de la promovente, en relación a los principios fundamentales del juicio de amparo sobre la instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, así como de las interpretaciones que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido sobre los requisitos constitutivos del interés jurídico para promover el juicio de amparo, se concluye que el acto que se reclama, no afecta la esfera jurídica de la gobernada y por tanto ésta no posee interés jurídico para promover juicio de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, primer párrafo, este último, aplicado en sentido contrario, ambos de la precitada Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, atendiendo a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional para que las promoventes tengan conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Morales Carrasco y Alejandro Rivadeneyra Rodríguez, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros 155107 y 153853, respectivamente y a Pino González Peralta y Lissette González Uscanga, con las restricciones que impone la última parte, del párrafo segundo, del citado precepto, por así haberlo solicitado la parte quejosa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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