Agustin Díaz Bahena
Expediente 1258/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1258/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Agustin Díaz Bahena
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado por este juzgado federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Karla Paola Rueda Morante secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Quejoso subsana prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado la parte quejosa Agustín Díaz Bahena, mediante el cual desahoga la prevención realizada en auto de veintidós de septiembre del presente año; por tanto, una vez satisfecho el requerimiento efectuado por este órgano judicial y por desahogada la prevención formulada, se está en condiciones de proveer en relación a la demanda intentada. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, de la lectura integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se colige que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: La notificación de ocho de agosto de dos mil veintidós, realizada por el actuario de la adscripción de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 385/22-24-01-6. y en vía de consecuencia el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el cual se declaró firme la aludida sentencia definitiva. Desechamiento de la demanda. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". De tal manera que, en relación a los actos reclamados por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, contempla uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos que son combatibles a través de un medio de defensa ordinario. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar dicho principio. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se apertura la posibilidad de instar el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Así, en términos de la aludida fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modifica. Robustece a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Luego entonces, se advierte con claridad que el primero de los actos reclamados proviene de una autoridad judicial, actualizándose la primera hipótesis contenida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues, en el caso, fue emitido por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la ley ordinaria tiene previsto un medio de defensa idóneo. En este contexto, es oportuno precisar que en términos generales, el juicio de amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo, cuando se reclama el fallo definitivo, en términos de lo establecido por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Para demostrar este punto, a continuación se reitera en qué consisten los actos reclamados y qué recurso o medio de impugnación por el cual puedan ser anulados, modificados o revocados. En el caso concreto, tenemos que la parte peticionaria de amparo, en esencia, reclama la notificación de ocho de agosto de dos mil veintidós, realizada por el actuario de la adscripción de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 385/22-24-01-6. En ese orden de ideas, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente, establece la procedencia de diversos medios de impugnación para atacar las notificaciones que se estimen irregulares en el juicio de nulidad, como en la etapa acontece, tal y como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO 29.- En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y especial pronunciamiento: I. La incompetencia por materia. II. El de acumulación de juicios. III. El de nulidad de notificaciones. IV. La recusación por causa de impedimento. V. La reposición de autos. VI. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se impondrá a quien lo promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal." "ARTÍCULO 33.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia." De ahí que, es inconcuso que el incidente de nulidad de notificaciones resulta procedente, antes de acudir a esta instancia constitucional para impugnar válidamente el acto que reclama en esta vía, ante autoridad de jurisdicción ordinaria. En consecuencia, si por disposición expresa de la norma adjetiva aplicable es procedente combatir a través del incidente de nulidad las notificaciones que el quejoso estima irregular por no haberse practicado en forma incorrecta, pues aduce que la notificación realizada por el actuario responsable a través de correo electrónico resulta irregular, habida cuenta que refiere le fue remitido un archivo digital de diversa sentencia, lo cual torna de irregular dicha notificación e incorrecta la declaratoria de firmeza de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de nulidad de origen. Atento a lo expuesto, es claro que la demanda de amparo deviene improcedente por lo que atañe a tales actos. Lo anterior es así, ya que previo a su promoción, la parte inconforme debió observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo y que consiste en agotar el medio de impugnación que contemple la legislación local, por virtud del cual, el acto reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse y así obtener la reparación de los derechos que se estiman conculcados, como en el caso de la realización de las notificación en la forma señalada. Sirve de sustento a lo antes manifestado por identidad jurídica, el criterio jurisprudencial I.6o.C.J/37, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2002, tomo XV, página 902, cuyo rubro estatuye: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Al respecto, es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica y en lo que interesa, la tesis I.3o.T.68 L, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril de 2000, Tomo XI, página 963, cuyo rubro y texto estatuyen: "LAUDO, ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL. DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTE LA RESPONSABLE. Por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones procede hasta antes de dictarse el laudo contra las irregularidades cometidas por la autoridad responsable durante el procedimiento, sin embargo, cuando la irregularidad se da en torno a la notificación del laudo debe impugnarse ante la propia responsable a través de dicho incidente, sin que obste el hecho de que en él se hagan valer cuestiones de emplazamiento, pues en su caso sería improcedente sobre este aspecto". De igual manera, resulta aplicable por analogía, la tesis XII.1o.7 L, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Enero de 2001, Tomo XIII, página 1753, cuyo rubro y texto se leen: "NOTIFICACIONES, IMPUGNACIÓN DE LAS, EN EJECUCIÓN DE LAUDO. Las notificaciones en materia laboral se encuentran reglamentadas de manera específica en el título catorce, capítulo VII, de la Ley Federal del Trabajo, y tienen su forma específica de impugnación a través del incidente de nulidad de notificaciones, por lo que en esas condiciones debe estimarse que las notificaciones efectuadas durante el trámite de la ejecución de un laudo no pueden ser impugnadas a través del diverso recurso de revisión previsto en el artículo 849 del citado ordenamiento legal, en virtud de que el recurso de revisión que contempla dicho numeral sólo es procedente en contra de los actos de ejecución del laudo, dentro de los cuales no se encuentran comprendidas las notificaciones, aun cuando se hubieren practicado durante ese procedimiento." Cabe precisar que en los juicios que se traten de actos de imposible reparación no generan, per se una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, como acontece en el caso. Al respecto, es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica y en lo que interesa, la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10a) Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta diciembre de 2013, tomo I, libro 1, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos del a) al d) de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de la Materia, que exentan a la parte agraviada de agotar el recurso o medio ordinario de defensa previo a acudir al juicio de amparo, cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Esto es así, pues como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo y que es objeto de estudio en este apartado se refiere a la notificación realizada a la impetrante del amparo por medio de boletín judicial, de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo de origen, que a consideración del promovente, fue notificada de manera errónea dentro del expediente 406/22-24-01-6 a Eva Castañón Mejía, de modo que, estos actos no encuadran en alguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime que las mismas son de aplicación estricta y no admiten analogía o similitud jurídica. Así las cosas, es contundente que el promovente debe agotar el recurso previsto en la legislación secundaria, antes aludido, a través del cual puede hace valer las violaciones al procedimiento y así obtener la revocación o nulificación del acto impugnado. Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del precepto 61, fracciones XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Agustín Díaz Bahena. Causa de improcedencia que impacta al acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el que se declaró firme la sentencia primigenia, en virtud de que su ilegalidad, se hace depender de la irregularidad de la notificación controvertida y no por vicios propios surgidos con motivo de su dictado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA AGUSTÍN DÍAZ BAHENA, el auto y/o resolución de TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Quejoso subsana prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado la parte quejosa Agustín Díaz Bahena, mediante el cual desahoga la prevención realizada en auto de veintidós de septiembre del presente año; por tanto, una vez satisfecho el requerimiento efectuado por este órgano judicial y por desahogada la prevención formulada, se está en condiciones de proveer en relación a la demanda intentada. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, de la lectura integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se colige que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: La notificación de ocho de agosto de dos mil veintidós, realizada por el actuario de la adscripción de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 385/22-24-01-6. y en vía de consecuencia el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el cual se declaró firme la aludida sentencia definitiva. Desechamiento de la demanda. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". De tal manera que, en relación a los actos reclamados por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, contempla uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos que son combatibles a través de un medio de defensa ordinario. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar dicho principio. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se apertura la posibilidad de instar el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Así, en términos de la aludida fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modifica. Robustece a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Luego entonces, se advierte con claridad que el primero de los actos reclamados proviene de una autoridad judicial, actualizándose la primera hipótesis contenida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues, en el caso, fue emitido por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la ley ordinaria tiene previsto un medio de defensa idóneo. En este contexto, es oportuno precisar que en términos generales, el juicio de amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo, cuando se reclama el fallo definitivo, en términos de lo establecido por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Para demostrar este punto, a continuación se reitera en qué consisten los actos reclamados y qué recurso o medio de impugnación por el cual puedan ser anulados, modificados o revocados. En el caso concreto, tenemos que la parte peticionaria de amparo, en esencia, reclama la notificación de ocho de agosto de dos mil veintidós, realizada por el actuario de la adscripción de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 385/22-24-01-6. En ese orden de ideas, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente, establece la procedencia de diversos medios de impugnación para atacar las notificaciones que se estimen irregulares en el juicio de nulidad, como en la etapa acontece, tal y como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO 29.- En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y especial pronunciamiento: I. La incompetencia por materia. II. El de acumulación de juicios. III. El de nulidad de notificaciones. IV. La recusación por causa de impedimento. V. La reposición de autos. VI. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se impondrá a quien lo promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal." "ARTÍCULO 33.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia." De ahí que, es inconcuso que el incidente de nulidad de notificaciones resulta procedente, antes de acudir a esta instancia constitucional para impugnar válidamente el acto que reclama en esta vía, ante autoridad de jurisdicción ordinaria. En consecuencia, si por disposición expresa de la norma adjetiva aplicable es procedente combatir a través del incidente de nulidad las notificaciones que el quejoso estima irregular por no haberse practicado en forma incorrecta, pues aduce que la notificación realizada por el actuario responsable a través de correo electrónico resulta irregular, habida cuenta que refiere le fue remitido un archivo digital de diversa sentencia, lo cual torna de irregular dicha notificación e incorrecta la declaratoria de firmeza de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de nulidad de origen. Atento a lo expuesto, es claro que la demanda de amparo deviene improcedente por lo que atañe a tales actos. Lo anterior es así, ya que previo a su promoción, la parte inconforme debió observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo y que consiste en agotar el medio de impugnación que contemple la legislación local, por virtud del cual, el acto reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse y así obtener la reparación de los derechos que se estiman conculcados, como en el caso de la realización de las notificación en la forma señalada. Sirve de sustento a lo antes manifestado por identidad jurídica, el criterio jurisprudencial I.6o.C.J/37, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2002, tomo XV, página 902, cuyo rubro estatuye: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Al respecto, es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica y en lo que interesa, la tesis I.3o.T.68 L, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril de 2000, Tomo XI, página 963, cuyo rubro y texto estatuyen: "LAUDO, ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL. DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTE LA RESPONSABLE. Por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones procede hasta antes de dictarse el laudo contra las irregularidades cometidas por la autoridad responsable durante el procedimiento, sin embargo, cuando la irregularidad se da en torno a la notificación del laudo debe impugnarse ante la propia responsable a través de dicho incidente, sin que obste el hecho de que en él se hagan valer cuestiones de emplazamiento, pues en su caso sería improcedente sobre este aspecto". De igual manera, resulta aplicable por analogía, la tesis XII.1o.7 L, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Enero de 2001, Tomo XIII, página 1753, cuyo rubro y texto se leen: "NOTIFICACIONES, IMPUGNACIÓN DE LAS, EN EJECUCIÓN DE LAUDO. Las notificaciones en materia laboral se encuentran reglamentadas de manera específica en el título catorce, capítulo VII, de la Ley Federal del Trabajo, y tienen su forma específica de impugnación a través del incidente de nulidad de notificaciones, por lo que en esas condiciones debe estimarse que las notificaciones efectuadas durante el trámite de la ejecución de un laudo no pueden ser impugnadas a través del diverso recurso de revisión previsto en el artículo 849 del citado ordenamiento legal, en virtud de que el recurso de revisión que contempla dicho numeral sólo es procedente en contra de los actos de ejecución del laudo, dentro de los cuales no se encuentran comprendidas las notificaciones, aun cuando se hubieren practicado durante ese procedimiento." Cabe precisar que en los juicios que se traten de actos de imposible reparación no generan, per se una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, como acontece en el caso. Al respecto, es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica y en lo que interesa, la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10a) Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta diciembre de 2013, tomo I, libro 1, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos del a) al d) de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de la Materia, que exentan a la parte agraviada de agotar el recurso o medio ordinario de defensa previo a acudir al juicio de amparo, cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Esto es así, pues como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo y que es objeto de estudio en este apartado se refiere a la notificación realizada a la impetrante del amparo por medio de boletín judicial, de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo de origen, que a consideración del promovente, fue notificada de manera errónea dentro del expediente 406/22-24-01-6 a Eva Castañón Mejía, de modo que, estos actos no encuadran en alguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime que las mismas son de aplicación estricta y no admiten analogía o similitud jurídica. Así las cosas, es contundente que el promovente debe agotar el recurso previsto en la legislación secundaria, antes aludido, a través del cual puede hace valer las violaciones al procedimiento y así obtener la revocación o nulificación del acto impugnado. Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del precepto 61, fracciones XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Agustín Díaz Bahena. Causa de improcedencia que impacta al acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el que se declaró firme la sentencia primigenia, en virtud de que su ilegalidad, se hace depender de la irregularidad de la notificación controvertida y no por vicios propios surgidos con motivo de su dictado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Recepción del escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Agustín Díaz Bahena, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1258/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención de la demanda. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido de la demanda amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Único. Precise sí lo que pretende reclamar en esta instancia constitucional, como acto destacado la notificación de la sentencia del juicio de nulidad, dictada en el juicio de nulidad 385/22-24-01-6, del registro de la Sala responsable, toda vez que de sus conceptos de violación se advierte que aquellos se encuentran encaminados a controvertir la legalidad de dicha actuación. De ahí que deberá aclarar lo anterior y, como se adelantó, precisar de manera concreta el acto o actos de autoridad que pretende reclamar en esta vía de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, se tendrá únicamente como acto destacado el señalado en su demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada con facultades amplias a Ivete García Chirino, en razón de que se trata de un asunto en materia administrativa y acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a Jessica García Chirino, en virtud de que no colmaron tal extremo, a quien únicamente se les autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Medios especiales de comunicación. Por otro lado, no ha lugar a tener como medio de notificación la cuenta de correo electrónico que proporciona, pues la Ley de Amparo, no contempla dicho medio para oír y recibir notificaciones. No obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, la cual podrá ser utilizada por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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