Ageo Urrutia Mendoza

Expediente 1369/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1369/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Ageo Urrutia Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión de recurso Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, informa el contenido del proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, por el que se admitió el recurso de queja en contra del acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, que dio origen al presente asunto registrándolo con el número de expediente queja 297/2023. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. De la identificación de la determinación Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V- COLEGIADO ADMITE RECURSO DE QUEJA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, de la que se advierte que interpone el recurso de queja en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado por este órgano jurisdiccional, en el que, se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Trámite y remisión del medio de impugnación. Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso de mérito en los términos planteados por el promovente y remítase el original y una copia del escrito de expresión de agravios y ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Informe materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este juzgado de distrito determinó el desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente. Puesta a disposición del expediente electrónico. Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que tribunal colegiado conocerá del medio de impugnación aludido, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. De la identificación de la determinación Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V"- PARTE QUEJOSA INTERPONE RECURSO DE QUEJA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por ***********, quien se ostenta como asesor jurídico particular del directo quejoso ***********. Registro de la demanda. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 1369/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable. Jueza de Primera Instancia, Especializada en Actos de Investigación del Único Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Morelos. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tlayacapan de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. El auto de diecisiete agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta penal ********************, mediante el cual la Jueza de Control revoca la determinación del Ministerio Público emitida en la carpeta de investigación ********************, consistente en la abstención para investigar y ordena que dentro del plazo de tres días el Agente del Ministerio Público, acuerde lo respectivo a los actos de investigación solicitados por la víctima -aquí quejoso- El acuerdo de dieciocho agosto de dos mil veintitrés, emitido por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tlayacapan de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante el cual, entre otras cosas asienta que el aquí quejoso ya no cuenta con legitimación activa dentro de la carpeta de investigación ********************. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la Ley de la Materia. En el caso, de una lectura al escrito de demanda se aprecia que el primero de los actos reclamados en esta instancia constitucional se hace consistir en el siguiente: "El auto de 17 agosto de 2023, y que resuelve en definitiva la solicitud de auxilio judicial presentada por la víctima en contra del acuerdo de 05 de julio de 2023, mediante el cual SE EJERCE LA FACULTAD DE ABSTENERSE DE INVESTIGAR dentro de la carpeta de investigación ********************, emitido por el C. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tlayacapan de la Fiscalía General del Estado de Morelos (.).". Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, toda vez que, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que ante este propio órgano jurisdiccional, se encuentra radicado el juicio de amparo ********************promovido por el mismo quejoso Ageo Urritia Mendoza, a través de diverso asesor jurídico, contra el mismo acto reclamado y en contra de las mismas autoridades responsables, los hechos narrados en dicha demanda de amparo, se tratan de los mismos que se plasman en la demanda que se provee. Por tanto, es suficiente para considerar que la demanda de amparo que ahora nos ocupa respecto al citado acto reclamado deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)". La disposición anterior remite a la fracción X, del propio numeral, únicamente por lo que hace a los requisitos que deben prevalecer para estimar acreditada dicha causa de improcedencia, los que de manera complementada deducen que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en la fracción Xl, en estudio quede debidamente demostrada: a). La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de una ejecutoria de amparo anterior. b). Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Luego, si ha quedado demostrado que el aludido juicio de amparo ********************del índice de este juzgado y el que ahora se provee fue promovido a favor del mismo quejoso, es decir, Ageo Urritia Mendoza, en los que señaló las mismas autoridades responsables, así como el mismo acto reclamado (el auto dictado dentro de la carpeta penal ********************, mediante el cual la Jueza de Control revoca la determinación del Ministerio Público emitida en la carpeta de investigación ********************, consistente en la abstención para investigar y ordena que dentro del plazo de tres días el Agente del Ministerio Público, acuerde lo respectivo a los actos de investigación solicitados por la víctima -aquí quejoso-), es inconcuso que no es procedente admitir a trámite la presente demanda de amparo respecto a dicho acto reclamado. Lo anterior, en virtud de existir como se dijo, un juicio de amparo diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y el mismo acto reclamado, en el cual se pronunció este juzgado de distrito sobre su improcedencia, pues se precisa que mediante acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, se desechó la demanda que dio origen al citado expediente ********************por advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, mismo que no fue recurrido en queja por la parte quejosa, por lo que quedo firme a través del diverso auto dictado el seis de septiembre del año en curso. En consecuencia, no es jurídicamente procedente abordar nuevamente el mismo tema, pues asumir una posición contraria, implicaría que el gobernado pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la administración pronta y expedita que conlleva a emplear más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. En tal virtud, al acreditarse lo anterior, se actualiza la mencionada causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y por ende, lo que procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo por cuanto al acto reclamado antes transcrito. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis aislada sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 16 Tercera Parte, página 58, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO, SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS.- La ley de Amparo exige para que opera la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." En otro orden de ideas, por cuanto al diverso acto reclamado que se hace consistir en el acuerdo de dieciocho agosto de dos mil veintitrés, emitido por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tlayacapan de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo por cuanto al mismo, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XIV, de la ley en consulta, que dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 17 y 18 de la invocada ley. Sin embargo, antes de analizar la causal de improcedencia que se advierte, es pertinente señalar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes citado, establece que para la presentación de las demandas de amparo, será de quince días, con excepción de aquellas que se reclame normas generales o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. De lo antes expuesto, se obtiene que para efectos de la temporalidad de la presentación de la demanda de amparo en el presente asunto, el término será de quince días, ello, atendiendo al acto que se reclama en esta instancia constitucional, siendo este, como se precisó en párrafos que anteceden. Sentado lo anterior, este juzgado federal se avoca a estudiar la causal de improcedencia que nos ocupa. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso concreto, la parte quejosa señala además como acto reclamado acuerdo de dieciocho agosto de dos mil veintitrés, emitido por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tlayacapan de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante el cual, entre otras cosas asienta que el aquí quejoso ya no cuenta con legitimación activa dentro de la carpeta de investigación ********************. Ahora bien, en su escrito de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento de dicho acuerdo el trece de agosto de dos mil veintitrés, al ser notificada vía correo electrónico, por conducto de su asesora jurídica particular. Lo anterior origina que su demanda resulte extemporánea, pues debe decirse que el cómputo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo (quince días), empezó a contar a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, esto es, el trece de agosto de dos mil veintitrés. Luego entonces, si la demanda de amparo fue presentada el cinco de octubre de dos mil veintitrés, como se advierte de la boleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, resulta notoriamente extemporánea, pues el término que tuvo para interponerla transcurrió del quince de agosto al cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que, el acto reclamado debe tenerse por tácitamente consentido para los efectos de este juicio de amparo, lo que hace que se actualice en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, por lo que en términos del ordinal 113 de la legislación en consulta, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Conclusión. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 61, fracción XI y XIV, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la ley de la materia. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notificación vía electrónica. Con base en el arábigo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se tiene como medio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la vía electrónica. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto, se practiquen vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario ********************, conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Se instruye a la oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización de la promovente en el referido sistema. Autorizados. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizado con facultades amplias al profesionista que refiere en razón de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Medios especial de comunicación Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tienen por señalados como formas especiales de contacto para entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico que solicita y, excepcionalmente, procesal en caso de no contar con acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "R- SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

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