Agustin Hidalgo Flores

Expediente 100/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
100/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Salvador Brito Guadalupe
  • Eduardo Lopez Medel
  • Laura Iveth Brito Galindo
  • SALVADOR BRITO GUADALUPE y Otros.
  • Agustin Hidalgo Flores
  • Juez de Control, Juicio Oral Y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos
  • Jorge Iván Soto Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite sentencia. Glósese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 100/2021, así como el testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión celebrada el uno de septiembre de dos mil veintidós, relativa al recurso de revisión 202/2022, en la que se determinó: "PRIMERO. Se tiene por DESISTIDA a la recurrente **************+. SEGUNDO. Se declara FIRME la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de febrero de dos mi veintidós, dictada por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo indirecto 100/2021. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 100/2021, por el acto y autoridad determinados en el considerando tercero de la resolución aquí recurrida. CUARTO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a "Jenny Sofía Montiel Pinzón" en los términos establecidos en la sentencia aquí recurrida." Integración del cuaderno de antecedentes, notificación a las partes y anotaciones relativas a la ejecutoria de mérito. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, glósense a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las restantes son copias simples de actuaciones que obran en autos y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente sumario. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Valoración del cuaderno original relativo al incidente de suspensión. Asimismo, se hace constar que el original del incidente de suspensión relativo se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a), del acuerdo general citado; por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de diez anexos y cinco discos. Finalmente, hágase la devolución de los anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos, así como cinco discos al resultar innecesaria su conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil veintidós. Se recibe oficio Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal Administrativa del Decimoctavo Circuito, a través del cual, acusa recibo de loa autos del juicio de amparo ----, en tres tomos, así como diez anexos, que le fueron remitidos, e informa que admitió el recurso de revisión, radicándolo bajo el número 202/2022; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte lo siguiente: Que las quejosas ----f ueron notificadas de la sentencia dictada en este juicio de forma personal en la reja del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". Que los quejosos ----- fueron notificados de la sentencia dictada en este juicio, a través del licenciado ---- defensor público federal, adscrito a la Defensoría Pública Federal. Que el quejoso 24) --- por sí y en representación de los quejosos en el juicio de amparo 1025/2022 fue notificado de manera personal en la reja del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". Que los quejosos 25) ----- fueron notificados de la sentencia dictada en este juicio, por conducto de sus apoderados legales en el domicilio ubicado en Calle -----. Que la quejosa 28) ----- fue notificada de la sentencia dictada en este juicio, por conducto de sus apoderados legales en el domicilio ubicado en -------. Que los quejosos, -----, fueron notificados de la sentencia dictada en este juicio, por conducto de sus apoderados legales en el domicilio ubicado en -------. Que no han sido notificados de la sentencia dictada en este juicio -----. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que le notifiquen electrónicamente la sentencia del presente asunto, se practique vía electrónica a los quejosos que están pendientes de notificarse la sentencia dictada en este juicio, a través del usuario "---", conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO QUE ANTECEDE, PROCEDO A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA DE QUE SE TRATA, VÍA ELECTRÓNICA, LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 100/2021, promovido por Salvador Brito Guadalupe y otros, por su propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Los quejosos ..., el doce de noviembre de dos mil veinte, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (fojas 2bis a 81, tomo I). El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, los impetrantes . ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (fojas 6 a 23 Tomo II). El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la quejosa 30. ... ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (fojas 6 a 17, Tomo III). El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, los quejosos ..., también ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (fojas 241 a 260 Tomo III). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. (i) El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, registrada bajo el expediente 1025/2020, del índice del Juzgado Octavo de Distrito (fojas 82 a 92, Tomo I); (ii) El tres de diciembre de dos mil veinte, en el juicio de amparo 1084/2020-II (fojas 354 a 359 Tomo II), en el que sin haber admitido la demanda por existencia de prevención, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos declinó competencia al Juez Octavo de Distrito de la misma entidad, quien admitió la demanda el ocho posterior y la registró como juicio de amparo indirecto 1158/2020-PJ (fojas 364 a 371 Tomo II), mismo que el cuatro de agosto de dos mil veintiuno (fojas 537 a 540 Tomo II), ordenó acumular al propio 1025/2020 de su registro; (iii) Previo el desahogo de la prevención, el dos de diciembre de dos mil veinte. se admitió a trámite la demanda (fojas 30 a 35 Tomo III), registrada bajo el expediente 1040/2020, la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno (fojas 175 a 178 Tomo III), declinó competencia al Juzgado Octavo de Distrito de esta entidad, quien el once siguiente (fojas 187 a 189 Tomo III), la registró como juicio de amparo directo 958/2021-PJ y el doce posterior ordenó su acumulación al referido 1025/2020 de su índice (fojas 193 a 196 Tomo III; y (iv) El veintiuno de diciembre de dos mil veinte (fojas 284 a 291 Tomo III), previo desahogo de la prevención se admitió a trámite la demanda registrada con el número 1067/2020, la Jueza Sexto de Distrito el cinco de agosto de dos mil veintiuno (fojas 437 a 441 Tomo III), declinó competencia al Juzgado Octavo de Distrito de la misma entidad, quien la registró como juicio de amparo indirecto 1060/2021-PJ el tres de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 449 a 456 Tomo III), auto en el que también ordenó su acumulación al mencionado 1025/2020. TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. Después de decretada la acumulación de expedientes, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 475 Tomo III). El seis de septiembre de dos mil veintiuno, a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General de Estado de Morelos, que conoce de la causa penal .. (foja 486 Tomo III). Asimismo, el tres de septiembre de dos mil veintiuno (foja 462 Tomo III) a los terceros interesados de iniciales L.G.G.P., F.G.P., J.C.D.F. y M.G.I. CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Audiencia Constitucional. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, relativa al juicio de amparo 1025/2020 y sus acumulados 1158/2020, 958/2021 y 1060/2021 (foja 511). SEXTO. Remisión de autos para dictado de sentencia. En dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de diciembre del mismo año, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; y al Acuerdo 120/2021, envió a este juzgado de Distrito el juicio de amparo 1025/2020 y sus acumulados 1158/2020, 958/2021 y 1060/2021, de su índice, para el dictado de la sentencia correspondiente. SÉPTIMO. Recepción de autos. En ese orden, tal asunto fue remitido a través de la Oficina de Correspondencia Común, y por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el expediente 100/2021; se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que los quejosos solicitaron por propio derecho el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintisiete de octubre de dos mil veinte y la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en esa determinación, en la causa penal JCJ/560/2020, por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, en su denominación actual, cuya ejecución atribuyen al Director del Centro de Reinserción Social "Morelos" en su denominación correcta. TERCERO. Inexistencia de actos. En el juicio de amparo 1158/2020, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (foja 477 Tomo II), la Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, dijo: "NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, respecto del auto de vinculación a proceso dictado en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, toda vez que mi homólogo el Licenciado DAVID RICARDO PONCE GONZÁLEZ, no emitió auto de vinculación a proceso en la fecha referida, LO CIERTO ES QUE DENTRO DE LA CAUSA JCJ/560/2020, se dictó auto de vinculación a proceso en fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, en contra de los hoy quejosos SALVADOR BRITO GUADALUPE, ARTURO LAURO BERNAL, HERIBERTA RODRÍGUEZ RIVERA, GRACIELA GARCÍA VIRGINIA, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, cometido en agravio de la víctima de iniciales F.G.P., así como por el delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, cometido en agravio de LA SOCIEDAD. No así por cuanto al quejoso JOSÉ MARTÍNEZ SIMÓN, toda vez que no tiene ningún carácter dentro de la presente causa." Por su parte el quejoso José Martínez Simón no desvirtuó esa negativa, misma que se corrobora con las constancia remitidas por esa juzgadora en las que se constata que en el auto de vinculación a proceso reclamado no aparece como imputado y que no intervino en la audiencia en que se emitió tal determinación, constancias que tienen valor probatorio pleno como se verá en el considerando siguiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, se sobresee el presente juicio por lo que a ese acto y autoridad se refiere. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que anexó la autoridad judicial, consistentes en copias certificadas de la causa penal JCJ/560/2020, de su índice, en la que obra la resolución reclamada. Así como el disco versátil digital que contienen las videograbaciones de la audiencia inicial en la que consta el acto reclamado, documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2; por tanto, se tienen por existentes. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". De igual manera, es aplicable a la determinación anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, instancia de Primera Sala, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Materias Común-Penal, con registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia alguna, ni este órgano constitucional advierte que se surta ninguna. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mayor comprensión de la litis constitucional, es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que derivan de las constancias de autos y del contenido del disco versátil remitido con el informe justificado por el juez responsable, a saber: 1. Consignación. El veintidós de octubre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público puso a disposición del jueza natural, entre otros, a los ahora quejosos: 1. Salvador Brito Guadalupe; 2. Librado Santiago de Jesús; 3. Jorge Lorenzo Lorenzo; 4. Heladio Avelino Concepción; 5. Pedro Lorenzo García; 6. Víctor Hugo Cerón Velázquez; 7. Tania Aidee Galeana Cerón; 8. Adelaido Zamora Velázquez; 9. Manuel Zamora Velázquez; 10. Laura Iveth Brito Galindo; 11. Irma Cerón Velázquez; 12. Eduardo López Medel; 13. Celso Yamir Ríos Bello; 14. Marco Antonio Sotelo Cuevas; 15. Jesús Hernández Dorantes; 16. Erick Jiménez Rosendo; 17. José Manuel Millán Romeo; 18. Itzel Jaqueline González Santiago; 19. Fidel González Santiago; 20. Emilio González Santiago; 21. Iván Salgado Hernández; 22. Graciela García Virginia; 23. Erika García González; 24. Lucía Estrada González; 25. Patricia Aranda Ramírez; 26. Ismael Zaragoza Huerta; 27. Leticia Estrada González; 28. Arturo Lauro Bernal: 29. Heriberta Rodríguez Rivera; 30. Jenny Sofía Montiel Pinzón; 31. Juan Carlos Duarte Aparicio; 32. Federico Carlos Rodríguez Martínez; 33. Jorge Iván Soto Jiménez; 34. Rosa Jenifer Santiago Reyes; 35. María Viridiana Rodríguez Tapia; 36. Karen Cecilia Tenangueño Cano; 37. Ismael Reyes Cabañas; 38. Ricardo Armenta Martínez; y 39. José Pablo Bruno Clímanico, por los hechos delictivos de Secuestro agravado y secuestro exprés, el primero, cometido en agravio de las víctimas de iniciales J.C.D.F., M.G.I. y F.G.P., y el segundo, en perjuicio del pasivo con iniciales L.G.G.P. 2. Audiencia inicial. El veintitrés siguiente se desahogó la audiencia inicial de control de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares, en la que el agente del Ministerio Público imputó a 4. Heladio Avelino Concepción; 6. Víctor Hugo Cerón Velázquez; 12. Eduardo López Medel; 23. Erika García González; 30. Jenny Sofía Montiel Pinzón; 31. Juan Carlos Duarte Aparicio y otros, por el delito de Secuestro Exprés, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso d) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de la víctima de iniciales L.G.G.P. Respecto a 1. Salvador Brito Guadalupe; 7. Tania Aidee Galeana Cerón; 10. Laura Iveth Brito Galindo; 11. Irma Cerón Velázquez; 13. Celso Yamir Ríos Bello; 14. Marco Antonio Sotelo Cuevas; 16. Erick Jiménez Rosendo; 18, Itzel Jaqueline González Santiago; 20. Emilio González Santiago; 22. Graciela García Virginia; 25. Patricia Aranda Ramírez; 26. Ismael Zaragoza Huerta; 27. Leticia Estrada González; 28. Arturo Lauro Bernal: 29. Heriberta Rodríguez Rivera; 34. Rosa Jenifer Santiago Reyes; 35. María Viridiana Rodríguez Tapia; 36. Karen Cecilia Tenangueño Cano; 37. Ismael Reyes Cabañas; 38. Ricardo Armenta Martínez; con otros, por el delito de Secuestro Agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de la víctima de iniciales F.G.P. Por lo que hace a 2. Librado Santiago de Jesús; 3. Jorge Lorenzo Lorenzo; 5. Pedro Lorenzo García; 8. Adelaido Zamora Velázquez; 9. Manuel Zamora Velázquez; 15. Jesús Hernández Dorantes; 19. Fidel González Santiago; 21. Iván Salgado Hernández; 32. Federico Carlos Rodríguez Martínez; y 33. Jorge Iván Soto Jiménez; les imputó el delito de Secuestro Agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, incisos a) y 10, fracción I, inciso a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de la víctima de iniciales M.G.I. Y a 17. José Manuel Millán Romero; 24. Lucía Estrada González; 39. José Pablo Bruno Clímanico y otros, por el delito de Secuestro Agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de la víctima de iniciales J.C.D.F. Asimismo a 1. Salvador Brito Guadalupe; 2. Librado Santiago de Jesús; 3. Jorge Lorenzo Lorenzo; 4. Heladio Avelino Concepción; 5. Pedro Lorenzo García; 6. Víctor Hugo Cerón Velázquez; 7. Tania Aidee Galeana Cerón; 8. Adelaido Zamora Velázquez; 9. Manuel Zamora Velázquez; 10. Laura Iveth Brito Galindo; 11. Irma Cerón Velázquez; 12. Eduardo López Medel; 13. Celso Yamir Ríos Bello; 14. Marco Antonio Sotelo Cuevas; 15. Jesús Hernández Dorantes; 16. Erick Jiménez Rosendo; 17. José Manuel Millán Romeo; 18, Itzel Jaqueline González Santiago; 19. Fidel González Santiago; 20. Emilio González Santiago; 21. Iván Salgado Hernández; 22. Graciela García Virginia; 23. Erika García González; 24. Lucía Estrada González; 25. Patricia Aranda Ramírez; 26. Ismael Zaragoza Huerta; 27. Leticia Estrada González; 28. Arturo Lauro Bernal: 29. Heriberta Rodríguez Rivera; 30. Jenny Sofía Montiel Pinzón; 31. Juan Carlos Duarte Aparicio; 32. Federico Carlos Rodríguez Martínez; 33. Jorge Iván Soto Jiménez; 34. Rosa Jenifer Santiago Reyes; 35. María Viridiana Rodríguez Tapia; 36. Karen Cecilia Tenangueño Cano; 37. Ismael Reyes Cabañas; 38. Ricardo Armenta Martínez; y 39. José Pablo Bruno Clímanico, con otros imputados, por el delito de Asociación delictuosa, previsto y sancionado por el artículo 244 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de la Sociedad. 3. El veintisiete de octubre de dos mil veinte, se decretó contra los mencionados imputados auto de vinculación a proceso por esos hechos que la ley señala como delito. La resolución anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de las diversas demandas de amparo, sin que sea necesario transcribirlos toda vez que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad, porque este juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable a la resolución anterior, la Jurisprudencia 2ª./J 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, con registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". OCTAVO. Determinación de este juzgado. De manera reiterada los quejosos en los conceptos de violación aducen que en la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento y que éste carece de fundamentación y motivación, lo que es infundado. Contra lo expresado por los quejosos, del estudio del asunto en particular debe destacarse que de conformidad con los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se vulneró en su perjuicio derecho fundamental alguno, pues para la emisión del auto de vinculación a proceso, se verificó la existencia de los requisitos siguientes: a). Que se hubiere formulado la imputación; b). Que se otorgue al imputado la oportunidad para declarar; y, c). Que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En efecto, en el caso sometido a la jurisdicción de este órgano de control constitucional, se advierte que se cumplieron tales requisitos pues en audiencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se formuló imputación contra los quejosos por los hechos que la ley señala como delitos de Secuestro agravado, Secuestro exprés y Asociación delictuosa; diligencia en la que se les otorgó la oportunidad de declarar haciéndolo únicamente la imputada Irma Cerón Velázquez (registro 10-23-2020 16:36:00), quien, incluso, ofreció pruebas por conducto de su defensor particular. Una vez solicitada la vinculación a proceso por la institución ministerial, los imputados referidos y sus defensores solicitaron se resolviera su situación jurídica en plazo constitucional ampliado, por lo que el juez natural el veintisiete de ese mes y año, emitió en su contra auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como delito materia de la imputación. Así, este resolutor de amparo advierte que se cumplieron en el caso de los quejosos las formalidades esenciales del procedimiento pues es evidente que tuvieron conocimiento del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que fincaran su defensa; la oportunidad de declarar; y se dictó una resolución que dirimió su situación jurídica, la que tuvieron oportunidad de impugnar, pero optaron por ejercer la acción constitucional de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 200234, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Además, se respetaron cabalmente los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio, que son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en el artículo 20, párrafo primero, constitucional , y cuyo contenido se desprende en los preceptos 4, 5, 6, 8, 7 y 9, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, contrario a lo afirmado en los motivos de inconformidad en examen, la sentencia reclamada, emitida de manera oral, se ajustó a lo establecido en el artículo 16 constitucional, que constriñe a toda autoridad a emitir sus actos en forma fundada y motivada. Ello es así, pues se observa que antes de emitir el auto reclamado citó los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen los requisitos de forma y fondo que debe contener una resolución de esa naturaleza y los diversos 9, fracción I, incisos a) y d), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé como delito que se prive de la libertad a otro con el propósito de: obtener, para sí o para un tercero cualquier beneficio y cometer secuestro exprés y el diverso 10, fracción I, incisos a), b) y c) del mismo ordenamiento, que prevé como agravantes las circunstancias que se realice en camino público; quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; y que se realice con violencia; así como el artículo 244 del Código Penal para el Estado de Morelos, que describe la figura típica de Asociación delictuosa, como los diversos 15 y 18, fracción I, de ese cuerpo normativo, que prevé la comisión dolosa del delito y la coautoría como forma de intervención; asimismo, hizo alusión a las pruebas que tomó en cuenta para tener por acreditado los hechos materia de la imputación y la probable participación de los imputados en su comisión; señalando las razones que tuvo para ello. Asimismo, citó los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen los principios reguladores de la valoración de la prueba. De manera que la autoridad responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y señaló además, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto que ahora se le reclama. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 176546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Consecuentemente, opuesto a lo afirmado por los impetrantes, se satisfacen las exigencias de los artículos 14 y 16, párrafo primero, constitucionales. Por otra parte, los quejosos sostienen que no están acreditados los hechos delictivos por los que se les vinculó a proceso, ni su posible participación en éstos, lo que es igualmente infundado, ya que este órgano de control constitucional advierte que el juez responsable no violó los derechos fundamentales de los quejosos al declarar, con la facultad que le otorga el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los hechos materia de la imputación encuadran en la conducta desplegada en las hipótesis normativas descritas en el artículo 9, fracción I, incisos a) y d) y el diverso 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, como el numeral 244 del Código Penal para el Estado de Morelos, que describen las figuras típicas de Secuestro agravado, Secuestro exprés y Asociación delictuosa. Para acreditar lo anterior ponderó los antecedentes de investigación y registros que como datos de prueba le aportó la institución ministerial, a saber: 1. El informe policial homologado de los agentes que realizaron la captura, en flagrancia del delito de Secuestro Agravado, de los imputados aquí quejosos y otros. Asimismo, la liberación de las víctimas de iniciales F.G.P., M.G.I. y J.C.D.F., como de los autobuses que tenían en su poder los detenidos y de los propios vehículo. Elementos captores que narraron la ejecución del operativo policial para tal efecto, llevado a cabo en la Plaza de Cobro 184 del Organismo Público Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ubicada en el kilómetro 184+170 de la autopista México Acapulco, en el poblado de Puente de Ixtla, Morelos, aproximadamente a las dieciséis horas, del veinte de octubre de dos mil veinte. 2. La declaración de la víctima de iniciales L.G.G.P., respecto de la forma en que fue retenido por diversas personas en la referida Plaza de Cobro el veinte de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las 09:00 horas, exigiéndole cincuenta pesos para dejarlo seguir su camino y pasar por esa caseta de peaje, respecto de lo que dijo grabo videos con su teléfono celular. 3. El informe en materia de psicología en el que se asentó que la víctima de iniciales L.G.G.P., presenta afectación emocional por el evento que resintió. 4. El informe de policía Homologado de veinte de octubre de dos mil veinte, suscrito por Marco Antonio Rubio Guerrero, en el que dijo haber asistido al lugar de los hechos donde se percató que diversos sujetos tenían tomada la caseta de Puente de Ixtla, Morelos, lugar en el que estaban varios autobuses, donde se entrevistó con el administrador de esa Plaza de Cobro de iniciales J.G.G.M., quien le dijo que desde el cuatro de octubre de dos mil veinte, ese grupo de personas se apoderaron de la caseta, que cobraban a los conductores que cruzan por ella sumas de dinero a guisa de cooperación, agregando haberse percatado que tenían secuestrados tres autobuses con sus conductores a quienes tenían siempre vigilados en el interior de éstos. 5. El informe suscrito por Mauricio González Castañeda respecto de un disco compacto marca Sony, que dijo contiene las videograbaciones entregadas por la víctima de iniciales L.G.G.P. 6. Declaración de la víctima F.G.P., conductor del autobús 8404, marca Volvo, modelo 2020, de la empresa Estrella de Oro, quien dijo que el doce de octubre de dos mil veinte, iba con destino a Acapulco, Guerrero, con treinta y cinco pasajeros a bordo, pero en la caseta de peaje Ingeniero Francisco Velazco Durán de la autopista, aproximadamente a las 02:30 horas, fue detenido por un grupo de personas que le bloquearon el paso, abrieron a la fuerza la puerta de acceso al vehículo y bajaron a los pasajeros, por lo que permaneció privado de la libertad hasta el día de su liberación, lapso en el que lo obligaron a transportarlos a Acapulco y Ometepec, ambas poblaciones del Estado de Guerrero y traerlos de regreso a la caseta en mención. 7. El informe en materia de psicología en el que se asentó que la víctima de iniciales F.G.P., presenta afectación emocional por el evento que resintió. 8. Declaración de la víctima de M.G.I., conductor del autobús 2527, marca Volvo, modelo 2014, de la empresa Costaline, quien dijo que el doce de octubre de dos mil veinte, iba con destino a Acapulco, Guerrero, con ocho pasajeros a bordo, pero en la caseta de peaje Ingeniero Francisco Velazco Durán de la autopista a la altura de Puente de Ixtla, Morelos, aproximadamente a las 17:20 horas, fue detenido por un grupo de personas que le bloquearon el paso, abrieron a la fuerza la puerta de acceso al vehículo y bajaron a los pasajeros, por lo que permaneció privado de la libertad hasta el día de su liberación, lapso en el que lo obligaron a transportarlos a la caseta de Tepoztlán, Morelos, a la Ciudad de México, a la Unidad Morelos y regresarlos a la caseta de Puente de Ixtla. 9. El informe en materia de psicología en el que se asentó que la víctima de iniciales M.G.I., presenta afectación emocional por el evento que resintió. 10. Declaración de la víctima de iniciales J.C.D.F., conductor del autobús 8317 de la empresa Estrella de Oro, quien dijo que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, iba con destino a Acapulco, Guerrero, con once pasajeros a bordo, pero en la caseta de Alpuyeca (sic), Morelos, aproximadamente a las 10:30 horas, fue detenido por un grupo de personas, quienes le bloquearon el paso, abrieron a la fuerza la puerta de acceso al vehículo y bajaron a los pasajeros, lugar en el que permaneció privado de la libertad hasta el día siguiente en que fue liberado. 11. El informe en materia de psicología en el que se asentó que la víctima de iniciales J.C.D.F., presenta afectación emocional por el evento que resintió. 12. Declaración de los denunciantes A.A.R.B. y P.I.C.G., apoderados legales de la persona moral oficial ofendida Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, quienes dijeron que del uno al cuatro de octubre de dos mil veinte, un grupo de personas tomaron la caseta 184 de manera intermitente, pero a partir del cinco de ese mes y año, lo hicieron permanente. 13. Lo declarado por los apoderados legales de las empresas de transporte de pasajeros Estrella de Oro y Aers Costaline, quienes denunciaron los hechos de sus respectivos autobuses y conductores y exhibieron las facturas que amparan la propiedad de esos bienes muebles. 14. Lo declarado por el administrador de la Plaza de Cobro 184, de iniciales J.G.G.M., quien dijo que desde el cuatro de octubre de dos mil veinte, ese grupo de personas se apoderaron de la caseta, cobraban a los conductores, que tenían secuestrados tres autobuses con sus conductores a quienes tenían siempre vigilados en el interior de éstos. 15. Los dictámenes periciales practicados a los tres autobuses y al automóvil afectos a la causa, en los que se describen sus características, daños y hallazgos. 16. La constancia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la que se hizo constar la imposibilidad material para llevar a cabo la diligencia de reconocimiento en cámara de Gesell. 17. Informe pericial suscrito por David Palma Moreno, quien fijó las fotografías extraídas de los videos proporcionados por la víctima L.G.G.P., relativas al hecho que denunció. 18. Reconocimientos fotográficos realizados por las víctimas de iniciales L.G.G.P., F.G.P., M.G.I. y J.C.D.F., respecto de sus captores, en los términos siguientes: La víctima de iniciales F.G.P. reconoció a Tania Aidee Galeana Cerón, Itzel Jaqueline González Santiago e Irma Cerón Velázquez, como las personas que el dieciocho de octubre de dos mil veinte, abordaron su autobús en Acapulco, Guerrero, cuando estaba secuestrado. A Heriberta Rodríguez Rivera, Rosa Jennifer Santiago Reyes, Laura Ivette Brito Galindo y Graciela García Virginia, como quienes el dieciocho de octubre de dos mil veinte, abordaron el autobús en Ometepec, Guerrero y lo obligaron a llevarlos a la caseta 184. A Patricia Aranda Ramírez, Leticia Estrada González, Karen Cecilia Tenangueño Cano, Ismael Reyes Cabañas y María Viridiana Rodríguez Tapia, como las que subieron al autobús a sacar sus cosas, al tiempo que Marco Antonio Sotelo Cuevas, Inocencio Meza Estrada, Erick Jiménez Rosendo y Ricardo Armenta Martínez, salieron por el toldo de ese vehículo cuando fue liberado el pasivo, esto es, el veinte de octubre de dos mil veinte, momento en que Jesús García Diego le decía "ciérrale chof, ciérrale vámonos Chof, vámonos". A Ismael Zaragoza Huerta, como la persona que el veinte de octubre de dos mil veinte, le entregó las llaves del autobús para que lo encendiera y pusiera el aire acondicionado. Tocante a Arturo Lauro Bernal y Celso Yamir Ríos Bello, como quienes el doce de octubre de dos mil veinte, lo secuestraron. A Emilio González Santiago y Francisco Juárez Suárez de quienes dijo que sacaron del autobús sus pertenencias el veinte de octubre de dos mil veinte, cuando lo tenían secuestrado en el interior de ese vehículo. De Gerardo López Martínez y Salvador Brito Guadalupe, dijo que fueron quienes el dieciocho de octubre de dos mil veinte, lo sacaron del hotel donde lo tenían secuestrado en Ometepec, Guerrero, para subirlo al autobús y llegar a la caseta de Alpuyeca. Por su parte el ofendido de iniciales M.G.I., reconoció a Juan Carlos Ocampo Estrada, como quien estaba dentro del vehículo donde lo tenían secuestrado el veinte de octubre de dos mil veinte, cuando lo rescató la policía. Respecto de Federico Carlos Rodríguez Martínez, dijo que fue la persona que describió con cabello crespo y tatuajes, quien el que el doce de octubre de dos mil veinte, accionó la válvula de emergencia para abrir la puerta del camión que conducía, mismo sujeto que lo tuvo secuestrado hasta el veinte de octubre de dos mil veinte, con Jesús Hernández Dorantes, Pedro Lorenzo García, Erick Jesús Librado Acosta, Axel Parra Muñoz, Fidel González Santiago, Manuel Zamora Velázquez, Iván Salgado Hernández, Juan Carlos Guzmán Gil, Librado Santiago de Jesús, Adelaido Zamora Velázquez, José Luis Adame Gante, Jorge Iván Soto Jiménez y Jorge Lorenzo Lorenzo, los que además fueron detenidos cuando estaban a bordo de su autobús. La víctima de iniciales J.C.D.F., dijo que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, quien lo secuestró, fue Ángel Santos Palacios, pues abrió la puerta del autobús y se subió en compañía de Marco Román Tapia, José Manuel Millán Romero y Marco Antonio Pineda Enríquez, éste último le dijo ya te cargó la verga y que se iba a quedar, dándole "zapes" en la cabeza, además que bajaron agresivamente a los pasajeros que transportaba, momento en que Daniel Ignacio Vázquez González se encargó de quitarle su cartera que contenía tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Respecto a Julio César Santos Díaz y Jonathan Yair Ibáñez Durán dijo que se encargaban de cuidarlo y lo llevaban al baño, igual que Lucía Estrada González, quien el veinte de octubre de dos mil veinte, lo cuidó y le dio una torta, además estuvo en el autobús cuando lo liberó la policía. A José Pablo Bruno Clímanico, lo reconoció como otra de las personas que lo secuestró el diecinueve de octubre de dos mil veinte y además lo cuidó en su cautiverio el día siguiente. Tocante a Joel de la Cruz Guadalupe, dijo que fue quien también lo secuestró el diecinueve de octubre de dos mil veinte, además le quitó su celular y la llave del autobús que conducía. El pasivo de iniciales L.G.G.P., reconoció a Jenny Sofía Montiel Pinzón, como la persona que lo detuvo momentáneamente el veinte de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas, en la caseta Francisco Velasco Durán conocida como "Caseta Grande de Alpuyeca", donde le exigió dinero para dejarlo, después, con Erika García González corrió a la parte trasera de su vehículo y gritaban no lo dejen pasar, que no se vaya el hijo de su puta madre. Al tiempo que Heladio Avelino Concepción que vestía sudadera blanca hacía labores de seguridad y vigilancia. Respecto de Ricardo Carrizal Palomares, dijo que con Eduardo López Medel y Juan Carlos Duarte Aparicio, se pararon en la parte trasera de su vehículo intentando colocar una de las vallas anaranjadas sin éxito, ya que realizó una maniobra para escapar de ellos. Gilberto Parra Muñoz, fue la persona que el día de los hechos vestía playera rosa, gorra negro con blanco y cubrebocas negro, misma que cuando fue detenido en su vehículo, se acercó del lado del copiloto y después se pasó del lado del piloto a su ventanilla y con palabras altisonantes le exigió la entrega de dinero y como se negó a entregarlo en repetidas ocasiones, aventó la valla de tránsito color naranja con la cual le obstruyó el paso. Víctor Hugo Cerón Velázquez, fue reconocido por esa víctima como la persona que el día de los hechos, se acercó a su vehículo del lado del copiloto a la altura de la puerta trasera, golpeó las ventanillas y con palabras altisonantes le exigía dinero para dejarlo ir. Pruebas que el juez responsable valoró legalmente en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues las víctimas de iniciales L.G.G.P., F.G.P., M.G.I. y J.C.D.F., fueron quienes resintieron personal y directamente los hechos delictivos y narraron las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que fueron privados de la libertad por los activos, lo que fue corroborado por el Administrador de la Plaza de Cobro 184 del Organismo Público Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ubicada en el kilómetro 184+170, Ingeniero Francisco Velasco Durán, de la autopista México Acapulco, en el poblado de Puente de Ixtla, Morelos, quien dijo haber visto los autobuses afectos a la causa en esa locación y a los conductores que mantenían secuestrados dentro de esas unidades, donde eran constantemente vigilados, por los integrantes del grupo que desde el cinco de octubre de dos mil veinte, se apoderó de esa caseta de peaje. Narración de los sucesos que efectivamente, tal como lo apreció el a quo, se adminiculó con los datos relativos a que los imputado fueron asegurados cuando mantenían privados de la libertad a las víctimas de iniciales F.G.P., M.G.I. y J.C.G.F., encontrando en su poder los autobuses que conducían, propiedad de las empresas Autobuses Estrella Roja del Sur, "Costaline" y Estrella de Oro. Relacionado lo anterior con los dictámenes en materia de psicología practicados a las víctimas de iniciales L.G.G.P., F.G.P., M.G.I. y J.C.G.F., en los que se concluyó que presentaron afectación emocional ocasionada por los eventos que resintieron. De ahí que efectivamente, como lo consideró el juez responsable, se desprendan datos de prueba que establecen que los sujetos activos, actuando conjuntamente, de manera dolosa, privaron de la libertad a las víctimas de iniciales F.G.P., M.G.I. y J.C.G.F., con el fin de obtener un beneficio, en concreto tenerlos a su servicio para que los transportaran a diversos lugares sin derecho y contra su voluntad, con lo que lesionaron el bien jurídico tutelado que es la libertad de las personas, encuadrándose así el hecho que la ley señala como delito de Secuestro agravado y Secuestro Exprés en el caso de la víctima L.G.G.P., a quien le realizaron actos de extorsión para dejarlo pasar por la caseta de peaje, previstos en los artículos 9, fracción I, incisos a) y d), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conductas que ciertamente se vieron matizadas con las agravantes que el hecho delictivo se realice en camino público pues la Plaza de Cobro 184, Ingeniero Francisco Velasco Durán, del Organismo Público Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, está ubicada en el kilómetro 184+170 de la Carretera Federal 95D, más conocida como Autopista del Sol, Cuernavaca a Acapulco; en grupo de dos o más personas, entre ellos los treinta y nueve quejosos; y, que se realice con violencia en tanto obligaron por medio de la fuerza entregar los autobuses a los conductores y los amenazaron con causarles daño si oponían resistencia, incluso golpearon a uno de ellos en la cabeza. Asimismo, legalmente consideró que se desprenden datos de prueba que establecen que los sujetos activos, actuando conjuntamente, de manera dolosa, al integrar, de manera informal, un grupo de más de dos personas desde el uno al veinte de octubre de dos mil veinte, con la finalidad de cometer delitos de manera permanente, relativos a cobrar derecho de peaje sin derecho, lo que encuadra hasta este momento procesal, en el hecho que la ley señala como delito de asociación delictuosa previsto y sancionado en el artículo 244 del Código Penal para el Estado de Morelos. Tocante a que exista la probabilidad de que los imputados 1. Salvador Brito Guadalupe; 2. Librado Santiago de Jesús; 3. Jorge Lorenzo Lorenzo; 4. Heladio Avelino Concepción; 5. Pedro Lorenzo García; 6. Víctor Hugo Cerón Velázquez; 7. Tania Aidee Galeana Cerón; 8. Adelaido Zamora Velázquez; 9. Manuel Zamora Velázquez; 10. Laura Iveth Brito Galindo; 11. Irma Cerón Velázquez; 12. Eduardo López Medel; 13. Celso Yamir Ríos Bello; 14. Marco Antonio Sotelo Cuevas; 15. Jesús Hernández Dorantes; 16. Erick Jiménez Rosendo; 17. José Manuel Millán Romeo; 18, Itzel Jaqueline González Santiago; 19. Fidel González Santiago; 20. Emilio González Santiago; 21. Iván Salgado Hernández; 22. Graciela García Virginia; 23. Erika García González; 24. Lucía Estrada González; 25. Patricia Aranda Ramírez; 26. Ismael Zaragoza Huerta; 27. Leticia Estrada González; 28. Arturo Lauro Bernal: 29. Heriberta Rodríguez Rivera; 30. Jenny Sofía Montiel Pinzón; 31. Juan Carlos Duarte Aparicio; 32. Federico Carlos Rodríguez Martínez; 33. Jorge Iván Soto Jiménez; 34. Rosa Jenifer Santiago Reyes; 35. María Viridiana Rodríguez Tapia; 36. Karen Cecilia Tenangueño Cano; 37. Ismael Reyes Cabañas; 38. Ricardo Armenta Martínez; y 39. José Pablo Bruno Clímaco, los cometieron o participaron en su comisión, el juez responsable actuó correcta y legalmente al determinar que esa probabilidad se sustenta en los mismos datos de prueba valorados en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues existe el señalamiento directo de las víctimas de iniciales L.G.G.P., F.G.P., M.G.I. y J.C.G.F., quienes los reconocieron fotográficamente, debidamente relacionados con el informe de los policías que llevaron a cabo su detención en flagrancia delictiva, por lo que fue legal que considerara su participación en términos del artículos 18, fracción I y 15, del código sustantivo aplicable, que describen la coautoría material del delito y la comisión dolosa de éste. De lo anterior se constata que la resolución reclamada cumple con los requisitos de forma y fondo que del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal y por ende, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, pues para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable y la posibilidad de que los imputados hayan intervenido o participado en su comisión; toda vez que, la finalidad de tales elementos es justificar que se someta a los imputados a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª. J/ 35/2017 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos sesenta de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima época, instancia de Primera Sala, Libro cuarenta y cinco, agosto de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Penal, con registro 2014800, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En ese tenor, es infundado el segundo de los motivos de inconformidad, que expresaron el impetrante Salvador Brito Guadalupe y otros, en el que aducen que el juez responsable viola el principio de presunción de inocencia porque pretende que ellos aporten pruebas para acreditar su inculpabilidad no obstante hicieron uso del derecho a guardar silencio, soslayando además los principios de convicción de culpabilidad, objeto del proceso y esclarecimiento de los hechos. Es así, porque como se viene diciendo, con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio; por tanto, se reitera, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, como sucedió en el presente caso, no se transgrede el principio de presunción de inocencia. Apoya lo así resuelto la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.), con Registro digital 2023151, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, de rubro y texto siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia." Sin que este Juzgador Federal advierta, como afirman los quejosos, que el juez responsable haya revertido la carga de la prueba que soporta la institución ministerial, en tanto el acto reclamado se sustenta, se reitera, en los datos de prueba que aportó a ese juzgador la Fiscalía, los que son congruentes y consistentes hasta este momento procesal. Asimismo, con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación, que en términos del artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, lo que hace evidente que el auto de vinculación a proceso no vulnera lo que los quejosos llaman "principio de esclarecimiento de los hechos", porque en el auto de vinculación a proceso, se insiste, sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación tendente al esclarecimiento de los hechos y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio, por lo que no se vulnera el principio relativo a ese esclarecimiento. Tocante a los principios de convicción de culpabilidad y el objeto del proceso, previstos en el artículo 20, apartado A, fracciones I y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que su cumplimiento se materializa en la etapa de juicio oral, como se desprende del contenido del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que corresponde al Tribunal de enjuiciamiento valorar la prueba de manera libre y lógica y que sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable y en caso de ésta, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado, lo que evidencia que esos principios corresponden a etapa diversa a la vinculación a proceso, por lo que no existe la vulneración que respecto a éstos alegan los peticionarios de amparo. En el quinto concepto de violación, aducen los quejosos que Salvador Brito Guadalupe, Librado Santiago de Jesús, Jorge Lorenzo Lorenzo y Heladio Avelino Concepción, son indígenas Amuzgos, por lo que no comprenden el español y no estuvieron asistidos de intérprete, con lo que se violó su derecho a una defensa adecuada. Lo así expresado es infundado, ya que de las constancias remitidas por el juez responsable no se advierte que los quejosos de referencia se hayan auto adscrito a comunidad indígena alguna. De la reproducción de las audiencias de veintitrés y veintisiete de octubre de dos mil veinte, no se advierte que los quejosos o sus defensores hayan hecho valer como incidencia esa circunstancia. Máxime, pues en el registro 10-23-2020 (diez-veintitrés-veinte veinte), a las 18:35:01 horas, de la primer fecha, obra que el presidente de la audiencia les preguntó varias veces a los imputados ahí presentes, entre ellos los aquí impetrantes, si alguno no entendía el idioma español, sin que su defensa o ellos hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que no se le puede atribuir omisión alguna al juez demandado, en tanto nadie dijo requerir un intérprete por auto adscribirse a comunidad indígena alguna. Es infundado el sexto concepto de violación, en el que aducen los quejosos que no se acreditó su intervención como coautores, en tanto no se dijo como se probó el acuerdo previo o concomitante y la actuación funcional necesaria para la realización del hecho que la ley señala como delito. Conclusión a la que se arriba porque el Juez responsable fue enfático en contextualizar los hechos materia del secuestro agravado, secuestro exprés, y asociación delictuosa por los que vinculó a proceso a los imputados, por lo que ponderó que todos irrumpieron en las instalaciones de la Plaza de Cobro 184, Ingeniero Francisco Velasco Durán, del Organismo Público Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ubicada en el kilómetro 184+170 de la Carretera Federal 95D, conocida como Autopista del Sol, Cuernavaca a Acapulco, en la que impidieron las funciones de los empleados de esa dependencia y exigían a los conductores de los vehículos que pasaban por la caseta de peaje el pago de cincuenta pesos, lo que dijo se acredita con el informes de policía homologado en el que se asentó que se llevó a cabo la investigación de los hechos denunciados por la víctima de iniciales L.G.G.P., quien constató ese hecho y se entrevistó con el administrador de esa plaza de iniciales J.G.G.M., quien le dijo que desde el cuatro de octubre de dos mil veinte, ese grupo de personas se apoderaron de la caseta, por lo que cobraban a los conductores que cruzaban por ella sumas de dinero, agregando haberse percatado que tenían secuestrados tres autobuses con sus conductores a quienes tenían siempre vigilados en el interior de los autobuses. Lo que relacionó con informe policial homologado de los agentes que realizaron la captura, en flagrancia del delito de Secuestro Agravado, de los imputados aquí quejosos y otros, Así como la liberación de las víctimas de iniciales F.G.P., M.G.I. y J.C.D.F., como de los autobuses que tenían en su poder los detenidos. Elementos captores que narraron la ejecución del operativo policial para tal efecto. Y con lo declarado por las víctimas referidas que describieron las conductas que realizaron cada uno de ellos. Datos de prueba con los que legalmente constató que actuaron conjuntamente, pues unos vigilaban las instalaciones de la plaza de cobro, otros daban seguridad a los diversos que se encargaban de cobrar ilícitamente el peaje a los conductores que cruzaban la caseta de mérito, mientras diversos activos detuvieron tres autobuses y privaron de la libertad a los conductores para, contra su voluntad, los transportaran a diversos lugares dentro y fuera de esta entidad, lo que acredita la existencia de una organización, porque tal acepción está referida al objetivo de delinquir y a la adopción de ese propósito por parte de los sujetos activos, lo que evidencia la división de funciones que es propia de la coautoría como forma de intervención en la comisión de delitos, en las que concurren roles materiales desempeñados por los diversos individuos para concretar una determinada acción criminal -ubicación del objetivo, vigilancia, aporte de protección, ejecución material, etcétera-, de quienes realizan las conductas necesarias para alcanzar el resultado delictivo previamente definido. En el séptimo y octavo motivos de inconformidad, dicen los quejosos que no se debió llevar a cabo su reconocimiento por fotografía por parte de los ofendidos de iniciales L.G.G.P., F.G.P., J.C.D.F. y M.G.I., pues estaban presentes los implicados para que se llevara a cabo esa diligencia en la cámara de Gesell. Al respecto, se estima correcto que el Juez haya ponderado los reconocimientos por fotografía en tanto la institución ministerial hizo constar la imposibilidad material que tuvo para presentar a los imputados en conjunto con otras personas con características físicas similares, lo que es acorde a lo dispuesto por el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé como salvedad que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que quedó asentado en el registro correspondiente. Sin que por otra parte se advierta que fue un policía quien llevó a cabo esa diligencia, pues cuando al Fiscalía dio cuenta con los datos de prueba, dijo que anexó un informe de policía, en el que los diversos reconocimientos fueron firmados por los intervinientes, lo que implica que asistieron también otras autoridades, incluso la policía ministerial bajo el mando del agente del Ministerio Público. De ahí lo infundado de tales conceptos de violación. En el diverso noveno, los quejosos realizan el estudio dogmático del delito de secuestro conforme a la descripción normativa contenida en el artículo 9, fracción I, incisos a) y d), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, confrontándolas con las declaraciones de las víctimas de iniciales F.G.P., J.C.D.F. y M.G.I., concluyendo que no se acreditaron tales ilícitos porque no se acreditó el elemento relativo a que la privación de la libertad de los pasivos tuviera la finalidad de pedir rescate. Lo infundado de tal disenso estriba en que la hipótesis normativa contenida en ese numeral contiene pluralidad de elementos subjetivos, a saber: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten." De esa gama de propósitos, el agente del ministerio público formuló la imputación por los incisos a), en la hipótesis de obtener los activos cualquier beneficio; y, d) en el supuesto de cometer secuestro exprés, cuyo estudio abordó el Juez responsable y tuvo por acreditadas de la manera expuesta en párrafos precedentes, de ahí que no era menester acreditar la finalidad de obtener rescate, pues no fue materia de la imputación, de ahí que no sea aplicable la tesis aislada que invocaron los peticionarios, de rubro "SECUESTRO. NO SE CONFIGURA ANTE LA AUSENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DE FINALIDAD QUE LO RIGE.", pues en el caso si se acreditaron indiciariamente esas finalidades. Es también infundado el décimo concepto de violación en el que afirman que la víctima de iniciales L.G.G.P., no estuvo privado de la libertad pues no fue extraído de su automóvil, ya que como bien lo precisó el juez responsable tal ilícito se materializa cuando se priva de la libertad por el tiempo estrictamente indispensable para cometer el delito de extorsión, pues detuvieron la marcha del vehículo tripulado por este, exigiéndole cincuenta pesos para dejarlo ir. Entonces, basta como sucedió en el caso, que se pruebe la restricción de la libertad ambulatoria de la víctima para ejecutar ese delito, para que se actualice la figura del secuestro exprés. En el mismo, motivo de inconformidad tildan los quejosos de falsa la declaración del ofendido de iniciales L.G.G.P., porque dicen que vio a su agresores cuando vestían gorras y el rostro cubierto parcialmente, aunado a que por el estrés y temor era imposible que los recordara. Lo infundado de lo así expuesto, deriva de que es especulativo opinar sobre el estado de ánimo y la capacidad de la víctima para recordar los rasgos que observó en sus agresores, la media filiación y la ropa que portaban, por lo que no son razones para demeritar lo expuesto por el mencionado pasivo, pues es quien resintió los hechos ilícitos que denunció. Además, el pasivo de iniciales L.G.G.P., fue claro al reconocer a Jenny Sofía Montiel Pinzón, como la persona que lo detuvo momentáneamente el veinte de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas, en la caseta Francisco Velasco Durán conocida como "Caseta Grande de Alpuyeca", donde le exigió dinero para dejarlo, después, con Erika García González corrió a la parte trasera de su vehículo y gritaban no lo dejen pasar, que no se vaya el hijo de su puta madre. Al tiempo que Heladio Avelino Concepción que vestía sudadera blanca, hacía labores de seguridad y vigilancia. Respecto de Ricardo Carrizal Palomares, dijo que con Eduardo López Medel y Juan Carlos Duarte Aparicio, se pararon en la parte trasera de su vehículo intentando colocar una de las vallas anaranjadas sin éxito, ya que realizó una maniobra para escapar de ellos. Que Gilberto Parra Muñoz, fue la persona que el día de los hechos vestía playera rosa, gorra negro con blanco y cubrebocas negro, misma que cuando fue detenido en su vehículo, se acercó del lado del copiloto y después se pasó del lado del piloto a su ventanilla y con palabras altisonantes le exigió la entrega de dinero y como se negó a entregarlo en repetidas ocasiones, aventó la valla de tránsito color naranja con la cual le obstruyó el paso. Y Víctor Hugo Cerón Velázquez, fue reconocido por esa víctima como la persona que el día de los hechos, se acercó a su vehículo del lado del copiloto a la altura de la puerta trasera, golpeó las ventanillas y con palabras altisonantes le exigía dinero para dejarlo ir, de donde se advierte que sin dudas ni reticencias expuso la manera en que se condujeron los activos al momento de privarlo de la libertad para que les entregara dinero. Por su parte, los quejosos Arturo Lauro Bernal y Heriberta Rodríguez Rivera, al ampliar su demanda (fojas 98 a 120 Tomo II, expresaron que el auto de vinculación a proceso reclamado viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia. Lo así expuesto es infundado, pues como se dijo con anterioridad, con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio; por tanto, se reitera, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, como sucedió en el presente caso, no se transgrede el principio de presunción de inocencia, como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, de rubro "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA." transcrita con antelación. En su demanda, la quejosa Jenny Sofía Montiel Pinzón, arguye que no se acreditó el delito de secuestro exprés porque el ofendido cruzó varias veces la caseta de peaje antes del veinte de octubre de dos mil veinte, día en que no lo obligaron a descender del vehículo marca Charger, consideró que fue él quien, con las maniobras que realizó con éste, puso en peligro a las personas con el afán de no "cooperar voluntariamente" con su causa. Abunda: "cómo creer a una persona automovilista intrépido y temerario, que por no aportar una cooperación voluntaria, prefiere arriesgar su propia seguridad y la de los demás que se encontraban en la caseta y sale a toda velocidad", por lo que considera que no le impidieron el libre tránsito, tampoco lo obligaron a aportar una cuota voluntaria ni a descender de su vehículo, en esa fecha u otra, por lo que estima que el pasivo desplegó una actitud, conducta y temperamento violentos y prepotentes, que por fortuna no disparó en su contra o del resto del grupo, estimando que las imputaciones hechas son falacias y si bien ella fue identificada porque profirió palabras soeces, eso no acredita el delito que se le atribuye. Tal motivo de inconformidad es infundado porque la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, en su artículo 9, inciso d), sólo requiere que para ejecutar los delitos de robo o extorsión, se prive de la libertad a otro, de ahí que el juez responsable actuó legalmente al tener por actualizada esa hipótesis normativa, pues la víctima de iniciales L.G.G.P., narró que el grupo de personas que tenía tomada las instalaciones de la Plaza de Cobro 184, Ingeniero Francisco Velasco Durán, del Organismo Público Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ubicada en el kilómetro 184+170 de la Carretera Federal 95D, conocida como Autopista del Sol, Cuernavaca a Acapulco, entre ellos la quejosa, le impidieron momentáneamente el libre paso por ese lugar, exigiendo que les entregara cincuenta pesos para dejarlo ir, lo que configura el acto extorsivo que motivó la privación de la libertad del paciente del delito, sin que el tipo penal requiera que materialmente se aprehenda a éste, ni que se obtenga el beneficio económico, pues se insiste, la descripción típica describe que con la finalidad de cometer robo o extorsión se prive de la libertad a otro, lo que constituye el momento de consumación del ilícito, sin prever medios específicos de comisión. Esto de conformidad con el criterio emitido en la tesis XVII.1o.P.A.77 P (10a.), por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Registro digital 2018516, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, noviembre de 2018, Tomo III, página 2573, Décima Época, que dice: "SECUESTRO EXPRÉS. PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, BASTA QUE SE PRUEBE LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD AMBULATORIA DE LA VÍCTIMA PARA EJECUTAR LOS DELITOS DE ROBO O EXTORSIÓN [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA XVII.1o.P.A.61 P (10a.)]. El precepto citado dispone que al que prive de la libertad a otro se le aplicarán de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1399/2011, a propósito del delito de secuestro exprés, previsto en el artículo 163 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, estableció que cuando se prive de la libertad por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión o para obtener algún beneficio de naturaleza económica, debe aplicarse la pena específica de aquél, porque ello amerita una mayor reprochabilidad, en razón de que no sólo se vulnera la libertad ambulatoria de las personas, sino también se afecta su patrimonio. Entonces, en atención a dicho criterio, basta que se pruebe la restricción de la libertad ambulatoria de la víctima para ejecutar esos delitos, para que se actualice la figura del secuestro exprés, y se sancione al margen de las penas que correspondan al delito resultante. Por ende, la finalidad ulterior dará pauta para aplicar diversas sanciones, mas no hace desaparecer el secuestro exprés, lo que lleva a este Tribunal Colegiado de Circuito a una nueva reflexión y a abandonar el criterio sostenido en la tesis aislada XVII.1o.P.A.61 P (10a.), de título y subtítulo: "SECUESTRO EXPRÉS. NO SE ACTUALIZA ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI NO SE ADVIERTE UNA FINALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DIVERSA A LA DEL ROBO." Agregó que no existe una "confronta" como disponen los artículos 356, 357 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no estuvo presente su defensor, aunado a que es inverosímil que el pasivo la haya identificado en el momento en que estaba detrás y éste maniobrando su vehículo para eludir el grupo que pedía cooperación voluntaria para poder comer y enfrentar el grave problema de la pandemia COVID 19. Concepto de violación que es infundado porque el artículo 277 del ese cuerpo normativo no requiere la presencia del defensor en los reconocimientos por fotografía. Además, el pasivo de iniciales L.G.G.P., fue claro al reconocer a Jenny Sofía Montiel Pinzón, como la persona que lo detuvo momentáneamente el veinte de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas, en la caseta Francisco Velasco Durán conocida como "Caseta Grande de Alpuyeca", donde le exigió dinero para dejarlo ir, es decir la vio primeramente cuando lo detuvo y le exigió la entrega de dinero y fue después cuando con Erika García González corrió a la parte trasera de su vehículo y gritaban no lo dejen pasar, que no se vaya el hijo de su puta madre, por lo que no existe motivo para poner en duda la credibilidad de tal pasivo. Tocante a la demanda de amparo presentada por el quejoso Juan Carlos Duarte Aparicio y demás impetrantes, en su primer concepto de violación aducen que son insuficientes las pruebas para acreditar su grado de participación o intervención en los delitos de secuestro agravado, secuestro exprés y asociación delictuosa, pues existen como único indicio las declaraciones de los ofendidos de iniciales L.G.G.P., F.G.P., M.G.I. y J.C.F.G. (sic), quienes no hacen señalamiento alguno en su contra, por lo que consideran que se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba. Lo infundado de tal inconformidad estriba en que no son aisladas las declaraciones de los pacientes del delito, en tanto el juez responsable, se reitera, valoró legalmente en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las declaraciones de las víctimas de iniciales L.G.G.P., F.G.P., M.G.I. y J.C.D.F., en tanto fueron quienes resintieron personal y directamente los hechos delictivos y narraron las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que fueron privados de la libertad, lo que fue corroborado por el Administrador de la Plaza de Cobro 184 del Organismo Público Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ubicada en el kilómetro 184+170 de la autopista México Acapulco, en el poblado de Puente de Ixtla, Morelos, quien dijo haber visto los autobuses afectos a la causa en esa locación y a los conductores que mantenían secuestrados dentro de esas unidades, donde eran constantemente vigilados, por los integrantes del grupo que desde el cinco de octubre de dos mil veinte, se apoderó de esa caseta de peaje, para exigir a los automovilistas que cruzaban por ésta la entrega de una suma de dinero como en el caso del pasivo de iniciales L.G.G.P. Narración de los sucesos que efectivamente, tal como lo apreció el a quo, se adminiculó con los datos relativos a que los imputado fueron asegurados cuando mantenían privados de la libertad a los pacientes del delito de iniciales F.G.P., M.G.I. y J.C.G.F., encontrando en su poder los autobuses que conducían al momento de ser privados de la libertad, que son propiedad de las empresas Autobuses Estrella Roja del Sur Costaline y Estrella de Oro. Relacionado lo anterior con el reconocimiento fotográfico que realizaron os ofendidos de iniciales L.G.G.P., F.G.P., M.G.I. y J.C.G.F., respecto de sus victimarios, en los que describieron las acciones que desplegaron cada uno de ellos durante el tiempo que permanecieron cautivos. De ahí que, contrario a lo afirmado por los peticionarios no exista insuficiencia probatoria. En el segundo de ellos argumentan que de lo depuesto por las víctimas de iniciales L.G.G.P., F.G.P., M.G.I. y J.C.F.G. (sic) y el administrador de la caseta, no se actualiza el delito de secuestro agravado porque no fueron privados de la libertad a través de la violencia o la intimidación con la finalidad de obtener un beneficio ni para realizar hechos delictivos y que respecto al secuestro exprés no hay evidencia de robo o extorsión, pues el pasivo dijo nunca haber pagado cuota y que sentía animadversión en su contra, lo que resta valor a su dicho. Lo así expuesto es infundado porque el juez responsable estuvo en lo correcto al considerar que la privación de la libertad de las víctimas de iniciales L.G.G.P., F.G.P., M.G.I. y J.C.G.F., en términos del artículo 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se vieron matizadas con las agravantes que el hecho delictivo se realice en camino público pues la Plaza de Cobro 184, Ingeniero Francisco Velasco Durán, del Organismo Público Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, está ubicada en el kilómetro 184+170 de la Carretera Federal 95D, más conocida como Autopista del Sol, Cuernavaca a Acapulco; en grupo de dos o más personas, entre ellos los treinta y nueve quejosos; y, que se realice con violencia en tanto obligaron por medio de la fuerza entregar los autobuses a los conductores y los amenazaron con causarles daño si oponían resistencia, incluso golpearon a uno de ellos en la cabeza y golpearon el vehículo de L.G.G.P. Por otra parte, como bien lo precisó el juez responsable la finalidad de la privación de la libertad consistente en cometer secuestro exprés, se materializa cuando se priva de la libertad por el tiempo estrictamente indispensable para cometer el delito de extorsión, pues detuvieron la marcha del vehículo tripulado por la víctima de iniciales L.G.G.P., exigiéndole cincuenta pesos para dejarlo ir. Entonces, basta como sucedió en el caso, que se pruebe la restricción de la libertad ambulatoria de la víctima para ejecutar ese delito, para que se actualice la figura del secuestro exprés, sin que requiera la consumación del delito fin, es decir, la extorsión, de ahí que no influya en el encuadramiento de la conducta que el paciente del delito no haya pagado los cincuenta pesos que le exigían, pues en todo caso, ello incidiría en la eventual reparación del daño. En el tercer concepto de violación se duelen de que no se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento como lo dispone el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que no hay constancia de que el reconocimiento de fotografía lo haya practicado un agente del Ministerio Público diferente al que dirige la investigación, por lo que no debió concederse valor probatorio a éste. Es infundada tal inconformidad, pues como se dijo antes, los reconocimientos fueron incorporados a la carpeta de investigación por medio del informe de policía de investigación, lo que no es indicativo de que fue realizado sólo por la policía, pues de la reproducción del video correspondiente se constata que el Fiscal dijo al juez que esas diligencias de reconocimiento fueron firmadas por los que en ellas intervinieron, lo que implica que también intervino la representación social, sin que la defensa o los quejosos hayan hecho notar al juez una circunstancia diferente. En las relatadas consideraciones se determina que los datos de prueba, en que se apoya la resolución reclamada, son suficientes y fue correcta su valoración, porque se realizó en términos de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende, se encuentra debidamente fundada y motivada, por tanto, cumple con lo establecido en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque en la audiencia de formulación de la imputación el agente del Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho, menos la responsabilidad del imputado, sólo se exigen indicios razonables que así permitan suponerlo o establecerlo, cuyo estándar probatorio debe ser en un grado atenuado, precisamente porque en la fase de investigación complementaria, una vez formalizada la investigación con el dictado del auto de vinculación a proceso, las partes procesales continuarán con la recolección de elementos que permitan fundar la acusación y la defensa respectivamente. Es aplicable a la resolución anterior la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a página tres mil trescientos veintitrés, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, libro veintitrés, octubre de dos mil quince, Tomo IV, Materia Penal, con registro 2010165, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Asimismo, es orientadora la tesis XV.3o.6 P(10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible a página dos mil ciento sesenta y siete, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, libro treinta y nueve, febrero de dos mil diecisiete, Tomo III, Materia Penal, con registro 2013695, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL." Finalmente, es menester volver a la demanda de amparo presentada por el quejoso Salvador Brito Guadalupe y otros, quienes en los conceptos de violación tercero y cuarto (2), dicen que el juez responsable consideró innecesario realizar el control de convencionalidad respecto de la prisión preventiva oficiosa que les impuso, sin tomar en cuenta que contraría los artículos 1, 14, 16, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios de Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas no Privativas de la Libertad y la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que dicho juzgador debió inaplicar el texto legal que dispone esa medida cautelar tan grave. Lo infundado de tal inconformidad estriba en que el juez responsable no hizo pronunciamiento alguno respecto a la necesidad o no de realizar el control de convencionalidad de la medida de prisión preventiva, pues dijo que la imponía en acatamiento a los dispuesto por el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución General de la República y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que su actuar fue legal en tanto el último dispositivo regula lo dispuesto por la norma suprema, por lo que no se está enfrentando el texto legal frente a la Constitución, sino se trata de un numeral que desarrolla un sistema establecido en la Carta Magna, como es la prisión preventiva oficiosa, de manera que el juez ordinario no está facultado para inaplicar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cierto, que en la contradicción de tesis 259/2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó a la conclusión de que de conformidad con el actual control de constitucionalidad y de convencionalidad que ha adoptado el sistema jurídico mexicano, se da un tipo de control constitucional que se debe ejercer únicamente por los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control, a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo directo e indirecto; y otro tipo de control constitucional que es el que deben ejercer el resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, haciendo hincapié en que la diferencia radica en la facultad que tienen los órganos del Poder Judicial de la Federación de hacer declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, a través de los medios directos de control, si consideran que éstas -leyes- no son conformes con la Constitución o los tratados internacionales; mientras que las demás autoridades jurisdiccionales únicamente están facultadas para desaplicar una norma si consideran que ésta no es conforme a la Constitución o a los Tratados Internacionales Sin embargo, en el presente caso, la inaplicación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que pretenden los quejosos, conlleva a inaplicar el texto constitucional, lo que no compete a los jueces ordinarios quienes están facultados únicamente para desaplicar una norma si consideran que ésta no es conforme a la Constitución o a los Tratados Internacionales, lo que no incluye a los preceptos de la constitución. Lo anterior es congruente con lo preceptuado por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que los Jueces de cada Estado deberán ajustar su actuación a lo que la propia Constitución Federal establece, así como a lo previsto en los tratados internacionales de los que México sea parte, por lo que en atención a esto, y a lo que se prevé en el artículo 1o. constitucional, se advierte que existe obligación de que los Jueces locales garanticen el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales a pesar de las disposiciones en contra que pudiere haber en la legislación de los Estados, lo que tiene como implicación que los Jueces locales estén facultados constitucionalmente para inaplicar una norma cuando resulte contraria a la Ley Suprema, pues están conminados a preferir ésta sobre la ley interna en materia de derechos humanos. Apoya el anterior criterio, la Tesis 1a./J. 18/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la pagina 420, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos." Es pertinente señalar que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente ejecutoria, se aplican en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que el criterio imperante en ellas se sigue sustentando aun aplicando aquella legislación; así como en lo ordenado en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Febrero de 2016, consultable en el Libro 27, Tomo I, página 705, registro 2010982, de contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". En tal orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia qué suplir a favor de los quejosos, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social "Morelos", al no ser reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio por el acto y autoridad determinados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a -----, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y consideraciones expresadas en el último de la presente resolución. Notifíquese personalmente..."

  4. Principal

    CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERO INTERESADA: VICTIMA DE INICIALES L.G.G.P., el auto y/o resolución de VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 100/2021, promovido por ---- y otros, por su propio derecho; y,.. ...En tal orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia qué suplir a favor de los quejosos, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social "Morelos", al no ser reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio por el acto y autoridad determinados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ------ contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y consideraciones expresadas en el último de la presente resolución. Notifíquese personalmente.

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