Agustín Aparicio Pérez

Expediente 711/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
711/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad.
  • Agustín Aparicio Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad contra la resolución de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que este juzgado federal declaró cumplida la sentencia dictada en el presente asunto, sin que a la fecha lo haya hecho así, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se desprende de la constancia relativa; en consecuencia, se le tiene consentida dicha resolución. Con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, toda vez que el presente es un asunto total y definitivamente concluido, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. El presente expediente es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respetivas.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio den que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que mediante oficios 1787/2019 y 1791/2019, y constancias relativas, recibidos el seis y siete de este mes y año, en la oficialía de partes de este juzgado federal, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, remitió las constancias con las que dijo cumplir con la sentencia dictada en el presente asunto, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el dispositivo 2° de dicho ordenamiento, por ser emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, mediante proveído de siete de febrero del año en curso, la titular de este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa, con dichos oficios y con las constancias que remitió la autoridad responsable antes citada, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio, este juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó de manera personal el once de febrero de dos mil diecinueve, al quejoso Agustín Aparicio Pérez, por conducto de su autorizada Beyruh Aparicio Damián, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese orden, se tiene que el efecto de la sentencia que concedió la protección constitucional fue para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: "1) A la brevedad posible, esto es, dentro de los plazos establecidos en el artículo 91, Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, emita el acuerdo respectivo a las promociones presentadas el seis de febrero y seis de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente natural 494/2012." Ahora bien, como ya se dijo, mediante oficios 1787/2019 y 1791/2019, y constancias relativas, de seis y siete de este mes y año que transcurre, en la oficialía de partes de este juzgado federal, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en el que remite el acuerdo de seis de febrero de este año, del que se advierte que proveyó respecto de los escritos de seis de febrero y seis de marzo de dos mil dieciocho. Tal acuerdo le fue notificado a la parte quejosa por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional el once del citado mes y año, por conducto de Beyruh Aparicio Damián, autorizada del quejoso Agustín Aparicio Pérez. Por tanto, se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la protección constitucional, de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de trece de agosto de dos mil dieciocho, emitida por este Juzgado Federal, toda vez que se pronunció en relación a las respuestas que recayeron a los escritos de seis de febrero y seis de marzo de dos mil dieciocho; por lo que se DECLARARA CUMPLIDA la ejecutoria de mérito.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la suscrita Juez a este órgano jurisdiccional, a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. Por otra parte, vistos los oficios signados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante los cuales desahoga el requerimiento de veintinueve de enero del presente año, anexando diversas copias certificadas. Ahora bien, con los oficios y las constancias referidas con anterioridad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con las constancias de referencia; apercibida que de no hacerlo así, este juzgado federal, emitirá pronunciamiento respecto si se encuentra o no cumplida la sentencia.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 711/2018-V, promovido por el quejoso Agustín Aparicio Pérez, y envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión laboral 202/2018. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y toda vez que de la ejecutoria se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo lo siguiente puntos: "PRIMERO. Queda firme, en la parte que concede la protección constitucional al quejoso, la sentencia de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 711/2018, promovido por Agustín Aparicio Pérez. SEGUNDO. En la materia de la revisión se Confirma la sentencia de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo indirecto 711/2018, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 711/2018, promovido por Agustín Aparicio Pérez, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria." En consecuencia, con copia autorizada de la sentencia emitida por este juzgado federal y con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este juzgado federal sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, para el efecto siguiente: 1) A la brevedad posible, esto es, dentro de los plazos establecidos en el artículo 91, Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, emita el acuerdo respectivo a las promociones presentadas el seis de febrero y seis de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente natural 494/2012." Por lo que, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 258, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o bien informen gestiones ineficaces o evasivas de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulara por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Por cuanto hace al cuaderno de antecedentes que se formó para la substanciación del recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, y tomando en consideración que cumplió su objetivo primordial, es decir, suplió al principal durante la secuela del recurso; en consecuencia, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos principales y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General 2/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito.do de Luis Fabián Zárate Jiménez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

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