Agustín Alarcón Reyes
Expediente 1702/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1702/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Agustín Alarcón Reyes
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo del presente asunto, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, hágase la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por el quejoso Agustín Alarcón Reyes, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue realizado en auto de catorce de diciembre del presente año, y al efecto, bajo protesta de decir verdad, señala que los actos reclamados son los que siguen: "1.- Precise de forma concreta el acto reclamado. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los actos reclamados de las autoridades responsables, se hacen consistir en todo lo actuado dentro del expediente 44/2019, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo, es decir, desde el auto de radicación, hasta la diligencia de apeo y deslinde de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la cual se puso en posesión a la señora Rocío Alonso Ramírez, de una parte de mi propiedad. 2.- Señale de igual manera el número de expediente de origen y la autoridad responsable correctos. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el número correcto de expediente de origen es el 44/2019, Y que el nombre correcto de las autoridades responsables es: a) Juez Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo. b) Secretario Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo. Atento a lo anterior, cabe aclarar que por un error mecanógrafo, en una parte de mi demanda inicial, se dispuso lo siguiente: "no se cumplió con la obligación de emplazarme al juicio hipotecario 27/2022-2, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares..." Sin embargo, reitero que fue por un error mecanógrafo, lo correcto es que no se cumplió con la obligación de emplazarme a las diligencias de apeo y deslinde con número de expediente 44/2019 del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo, y que el nombre correcto del juzgado es el antes dicho, pues así fue identificado en la cedula de notificación que me fue entregada en mi domicilio, la cual se anexa al presente escrito para mayor claridad." Por tanto, se le tiene desahogada la prevención de mérito y por hecha la aclaración que refiere. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como sigue: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden lógico, se tiene que la quejosa reclama al Juez Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, lo siguiente: ".todo lo actuado dentro del expediente 44/2019, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo, es decir, desde el auto de radicación, hasta la diligencia de apeo y deslinde de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la cual se puso en posesión a la señora Rocío Alonso Ramírez, de una parte de mi propiedad." Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el peticionario de amparo, entre otras cosas que: "1.- Que el suscrito soy legítimo propietario de una fracción del predio rustico denominado "ATONZAHUILCO" al oriente de esta Ciudad, el cual, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en el folio de derechos reales número 7,577 de fecha 23 de junio de 1988, el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE; mide en dos líneas una de 45.80 y otra de 8.57 dado un total por este lado de 54.37 metros, y linda con Pedro Ramírez Bernabé. AL SUR; mide en dos líneas una de 65.27 y otra de 44.90 metros, dando un total de por este lado de 110.17 metros y colinda con la señora Leobarda Ramírez Bernabé. AL ORIENTE; en cuatro líneas de 9.83, 10.00, 23.20 y 10.76 y colinda por este lado con antigua carretera a Tixtla, y; AL PONIENTE; mide 34.64 metros y colinda con Pedro Ramírez Bernabé. Lo anterior, al tenor del contrato de compraventa de fecha ocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, celebrado entre el señor Pedro Ramírez Bernabé, como vendedor y de la otra parte Agustín Alarcón Reyes y Ana María Bernabé Bromer, como compradores, mismo que se anexa en copia certificada por el Registro Público de la Propiedad. 2.- Posteriormente, en el año dos mil trece, y ante la incertidumbre que el suscrito tenia, con respecto de la ubicación y colindancia del predio de mi propiedad, promoví; junto con la copropietaria de dicho predio, diligencias de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde, las cuales fueron conocidas por el Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero; distrito Judicial de los Bravo, asignándosele el número de expediente 163/2013, y en la cual, en la diligencia de apeo y deslinde, acompañado de peritos expertos en la materia, y al no existir oposición de los colindantes; aun y cuando fueron debidamente notificados, se determinó que el inmueble constaba de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE MIDE: 62.02 metros en siete tramos de 6.30, 19.24, 8.64, 17.12, 2.47, 7.08 y 1.20 metros y colinda con ALMA GUADALUPE PARRA JORGE; AL SUR MIDE: 109.89 metros en siete tramos en línea quebrada, siendo de 26.84, 25.93, 14.49, 6.02, 4.03, 17.41 y 1517. dando una totalidad de 109.89 metros y colinda con ANACLETA LÓPEZ VEGA; AL ORIENTE MIDE: 49.86 metros y colinda con carretera antigua a Tixtla; AL PONIENTE MIDE; 52.79 metros en tres tramos en línea casi recta, de 5.61, 20.93 y 26.25 metros y colinda con la calle limones, arrojando una superior total de 3,535.22 metros cuadrados. Lo anterior, como se acredita con la copia certificada de la diligencia de apeo y deslinde llevada a cabo por fecha ocho de octubre de dos mil trece, en el expediente número 163/2013 del índice del Juzgado Mixto de Paz del Distrito Judicial de los Bravo. 3.- Luego, el día nueve de julio de dos mil diecinueve, el Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Paz del Distrito Judicial de los Bravo, acudió a mi domicilio a notificarme de una supuesta diligencia de apeo y deslinde en el expediente número 44/2019, que había promovido la señora ROCIO ALONSO RAMÍREZ, y que sería llevada a cabo el día dieciséis de julio de dos mil diecinueve, y en la cual el suscrito tenía derecho a partir en mi calidad de colindante. Es por ello que, el día señalado para la diligencia de apeo y deslinde, acudí y me apersone a la diligencia, por lo cual procedí a mostrar los (SIC) la copia certificada de las diligencias de apeo y deslinde que anteriormente el hoy quejoso había promovido, por lo cual, se determinó que no era posible llevar a cabo la diligencia programada para ese día, en razón de que anteriormente se habían establecidos los límites de mi propiedad, y de llevarse a cabo como lo estaba planteando la señora ROCIO ALONSO RAMÍREZ, se estaría despojando al suscrito de mi derechos sustantivos. 4.- El suscrito acudía regularmente a realizar trabajos de limpieza a mi predio, empero, el día nueve de diciembre de dos mil veintidós, al llegar a mi predio, me pude percatar que los mojones que deslindaban el SUR de mi terreno, habían sido removidos, y en su lugar se encontraban otros con características del terreno colindante; es decir, del predio propiedad de ROCIO ALONSO RAMÍREZ, es por ello que, al preguntar a los vecinos, tuve conocimiento que la señora, decía que había promovido diligencias de apeo y deslinde, para delimitar su terreno, y que esa parte (que me fue despojada), resultaba ser de su propiedad, motivo por el cual, acudo a este medio de control constitucional, a solicitar el amparo y protección de la justicia Federal ya que evidentemente las autoridades responsables, emiten una serie de actos, que violan directamente mis derechos sustantivos, tutelados por los artículos 14 y 16 Constitucional, por lo que, desde este momento me ostento como tercero extraño al procedimiento que se haya seguido a mis espaldas, y esta situación permite a los gobernados acudir sin necesidad de agotar algún medio ordinario, directamente al juicio de amparo indirecto, para reclamar ese acto de autoridad.." A razón de todo lo anterior, se precisan los actos en los siguientes términos: A). Que no ha sido emplazado al juicio 44/2019, es decir, que el quejoso Agustín Alarcón Reyes, promueve la demanda de amparo en su carácter de tercero extraño a dicho juicio. B). Que no fue notificado de la diligencia de apeo y deslinde llevada a cabo el día veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la cual se puso en posesión a la señora Rocío Alonso Ramírez, de una parte de su propiedad. C). Con motivo de lo anterior, reclama todo lo actuado en el expediente 44/2019. En la especie, por lo que hace al acto precisado en el inciso A), consistente en la falta de emplazamiento del quejoso Agustín Alarcón Reyes, dentro del expediente 44/2019; procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" Al respecto, se debe precisar que la persona extraña a juicio es aquella persona distinta de las partes que discuten los derechos en una controversia primaria, en la cual, aquel no es parte ni ha sido llamado y oído en el juicio, y quien tendrá como medio de defensa para que se le escuche, el juicio de amparo, por lo cual, la persona extraña a juicio tendrá un interés susceptible de ventilarse en la controversia y, en consecuencia, la capacidad legal para apersonarse y actuar. No obstante lo anterior, resulta necesario destacar que en caso de que un quejoso se ostente como persona extraña a juicio, de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juzgador constitucional debe atender al supuesto en que se ubique la parte quejosa, es decir, si tiene la calidad en estricto sentido o equiparada. Por una parte, la persona extraña en estricto sentido se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica el particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado, pero que sufre un perjuicio en el dictado de la sentencia o resolución, o en la ejecución de ésta, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. Entonces, de resultar que efectivamente es persona extraña a la controversia y que sus derechos están involucrados en la controversia, a fin de cumplir con el mandato del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el amparo, para que sean restituidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención de la persona en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos. Por otra parte, la persona extraña por equiparación, se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado o se le emplazó incorrectamente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. En este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores y corresponderá a la autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejercicio de sus facultades. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 7/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De la lectura de la jurisprudencia transcrita, se advierte que si bien la persona extraña a juicio es, por antonomasia, aquél que no fue parte en un procedimiento y sin embargo sufre un perjuicio con la resolución que en el mismo se emita; también se ha equiparado a éste, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, a quien señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, misma que dice: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. Ahora bien, en el caso concreto, del estudio de la demanda se desprende que en el juicio 44/2019, relativo al apeo y deslinde, del índice del Juez Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, en la que la parte actora lo es Rocío Alonso Ramírez [tercera interesada] y en tanto que con la calidad de colindante es Agustín Alarcón Reyes [quejoso], quien sí fue emplazado y además compareció a la diligencia de apeo y deslinde realizada el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 44/2019, como lo señaló en su capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, como se transcribe enseguida. ".3.- Luego, el día nueve de julio de dos mil diecinueve, el Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Paz del Distrito Judicial de los Bravo, acudió a mi domicilio a notificarme de una supuesta diligencia de apeo y deslinde en el expediente número 44/2019, que había promovido la señora ROCIO ALONSO RAMÍREZ, y que sería llevada a cabo el día dieciséis de julio de dos mil diecinueve, y en la cual el suscrito tenía derecho a partir en mi calidad de colindante. Es por ello que, el día señalado para la diligencia de apeo y deslinde, acudí y me apersone a la diligencia, por lo cual procedí a mostrar los (SIC) la copia certificada de las diligencias de apeo y deslinde que anteriormente el hoy quejoso había promovido, por lo cual, se determinó que no era posible llevar a cabo la diligencia programada para ese día, en razón de que anteriormente se habían establecidos los límites de mi propiedad, y de llevarse a cabo como lo estaba planteando la señora ROCIO ALONSO RAMÍREZ, se estaría despojando al suscrito de mi derechos sustantivos." Como se advierte de lo subrayado, el propio quejoso, señaló que le fue notificada la diligencia que se iba a llevar a cabo el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por así haberse ordenado en el expediente 44/2019, promovido por interpuesta por Rocío Alonso Ramírez, el quince de julio de dos mil catorce, y que además dio contestación a la demanda instaurada en contra de su representada, refiriendo incluso que asistió a dicha diligencia de apeo y deslinde, la cual, debido a la documentación que el propio quejoso presentó, no fue desahogada en sus términos. En ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque se considera que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, el aquí quejoso ya tenía conocimiento de una acción o pretensión instaurada por la tercera interesada dentro del expediente 44/2019, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de Los Bravo, por lo que no puede ostentar el carácter de persona extraña a juicio por equiparación. De ahí que, de manera manifiesta e indudable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en atención a que el quejoso carece del carácter de persona extraña por equiparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa, porque la improcedencia del acto reclamado es manifiesta e incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene. En ese sentido, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Agustin Alarcon Reyes, con fundamento en los arábigos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía la jurisprudencia P/J 20/2018 (10ª), de contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión." Precisado lo anterior, se tiene que también el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, respecto al acto precisado con el inciso B), consistente en que no fue notificado de la diligencia de apeo y deslinde llevada a cabo el día veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la cual se puso en posesión a la señora Rocío Alonso Ramírez, de una parte de su propiedad, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, la notificación de la fecha y hora en que habría de llevarse acabo la diligencia de apeo y deslinde de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, ordenada dentro del Expediente 44/2019, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, acto cuya molestia reclama, puede ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 167 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, el cual ordena: "Artículo 167.- Nulidad de las notificaciones. Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II. La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III. La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiriera que la ha conocido, pues de lo contrario, queda revalidada aquélla, de pleno derecho; y IV. Los juzgadores pueden en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo podrá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate del emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juzgador puede sancionar con multa hasta de veinte salarios mínimos generales y el doble en caso de reincidencia, a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. La resolución que decida el incidente de nulidad de notificación y el auto que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo, si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado, la parte a la que perjudique una notificación o la falta de esta, por no haberse realizado de acuerdo a las reglas establecidas en la citada ley adjetiva, puede solicitar su nulidad, a través del incidente previsto por el artículo 167, de la Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, previamente a la instauración de la presente instancia constitucional, habida cuenta que esa incidencia procede en contra de la falta de notificación de las determinaciones en el juicio, así como de las notificaciones que no se lleven a cabo conforme a la citada codificación; por lo que debió agotar el referido incidente, pues a través de éste, la notificación que reclama de ilegal y sus consecuencias, pueden ser nulificadas. Es ese tenor, y dado que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Jurisprudencia 986, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, página 678, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-1995). Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello el accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación del acto que se reclama en la demanda de amparo. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica el criterio de jurisprudencia VI.3o. J/27, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia(s): Común, página 987, de la Novena Época, con registro 195095, de la siguiente literalidad: "NULIDAD DE ACTUACIONES PROCEDENTE, DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y si no agotó ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que procede sobreseer el juicio de garantías de conformidad con lo previsto por la fracción XIII del artículo 73 y 74 fracción III de la Ley de Amparo, no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia, pues al caso resulta igualmente procedente dicho incidente cuando sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo." Resulta ilustrativa además la jurisprudencia VI.3º.C.J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pagina 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, respecto al acto precisado con el inciso B), la demanda de amparo, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Finalmente se tiene, que respecto al acto consistente en la nulidad de todo lo actuado, resulta ser una consecuencia de que el quejoso se haya presentado con el carácter de tercero extraño al procedimiento, siendo que en párrafos que anteceden quedó desvirtuado ello, por lo que al promover el incidente de nulidad de notificación se podrá retrotraer el procedimiento de origen a la violación alegada, de ser procedente. En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII, y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de mérito, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.
- Principal
(CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 16 DE ENERO DE 2023, QUE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por el quejoso Agustín Alarcón Reyes, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue realizado en auto de catorce de diciembre del presente año, y al efecto, bajo protesta de decir verdad, señala que los actos reclamados son los que siguen: "1.- Precise de forma concreta el acto reclamado. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los actos reclamados de las autoridades responsables, se hacen consistir en todo lo actuado dentro del expediente 44/2019, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo, es decir, desde el auto de radicación, hasta la diligencia de apeo y deslinde de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la cual se puso en posesión a la señora Rocío Alonso Ramírez, de una parte de mi propiedad. 2.- Señale de igual manera el número de expediente de origen y la autoridad responsable correctos. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el número correcto de expediente de origen es el 44/2019, Y que el nombre correcto de las autoridades responsables es: a) Juez Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo. b) Secretario Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo. Atento a lo anterior, cabe aclarar que por un error mecanógrafo, en una parte de mi demanda inicial, se dispuso lo siguiente: "no se cumplió con la obligación de emplazarme al juicio hipotecario 27/2022-2, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares..." Sin embargo, reitero que fue por un error mecanógrafo, lo correcto es que no se cumplió con la obligación de emplazarme a las diligencias de apeo y deslinde con número de expediente 44/2019 del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo, y que el nombre correcto del juzgado es el antes dicho, pues así fue identificado en la cedula de notificación que me fue entregada en mi domicilio, la cual se anexa al presente escrito para mayor claridad." Por tanto, se le tiene desahogada la prevención de mérito y por hecha la aclaración que refiere. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como sigue: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden lógico, se tiene que la quejosa reclama al Juez Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, lo siguiente: ".todo lo actuado dentro del expediente 44/2019, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de los Bravo, es decir, desde el auto de radicación, hasta la diligencia de apeo y deslinde de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la cual se puso en posesión a la señora Rocío Alonso Ramírez, de una parte de mi propiedad." Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el peticionario de amparo, entre otras cosas que: "1.- Que el suscrito soy legítimo propietario de una fracción del predio rustico denominado "ATONZAHUILCO" al oriente de esta Ciudad, el cual, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en el folio de derechos reales número 7,577 de fecha 23 de junio de 1988, el cual tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE; mide en dos líneas una de 45.80 y otra de 8.57 dado un total por este lado de 54.37 metros, y linda con Pedro Ramírez Bernabé. AL SUR; mide en dos líneas una de 65.27 y otra de 44.90 metros, dando un total de por este lado de 110.17 metros y colinda con la señora Leobarda Ramírez Bernabé. AL ORIENTE; en cuatro líneas de 9.83, 10.00, 23.20 y 10.76 y colinda por este lado con antigua carretera a Tixtla, y; AL PONIENTE; mide 34.64 metros y colinda con Pedro Ramírez Bernabé. Lo anterior, al tenor del contrato de compraventa de fecha ocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, celebrado entre el señor Pedro Ramírez Bernabé, como vendedor y de la otra parte Agustín Alarcón Reyes y Ana María Bernabé Bromer, como compradores, mismo que se anexa en copia certificada por el Registro Público de la Propiedad. 2.- Posteriormente, en el año dos mil trece, y ante la incertidumbre que el suscrito tenia, con respecto de la ubicación y colindancia del predio de mi propiedad, promoví; junto con la copropietaria de dicho predio, diligencias de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde, las cuales fueron conocidas por el Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero; distrito Judicial de los Bravo, asignándosele el número de expediente 163/2013, y en la cual, en la diligencia de apeo y deslinde, acompañado de peritos expertos en la materia, y al no existir oposición de los colindantes; aun y cuando fueron debidamente notificados, se determinó que el inmueble constaba de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE MIDE: 62.02 metros en siete tramos de 6.30, 19.24, 8.64, 17.12, 2.47, 7.08 y 1.20 metros y colinda con ALMA GUADALUPE PARRA JORGE; AL SUR MIDE: 109.89 metros en siete tramos en línea quebrada, siendo de 26.84, 25.93, 14.49, 6.02, 4.03, 17.41 y 1517. dando una totalidad de 109.89 metros y colinda con ANACLETA LÓPEZ VEGA; AL ORIENTE MIDE: 49.86 metros y colinda con carretera antigua a Tixtla; AL PONIENTE MIDE; 52.79 metros en tres tramos en línea casi recta, de 5.61, 20.93 y 26.25 metros y colinda con la calle limones, arrojando una superior total de 3,535.22 metros cuadrados. Lo anterior, como se acredita con la copia certificada de la diligencia de apeo y deslinde llevada a cabo por fecha ocho de octubre de dos mil trece, en el expediente número 163/2013 del índice del Juzgado Mixto de Paz del Distrito Judicial de los Bravo. 3.- Luego, el día nueve de julio de dos mil diecinueve, el Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Paz del Distrito Judicial de los Bravo, acudió a mi domicilio a notificarme de una supuesta diligencia de apeo y deslinde en el expediente número 44/2019, que había promovido la señora ROCIO ALONSO RAMÍREZ, y que sería llevada a cabo el día dieciséis de julio de dos mil diecinueve, y en la cual el suscrito tenía derecho a partir en mi calidad de colindante. Es por ello que, el día señalado para la diligencia de apeo y deslinde, acudí y me apersone a la diligencia, por lo cual procedí a mostrar los (SIC) la copia certificada de las diligencias de apeo y deslinde que anteriormente el hoy quejoso había promovido, por lo cual, se determinó que no era posible llevar a cabo la diligencia programada para ese día, en razón de que anteriormente se habían establecidos los límites de mi propiedad, y de llevarse a cabo como lo estaba planteando la señora ROCIO ALONSO RAMÍREZ, se estaría despojando al suscrito de mi derechos sustantivos. 4.- El suscrito acudía regularmente a realizar trabajos de limpieza a mi predio, empero, el día nueve de diciembre de dos mil veintidós, al llegar a mi predio, me pude percatar que los mojones que deslindaban el SUR de mi terreno, habían sido removidos, y en su lugar se encontraban otros con características del terreno colindante; es decir, del predio propiedad de ROCIO ALONSO RAMÍREZ, es por ello que, al preguntar a los vecinos, tuve conocimiento que la señora, decía que había promovido diligencias de apeo y deslinde, para delimitar su terreno, y que esa parte (que me fue despojada), resultaba ser de su propiedad, motivo por el cual, acudo a este medio de control constitucional, a solicitar el amparo y protección de la justicia Federal ya que evidentemente las autoridades responsables, emiten una serie de actos, que violan directamente mis derechos sustantivos, tutelados por los artículos 14 y 16 Constitucional, por lo que, desde este momento me ostento como tercero extraño al procedimiento que se haya seguido a mis espaldas, y esta situación permite a los gobernados acudir sin necesidad de agotar algún medio ordinario, directamente al juicio de amparo indirecto, para reclamar ese acto de autoridad.." A razón de todo lo anterior, se precisan los actos en los siguientes términos: A). Que no ha sido emplazado al juicio 44/2019, es decir, que el quejoso Agustín Alarcón Reyes, promueve la demanda de amparo en su carácter de tercero extraño a dicho juicio. B). Que no fue notificado de la diligencia de apeo y deslinde llevada a cabo el día veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la cual se puso en posesión a la señora Rocío Alonso Ramírez, de una parte de su propiedad. C). Con motivo de lo anterior, reclama todo lo actuado en el expediente 44/2019. En la especie, por lo que hace al acto precisado en el inciso A), consistente en la falta de emplazamiento del quejoso Agustín Alarcón Reyes, dentro del expediente 44/2019; procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" Al respecto, se debe precisar que la persona extraña a juicio es aquella persona distinta de las partes que discuten los derechos en una controversia primaria, en la cual, aquel no es parte ni ha sido llamado y oído en el juicio, y quien tendrá como medio de defensa para que se le escuche, el juicio de amparo, por lo cual, la persona extraña a juicio tendrá un interés susceptible de ventilarse en la controversia y, en consecuencia, la capacidad legal para apersonarse y actuar. No obstante lo anterior, resulta necesario destacar que en caso de que un quejoso se ostente como persona extraña a juicio, de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juzgador constitucional debe atender al supuesto en que se ubique la parte quejosa, es decir, si tiene la calidad en estricto sentido o equiparada. Por una parte, la persona extraña en estricto sentido se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica el particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado, pero que sufre un perjuicio en el dictado de la sentencia o resolución, o en la ejecución de ésta, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. Entonces, de resultar que efectivamente es persona extraña a la controversia y que sus derechos están involucrados en la controversia, a fin de cumplir con el mandato del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el amparo, para que sean restituidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención de la persona en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos. Por otra parte, la persona extraña por equiparación, se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado o se le emplazó incorrectamente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. En este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores y corresponderá a la autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejercicio de sus facultades. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 7/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De la lectura de la jurisprudencia transcrita, se advierte que si bien la persona extraña a juicio es, por antonomasia, aquél que no fue parte en un procedimiento y sin embargo sufre un perjuicio con la resolución que en el mismo se emita; también se ha equiparado a éste, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, a quien señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, misma que dice: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. Ahora bien, en el caso concreto, del estudio de la demanda se desprende que en el juicio 44/2019, relativo al apeo y deslinde, del índice del Juez Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, en la que la parte actora lo es Rocío Alonso Ramírez [tercera interesada] y en tanto que con la calidad de colindante es Agustín Alarcón Reyes [quejoso], quien sí fue emplazado y además compareció a la diligencia de apeo y deslinde realizada el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 44/2019, como lo señaló en su capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, como se transcribe enseguida. ".3.- Luego, el día nueve de julio de dos mil diecinueve, el Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Paz del Distrito Judicial de los Bravo, acudió a mi domicilio a notificarme de una supuesta diligencia de apeo y deslinde en el expediente número 44/2019, que había promovido la señora ROCIO ALONSO RAMÍREZ, y que sería llevada a cabo el día dieciséis de julio de dos mil diecinueve, y en la cual el suscrito tenía derecho a partir en mi calidad de colindante. Es por ello que, el día señalado para la diligencia de apeo y deslinde, acudí y me apersone a la diligencia, por lo cual procedí a mostrar los (SIC) la copia certificada de las diligencias de apeo y deslinde que anteriormente el hoy quejoso había promovido, por lo cual, se determinó que no era posible llevar a cabo la diligencia programada para ese día, en razón de que anteriormente se habían establecidos los límites de mi propiedad, y de llevarse a cabo como lo estaba planteando la señora ROCIO ALONSO RAMÍREZ, se estaría despojando al suscrito de mi derechos sustantivos." Como se advierte de lo subrayado, el propio quejoso, señaló que le fue notificada la diligencia que se iba a llevar a cabo el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por así haberse ordenado en el expediente 44/2019, promovido por interpuesta por Rocío Alonso Ramírez, el quince de julio de dos mil catorce, y que además dio contestación a la demanda instaurada en contra de su representada, refiriendo incluso que asistió a dicha diligencia de apeo y deslinde, la cual, debido a la documentación que el propio quejoso presentó, no fue desahogada en sus términos. En ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque se considera que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, el aquí quejoso ya tenía conocimiento de una acción o pretensión instaurada por la tercera interesada dentro del expediente 44/2019, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, Distrito Judicial de Los Bravo, por lo que no puede ostentar el carácter de persona extraña a juicio por equiparación. De ahí que, de manera manifiesta e indudable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en atención a que el quejoso carece del carácter de persona extraña por equiparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa, porque la improcedencia del acto reclamado es manifiesta e incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene. En ese sentido, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Agustin Alarcon Reyes, con fundamento en los arábigos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía la jurisprudencia P/J 20/2018 (10ª), de contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión." Precisado lo anterior, se tiene que también el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, respecto al acto precisado con el inciso B), consistente en que no fue notificado de la diligencia de apeo y deslinde llevada a cabo el día veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la cual se puso en posesión a la señora Rocío Alonso Ramírez, de una parte de su propiedad, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, la notificación de la fecha y hora en que habría de llevarse acabo la diligencia de apeo y deslinde de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, ordenada dentro del Expediente 44/2019, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, acto cuya molestia reclama, puede ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 167 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, el cual ordena: "Artículo 167.- Nulidad de las notificaciones. Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II. La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III. La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiriera que la ha conocido, pues de lo contrario, queda revalidada aquélla, de pleno derecho; y IV. Los juzgadores pueden en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo podrá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate del emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juzgador puede sancionar con multa hasta de veinte salarios mínimos generales y el doble en caso de reincidencia, a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. La resolución que decida el incidente de nulidad de notificación y el auto que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo, si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado, la parte a la que perjudique una notificación o la falta de esta, por no haberse realizado de acuerdo a las reglas establecidas en la citada ley adjetiva, puede solicitar su nulidad, a través del incidente previsto por el artículo 167, de la Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, previamente a la instauración de la presente instancia constitucional, habida cuenta que esa incidencia procede en contra de la falta de notificación de las determinaciones en el juicio, así como de las notificaciones que no se lleven a cabo conforme a la citada codificación; por lo que debió agotar el referido incidente, pues a través de éste, la notificación que reclama de ilegal y sus consecuencias, pueden ser nulificadas. Es ese tenor, y dado que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Jurisprudencia 986, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, página 678, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-1995). Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello el accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación del acto que se reclama en la demanda de amparo. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica el criterio de jurisprudencia VI.3o. J/27, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia(s): Común, página 987, de la Novena Época, con registro 195095, de la siguiente literalidad: "NULIDAD DE ACTUACIONES PROCEDENTE, DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y si no agotó ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que procede sobreseer el juicio de garantías de conformidad con lo previsto por la fracción XIII del artículo 73 y 74 fracción III de la Ley de Amparo, no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia, pues al caso resulta igualmente procedente dicho incidente cuando sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo." Resulta ilustrativa además la jurisprudencia VI.3º.C.J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pagina 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, respecto al acto precisado con el inciso B), la demanda de amparo, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Finalmente se tiene, que respecto al acto consistente en la nulidad de todo lo actuado, resulta ser una consecuencia de que el quejoso se haya presentado con el carácter de tercero extraño al procedimiento, siendo que en párrafos que anteceden quedó desvirtuado ello, por lo que al promover el incidente de nulidad de notificación se podrá retrotraer el procedimiento de origen a la violación alegada, de ser procedente. En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII, y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de mérito, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.
- Principal
PREVENGASE A LA PROMOVENTE PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DIAS ACLARE EL ACTOR RECLAMADO En tales condiciones, a fin de estar en aptitud legal para proveer sobre la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 114, fracciones II y IV en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, se formula al promovente la siguiente prevención, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a aquél al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Precise de forma concreta el acto reclamado. 2.- Señale de igual manera el número del expediente de origen y la autoridad responsable correctos. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del término concedido (cinco días), se tendrá no presentada su demanda de amparo, ello, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo.
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