Agapita Eloísa Espinosa Cabrera

Expediente 244/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
244/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Agapita Eloísa Espinosa Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA ***, NO COMPARECIERON A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO ACUERDO A DICHAS PARTES POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ***, en su carácter de autorizada de la parte quejosa. En atención a su contenido, solicita se regularice el procedimiento dentro del presente juicio de derechos en términos de lo acordado en diverso proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno y se suspenda el mismo. En su atención, debido a que de autos se advierte que en acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio, acuerdo en el que de manera expresa no se acordó suspender el procedimiento; sin embargo, debido a que por un error se invocó el numeral 102 de la Ley de Amparo, por ende, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según el numeral 2º de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el juicio en que se actúa, para el efecto de establecer que la interposición del mencionado recurso, no amerita suspender el procedimiento del mismo, por tratarse de un acuerdo de mero trámite que no afecta el dictado del fallo que en el presente juicio se llegare a dictar; máxime, si la vista otorgada en acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, guarda relación con la solicitud de la parte quejosa de verificar el contenido de las videograbaciones remitidas por la autoridad responsable, respecto de las que se acordara lo relativo en líneas subsecuentes. Siendo oportuno destacar que a la data se encuentra en trámite el recurso en mención, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, quedando registrado bajo el consecutivo 15/2021 de su índice. .... sin embargo, a efecto de evitar vulnerar derecho alguno, se genera nuevo código QR folio *** para que pueda ingresar al local de este juzgado el quejoso y/o su autorizada a verificar el contenido de la videograbación que obra como anexo al presente juicio de derechos, y se le hace de su conocimiento que la cita para tal fin será a las once horas del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, a efecto de lograr la debida integración del presente expediente, se comisiona al fedatario judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que, en cumplimiento a los párrafos que anteceden proceda a notificar personalmente el presente proveído al quejoso y realice la entrega del código QR para la asistencia del quejoso y/o su autorizada a este órgano federal. Hecho lo anterior, en el término de veinticuatro horas se servirá glosar al expediente en que se actúa, a razón actuarial que acredita la diligencia encomendada. Notifíquese personalmente." ...NOTIFIQUESE

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *** y Claudia Flores Reyes procuradores auxiliares de asesoría defensoría y conciliación, en su carácter de representantes legales de *** , contra actos que reclama del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 244/2021-III, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de cuenta, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así, del estudio integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, a contrario sensu, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. (.)" Conforme al segundo precepto invocado, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. La inhibitoria y declinatoria constituyen formas de plantear las cuestiones de competencia: la primera se intenta ante el órgano que se estime competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que se inhiba y remita los autos; mientras que la segunda se propone ante el que se estima incompetente, solicitándole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerando competente. En ambos casos, la cuestión de competencia constituye un acto jurídico complejo que se compone de dos decisiones de órganos de distinta jurisdicción, que son complementarias en la medida en que converge la voluntad de uno de ellos de no conocer del asunto y la del otro que acepta dicho conocimiento. Convergencia que condiciona la "determinación" de la cuestión competencial, pues cuando el órgano requerido acepta inhibirse o continuar el conocimiento del asunto, según corresponda, se define tal aspecto, ya que, de otro modo, surge un conflicto competencial. Así, se estima que la procedencia del amparo contra actos de autoridad que "determinan" inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, se circunscribe al supuesto que define la cuestión competencial, en los términos antes reseñados; esto es, cuando el órgano requerido acepta inhibirse o avocarse al conocimiento del negocio, pues entonces se materializa el perjuicio que supone la decisión del asunto en una jurisdicción distinta. Cuestión que, además de atender a la naturaleza del juicio de amparo y las cuestiones de competencia, se corrobora en la medida en que el vocablo "determinar" conforme al diccionario de la Real Academia Española de la lengua significa "tomar resolución", lo cual únicamente puede entenderse realizado cuando se define en forma cierta el conocimiento del asunto, ante la voluntad concurrente de los órganos requirente y requerido. Máxime, que la regla general para la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio, impone que los mismos sean de imposible reparación, como se advierte del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; por lo cual, armonizando tal disposición con la fracción VIII del propio precepto, debe entenderse que la mera declaración de incompetencia de la autoridad que inicialmente conoce de un negocio y ordena remitir los autos a la que estima competente, no tiene esa irreparabilidad, pues no sabe si esta última aceptará o no el conocimiento de asunto. Así las cosas, como se mencionó en párrafos que anteceden, el acto reclamado en esta vía lo constituye el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ***, radicado ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, mediante el cual dicha autoridad declinó la competencia a favor de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Pronunciamiento que aún no define la cuestión competencial, pues como se estableció anteriormente, se trata de un acto jurídico complejo que está compuesto de dos decisiones que son complementarias, pues no obstante que en la precitada resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, declinó competencia a favor de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por los argumentos ahí contenidos; lo cierto es, que esa declaratoria está sujeta a que esta última autoridad la acepte; de ahí, que no se trate de una determinación definitiva. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2009721, Décima Época, Materia Común, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." (Lo subrayado es propio) De igual manera, deviene aplicable la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), también emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22, del Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2009912, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." -Lo subrayado es propio- Por tanto, si la resolución reclamada no "determina" la cuestión competencial; es decir, no implica que el juicio laboral de origen indefectiblemente sea del conocimiento de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no puede estimarse que el juicio de amparo sea procedente en los términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dado que no se trata de una determinación definitiva. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, de conformidad con lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en los preceptos 62 y 113 del mismo ordenamiento, se desecha por notoriamente improcedente la demanda presentada por *** procuradores auxiliares de asesoría defensoría y conciliación, en su carácter de representantes legales de ***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que no acreditó registro de su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como a Esteban López Muro, por así solicitarlo; sin perjuicio de que acredite lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlo como autorizado en términos amplios. EDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese personalmente.

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