Adriana Villeda Salazar
Expediente 881/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Adriana Villeda Salazar
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de treinta de junio actual, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco. En atención a su contenido, infórmesele que mediante auto de treinta de junio actual, se tuvo por recibido su oficio 17952/2022, así como el original del juicio de amparo 727/2022 de su índice. Asimismo, en dicho proveído, este órgano jurisdiccional no insistió en la competencia planteada. En tal virtud, se acusa recibo del oficio y expediente antes referido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, residente en Apizaco, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada en el presente juicio, por las razones que refiere. En su atención, este Juzgado de Distrito, NO INSISTE EN LA INCOMPETENCIA PLANTEADA; circunstancia que deberá informársele, para los efectos legales procedentes. Expuesto lo anterior, se procede a proveer lo siguiente: ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Precisado lo anterior, esta Potestad Federal advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo. La fracción y artículo en cita señala lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)." De las transcripciones anteriores, se coligue que la finalidad de la causa de improcedencia citada, es evitar que los tribunales pronuncien sentencias que pueden ser contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por el mismo quejoso con idéntico objetivo. En efecto, se actualiza esta causal de improcedencia, cuando los actos reclamados son materia de otro juicio de derechos, debiendo concurrir como requisitos los siguientes: La identidad en el quejoso, Identidad de autoridades responsables. Identidad del acto reclamado. Que se encuentren pendiente de resolución el juicio diverso. Del artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se encuentre en trámite un diverso juicio de derechos, que tenga por objeto obtener la protección de la Justicia Federal respecto de los mismos actos, por parte del mismo quejoso. Tal supuesto trata de evitar la coexistencia de dos juicios de amparos idénticos que traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto del mismo planteamiento legal, que inclusive podría ser contradictorio. En el caso particular, en el índice de este Juzgado Federal, se advierte que se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 879/2022, promovido por ***** y ******, en el que señalaron como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: Demanda de amparo que se encuentra pendiente de resolver, en virtud de que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordenó remitir los autos del citado juicio de amparo (879/2022), al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, para la resolución del conflicto competencial correspondiente; lo anterior, derivado de la determinación dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, residente en Apizaco, quien no aceptó la competencia originalmente planteada. Ahora bien, del escrito de demanda que se provee se advierte que fue presentado por los mismos quejosos, mediante idéntico escrito, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, el seis de junio del año en curso, turnado a este Juzgado de Distrito al día siguiente, precisó como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: Lo anterior, permite establecer que los quejosos promovieron una nueva demanda en la que señalaron los mismos actos y autoridades responsables precisadas en el diverso juicio radicado bajo el número 879/2022, del índice de este Juzgado Federal, el cual se encuentra pendiente de resolución, en virtud del conflicto competencial planteado. De lo anteriormente relatado se corrobora claramente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, entre los juicios de derechos 879/2022 y 881/2022, del índice de este Juzgado Federal, existe identidad de los quejosos, actos reclamados y autoridades responsables, dado que dichos juicios de amparo fueron promovidos por Adriana Villeda Salazar y Orlando Fabricio Meza Trujillo, en contra de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto y otros, de quienes reclamaron apercibimientos, discriminación, multas inusitadas y actos violatorios del artículo 22 constitucional; juicio de amparo el primero de los citados el que, se insiste se encuentra pendiente de resolver. De ahí que, al existir identidad de quejoso, autoridad y acto reclamado entre los juicios de amparo promovidos ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, el amparo resulta improcedente y por ende, esta Juzgadora se encuentra en imposibilidad de estudiar la constitucionalidad del acto reclamado antes referido. Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que los quejosos hayan señalado como autoridad responsable a este Juzgado de Distrito, ya que no se atribuyen actos reclamados a este Órgano Jurisdiccional, sino que se advierte, los narra como conceptos de violación; aunado a que de acuerdo a lo determinado por la Superioridad al resolver el conflicto competencial planteado en el juicio de amparo 879/2022 del índice de este Juzgado Federal, en su momento se abordará la litis planteada, la cual se reitera es idéntica a la planteada en la demanda que se provee. Por otra parte, tomando en consideración que los quejosos Adriana Villeda Salazar y Orlando Fabricio Meza Trujillo, se encuentran recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México, sin embargo, no especificaron en cuál de ellos; por tanto, procédase a notificarles el presente proveído en los estrados de este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos que reclaman de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto y otros. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número ********************, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- INCOMPETENCIA Una vez analizada la demanda de amparo, esta juzgadora federal determina declinar la competencia para conocer de este asunto, pues los quejosos señalan a este juzgado de distrito como autoridad responsable, respecto de los actos consistentes en: apercibimientos, discriminación, multas inusitadas, actos que consideran violatorios del artículo 22 constitucional. En efecto, los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. De lo anterior se colige que, si bien es cierto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece como regla general, que tratándose de juicios de amparo indirecto la competencia para conocer de ellos se surte a favor del juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, también es verídico que el numeral 38 de la citada ley establece una excepción a dicha regla, conforme a la cual la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un juez de distrito recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere; o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el juez. Cabe señalar que el numeral 38 de la Ley de Amparo no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los jueces de distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos por haber sido señalados como autoridades responsables, como en el caso acontece; sin embargo, es evidente que dicha omisión legislativa debe subsanarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto; es decir, atendiendo al juez de distrito más cercano que está señalado como autoridad responsable. Luego, el juez de amparo competente es el que, sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. Entonces, es dable concluir que la competencia para avocarse al conocimiento del asunto se surte a favor de cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ya que atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación, resulta ser el más inmediato a esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; máxime si tienen competencia conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de juicios de amparo del orden penal (como el promovido por los quejosos). En efecto, el juzgador federal más cercano a la residencia de esta autoridad declinante es el que ejerce jurisdicción en el Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Tlaxcala, de conformidad con el artículo cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que dice: CUARTO. La jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito es la siguiente: (.) XXVIII. VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. Los juzgados de Distrito con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. La lectura del precepto que antecede conduce a estimar que los juzgados de amparo en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ejercen jurisdicción territorial en la demarcación de dicha entidad federativa, los cuales están más cercanos a la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Ello es así, porque los promoventes del amparo señalaron como responsables: a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California y Estado de México. Por ello, la competencia para conocer de la demanda promovida por ********************, debe decidirse a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en turno, perteneciente al Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación, por ser el más cercano. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P.J/. 44/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." En esas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, 38 y 48 de la Ley de Amparo; fracción XXVIII, segundo fracción XXVIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, declara carecer de competencia para conocer este juicio de amparo indirecto. Por ello, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en turno, a quien se estima competente para su trámite y definición. Se solicita atentamente al Juez de Distrito a quien corresponda el conocimiento del asunto, se sirva acusar de recibo y, dentro del término previsto en el precepto 48, segundo párrafo, informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. SUSPENSIÓN DE PLANO. Se considera que en el presente asunto no se actualiza el supuesto comprendido en el artículo 48, párrafo primero, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, por lo que este Juzgado de Distrito no se pronunciará en torno a la medida suspensional. Para afirmar lo anterior, primeramente se debe tomar en consideración el contenido de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. [.] Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.". Estos preceptos enuncian los actos reclamados respecto de los cuales la tramitación de la demanda de amparo puede ser promovida por cualquier tercero a favor del directo quejoso, y de los que procede la suspensión de oficio y de plano por tratarse de actos inconstitucionales en sí mismos, en razón de que conllevan una directa transgresión a derechos sustantivos y a la dignidad de la persona que los resiente. Como puede apreciarse, en su texto no están previstos los actos que reclaman los promoventes consistentes en: apercibimientos, discriminación, multas inusitadas, no obstante que estimen que dichos actos son violatorios del artículo 22 constitucional. Y es que dichos actos, por sí mismos, no pueden estimarse inconstitucionales, pues son figuras jurídicas instauradas en las leyes y en todo caso, su inconstitucionalidad derivará del examen de legalidad pormenorizado que en lo particular se haga sobre de ellos. En ese sentido, para determinar si respecto al acto de traslado y la reubicación o cambio de dormitorio resulta o no asequible otorgar la suspensión de oficio y de plano, debe acudirse a su naturaleza jurídica y no a las razones que al efecto aduzca la parte quejosa por las que considera que procede esa medida cautelar. Es aplicable la tesis VI.1o.A.19 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro digital 179731, que señala: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Por otra parte, tomando en consideración que los quejosos ********************, se encuentran recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México, sin embargo, no especificaron en cuál de ellos; por tanto, procédase a notificarles el presente proveído en los estrados de este juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. Notifíquese.
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