Adriana Villeda Salazar

Expediente 879/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
879/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Adriana Villeda Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, deducido del conflicto competencial 46/2022, derivado del juicio de amparo en que se actúa; mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de diez de noviembre de los corrientes, la cual en su punto resolutivo establece: "ÚNICO.- Es competente el Juez Tercer de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ********************, por propio derecho. Notifíquese; (.)." Acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual hace del conocimiento que admitió a trámite el conflicto competencial existente entre este Juzgado Federal y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco, el cual registró bajo el número 46/2022; circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional. En otro aspecto, visto el estado que guardan los autos y en específico del contenido del oficio SEADS/476/2022 signado electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informa que en sesión ordinaria de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la reincorporación de Fredy Francisco Aguilar Pérez, como Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado Carlos Alberto Ávalos Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco, a través del cual informa que no acepta la competencia planteada en el presente juicio, por las razones que refiere. Al respecto, se confirma la recepción del oficio de mérito. Atento a las consideraciones del homólogo oficiante, este órgano de control constitucional insiste en declararse incompetente, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, para que resuelva el conflicto competencial correspondiente. Por otra parte, y toda vez que los quejosos ***** y *****, se encuentran recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México, sin embargo, no especificaron en cuál de ellos; procédase a notificarles el presente proveído en las listas que se fijen en los estrados de este juzgado.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos que reclaman de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto y otros. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 879/2022-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- INCOMPETENCIA Una vez analizada la demanda de amparo, esta juzgadora federal determina declinar la competencia para conocer de este asunto, pues los quejosos señalan a este juzgado de distrito como autoridad responsable, respecto de los actos consistentes en: apercibimientos, discriminación, multas inusitadas, actos que consideran violatorios del artículo 22 constitucional. En efecto, los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De lo anterior se colige que, si bien es cierto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece como regla general, que tratándose de juicios de amparo indirecto la competencia para conocer de ellos se surte a favor del juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, también es verídico que el numeral 38 de la citada ley establece una excepción a dicha regla, conforme a la cual la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un juez de distrito recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere; o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el juez. Cabe señalar que el numeral 38 de la Ley de Amparo no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los jueces de distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos por haber sido señalados como autoridades responsables, como en el caso acontece; sin embargo, es evidente que dicha omisión legislativa debe subsanarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto; es decir, atendiendo al juez de distrito más cercano que está señalado como autoridad responsable. Luego, el juez de amparo competente es el que, sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. Entonces, es dable concluir que la competencia para avocarse al conocimiento del asunto se surte a favor de cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ya que atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación, resulta ser el más inmediato a esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; máxime si tienen competencia conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para conocer de juicios de amparo del orden penal (como el promovido por los quejosos). En efecto, el juzgador federal más cercano a la residencia de esta autoridad declinante es el que ejerce jurisdicción en el Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Tlaxcala, de conformidad con el artículo cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que dice: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito es la siguiente: (.) XXVIII. VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. Los juzgados de Distrito con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa." La lectura del precepto que antecede conduce a estimar que los juzgados de amparo en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ejercen jurisdicción territorial en la demarcación de dicha entidad federativa, los cuales están más cercanos a la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Ello es así, porque los promoventes del amparo señalaron como responsables: a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California y Estado de México. Por ello, la competencia para conocer de la demanda promovida por Adriana Villeda Salazar y Orlando Fabricio Meza Trujillo, debe decidirse a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en turno, perteneciente al Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación, por ser el más cercano. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P.J/. 44/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." En esas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, 38 y 48 de la Ley de Amparo; segundo, fracción XXVIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, declara carecer de competencia para conocer este juicio de amparo indirecto. Por ello, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en turno, a quien se estima competente para su trámite y definición. Se solicita atentamente al Juez de Distrito a quien corresponda el conocimiento del asunto, se sirva acusar de recibo y, dentro del término previsto en el precepto 48, segundo párrafo, informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. SUSPENSIÓN DE PLANO. Se considera que en el presente asunto no se actualiza el supuesto comprendido en el artículo 48, párrafo primero, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, por lo que este Juzgado de Distrito no se pronunciará en torno a la medida suspensional. Para afirmar lo anterior, primeramente se debe tomar en consideración el contenido de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. [.]" "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Estos preceptos enuncian los actos reclamados respecto de los cuales la tramitación de la demanda de amparo puede ser promovida por cualquier tercero a favor del directo quejoso, y de los que procede la suspensión de oficio y de plano por tratarse de actos inconstitucionales en sí mismos, en razón de que conllevan una directa transgresión a derechos sustantivos y a la dignidad de la persona que los resiente. Como puede apreciarse, en su texto no están previstos los actos que reclaman los promoventes consistentes en: apercibimientos, discriminación, multas inusitadas, no obstante que estimen que dichos actos son violatorios del artículo 22 constitucional. Aunado a lo anterior, dichos actos, por sí mismos, no pueden estimarse inconstitucionales, pues son figuras jurídicas instauradas en las leyes y en todo caso, su inconstitucionalidad derivará del examen de legalidad pormenorizado que en lo particular se haga sobre de ellos. En ese sentido, para determinar si respecto de esos actos resulta o no asequible otorgar la suspensión de oficio y de plano, debe acudirse a su naturaleza jurídica y no a las razones que al efecto aduzca la parte quejosa por las que considera que procede esa medida cautelar. Es aplicable la tesis VI.1o.A.19 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro digital 179731, que señala: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Por otra parte, tomando en consideración que los quejosos Adriana Villeda Salazar y Orlando Fabricio Meza Trujillo, se encuentran recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México, sin embargo, no especificaron en cuál de ellos; por tanto, procédase a notificarles el presente proveído en los estrados de este juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico.. Notifíquese.

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