Adriana Sánchez Jiménez

Expediente 789/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
789/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Adriana Sánchez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de diecinueve de agosto del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículos 18, Fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción al haberse desechado la demanda de amparo, asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá depurarse con posterioridad al OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Adriana Sánchez Jiménez, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención ordenada por auto de dos de agosto de la presente anualidad, bajo protesta de decir verdad precisa lo siguiente: "PRIMERO.- Preciso que señalo como Acto Reclamado; la omisión genérica de ejecutar la Sentencia de fecha veintinueve de Febrero del año dos mil dieciséis, dictada dentro de los autos que integran el Juicio Contencioso Administrativo No. 100/2015/IV por la entonces Sala Regional - Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; radicado ahora en la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV). SEGUNDO.- Preciso que la actuación de fecha veintinueve de Febrero del año de dos dieciséis (sic), es la notificación de la Sentencia que señalo como Acto Reclamado con anterioridad." Por lo tanto, téngase por cumplida la prevención de mérito, por lo que se procede a acordar lo siguiente: Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa y el escrito aclaratorio de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y lo manifestado en el escrito de cuenta, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de ejecutar la sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 100/2015/IV, del índice de la entonces Sala Regional - Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, radicado ahora en la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo que dispone el numeral 217 de la Ley de la Materia, los cuales son de contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª): "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." (Lo subrayado es propio). "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las otras fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Por su parte, el artículo 217 de la Ley de la Materia dispone la obligatoriedad de la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en Salas, en el caso particular, la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA", en la que la Segunda Sala determinó que en términos de la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, el acto reclamado consistente en la omisión genérica de ejecución de laudo, es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. En ese contexto, el capítulo noveno del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz prevé las disposiciones correspondientes para cumplir de manera completa la sentencia ejecutoriada. Por ello, se insiste en que, si se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de la sentencia, emitida en el juicio natural, como en el caso sucede, el juicio resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el contenido de la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acto que se reclama es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, pues las actuaciones necesarias para la ejecución de la sentencia están sujetas a la previa solicitud e impulso de la ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." (Lo subrayado es propio). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con el contenido de la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo que dispone el numeral 217 de la Ley de la Materia, con fundamento en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es desechar la demanda de amparo que se provee. Notifíquese personalmente a la promovente.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Adriana Sánchez Jiménez, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención ordenada por auto de dos de agosto de la presente anualidad, bajo protesta de decir verdad precisa lo siguiente: "PRIMERO.- Preciso que señalo como Acto Reclamado; la omisión genérica de ejecutar la Sentencia de fecha veintinueve de Febrero del año dos mil dieciséis, dictada dentro de los autos que integran el Juicio Contencioso Administrativo No. 100/2015/IV por la entonces Sala Regional - Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; radicado ahora en la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV). SEGUNDO.- Preciso que la actuación de fecha veintinueve de Febrero del año de dos dieciséis (sic), es la notificación de la Sentencia que señalo como Acto Reclamado con anterioridad." Por lo tanto, téngase por cumplida la prevención de mérito, por lo que se procede a acordar lo siguiente: Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa y el escrito aclaratorio de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y lo manifestado en el escrito de cuenta, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de ejecutar la sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 100/2015/IV, del índice de la entonces Sala Regional - Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, radicado ahora en la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo que dispone el numeral 217 de la Ley de la Materia, los cuales son de contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª): "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." (Lo subrayado es propio). "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las otras fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Por su parte, el artículo 217 de la Ley de la Materia dispone la obligatoriedad de la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en Salas, en el caso particular, la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA", en la que la Segunda Sala determinó que en términos de la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, el acto reclamado consistente en la omisión genérica de ejecución de laudo, es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. En ese contexto, el capítulo noveno del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz prevé las disposiciones correspondientes para cumplir de manera completa la sentencia ejecutoriada. Por ello, se insiste en que, si se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de la sentencia, emitida en el juicio natural, como en el caso sucede, el juicio resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el contenido de la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acto que se reclama es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, pues las actuaciones necesarias para la ejecución de la sentencia están sujetas a la previa solicitud e impulso de la ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." (Lo subrayado es propio). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con el contenido de la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo que dispone el numeral 217 de la Ley de la Materia, con fundamento en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es desechar la demanda de amparo que se provee. Notifíquese personalmente a la promovente.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente.

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