Adrik García Linares
Expediente 669/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2023
Partes del expediente
- Adrik García Linares
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Promoción Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remite copia certificada del juicio de amparo 669/2023-III, y testimonio de la resolución aprobada en sesión ordinaria virtual de nueve de octubre de dos mil veintitrés, correspondiente al expediente Q.P. 185/2023, formado con motivo del recurso de queja interpuesto en este expediente; ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Acúsese el recibo correspondiente. Entonces, sin que exista algo que cumplir, hágase las anotaciones en el libro de gobierno, inclúyase el testimonio de referencia y archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, por cuanto hace a la copia certificada de este asunto, al resultar innecesaria su conservación, sin mayor pronunciamiento, procédase a su destrucción. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Finalmente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio por medio del cual el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acusa de recibo el diverso comunicado mediante el cual le fue remitida copia certificada del juicio ********************, escritos de interposición de recurso y expresión de agravios; asimismo, se informa que admitió a trámite el medio de impugnación de mérito, el que registró como Q.P. ********************; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atento a lo solicitado, instrúyase a la oficial judicial "A", a efecto de que permita la vinculación del expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa, con el asunto del Tribunal Colegiado oficiante; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, a través de la cual el quejoso interpone recurso de queja contra el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de mérito. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el presente recurso no las involucra; por tanto, envíese el ocurso de mérito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar; como lo ordena artículo 101 de la Ley de Amparo y remítase copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el tribunal colegiado sustancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la superioridad, que éste órgano jurisdiccional, rinde el referido informe comunicándole que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ya que en proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado desechó la demanda de amparo en los términos ahí precisados. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil veintitrés. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 669/2023-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: a) La entrevista realizada al quejoso en carácter de testigo el uno de febrero de dos mil veintitrés, por el Agente del Ministerio Público, Licenciada ************, Titular de la Unidad de Investigación Número 1 Sin Detenido, de la Agencia Investigadora del M.P. "B", de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dentro de la carpeta de investigación *************. b) La citación a la audiencia inicial de formulación de imputación contra el quejoso en la carpeta judicial *********, seguida ante el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial Número 14, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el acto reclamado a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Improcedencia en cuanto al acto reclamado a) Ahora, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.).". Asimismo, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo (.).". Lo anterior revela que el plazo genérico para la promoción del juicio de amparo es de quince días, salvo que se trate de los casos de excepción, relativos a que se trate de alguna norma general autoaplicativa, procedimiento de extradición, sentencia definitiva, se tenga la calidad de ejidatario y que el acto atente contra sus derechos ejidales, implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo, el artículo 17 de la Ley de Amparo transcrito, señala que aparte de que el acto reclamado ataque la libertad personal, este se debe de haber dictado "fuera de procedimiento". Ahora, el acto que reclama el quejoso consiste en una entrevista que le fue realizada con motivo de a integración de la carpeta de investigación ***********; por tanto, no nos encontramos en alguno de los casos de excepción para la presentación de la demanda, por lo que se deberá estar al plazo genérico de quince días. Por su parte, el numeral 18 de la ley en cita, señala: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Del anterior artículo se advierten tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sustentándose en el conocimiento real del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación. En el asunto en particular, se actualiza la segunda de las opciones apuntadas; es decir, al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. En este orden, de autos se advierte que el uno de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso fue entrevistado en carácter de testigo, por el Agente del Ministerio Público, Licenciada **********, Titular de la Unidad de Investigación Número 1 Sin Detenido, de la Agencia Investigadora del M.P. "B", de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dentro de la carpeta de investigación ***********; por lo que fue en esa fecha en que tuvo conocimiento de la integración de la indagatoria de mérito. Entonces, en el caso, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del tres al veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, descontándose los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve, por ser inhábiles, lo que se corrobora con la siguiente tabla: Febrero Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Acto reclamado 2 Surte efectos. 3 Inicia término 4 5 6 Inhábil 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Fenece término 25 26 27 28 Derivado de lo anterior, se concluye que el quejoso consintió de manera tácita el acto que reclama, ya que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, al haber transcurrido del tres al veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Ahora bien, si la demanda fue recibida el dos de agosto de este año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediando entre ambas fechas aproximadamente seis meses, es inconcuso que la demanda de amparo fue presentada extemporáneamente. Por tanto, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo respecto del acto a), al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. En otro orden de ideas, aun cuando en la especie hubiera sido presentada en tiempo la demanda respecto del señalado acto a), de cualquier manera procedería desecharla, al actualizarse motivo diverso. En efecto, conviene precisar que del análisis del acto reclamado a), consistente en la entrevista que se le realizó al aquí quejoso en calidad de testigo, de igual forma se actualiza la diversa causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°., fracción I, y 6°., de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados en comento, toda vez que el suscrito considera que dicho acto no afecta el interés jurídico de la parte quejosa. Se explica. Los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°., fracción I, 6°. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que de la demanda de amparo, se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En el caso que nos ocupa, la pretensión del quejoso es que se analice la constitucionalidad del actuar de la Agente del Ministerio Público responsable, respecto el acto reclamado consistente en la entrevista que se le realizó en carácter de testigo dentro de la carpeta de investigación de marras. Sin embargo, como se ha expuesto, la parte quejosa no tiene interés jurídico para reclamar el aludido acto, ya que de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en aquel momento procesal, no tenía reconocido carácter como parte dentro de la carpeta de investigación de la que deriva el acto que en esta vía se combate (pues se le entrevistó como testigo), ya que en el citado precepto únicamente se reconoce carácter a los siguientes sujetos: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico". Así las cosas, de lo narrado bajo protesta de decir verdad por el aquí quejoso, en donde expresamente señala que se le entrevistó como TESTIGO, por lo que tal dato propicia certeza respecto al carácter que tenía el gobernado y que cobra especial importancia, ya que revela que hasta el momento procesal en que se le entrevistó, no se le había reconocido carácter alguno dentro de la indagatoria. Máxime, que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén las facultades con que cuenta la representación social respecto a la investigación y a la práctica de diligencias a efecto de integrarla, a saber: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.).". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.". Atento a ello, cabe precisar que el inicio, la integración y judicialización de la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, es una facultad discrecional concedida al Agente del Ministerio Público actuando como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de hacer del conocimiento de determinada persona el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, para posteriormente indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a los que intervinieron en el mismo; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. De ahí que se afirma que el aquí justiciable carece de interés jurídico respecto del acto reclamado en comento, al contar hasta aquel momento con el carácter de testigo dentro de la indagatoria. Resulta orientador el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular.". Por tanto, se actualiza también la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado, no transgrede de manera alguna sus derechos sustantivos; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Improcedencia respecto al acto reclamado b) En otro sentido, respecto al acto b), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, del ordenamiento legal en consulta, la cual interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el impetrante, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar el aludido acto, ya que no tiene incorporado a su esfera jurídica el derecho a oponerse a que la autoridad responsable la cite a la audiencia inicial donde se podrá o no formular imputación en su contra, toda vez que se trata de una simple comunicación del Juez, a petición de la autoridad investigadora, en la que se requiere la presencia de la parte justiciable para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y que no incide directamente en su libertad personal; es decir, se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta su libertad personal. Argumentos que son materia de la siguiente jurisprudencia sobre el tema específico, que resolvió en contradicción de tesis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo también por cuanto hace al acto b), ante su manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; no así el correo electrónico que se proporcionan, al no estar contemplados para tales efectos por la Ley de Amparo.. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda que cuente con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión; y, de no ser así, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos, acorde a lo dispuesto por el numeral 24, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal. Acceso al expediente electrónico y notificaciones respecto al quejoso Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del quejoso instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese al quejoso, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica respecto de dicha parte. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente a la Oficial Judicial "A".
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