AGUSTÍN FREDDY CIRIGO GALARZA y Otros.

Expediente 92/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
92/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • AGUSTÍN FREDDY CIRIGO GALARZA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual solicita la vinculación del presente juicio a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos que precisa. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice los movimientos correspondientes en el citado sistema a efecto de permitir la vinculación solicitada. Notifíquese y personalmente a la Oficial Judicial "A".

  2. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a este expediente copia simple del oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual solicita le sea informado el estado de autos del presente juicio y le sea remitida copia certificada de diversas constancias; en su atención, dígase que por auto de once de marzo pasado, se previno a los quejosos ************* y ********** a efecto de que aclararan diversos aspecto del escrito inicial de demanda: luego, mediante auto de cinco de abril siguiente, se tuvo por recibido el escrito en el que desahogaron la prevención, y en atención a lo ahí manifestado, se desechó la demanda de amparo; finalmente, por acuerdo de dieciocho de mayo último, causó estado el aludido proveído ordenándose el archivo definitivo del presente juicio. Finalmente, mediante oficio que derive del presente proveído remítanse las constancias que solicita. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de abril de dos mil veintiuno. Promoción Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención realizada por auto de once de marzo pasado; en consecuencia, provéase lo siguiente: Fijación de Litis De la lectura integral del escrito que se atiende, se advierte que los quejosos se duelen de los actos consistentes en: 1. Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Número 2, Con Detenido, de la Agencia Investigadora del Ministerio Público IZP-6 de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Iztapalapa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reclama: a) El acuerdo de retención de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación ****************** b) La calificación de la detención de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en la citada carpeta de investigación. 2. Del Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Número Siete, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México (Enrique Juárez Saavedra), reclama: c). La calificación de la detención realizada el veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, en la audiencia inicial verificada en la carpeta judicial *************. 3. De los Jueces de Control adscritos a la Unidad de Gestión Número Siete, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México (Rogelio Elías Segura y Enrique Juárez Saavedra), reclama: d) La omisión de ejercer las facultades que los confiere el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales para proporcionarles a los quejosos una adecuada defensa. Concepto de violación señalado como acto reclamado Cabe destacar que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de calificar el acuerdo de retención de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; sin embargo, tal acto es únicamente una consecuencia de la detención de que fueron objeto los quejosos, pues como se advierte de los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es hasta la audiencia inicial en donde se realizará el control de la legalidad de la detención; de ahí que en el presente asunto no se tenga como acto destacado, sino que éste en dado caso sería materia de concepto de violación vinculado al tema del acto reclamado c), respecto del cual se estima improcedente el juicio como más adelante se verá. Improcedencia respecto de los actos señalados como a), b) y c). Ahora bien, vista la certificación de cuenta, ténganse a la vista los autos de los juicios de amparo 128/2020-II, 129/2020-II y 637/2020-II, de este índice, los cuales se tienen como hecho notorio términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN."; por tanto, glósese a los presentes autos copia certificada de las constancias que se estimen necesarias; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, dicho precepto dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En la especie se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de la Materia, la cual dispone que el juicio constitucional es improcedente cuando en el asunto planteado concurren los elementos genéricos contenidos por la fracción que le antecede (fracción X de dicho precepto), a saber: Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso. Que sea señalada como responsable la misma autoridad en ambos juicios. Que el acto reclamado en ambos juicios sea el mismo, no obstante que los motivos por los que se señala la violación sean diversos. La doctrina jurisprudencial ha señalado que la causal de improcedencia instituida en el precepto legal invocado, se erige en la figura jurídica de la cosa juzgada, que en el juicio constitucional tiene por objeto impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro proceso de la misma clase; la ratio de dicha disposición legislativa es mantener subsistente la materia de la decisión dictada en el primer juicio de amparo, para mantener a salvo el derecho fundamental a la seguridad jurídica. Ahora bien, debe hacerse notar que de los diversos juicios de amparo indirectos 128/2020-II y 129/2020-II, se advierte que los quejosos, señalaron como actos reclamados los siguientes: "De la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso se duele de lo siguiente: - Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Número 2, Con Detenido, de la Agencia Investigadora del Ministerio Público IZP-6 de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Iztapalapa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reclama: 1. El acuerdo de retención de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación *********************. 2. La calificación de la detención de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en la citada carpeta de investigación. - Del Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Número Siete, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, reclama: 3. La calificación de la detención realizada el veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, en la audiencia inicial verificada en la carpeta judicial 007/2495/2019.". Sumarios en los cuales mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, respectivamente, se desecharon las demandas que les dieron origen, por los motivos que ahí se precisaron. Luego, en el presente asunto, los quejosos combaten los mismos actos reclamados, bajo argumentos sustancialmente idénticos, los que enseguida se transcriben: "(.) De la C MAESTRA ELISA PORTILLA RAMÍREZ quien es Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Numero 2 con Detenido, de la Agencia Investigadora del Ministerio Publico IZP-6, de la Fiscalía desconcentrada en Investigación en Iztapalapa, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reclamo el ilegal acuerdo de calificación de la detención, de las 03 15 horas del día 24 de octubre del año 2019, mismo que obra a foja 53 54, 55 y 56 de la carpeta de investigación **************, toda vez que el mismo se encuentra ilegalmente fundado ya que no vierte los preceptos legales aplicables a la supuesta flagrancia en la que son detenidos los suscritos entre otras cosas, violando nuestros derechos humanos, como se acreditara más adelante. De la C MAESTRA ELISA PORTILLA RAMÍREZ quien es Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Numero 2 con Detenido, de la Agencia Investigadora del Ministerio Publico IZP-6, de la Fiscalía desconcentrada en Investigación en Iztapalapa, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reclamo el ilegal acuerdo de retención de las 06 00 horas del día 24 de Octubre del año 2019, emitido por la autoridad responsable dentro de la carpeta de investigación ****************, mismo que se encuentra a foja 68, 69, 70, 71 y 72 de la carpeta de investigación señalada, toda vez que el mismo se encuentra ilegalmente fundado ya que no vierte los preceptos legales aplicables a la supuesta flagrancia en la que son detenidos los suscritos, violando nuestros derechos humanos, entre otras cosas, como se acreditara más adelante. (.) El C JUEZ DE CONTROL DOCTOR ENRIQUE JUÁREZ SAAVEDRA, Adscrito a la Unidad de Gestión Número Siete, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, que conoce de la carpeta judicial 007/2495/2019, reclamo lo siguiente. - La ilegal calificación de la detención de los suscritos que efectúa la autoridad responsable, calificando de legal la misma, aun y cuando el ministerio público no actualiza ni funda de forma precisa y aplicable la hipótesis de flagrancia en la que pretende fundar los hechos sucedidos al momento de nuestra detención, dándole validez a una insuficiente y carente argumentación efectuada por la representación social, donde los hechos narrados no se ajustan la hipótesis normativa, ni los actos de investigación respaldan la fundamentación y motivación, ya que no existe un precepto legal que sea fracción II del artículo 146 fracción B, entre otras cosas, por lo que a todas luces fue ilegal la calificación que hace dicho órgano jurisdiccional de mi detención. - Asimismo, reclamo de dicho Órgano Jurisdiccional la omisión de calificar de legal y ratificar el acuerdo de retención, de fecha 24 de Octubre del año 2019, efectuado a las 6 00 (seis horas con cero minutos), emitido por la representación social dentro de la carpeta de investigación ******************* mismo que se encuentra a foja 68 de la carpeta de Investigación. (.).". Precisado lo anterior, es evidente que en la especie la demanda de amparo resulta improcedente, debido a que existe cosa juzgada; ya que como se dijo, en un juicio previo, se desechó la demanda que dio origen a los sumarios antes referidos, sin que hiciera uso del medio de impugnación que la ley de la materia prevé; de lo anterior, si bien no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto, si actualiza la cosa juzgada pues existe un pronunciamiento respecto a la procedencia del juicio, el cual no puede desconocerse. Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse.". También, sirve de sustento la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada.". Improcedencia respecto del acto identificado como d) Como cuestión previa, es menester precisar que los justiciables promovieron diverso juicio de amparo del que conoció este órgano, y de éste se desprenden los siguientes antecedentes relevantes respecto del proceso que se sigue en su contra: El veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México de la Unidad de Gestión Judicial Número Siete del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, dictó auto de vinculación a proceso en la carpeta judicial 007/2495/2019 en contra de los quejosos************* y *************** (foja 27 a 31, del anexo I relativo al juicio 637/2020-II) El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público formuló acusación en contra de los justiciables, fijándose el veintiocho de octubre de esa anualidad, para la celebración de la audiencia intermedia, misma que fue aplazada en una ocasión (foja 216 anexo I, relativo al juicio 637/2020-II). El seis de noviembre de ese mismo año, se llevó a cabo la continuación de la audiencia correspondiente, misma que se desarrolló en términos de los artículos 342 a 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, el Juez de Control responsable dictó auto de apertura a juicio y ordenó su remisión al Tribunal de Enjuiciamiento competente (fojas 268 A 271 del anexo I relativo al juicio de amparo 637/2020-II). El veintitrés de ese mismo mes y año, se tuvo por recibido el citado auto de apertura en la Unidad de Gestión Judicial Siete del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México radicado bajo en número de carpeta judicial de Juicio Oral TE007/0082/2020, y se fijaron las dieciséis horas con treinta minutos del ocho de abril del año en curso, para la celebración del audiencia de juicio oral (fojas 105 vuelta a 107 vuelta del 637/2020-II). Precisado lo anterior, se considera que en el caso respecto del acto d), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los presupuestos siguientes: 1. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. 2. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, de manera que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de garantías. 4. Existencia de autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. La anterior consideración, cobra sustento en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.". En ese orden de ideas, conviene precisar que el procedimiento penal de corte acusatorio, comprende tres etapas, como así lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que reza: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.". (Lo destacado es nuestro) De lo transcrito, se advierte que, el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo que la recepción de éste la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el Tribunal de Enjuiciamiento. En ese sentido, la recepción del auto de apertura a juicio, en el nuevo sistema, abre la etapa de juicio, en la que se dictara la resolución correspondiente que dirima el proceso. Así las cosas, si la omisión reclamada se suscitó en las etapas previas a la de juicio oral; tomando en consideración que en el proceso de origen, el Juez responsable una vez celebrada la audiencia intermedia, el seis de noviembre de dos mil veinte, dictó el auto de apertura a juicio y ordenó remitir la carpeta al Tribunal de Enjuiciamiento, quien por auto de veintitrés siguiente, tuvo por recibida la carpeta y la registró con el número TE007/0082/2020, se concluye que ha operado un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado. El efecto legal del acto impugnado concluyó en el momento en que el Juez de Control dictó el auto de apertura a juicio y ordenó su remisión al Tribunal de Enjuiciamiento competente, quien aceptó la competencia para conocer del juicio oral, momento en que operó el cambio de situación jurídica, porque la continuación del procedimiento quedó sometida a la potestad del Tribunal que tendrá a cargo el dictado de la sentencia y; consecuentemente, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica generada por la apertura a juicio oral. Resulta ilustrativa la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En el sistema de justicia penal acusatorio, al cierre de la investigación formalizada no sigue inmediatamente la realización del juicio oral, sino una etapa "intermedia" que también se realiza ante el juez de control. Dicha etapa inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Así, al dictar el auto de apertura a juicio, el juez de control debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales. En consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de prueba y, en consecuencia, solicitar la exclusión de éstos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral. No hay que perder de vista que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado.". Criterio que establece que las cuestiones relativas a la audiencia intermedia, deben quedar definitivamente dilucidadas antes de la apertura del juicio oral, pues de lo contrario tal debate no podría ser retomado en la etapa de juicio oral, por lo que es indudable que se actualiza la citada causal. En mérito de lo anterior, se estiman actualizadas las causales de improcedencia invocadas; y, por ende, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

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