Adriana Monserrat Trejo González

Expediente 615/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
615/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Adriana Monserrat Trejo González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo dentro del presente juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" ". Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Iztacalco, Unidad Investigadora del Ministerio Publico IZC-1, en la Unidad de Investigación Número 6, Sin Detenido. De la lectura de la demanda se desprende que el acto reclamado es: "a) Se hace consistir en la querella de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, en donde fue integrada a la carpeta de investigación ******************** en donde previamente me solicitaron que me presentara a efecto de acreditar la propiedad de mi vehículo de la marca Chevrolet, ********************, y tal como se acredita con la copia simple que se anexa al presente escrito, en lugar de recabar mi entrevista para efecto de acreditar dicha propiedad, me tomaron la entrevista como si fuera una querella como víctima de un ilícito que a todas luces en mi actuar no se denota culpa, ni dolo y teniendo en consideración que la compraventa que realicé fue con antelación a los hechos denunciados en la carpeta de investigación mencionadas (.).". Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 615/2020-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano la demanda, por las siguientes consideraciones: Improcedencia Toda vez que el acto reclamado, se traduce y tiene relación directa con la integración de una carpeta de investigación, se desecha la demanda de amparo, toda vez que el suscrito considera que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta, al no afectar el interés jurídico de la quejosa. En relación con ello, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., fracción I, 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". La interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así, el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En la especie, la pretensión de la quejosa se ciñe en que con motivo de recabarle su denuncia se está integrando la carpeta de investigación ********************, en contra de ********************; sin embargo, la peticionaria de amparo no tiene interés jurídico para reclamar el acto de recabarle su denuncia que provocó la integración de una carpeta de investigación. Lo anterior, es así, porque el acto no le causa perjuicio al interés jurídico de la promovente, ya que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público. Por tanto, sus actuaciones como órgano de representación social investigador, constituyen un derecho social que no conforman la esfera jurídica de los particulares, de lo que se deduce que tal función no constituye un derecho privado. Además, dicho precepto constitucional faculta al Ministerio Público para que tramite, integre y ejercite la acción penal inmediatamente que aparezca que en la carpeta de investigación se hubieren satisfecho los requisitos del artículo 16 de la carta magna; por ende, los actos como ente de derecho social, atribuidos constitucionalmente al Ministerio Público, persecutor de delitos, que incluyen la integración de la carpeta de investigación con todas sus actuaciones, incluso cuando ejerce acción penal, no pueden constituir violaciones a las garantías constitucionales, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable de esos actos de naturaleza procesal a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que de existir alguna violación de los derechos adjetivos puede ser subsanado si se obtiene una resolución favorable a la de sus intereses. En ese sentido, cabe precisar que la integración de la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, entre las que se incluye recabar denuncias, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, el hecho de recabar su denuncia y propiciar una indagatoria, en sí misma, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de la aquí quejosa, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos una cuestión de orden público conforme al citado precepto constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el recabar su denuncia y dar pie a la integración de una indagatoria o las diligencias encaminadas a ello, no transgrede de manera alguna derechos sustantivos de la parte quejosa; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Por tanto, se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia.Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, con las facultades que ahí precisa. Acceso electrónico al expediente Por lo que hace a su solicitud de tener acceso al expediente electrónico, dígase a la parte quejosa que se acuerda favorable su petición; empero, para ello es necesario que proporcione el nombre de usuario correspondiente. En ese sentido, queda en aptitud de proporcionar el usuario mencionado para tal efecto. Tramitación de juicio en línea Se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Se toma conocimiento de los datos proporcionados por la parte quejosa. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Iztacalco, Unidad Investigadora del Ministerio Publico IZC-1, en la Unidad de Investigación Número 6, Sin Detenido. De la lectura de la demanda se desprende que el acto reclamado es: "a) Se hace consistir en la querella de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, en donde fue integrada a la carpeta de investigación ******************** en donde previamente me solicitaron que me presentara a efecto de acreditar la propiedad de mi vehículo de la marca Chevrolet, ********************, y tal como se acredita con la copia simple que se anexa al presente escrito, en lugar de recabar mi entrevista para efecto de acreditar dicha propiedad, me tomaron la entrevista como si fuera una querella como víctima de un ilícito que a todas luces en mi actuar no se denota culpa, ni dolo y teniendo en consideración que la compraventa que realicé fue con antelación a los hechos denunciados en la carpeta de investigación mencionadas (.).". Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 615/2020-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano la demanda, por las siguientes consideraciones: Improcedencia Toda vez que el acto reclamado, se traduce y tiene relación directa con la integración de una carpeta de investigación, se desecha la demanda de amparo, toda vez que el suscrito considera que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta, al no afectar el interés jurídico de la quejosa. En relación con ello, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., fracción I, 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". La interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así, el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En la especie, la pretensión de la quejosa se ciñe en que con motivo de recabarle su denuncia se está integrando la carpeta de investigación ********************, en contra de ********************; sin embargo, la peticionaria de amparo no tiene interés jurídico para reclamar el acto de recabarle su denuncia que provocó la integración de una carpeta de investigación. Lo anterior, es así, porque el acto no le causa perjuicio al interés jurídico de la promovente, ya que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público. Por tanto, sus actuaciones como órgano de representación social investigador, constituyen un derecho social que no conforman la esfera jurídica de los particulares, de lo que se deduce que tal función no constituye un derecho privado. Además, dicho precepto constitucional faculta al Ministerio Público para que tramite, integre y ejercite la acción penal inmediatamente que aparezca que en la carpeta de investigación se hubieren satisfecho los requisitos del artículo 16 de la carta magna; por ende, los actos como ente de derecho social, atribuidos constitucionalmente al Ministerio Público, persecutor de delitos, que incluyen la integración de la carpeta de investigación con todas sus actuaciones, incluso cuando ejerce acción penal, no pueden constituir violaciones a las garantías constitucionales, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable de esos actos de naturaleza procesal a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que de existir alguna violación de los derechos adjetivos puede ser subsanado si se obtiene una resolución favorable a la de sus intereses. En ese sentido, cabe precisar que la integración de la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, entre las que se incluye recabar denuncias, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, el hecho de recabar su denuncia y propiciar una indagatoria, en sí misma, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de la aquí quejosa, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos una cuestión de orden público conforme al citado precepto constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el recabar su denuncia y dar pie a la integración de una indagatoria o las diligencias encaminadas a ello, no transgrede de manera alguna derechos sustantivos de la parte quejosa; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Por tanto, se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia.Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, con las facultades que ahí precisa. Acceso electrónico al expediente Por lo que hace a su solicitud de tener acceso al expediente electrónico, dígase a la parte quejosa que se acuerda favorable su petición; empero, para ello es necesario que proporcione el nombre de usuario correspondiente. En ese sentido, queda en aptitud de proporcionar el usuario mencionado para tal efecto. Tramitación de juicio en línea Se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Se toma conocimiento de los datos proporcionados por la parte quejosa. 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