ADRIANA OSORIO MERINO y Otros.

Expediente 856/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
856/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • ADRIANA OSORIO MERINO y Otros.
  • Carmen Bravo Contreras
  • Jose Lauro Zuñiga Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículo 356, fracción II y 357, ambas del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se tuvo por desechada la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Defensor desahoga prevención. Se agrega al expediente el escrito signado electrónicamente por *, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad tener el cargo de defensor particular de los quejosos *, mediante el cual desahoga la prevención que se le formuló en proveído de once de agosto de dos mil veintidós. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda y escrito aclaratorio presentados por el defensor de los quejosos, deben subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que los actos reclamados en términos de la demanda y escrito aclaratorio consisten en: La calificación de legalidad que otorgó el juez responsable a la detención de los quejosos, en la audiencia celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veinte; La medida cautelar de prisión preventiva que les fue impuesta, también en la audiencia celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veinte; y El auto de vinculación a proceso decretado a los quejosos, en la audiencia que celebró el juez responsable el veintidós de mayo de dos mil veinte -todos esos actos en la carpeta judicial 13/2020-. Sin embargo, la aclaración realizada por el defensor sobre las fechas cuando fueron emitidos los actos reclamados, permite visualizar que es improcedente la acción de derechos fundamentales. Lo anterior, porque la demanda de este juicio fue presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de tutela constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que pueden definirse de la forma siguiente: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de este dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal3 o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene que el juicio de protección de derechos, será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción.4 Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda y escrito aclaratorio contienen la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que los quejosos participaron y estuvieron asistidos por un defensor particular, en las audiencias de dieciocho y veintidós de mayo de dos mil veinte, donde el juez responsable calificó su detención, le impuso una medida cautelar y les decretó vinculación a proceso, en la causa penal 13/2020. Entonces, las fechas que deben utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación, son las que corresponden a las audiencias en que se calificó su detención, se les impuso una medida cautelar y les fue dictado un auto de vinculación a proceso. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se consideran las fechas cuando fueron notificados de los mencionados actos. Ello, de la forma siguiente: la calificación a la detención y la medida cautelar fueron notificadas a los quejosos el dieciocho de mayo de dos mil veinte, y surtió efectos el diecinueve siguiente, conforme al artículo 31 fracción II, de la Ley de Amparo. Mientras el auto de vinculación a proceso, fue notificado a los quejosos el veintidós de mayo de dos mil veinte, y surtió efectos el veinticinco siguiente, también conforme al artículo 31 fracción II, de la Ley de Amparo. De modo que el plazo de quince días que tenían los quejosos para ejercer la acción de tutela constitucional, feneció el nueve de junio de dos mil veinte, para la calificación a su detención y la medida cautelar. Asimismo, feneció el quince de junio de dos mil veinte, en lo que toca al auto de vinculación a proceso. Lo anterior implica que la demanda recibida, está fuera del plazo de quince días previsto en el invocado numeral 17. Máximo que el defensor de los quejosos presentó su demanda de amparo, hasta el diez de agosto de dos mil veintidós, como se desprende del acuerdo inicial de prevención. Situación que implica una presentación extemporánea de la demanda, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación, respecto de los actos combatidos en el presente juicio. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la causal de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos los actos de marras, porque la demanda de amparo fue presentada después de terminado el plazo de quince días.5 Por tanto, se concluye que los actos reclamados por el defensor de los quejosos en la demanda de este juicio y escrito aclaratorio, deben subsumirse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando aquéllos no se ubican en los supuestos de excepción relatados. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis6 del tenor siguiente: *Sólo resta decir que las violaciones directas a los derechos fundamentales, alegadas en la demanda de amparo, son insuficientes para considerar una excepción a la regla de extemporaneidad, como se desprende de la tesis *En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, quien manifestó tener el cargo de defensor de los quejosos*, porque los actos delimitados en el escrito aclaratorio pretende combatirlos después de haber terminado el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la legislación. Desechamiento que se apoya en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese;

  3. Principal

    Puebla, Puebla, once de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada electrónicamente por *, quien se ostenta como abogado defensor de los quejosos *, contra actos de ".*, en su carácter de JUEZ de control y ejecución penal de la región judicial Centro con sede en Puebla, Puebla del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla.". En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al defensor de los quejosos a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica), a través del defensor que le será designado en este juicio. Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Prevención. La lectura integral3 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en la personalidad del defensor, las autoridades responsables y los actos combatidos, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones desde la personalidad hasta en la fecha de los actos reclamados, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso podrían generar una causa de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, basta decir que el defensor promovente afirmó tener reconocida esa personalidad en la causa penal instruida a los quejosos. Sin embargo, no acompañó a esa manifestación la protesta de decir verdad, a pesar de que lo exige el artículo 14 de la Ley de Amparo. Por otro lado, debe indicarse que la autoridad responsable es imprecisa, porque el defensor indicó en el proemio de la demanda que la causa penal instruida a los quejosos, está radicada en el ".Juzgado de control y ejecución penal de la región judicial Oriente con sede en Ciudad Serdán, Puebla del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla (sic).". Mientras que el capítulo de autoridades responsables, contiene el señalamiento formulado contra un solo juez denominado como: ".ABOGADO *, en su carácter de JUEZ de control y ejecución penal de la región judicial Centro con sede en Puebla, Puebla (sic).". Asimismo, debe indicarse que los actos combatidos en la demanda, parecieran estar circunscritos a la supuesta inaplicación de diversas normas jurídicas, y el auto de vinculación dictado contra los quejosos. Pero los conceptos de violación formulados por el defensor, involucran aspectos relacionados con la calificación otorgada por el juez responsable, a la detención de los quejosos. Entonces, debe aclararse la demanda para tener certeza de si también pretendió reclamarse el control de detención e incluso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de haber sido impuesta a los quejosos. Por otra parte, se detectó el reclamo del defensor contra los actos siguientes: ".a) La inaplicación de los artículos 121, 313, 314, 315, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales en las audiencias del 18 de mayo de 2020 y 22 de mayo de 2020. b) AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO dictado a mis representados dentro de la Carpeta Judicial *.". Empero, el defensor no señaló autoridades responsables de los artículos cuya inaplicación reclama, y que en los conceptos de violación calificó de inconstitucionales, motivo por el cual es válido deducir que el reclamo de esa inaplicación, en realidad forma parte del cuestionamiento a la regularidad constitucional del auto de vinculación. Luego, es necesario que el defensor aclare la demanda, para identificar si el reclamo del auto de vinculación comprende la inaplicación de esas normas, o si pretendió combatir la inconstitucionalidad de estas. Sin embargo, debe indicarse que la aclaración tendrá que realizarla el defensor sin variar los antecedentes de la demanda, porque estos ya fueron relatados con la protesta de decir verdad. De modo que si en el escrito aclaratorio introdujera antecedentes novedosos, es decir, fechas o datos que se contrapongan a la información que tiene la demanda, podría incurrir en la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos o expresado otros falsos, al momento de presentar la solicitud de protección. No obstante, la aclaración debe realizarla el defensor de los quejosos porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los aspectos mencionados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos de los artículos 14 y 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 14, 108, fracciones III, IV, 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al defensor para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste con la protesta de ley, si tiene reconocido el carácter de defensor particular, en la causa penal instruida a los quejosos; 2. Indique con exactitud la autoridad judicial que se encargue de la causa penal citada en la demanda, a fin de tenerla como única responsable en el presente juicio de amparo; 3. Exprese si desea reclamar la calificación dada por el único juez señalado como responsable, a la detención de los quejosos, y de ser así precise la fecha de la audiencia en la cual hubiera sido emitida la calificación a la detención; 4. Manifieste si pretende combatir la medida cautelar de prisión preventiva, en caso de que el juez responsable la hubiera impuesto a los quejosos en la causa penal, y de ser así precise la fecha de la audiencia en la cual hubiera sido impuesta esa medida; 5. Indique la fecha de la audiencia en que se emitió el auto de vinculación a proceso, también si los quejosos participaron en ella y si fueron asistidos por algún defensor, ya sea particular o público; 6. Exprese si la inaplicación de artículos que reclamó como acto destacado, en realidad forma parte del cuestionamiento a la regularidad constitucional del auto de vinculación a proceso; o 7. Manifieste si pretende combatir la inconstitucionalidad de las normas que indicó en uno de sus conceptos de violación, y de ser ese supuesto, precise las autoridades a las que señala como responsables de esas normas, así como los actos concretos que les reclamaría, por ejemplo, la expedición y promulgación de esos preceptos; y 8. Si es su voluntad que los actos reclamados queden circunscritos al auto de vinculación, que parece ser el único acto combatido en la demanda de amparo. Escrito aclaratorio. Se requiere al defensor de los quejosos que presente escrito aclaratorio en el plazo otorgado en líneas anteriores, con copias para cada una de las partes, y dos para el incidente de suspensión -excepto si lo presenta vía electrónica-. Apercibimiento. Se formula al defensor de los quejosos el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al defensor de los quejosos el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a los intervinientes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Notificación electrónica y acceso a expediente electrónico. Asimismo, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario "*" (perteneciente al defensor *), así como se instruye la realización de las notificaciones (sólo las de carácter personal) de manera electrónica a través de ese usuario, porque así lo solicitó de manera expresa el defensor de los quejosos. Por consiguiente, no se tendrá para recibir notificaciones el diverso domicilio físico que señaló en la demanda, pues se ubica fuera de la ciudad de Puebla. Correo electrónico y número telefónico. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Consejo de la Judicatura Federal, se informa a la parte promovente que en el mismo plazo otorgado en líneas anteriores, puede ofrecer una dirección de correo electrónico y número de teléfono para ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico), sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicaciones especiales para la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada de este juicio, que al realizar notificaciones en forma personal se ajuste al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilice el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Por último, se ordena a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que revise las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos.

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