Agustín Guendulain Zárate

Expediente 151/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
151/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Agustín Guendulain Zárate

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 151/2022-I. Puebla, Puebla, nueve de junio de dos mil veintidós. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso en proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, transcurrió del veintiséis de mayo al uno de junio del año en curso, como se desprende de la certificación secretarial previa. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (por medio de lista) y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 151/2022-I Puebla, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria. Se recibe el oficio y anexo de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial + . En ella, la superioridad declaró la legal competencia de este juzgado para conocer de la demanda de amparo presentada por que se registró en el juicio de amparo 111/2022, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Por tanto, se ordena glosar al cuaderno de antecedentes la ejecutoria de referencia así como las copias certificadas relativas al juicio de amparo 111/2022 y proveer lo que legalmente corresponda y acusar el recibo de estilo. Se asume la competencia declinada. Esta juzgadora se avoca al conocimiento de la demanda presentada por el quejoso Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos reclamados por los antecedentes que relató el quejoso, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Para demostrarlo, se hace notar que el capítulo de actos conduciría a visualizar el reclamo de los siguientes: ".orden de aprehensión y/o reaprehensión girada en mi contra y su ejecución..". Pero los antecedentes relatados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, reflejan que este no tiene conocimiento de alguna causa penal instruida en su contra. Ello hace irregular el reclamo que hizo contra la orden de reaprehensión, porque ese acto jurídico sólo puede librarlo un juez penal en el trámite de una causa donde el inculpado ya recibió un auto de formal prisión, o bien cuando ya está vinculado a proceso -en las causas del sistema penal acusatorio-. De modo que si el quejoso no tiene conocimiento de alguna causa instruida en su contra, debe considerarse inviable el reclamo que hizo contra la orden de reaprehensión. Sobre todo porque los antecedentes que relató bajo protesta de decir verdad, sólo hacen procedente el diverso acto que reclamó a los jueces federales: la orden de aprehensión. Porque si bien las órdenes de aprehensión y reaprehensión, tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Ello es así pues la orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. En cambio, la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Por lo que dicha la aclaración debe realizarla el quejoso toda vez que la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. De ahí la necesidad de que se aclare la demanda. Así, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito aclaratorio en el cual: 1. Manifieste si el reclamo de su demanda de amparo está dirigido en forma exclusiva a la orden de aprehensión y su ejecución, conforme a los antecedentes que relató bajo protesta de decir verdad; y 2. Si pretendiera mantener el reclamo de la orden de reaprehensión, deberá indicar el número de causa donde haya recibido un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso, así como precisar el juzgado donde se encuentre radicada esa causa y sus antecedentes. Conviene indicar al quejoso un aspecto importante: esta juzgadora ya revisó los antecedentes relatados en la demanda, motivo por el cual debe evitar (el quejoso) la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informa la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudenciales recientes. Al margen de lo anterior, se informa al quejoso que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes, y dos para el incidente de suspensión. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal del quejoso y autorizado. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en este juzgado y a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Máxime que señaló los estrados (sic) como domicilio para recibir notificaciones personales. Por otro lado, queda autorizado en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, el único profesionista nombrado por aquél en el primer acápite de la demanda, porque no tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, al margen de que el quejoso parece haber intentado otorgarle facultades amplias. Notifíquese; en forma personal al quejoso (por lista); y por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 151/2022. Puebla, Puebla, tres de marzo de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio con evidencia criptográfica de la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, por el cual comunica el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, emitido por la magistrada presidente de dicho tribunal, donde admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca y este órgano jurisdiccional, el cual se registró con el número 15/2022 de su índice. Notifíquese y cúmplase

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 151/2022. En quince de febrero de dos mil veintidós No se acepta la competencia declinada. En efecto, este operador jurídico considera que en este asunto no se debe aceptar la competencia planteada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Para ilustrar lo anterior, es oportuno citar el artículo 48, de la Ley de Amparo, el cual reza lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El numeral transcrito establece que cuando un órgano jurisdiccional considere carecer de competencia, remitirá de plano la demanda de amparo a aquellos órganos jurisdiccionales que estimen son competentes, sin que aquel decida sobre la admisión o suspensión del acto reclamado, salvo que se traten de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Ahora bien, para que un Juez de Distrito considere que carece de competencia para conocer de un asunto, se debe pronunciar en relación a los siguientes puntos: Materia. Para considerar que se actualiza un supuesto de incompetencia en razón de materia, el juzgador debe analizar el reclamo del quejoso atendiendo al objeto del litigio, de modo tal que si el juzgador conoce o se especializa únicamente respecto de alguna de las ramas del derecho sustantivo. Por ende, para considerar que un órgano carece de competencia para conocer de un asunto en razón de la materia, es porque la especialización del órgano jurisdiccional en cuestión, no es compatible con la naturaleza de los actos. Verbigracia, en caso de que el quejoso reclame una orden de aprehensión en vía de amparo, un juez especializado en materia de amparo civil, no podría conocer respecto de dicho acto, por lo que ordenaría remitir el asunto a uno especializado en materia de amparo penal. Territorio. Dicho criterio objetivo de competencia se distingue por establecer el ámbito espacial, en el cual un juzgador puede realizar su función jurisdiccional. Por ende, para determinar si un juez tiene o no competencia en razón del territorio, se debe verificar si el acto reclamado tiene ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Grado. Este criterio objetivo de competencia trata de la instancia en que debe ser conocido un asunto. Ejemplo, una demanda de amparo directo no puede ser materia de estudio de un Juez de Distrito, ya que la competencia para conocer de dicho asunto, corresponde de forma exclusiva a los Tribunales Colegiados de Circuito. Derivado de lo expuesto, se establece que la incompetencia de un órgano jurisdiccional acontece cuando un juzgador se encuentre impedido para conocer de un asunto, debido a que en la litis se actualiza alguno de los criterios objetivos que lo inhiban conocer del litigio. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL. EL TURNO NO ES MATERIA DE. Para que se considere legalmente planteado un conflicto competencial y pueda ser dirimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 106 constitucional, es necesario que la negativa de las autoridades contendientes para conocer de un asunto, se refiera exclusivamente a un punto concreto jurisdiccional, es decir, que se trate de una cuestión de grado, territorio o materia para conocer de un asunto y no de cuestiones de mero trámite o turno, en virtud de que éste constituye sólo una forma de distribuir la labor judicial, consistente en un prorrateo de los expedientes entre varios tribunales que tienen igual circunscripción territorial de competencia, o tienen esta misma por razón de la materia o del grado; y en consecuencia, no puede ser considerado como un criterio que sustancie válidamente la relación jurídica procesal del conflicto, toda vez que la competencia se surte en cualesquiera de los tribunales colegiados de las mismas materia y circuito." Sobre la demanda de cuenta, se advierte que el Juez de Distrito que declina la competencia en favor de este órgano jurisdiccional, basa su criterio de incompetencia debido a que fue señalado por el quejoso como autoridad responsable, por lo que no le es factible conocer de ese asunto, ya que no puede poseer el carácter de autoridad responsable y juez al mismo tiempo. En razón de lo anterior, aquél operador jurídico consideró que la competencia le acudía al Juez de Distrito más cercano en la materia y jurisdicción del declinante, como en este caso lo fue, la ciudad de Puebla. No obstante lo anterior, se aprecia que la causa por la cual el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima carecer de competencia, no se basa en alguno de los criterios objetivos señalados con antelación (materia, territorio y grado). Ello es así, ya que de su determinación de incompetencia, el juez declinante adujo no poder conocer del juicio de amparo debido a que se le atribuye el carácter de responsable, circunstancia que a criterio de este operador jurídico, no representa un aspecto que determine la competencia legal de algún órgano judicial, ya que no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, sino que se trata de un caso de excepción a las reglas de competencia. Para ilustrar lo expuesto, es oportuno citar el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en la ejecutoria emitida el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el conflicto competencial 82/2021, que en lo esencial, señala: "Por ello, en los casos en que una demanda de amparo indirecto se señale como autoridad responsable al juez de Distrito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe, por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia de tal juzgador, es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo tramitado ante el mismo órgano. En efecto, esta clase de incompetencia no opera en el caso, en atención a que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo indirecto. Así, de establecerse una conclusión diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del proceso constitucional biinstancial, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado órgano jurisdiccional a quien le atribuyan ya sea el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, o actos que no son de su competencia -a fin de una pretendida calificación arbitraria por parte del quejoso de que el juez de distrito es una autoridad responsable- para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia." De acuerdo a lo establecido en la ejecutoria del mencionado tribunal colegiado, se obtiene que el conocimiento de una demanda de amparo, no se debe decidir al arbitrio de lo manifestado por el quejoso, en caso de que señale como responsable, al juez que conozca de la demanda de amparo, sino que el juez federal debe estudiar si a aquél verdaderamente le acude el carácter de autoridad responsable atendiendo a la integridad del escrito de protección del peticionario de amparo. Esto es, que del escrito de tutela constitucional no se advierte una participación real del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca en los actos reclamados, menos aún que aquél, en el hábito de su competencia, haya emitido las órdenes reclamadas por el quejoso. Para establecer si verdaderamente al enunciado juzgador le acude el carácter de responsable como lo señala el impetrante de amparo, el juzgador debió advertir, si en efecto, atendiendo a la integridad de la demanda del quejoso, se desprende algún aspecto objetivo que determine que aquel emitió las órdenes reclamadas, o en su caso, requerir al quejoso para que aclare su demanda en relación a ese aspecto. De ahí que, si en la demanda no se observa una participación real en los actos reclamados, no existe una base sustentable para que el juez que conozca inicialmente del asunto se considere incompetente y desconozca de la Litis constitucional, bajo el único argumento de que la parte quejosa lo señaló como responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena girar inmediatamente atento y respetuoso oficio vía interconexión y a través del servicio de mensajería acelerada (estafeta) al juez declinante, a fin de hacer de su conocimiento que este operador jurídico no acepta la competencia legal planteada, en atención a los razonamientos expuestos con antelación. Por ello, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvansele por el referido servicio de mensajería acelerada (estafeta) también los autos remitidos, solicitándole se sirva acusar el recibo de estilo (vía interconexión). De igual modo, se solicita de manera atenta y respetuosa al juez oficiante se sirva comunicar a este juzgado federal si insiste en declinar su competencia y, en su caso, si remitió el asunto al conflicto competencial que corresponda. Notifíquese y cúmplase.

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