Adriana Espinoza Vicente
Expediente 736/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adriana Espinoza Vicente
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de doce de julio del presente año, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Al no advertirse documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES Al no haberse ordenado formar cuaderno auxiliar de pruebas, es innecesario proveer al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Deposito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye que se hagan las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificarse que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese
- Principal
Puebla, Puebla, quince de julio de dos mil veintidós. Se agrega al expediente la razón de cuenta, del actuario adscrito a este juzgado, por la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la quejosa *, el proveído de doce de julio de dos mil veintidós, por los motivos que indica. Por tanto, dada la imposibilidad para notificar a la quejosa en el domicilio que ésta señaló en su demanda para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el proveído de doce de julio de dos mil veintidós, así como el presente acuerdo y las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale un domicilio procesal distinto. Notifíquese
- Principal
Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe el oficio y anexo de cuenta, advertidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), remitidos por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al que adjuntó el original del escrito de demanda de amparo y auto de incompetencia del expediente juicio de amparo 1217/2022 de su índice, que serán recibidos físicamente. Esto, por haberse declinado en dicho juzgado competencia legal a favor de este órgano jurisdiccional, para conocer la demanda de amparo promovida por*. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y avocarse al estudio de la demanda, de la que se proveerá a continuación. Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 9/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 - causante de la enfermedad COVID-19-. Se hace notar que una vez que se reciba la demanda de amparo y anexos, se acordará lo conducente y, desde este momento, se ordena acusar de recibo al juzgado declinante. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose por conducto del personal a su cargo, a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la lectura armónica de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en: "Reclamo del Fiscal General del Estado, la orden de aprehensión que ha dictado en mi contra. Del Director General de la Policía Ministerial del Estado, reclamo la ejecución de la orden de aprehensión, que trata de cumplir, por ella misma, o por conducto de los elementos a su orden. De todas las autoridades responsables, reclamo los efectos y consecuencias de los anteriores actos, que se traducen en molestias en mi persona, domicilio, papeles y posesiones.". Ahora, respecto de esos actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en correspondencia con los numerales 16, 20 y 21 constitucionales. En primer término, se arriba a la convicción de que los actos reclamados convergen bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de la fecha en que se han suscitado los hechos vertidos bajo protesta de decir verdad en al demanda. En efecto, respecto de los mencionados actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Puebla, señalado como autoridad responsable ordenadora, se actualiza la causal de improcedencia invocada con las características de indudable y manifiesta. Se explica: Acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar al fiscal general estatal señalado como autoridad responsable ordenadora, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ordenar la localización, captura y presentación o privación de la libertad (fuera de procedimiento judicial) de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1411 del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal al agente del ministerio público le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que ese fiscal general estatal señalado como responsable sólo podría actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que la imputada se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa puedan evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa sólo hace alusión, en lo esencial, a lo siguiente: ".En repetidas ocasiones, se han presentado en mi domicilio, así como en lugares que frecuento, elementos de la Policía Ministerial, manifestado a mis familiares o personas que conozco, llevar una orden de aprehensión en mi contra, pero como en esos momentos no me han encontrado, ese mandamiento no se ha cumplido.". Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que el representante social (fiscal general estatal) señalado en la demanda de amparo, hubiera ordenado la detención de la ahora quejosa de forma urgente, aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implicaría necesariamente que el representante social ordenara aprehenderla. Ahora, aún si el representante legal la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del ministerio público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, investigado o imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque en virtud de la orden de citación solamente se pide a la parte de la que se trate que comparezca ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistada, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, la persona en cuestión puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo, lo que implicaría también la improcedencia del amparo2; sin perderse de vista que no se reclama en este caso dicha citación. También con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que de ordenarse (en su caso) que la peticionaria del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquélla se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se les da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que les sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarían en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, un agente del ministerio público tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien sea señalada como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del ministerio público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del juez de control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de aprehensión reclamada del fiscal general estatal señalado como autoridad responsable ordenadora. Máxime si se considera que si bien dichos actos fueron reclamados al mencionado Fiscal General del Estado de Puebla, quien además de que no emite por sí mismo esa orden reclamada, sólo tiene el carácter de superior jerárquico de agentes del ministerio público de la misma fiscalía, por lo que no realiza de manera directa y por sí mismo ningún acto dentro de las carpetas de investigación a carga de estos últimos. Sin que en el caso se haya señalado en modo alguno a autoridades judiciales, atribuyéndoles tal acto (orden de aprehensión). Se cita al respecto la tesis XX.31 K, consultable en la Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, de 1995, página 512, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS SI EN LA DEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL". Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo de la quejosa. En adición, cabe decir que como un hecho notorio derivado de otros asuntos similares al presente, se desprende que los agentes del ministerio público o fiscales (como lo señalados como responsables) sólo comunican (en su caso) los mandamientos judiciales de molestia, como lo es (verbigracia) una orden de aprehensión o comparecencia librada por una autoridad jurisdiccional. De ahí que en tales asuntos dichas autoridades niegan la existencia de la ejecución de esa orden de captura. Luego, en el presente caso, no se estaría en aptitud jurídica y fáctica de materializar o concretar la captura y detención de la quejosa por parte de esas autoridades (como el fiscal general estatal en mención), porque su emisión es de carácter exclusivo de la autoridad judicial. Esto es así, pues dicho fiscal general no se encuentra facultado legalmente para librar órdenes de aprehensión, pues su actuación se limita la investigación y percusión de los delitos, en términos del numeral 21 de la constitución federal; habida cuenta que son los jueces a quienes les corresponde la atribución jurídica de emitir ese mandamiento de aprehensión conforme a lo previsto en el diverso 16 de la ley fundamental invocada. En consecuencia, es inconcuso que el fiscal general estatal no se encuentra en aptitud jurídica de librar la orden reclamada, por lo que carece del carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, en términos del artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia, pues con independencia de su naturaleza formal, no dicta ni ordena el acto en mención, ni tampoco crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria respecto del mismo. Por su parte, la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por un juez competente corresponde a las diversas autoridades policiacas o aprehensoras o de seguridad pública, que cuentan con otras funciones y facultades para ello (tales como los comandantes o policías señalados en la demanda de amparo). Se afirma lo anterior, porque los fiscales como el referido con antelación no es - propiamente- autoridad ejecutora de órdenes de aprehensión o comparecencia, pues la naturaleza jurídica de su función es la de investigación y prosecución de los delitos, como se puede desprender de la literalidad del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en su caso, los agentes del ministerio público adscritos a órganos jurisdiccionales o encargados de los mandamientos judiciales se limitan a recibirlos y comunicárselos a las autoridades policiacas, de seguridad pública, militares o de seguridad pública, para su ejecución o materialización -de la orden de captura-. Así, en el supuesto de llegarse a ejecutar contra un gobernado una orden de aprehensión o detención, como la reclamada, los agentes policiales tendrán la obligación de efectuar la respectiva puesta a disposición del detenido ante el Agente del Ministerio Público que corresponda, quien a su vez lo hará ante la autoridad judicial respectiva, para solicitarle la celebración de la audiencia inicial para la formulación de imputación; pero no será el fiscal general estatal o alguno de los agentes del ministerio públicos los que den cumplimiento material a esa orden. Todo ello, tal como se desprende del artículo 145, párrafos primero, segundo y tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé: "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma (.)" En efecto, a los agentes policiales (como ocurre con el señalado en la demanda de amparo como: Director General de la Policía Ministerial del Estado) sólo se encuentran facultados para ejecutar una orden judicial de aprehensión, esto es, una orden emitida por autoridad judicial, no así por el fiscal general estatal; de ahí que también en su contra se actualice dicha causal de improcedencia. Cobra aplicación al caso, por los argumentos que expone, la tesis aislada 1a. CCXCVI/2016 (10a.), Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 371 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL EJECUTARLA, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR, SIN DILACIÓN, A LA PERSONA APREHENDIDA ANTE EL JUEZ QUE LA ORDENA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008)3." Por ende, es evidente que a dichas autoridades señaladas en la demanda, no les asiste el carácter de responsables para el efecto del amparo, porque no se encuentran en aptitud legal ni material de dictar, emitir, ordenar, intentar ejecutar o cumplimentar una orden de aprehensión librada por una autoridad administrativa, ya que ese tipo de mandamiento sólo puede librarse contra un gobernado por parte una autoridad judicial, no así por el fiscal general estatal. Por ello, es evidente que se actualiza en la especie la causal de improcedencia en estudio. Decisión que debe hacerse extensiva a los efectos y consecuencias también reclamados, porque estos últimos derivan de la orden reclamada y su ejecución contra la que es improcedente esta vía de amparo al atribuírseles a las autoridades administrativas en mención. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia manifiesta e indudable respecto de la orden de aprehensión atribuida al Fiscal General del Estado de Puebla y su ejecución reclamada del Director General de la Policía Ministerial del Estado. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 9/2022), se tiene a la parte quejosa señalando su correo electrónico. Se hace la precisión que ese medio de comunicación sólo será considerado para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y en caso de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 9/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Domicilio procesal y sin autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el señalado en su demanda de amparo (con residencia en la ciudad de Puebla) porque así lo solicitó y como autorizados para tal efecto a las personas que señala. Asimismo resulta improcedente tener como medio para recibir y oír notificaciones el correo electrónico que señaló en su demanda de amparo. Esto, al no preverse el anterior en la Ley de Amparo, como medios para recibir notificaciones. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye al oficial judicial "A" que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIOL VEINTIDÓS, PRONUNCIADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, NOTIFICO POR ESTE MEDIO EL DIVERSO DE DOCE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe el oficio y anexo de cuenta, advertidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), remitidos por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al que adjuntó el original del escrito de demanda de amparo y auto de incompetencia del expediente juicio de amparo 1217/2022 de su índice, que serán recibidos físicamente. Esto, por haberse declinado en dicho juzgado competencia legal a favor de este órgano jurisdiccional, para conocer la demanda de amparo promovida por*. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y avocarse al estudio de la demanda, de la que se proveerá a continuación. Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 9/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 - causante de la enfermedad COVID-19-. Se hace notar que una vez que se reciba la demanda de amparo y anexos, se acordará lo conducente y, desde este momento, se ordena acusar de recibo al juzgado declinante. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose por conducto del personal a su cargo, a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la lectura armónica de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en: "Reclamo del Fiscal General del Estado, la orden de aprehensión que ha dictado en mi contra. Del Director General de la Policía Ministerial del Estado, reclamo la ejecución de la orden de aprehensión, que trata de cumplir, por ella misma, o por conducto de los elementos a su orden. De todas las autoridades responsables, reclamo los efectos y consecuencias de los anteriores actos, que se traducen en molestias en mi persona, domicilio, papeles y posesiones.". Ahora, respecto de esos actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en correspondencia con los numerales 16, 20 y 21 constitucionales. En primer término, se arriba a la convicción de que los actos reclamados convergen bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de la fecha en que se han suscitado los hechos vertidos bajo protesta de decir verdad en al demanda. En efecto, respecto de los mencionados actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Puebla, señalado como autoridad responsable ordenadora, se actualiza la causal de improcedencia invocada con las características de indudable y manifiesta. Se explica: Acorde con el artículo 20 constitucional y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar al fiscal general estatal señalado como autoridad responsable ordenadora, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ordenar la localización, captura y presentación o privación de la libertad (fuera de procedimiento judicial) de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1411 del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal al agente del ministerio público le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que ese fiscal general estatal señalado como responsable sólo podría actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que la imputada se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa puedan evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa sólo hace alusión, en lo esencial, a lo siguiente: ".En repetidas ocasiones, se han presentado en mi domicilio, así como en lugares que frecuento, elementos de la Policía Ministerial, manifestado a mis familiares o personas que conozco, llevar una orden de aprehensión en mi contra, pero como en esos momentos no me han encontrado, ese mandamiento no se ha cumplido.". Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que el representante social (fiscal general estatal) señalado en la demanda de amparo, hubiera ordenado la detención de la ahora quejosa de forma urgente, aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implicaría necesariamente que el representante social ordenara aprehenderla. Ahora, aún si el representante legal la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del ministerio público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, investigado o imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque en virtud de la orden de citación solamente se pide a la parte de la que se trate que comparezca ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistada, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, la persona en cuestión puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo, lo que implicaría también la improcedencia del amparo2; sin perderse de vista que no se reclama en este caso dicha citación. También con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que de ordenarse (en su caso) que la peticionaria del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquélla se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se les da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que les sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estarían en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, un agente del ministerio público tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien sea señalada como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del ministerio público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del juez de control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de aprehensión reclamada del fiscal general estatal señalado como autoridad responsable ordenadora. Máxime si se considera que si bien dichos actos fueron reclamados al mencionado Fiscal General del Estado de Puebla, quien además de que no emite por sí mismo esa orden reclamada, sólo tiene el carácter de superior jerárquico de agentes del ministerio público de la misma fiscalía, por lo que no realiza de manera directa y por sí mismo ningún acto dentro de las carpetas de investigación a carga de estos últimos. Sin que en el caso se haya señalado en modo alguno a autoridades judiciales, atribuyéndoles tal acto (orden de aprehensión). Se cita al respecto la tesis XX.31 K, consultable en la Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, de 1995, página 512, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS SI EN LA DEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL". Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo de la quejosa. En adición, cabe decir que como un hecho notorio derivado de otros asuntos similares al presente, se desprende que los agentes del ministerio público o fiscales (como lo señalados como responsables) sólo comunican (en su caso) los mandamientos judiciales de molestia, como lo es (verbigracia) una orden de aprehensión o comparecencia librada por una autoridad jurisdiccional. De ahí que en tales asuntos dichas autoridades niegan la existencia de la ejecución de esa orden de captura. Luego, en el presente caso, no se estaría en aptitud jurídica y fáctica de materializar o concretar la captura y detención de la quejosa por parte de esas autoridades (como el fiscal general estatal en mención), porque su emisión es de carácter exclusivo de la autoridad judicial. Esto es así, pues dicho fiscal general no se encuentra facultado legalmente para librar órdenes de aprehensión, pues su actuación se limita la investigación y percusión de los delitos, en términos del numeral 21 de la constitución federal; habida cuenta que son los jueces a quienes les corresponde la atribución jurídica de emitir ese mandamiento de aprehensión conforme a lo previsto en el diverso 16 de la ley fundamental invocada. En consecuencia, es inconcuso que el fiscal general estatal no se encuentra en aptitud jurídica de librar la orden reclamada, por lo que carece del carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, en términos del artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia, pues con independencia de su naturaleza formal, no dicta ni ordena el acto en mención, ni tampoco crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria respecto del mismo. Por su parte, la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por un juez competente corresponde a las diversas autoridades policiacas o aprehensoras o de seguridad pública, que cuentan con otras funciones y facultades para ello (tales como los comandantes o policías señalados en la demanda de amparo). Se afirma lo anterior, porque los fiscales como el referido con antelación no es - propiamente- autoridad ejecutora de órdenes de aprehensión o comparecencia, pues la naturaleza jurídica de su función es la de investigación y prosecución de los delitos, como se puede desprender de la literalidad del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en su caso, los agentes del ministerio público adscritos a órganos jurisdiccionales o encargados de los mandamientos judiciales se limitan a recibirlos y comunicárselos a las autoridades policiacas, de seguridad pública, militares o de seguridad pública, para su ejecución o materialización -de la orden de captura-. Así, en el supuesto de llegarse a ejecutar contra un gobernado una orden de aprehensión o detención, como la reclamada, los agentes policiales tendrán la obligación de efectuar la respectiva puesta a disposición del detenido ante el Agente del Ministerio Público que corresponda, quien a su vez lo hará ante la autoridad judicial respectiva, para solicitarle la celebración de la audiencia inicial para la formulación de imputación; pero no será el fiscal general estatal o alguno de los agentes del ministerio públicos los que den cumplimiento material a esa orden. Todo ello, tal como se desprende del artículo 145, párrafos primero, segundo y tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé: "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma (.)" En efecto, a los agentes policiales (como ocurre con el señalado en la demanda de amparo como: Director General de la Policía Ministerial del Estado) sólo se encuentran facultados para ejecutar una orden judicial de aprehensión, esto es, una orden emitida por autoridad judicial, no así por el fiscal general estatal; de ahí que también en su contra se actualice dicha causal de improcedencia. Cobra aplicación al caso, por los argumentos que expone, la tesis aislada 1a. CCXCVI/2016 (10a.), Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 371 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL EJECUTARLA, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR, SIN DILACIÓN, A LA PERSONA APREHENDIDA ANTE EL JUEZ QUE LA ORDENA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008)3." Por ende, es evidente que a dichas autoridades señaladas en la demanda, no les asiste el carácter de responsables para el efecto del amparo, porque no se encuentran en aptitud legal ni material de dictar, emitir, ordenar, intentar ejecutar o cumplimentar una orden de aprehensión librada por una autoridad administrativa, ya que ese tipo de mandamiento sólo puede librarse contra un gobernado por parte una autoridad judicial, no así por el fiscal general estatal. Por ello, es evidente que se actualiza en la especie la causal de improcedencia en estudio. Decisión que debe hacerse extensiva a los efectos y consecuencias también reclamados, porque estos últimos derivan de la orden reclamada y su ejecución contra la que es improcedente esta vía de amparo al atribuírseles a las autoridades administrativas en mención. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia manifiesta e indudable respecto de la orden de aprehensión atribuida al Fiscal General del Estado de Puebla y su ejecución reclamada del Director General de la Policía Ministerial del Estado. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 9/2022), se tiene a la parte quejosa señalando su correo electrónico. Se hace la precisión que ese medio de comunicación sólo será considerado para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y en caso de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 9/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Domicilio procesal y sin autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el señalado en su demanda de amparo (con residencia en la ciudad de Puebla) porque así lo solicitó y como autorizados para tal efecto a las personas que señala. Asimismo resulta improcedente tener como medio para recibir y oír notificaciones el correo electrónico que señaló en su demanda de amparo. Esto, al no preverse el anterior en la Ley de Amparo, como medios para recibir notificaciones. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye al oficial judicial "A" que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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