Adriana Herrera Maldonado
Expediente 558/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Adriana Herrera Maldonado
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obren documentos susceptibles de devolución exhibidos por las partes. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LAS DETERMINACIONES DE ESTA FECHA QUE DICEN:"Razón: En cuatro de junio de dos mil diecinueve, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con una demanda de amparo registrada con el número de correspondencia interna 6855. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Adriana Herrera Maldonado, contra actos del Fiscal Especializado adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía del Estado de México y de otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 558/2019-VI. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda se advierte que la quejosa reclama: 1. De la Fiscalía del Estado de México, la negativa verbal de proporcionarle vía telefónica información de la carpeta de investigación aperturada con motivo de la supuesta comisión del delito de robo del vehículo referido, lo cual también denomina la promovente como la negativa de permitirle acceso a la carpeta de investigación. 2. Del Fiscal Especializado adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía del Estado de México (como ordenadora) y Registro Público Vehicular (como ejecutora): (i) La inscripción del vehículo tipo sedán, marca Volkswagen, línea Jetta, color blanco, placas de circulación UWJ621J del Estado de San Luis Potosí, número de serie 3VW1W11K7BM026262, número de motor CCC104496, con el carácter de robado en el Registro Público Vehicular (REPUVE). (ii) La orden de aseguramiento de dicho vehículo al momento de detenerlo; y, (iii) La posible detención (denominada como aprehensión) de la aquí quejosa en virtud de estar en posesión de aquel. De lo expuesto se arriba a la conclusión de que el acto reclamado precisado en el punto 1 es autónomo y distinto entre sí con los diversos contenidos en el punto 2, ya que el primero versa sobre la negativa de permitirle acceso a una carpeta de investigación, y los diversos sobre la orden de inscripción de un vehículo con el carácter de robado en el Registro Público Vehicular (REPUVE), así como su aseguramiento y la posible orden privativa de libertad librada en contra de la aquí quejosa. Lo que conlleva que la materia del análisis constitucional versará en el primero si dicha negativa constituye un acto de autoridad violatoria de algún derecho humano o garantías de la aquí quejosa, dentro de una carpeta de investigación según lo dispuesto por la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En contraste el estudio de los diversos actos reclamados girarán en torno a analizar si existen o no determinaciones que hayan ordenado inscribir un vehículo, que refiere la quejosa es de su propiedad, con el carácter de robado en el Registro Público Vehicular, así como su aseguramiento en la carpeta de investigación y una orden privativa de libertad librada en contra de la promovente del amparo y, de ser al caso, dilucidar si ante ello se viola alguna de las garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga para su protección. Por lo anterior, resulta incuestionable que los aludidos actos que por esta vía constitucional se reclaman son inconexos, lo que trae como consecuencia que técnicamente no pueden ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México), y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del máximo tribunal del país, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo, resultando que: a) En la primera, se reclama de la Fiscalía del Estado de México, la negativa verbal de proporcionarle vía telefónica información de la carpeta de investigación aperturada con motivo de la supuesta comisión del delito de robo del vehículo referido, lo cual también denomina la promovente como la negativa de permitirle acceso a la carpeta de investigación. b) En la segunda se reclama del Fiscal Especializado adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía del Estado de México (como ordenadora) y Registro Público Vehicular (como ejecutora): (i) La inscripción del vehículo tipo sedán, marca Volkswagen, línea Jetta, color blanco, placas de circulación UWJ621J del Estado de San Luis Potosí, número de serie 3VW1W11K7BM026262, número de motor CCC104496, con el carácter de robado en el Registro Público Vehicular (REPUVE). (ii) La orden de aseguramiento de dicho vehículo al momento de detenerlo; y, (iii) La posible detención (denominada como aprehensión) de la aquí quejosa en virtud de estar en posesión de aquel. En consecuencia, continúese conociendo de la demanda de amparo únicamente en lo atinente a la negativa reclamada de la responsable precisada en el inciso a). Expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, hasta el presente proveído inclusive, para que con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, se remitan tales reproducciones mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a fin de que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el inciso b) y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin que lo aquí expuesto genere un impedimento para que el órgano jurisdiccional que reciba el juicio de amparo derivado del que se actúa, resuelva lo que estime conducente en relación con los actos reclamados cuyo conocimiento le corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe." "Razón. En cuatro de junio de dos mil diecinueve, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con el acuerdo dictado en esta data en el presente juicio de amparo. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Como esta ordenado en diverso proveído de esta fecha, se procede a proveer lo conducente respecto de la negativa verbal de la Fiscalía del Estado de México, de proporcionarle vía telefónica información de la carpeta de investigación aperturada con motivo de la supuesta comisión del delito de robo del vehículo referido, lo cual también denomina la promovente como la negativa de permitirle acceso a la carpeta de investigación. Por consiguiente, se procede a estudiar la procedencia de la demanda de amparo, para lo cual se hace necesario tener presente el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Ahora bien, respecto de dicho acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Es decir, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente: En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En el presente caso cobra relevancia lo indicado en el inciso b), pues la negativa atribuida a la autoridad responsable (de proporcionar a la quejosa información vía telefónica respeto de respecto de una carpeta de investigación), al hacerla derivar de una solicitud verbal (formulada vía telefónica) y de una respuesta igualmente verbal (a través de ese medio de comunicación) de la autoridad responsable ordenadora, no configura acto de autoridad para efectos del juicio amparo. Es así, pues como se ha visto, para ello es indispensable que la relación de supra a subordinación tenga nacimiento en la ley y que con motivo de ella se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Lo cual no acontece con motivo de una petición de información desformalizada (vía telefónica) y respuesta igualmente verbal que se atribuye a diversa persona (incluso autoridades) a quienes le fue hecha, pues ante solicitud realizada de esa manera (verbal), no se genera la aludida relación de supra a subordinación de la que surja una obligación (legal) por parte del ente del Estado a acceder a lo solicitado (en su caso dar una respuesta favorable de manera fundada y motivada como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal), que de llevarla a cabo cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, pues para que esto se origine, la hoy quejosa tiene que instar a tal autoridad a través de un escrito, realizado de manera pacífica y respetuosa, como lo prevé el artículo 8 Constitucional. Sin que pase inadvertido para este juzgador que de conformidad con el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Federal, el proceso penal será acusatorio y oral, pues en términos del artículo 211, fracción III, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Lo cual no acontece en el caso porque esa audiencia y los principios que la rigen cobran vigencia ante el órgano jurisdiccional, autoridad evidentemente distinta a la del Ministerio Publico, prevista en los artículos 21 y 102 constitucionales. En cambio, el artículo 217 del código nacional referido, impone la obligación al Ministerio Público y la Policía de dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Además, dicho numeral en sus párrafos segundo y tercero, prevén que cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido, si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital, y en caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. De lo cual se sigue que para que en la etapa de investigación el Ministerio Público y la Policía dejen constancia de una solicitud, susceptible de generar la relación jurídica que tenga nacimiento en la ley, es indispensable que el peticionario en términos del artículo 8 de la constitución, en relación con el diverso 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los inste a través de un escrito, ya que con ello éstos se encuentran obligados en términos del último numeral referido a dar una respuesta bajo las formalidades establecidas en el diverso 16 constitucional. De allí que sí frente a tal contexto normativo, en contraste con lo anterior, la aquí quejosa solicitó de manera verbal vía telefónica información o acceso a una carpeta de investigación, a lo que el personal de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía del Estado de México, le negó oralmente, sin que presentara por escrito una solicitud en tales términos. Luego, es manifiesto e indudable que ante tal solicitud de información desformalizada, y una respuesta igualmente verbal que se atribuye a una persona (incluso autoridad) a quien le fue hecha vía telefónica, no se genera la aludida relación que tenga nacimiento en la ley (en el caso en términos de los artículos 8 constitucional y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales,) de la que surja un acto unilateral que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de algún particular, como lo dispone el artículo 1, fracción I, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues para que esto se origine, la hoy quejosa tiene que instar a tal autoridad a través de una petición formulada por escrito, en términos de los numerales referidos de la constitución federal y del código nacional aludido. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de que se trata. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe."
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