ADRIAN RODRIGUEZ CRUZ y Otros.
Expediente 35/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- ADRIAN RODRIGUEZ CRUZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ADRIÁN RODRÍGUEZ CRUZ, COMO REPRESENTANTE COMÚN Y OTROS, ASÍ COMO A LOS TERCEROS INTERESADOS MAYELA DEL ROCIO MARTÍNEZ BARRERA Y GERARDO ULISES RAZO, EL AUTO DE SIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio 213/2019, signado por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al que acompaña los autos originales del expediente relativo al juicio de amparo 23/2019-VI y su acumulado 35/2019-VI, del índice de este Juzgado y dos cuadernos de pruebas; y en atención a su contenido, se provee: Ténganse recibidos los autos del juicio de amparo 23/2019-VI y su acumulado 35/2019-VI, del índice de este Juzgado, en el que obra la sentencia de dos de mayo de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región. Acúsese recibo. Resérvese agregar el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo de la remisión del presente asunto al mencionado Juzgado de Distrito, hasta en tanto cause ejecutoria dicha sentencia; para los efectos legales a que haya lugar, notifíquese personalmente a las partes el contenido de la misma, toda vez que de autos no se advierte que hayan sido notificadas; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por Benigno Ranulfo Melo Sánchez, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintitrés de enero del año en curso, y manifiesta que no señala como actos reclamados los precisados en los puntos 1 y 2 del acuerdo de referencia. En tal virtud, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda promovida por Benigno Ranulfo Melo Sánchez, apoderado legal de Tekmol de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y otras autoridades. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita, y agréguese copia autorizada de este auto a los cuadernos incidentales, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Además, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro de compilación 163758, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 7, Novena Época, con el rubro "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.92/97)" se ordena la compulsa de las constancias que acompañó a su ocurso inicial para que obren en el incidente de suspensión cuya apertura se ordenó. Por otra parte, por lo que respecta a su petición en el sentido de que se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que proporcione las documentales que refiere en su escrito de demanda, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que de éste y sus anexos no se desprende que las haya solicitado previamente ante dicha autoridad y ésta lo haya denegado, y sobre esas bases analizar si se ajusta a los requisitos para estar en aptitud de requerirla en términos del artículo 121 de la Ley de la Materia. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir sus informes con justificación remitan las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que hayan tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Toda vez que diversas autoridades responsables tienen su residencia fuera de esta ciudad, hágaseles de su conocimiento la presente determinación vía telegráfica, solicitándole que su respectivo informe lo remitan al correo electrónico oficial de este órgano de control constitucional 6jdo9cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar el mismo al teléfono 01 (444) 838 93 00, extensión 1456, sin perjuicio de hacerlo vía ordinaria, haciéndoles de su conocimiento que en el caso se les reclama: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad ordenadora: 1. La ilegal expedición del oficio, orden y/o solicitud mediante el cual se ordenó el bloqueo, cancelación, retención, congelamiento y/o embargo de fondos en las cuentas BANCARIAS pertenecientes a mi representada TEKMOL DE MEXICO S.A. DE C.V. sin haber existido un llamamiento previo, emplazamiento o notificación de trámite, Juicio, Averiguación o Carpeta de Investigación alguna que lleve a la determinación antes citada. 2.- La ilegal falta de notificación, emplazamiento a cualquiera que sea el procedimiento, juicio, proceso o exhorto del cual derive la orden de bloqueo, retención, cancelación, congelamiento y/o embargo de las cuentas BANCARIAS pertenecientes a mi representada la Persona Moral TEKMOL DE MEXICO S.A.DE C.V. De las autoridades ejecutoras: 1.- La posible transmisión de la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para bloquear, congelar, cancelar, retener o embargar los fondos existentes en cuentas bancarias a nombre de mi representada TEKMOL DE MEXICO S.A. DE C.V. a las instituciones bancarias BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (BANORTE); BANCO DEL BAJÍO S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., GRUPO FINANCIERO BANAMEX S.A. DE C.V. (BANAMEX).". Quedando obligadas estas autoridades a rendir dicho informe mediante la misma vía. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción III de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Solicítese a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 64 de la Ley de la Materia; en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, y el 251 de la citada ley, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente. Se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elba Marina Vázquez Mendioza, Roberto Silva Sánchez, Abril Fernanda Álvarez Romero y Sandra Elizabeth Reyna Martínez, quienes cuentan con sus cédulas profesionales 4102567, 5193503, 10989297 y 11064104, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgado de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral a José Antonio Carreto Santiago, toda vez que no existe identidad con la persona que aparece registrada en dicho sistema (Santiago José Antonio Carreto) al buscar la cédula profesional proporcionada (4491579), asimismo, en tales términos a las demás personas que menciona por así solicitarlo expresamente. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele a su costa, únicamente en un solo tanto, copia certificada de este auto, previa razón que de su recibo se deje en autos. Lo anterior, en razón de que la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante; por lo tanto, como la promovente no expone las razones por las cuales requiere de la expedición de dos juegos más de copias certificadas, no ha lugar a expedir las mismas. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, cuyo rubro y texto son: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO.-La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." En otro contexto, ténganse hechas las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En atención a ello, dígasele que en virtud de que conforme a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia que se dicte en el presente asunto se pondrá a disposición del público en versión pública, en la que se suprimirá, en su caso, la información considerada legalmente reservada o confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información del Consejo de la Judicatura Federal, pudiendo quedar exceptuada la supresión de los datos anteriores si resultaran indispensables para comprender lo determinado en el documento, y previa ponderación entre el interés público que derive de comprender el documento y el derecho a la protección de los datos personales y/o el derecho a la privacidad. Sin que haya lugar a suprimir en los acuerdos que se dicten dentro del presente procedimiento constitucional, ni en la sentencia que en su oportunidad se pronuncie, los datos personales de las partes, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el citado numeral artículo 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el citado artículo 73, podrán suprimirse los datos personales cuando se manifieste su oposición de manera expresa, únicamente al hacerse público el contenido de dichos acuerdos y sentencias, no así al momento de emitirse. Asimismo, al tenor de lo dispuesto en la fracción I del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se requiere el consentimiento del titular cuando la información se encuentre en fuentes de acceso público y, en términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista debe señalarse el nombre del quejoso, pues sólo de esa manera las partes podrán tener conocimiento de la determinación respectiva, de donde se sigue que en la versión impresa o electrónica, se deben conservar éstos datos, sin menoscabo de suprimir los demás datos considerados legalmente reservados o confidenciales, en la medida que tal supresión no impida conocer el criterio contenido en la resolución judicial. De igual modo, en relación con las pruebas y constancias que obren en el expediente judicial o por separado, se dará acceso a las mismas observando en todo caso lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica, no existan con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la citada ley, sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y se suspenderá toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o designación correcta. Por otra parte, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Por otra parte, respecto del nuevo acto reclamado que precisa en vía de ampliación de demanda como: "el acuerdo en el que se incluyó a mi representada, la moral TEKMOL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la 'lista de personas bloqueadas'", a efecto de acordar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción V, 110 y 114, fracción I, de la Ley de la Materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, esto es nueve para las autoridades responsables, dos para los cuadernos incidentales y una más para el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, precise bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) En forma concreta, cronológica y ordenada, todos los antecedentes de los cuales deriva el acto reclamado, los cuales deben comprender de manera destacada (i) la data en que tuvo conocimiento del mismo, así como (ii) el modo en que ésto aconteció. Lo anterior pues de la misiva de cuenta no se desprenden los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acuerdo reclamado en vía de ampliación de demanda. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J. 161/2013, Tomo II Febrero de 2014, Décima Época, publicada en la página mil setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". Así como la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXIII, abril de 2006, visible en la página 990, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Hágase del conocimiento de la parte quejosa que las exigencias que le son requeridas en este acuerdo, deberán sujetarse a la veracidad, pues las mismas, en su momento serán confrontadas con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, se tendrá como no ampliada la demanda respecto de dicho acto reclamado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia de Adrián, Víctor Haniel, Diana Luz y Sofía, todos de apellidos Rodríguez Cruz, mediante la cual ratificaron su escrito presentado en este Juzgado el veintiuno de enero del año en curso, en consecuencia, téngasele desahogando el requerimiento formulado por este Juzgado el veintidós del mes y año en curso. Por otra parte, visto el escrito de cuenta signado por Ricardo Castillo Torres, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Adrián, Víctor Haniel, Diana Luz y Sofía, todos de apellidos Rodríguez Cruz, contra el acto del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho, consistente en la interlocutoria de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, relativa a la adjudicación peticionada en la audiencia de segunda almoneda de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 8/2014-II. Ahora bien, en este acto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, se tiene a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 23/2019-VI, promovido por Mayela del Rocío Martínez Barrera (tercera interesada en el presente juicio de amparo), en el que reclama del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la interlocutoria de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, relativa a la adjudicación peticionada en la audiencia de segunda almoneda de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 8/2014-II. Siendo aplicable al caso la Jurisprudencia número XXII. J/12, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, intitulada: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Asimismo; la tesis de Jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del tomo XXV, Junio de 2007, Noveno Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Bajo esas bases, resulta claro que los actos reclamados en ambos juicios de amparo consisten en la resolución dictada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 8/2014-II. En virtud de lo anterior, de oficio se declara procedente la acumulación del juicio de amparo 35/2019-VI al diverso 23/2019-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, por las consideraciones siguientes: Los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de ésta legislación disponen lo siguiente: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero. Artículo 73.- Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental. Artículo 74.- Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la acumulación se substanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquella proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que haya enviado, en caso contrario. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable. Artículo 75.- El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando esté para verificarse, en ella, la audiencia final del juicio." Del contenido de los preceptos legales transcritos se advierte que cuando dos o más asuntos guardan estrecha relación entre sí, ya sea por el hecho que los origina, la identidad de las partes o el contenido de sus reclamaciones, lo idóneo es que se acumulen para que respecto de ellos se dicte una sola resolución con la finalidad de evitar la emisión de varias sentencias que pudieran ser contradictorias; incidencia puede ser instada de oficio y a petición de parte. Precisado lo anterior, se colige que en el caso se actualizan los supuestos que para la acumulación prevé el numeral 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que, como se anticipó, resulta fundada y, por ende, procedente la acumulación planteada, pues no obstante que los referidos juicios fueron promovidos por distintos quejosos, en el caso, Mayela del Rocío Martínez Barrera, y Adrián, Víctor Haniel, Diana Luz y Sofía, todos de apellidos Rodríguez Cruz, lo cierto es que en ambos se señala como responsable al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reclama la resolución dictada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en la audiencia de segunda almoneda de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 8/2014-II. En efecto, de lo anterior se pone de manifiesto que tanto la autoridad responsable como el acto reclamado en los pluricitados juicios de amparo, son idénticos y, por ende, deben de resolverse en forma conjunta, pues la litis a resolver en cada uno es igual. Luego, no obstante que los citados juicios de amparo fueron promovidos por diversos quejosos, existe identidad de autoridad responsable y acto reclamado, por lo que dable es concluir que se colman plenamente los requisitos que para su acumulación establecen los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismos que, como ya quedó establecido, prevén que cuando dos o más asuntos guardan estrecha relación entre sí, ya sea por el hecho que los origina, la identidad de las partes o el contenido de su reclamaciones, lo idóneo es que se acumulen para que respecto de ellos se dicte una sola resolución con el fin de evitar el dictado de varias sentencias que pudieran ser contradictorias. En mérito de lo expuesto, de oficio resulta procedente la acumulación respecto de la demanda amparo 35/2019-VI, al diverso juicio de amparo 23/2019-VI, ambos del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, por ser éste el más nuevo y aquel el más antiguo, como ya se vio. Sólo resta decir, que si la finalidad de la acumulación de diversos juicios que se tramitan separadamente, que versan sobre un mismo objeto, es que se acumulen para que sean resueltos en una sola sentencia a efecto de lograr la economía de los juicios y evitar sentencias contradictorias, tal como ha quedado señalado con antelación; ningún perjuicio se ocasiona a la impetrante de los amparos que se acumulen dichos juicios y, por ende, se decidan en una misma sentencia, pues ello no modifica los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los juicios cuya acumulación se ordena, puesto que las cuestiones debatidas serán resuelta en la sentencia que al efecto se dicte en el presente juicio. Adquiere aplicación, la Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2015, localizable en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 87 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, comuníquese a las partes que desde ahora, toda comunicación relacionada con tales asuntos, deberá ser dirigida al juicio de amparo 23/2019-VI, y continúese actuando en ambos asuntos en el Sistema Integral de Expedientes (SISE). Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. En diversa tesitura, para efectos de la demanda de amparo que aquí se admite, con fundamento en el artículo 5° fracción III, de la Ley de Amparo, ténganse como terceros interesados a: 1.- Mónica Guadalupe Rodríguez Cruz, con domicilio en calle Tulias número 233, fraccionamiento Valle de Dalias en esta ciudad. 2.- Silvia Sifuentes Valenzuela, con domicilio en calle Agricultura número 349, colonia Burócrata, en esta ciudad. 3.- Metrofinanciera, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, por conducto de quien legalmente la represente, con domicilio en Torre Aurum, Avenida Lazaro Cardenas número 435, Piso 8, Interior 2, esquina Arcangeles, colonia Zona Loma Larga Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León. 4.- Manuela Hernández Reyes, con domicilio en calle Prolongación 79 número 609, colonia El Palmar, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí.22 5.- Karen Aylín Razo Rodríguez (menor de edad) por conducto de Diana Luz Rodríguez Cruz, con domicilio en calle Cóndores número 268, Fraccionamiento Eucaliptos, colonia Julián Carrillo, en esta ciudad.17 6.- Alexhandel Razo Rodríguez (menor de edad) por conducto de Mariana Judith Rodríguez Cruz, con domicilio en calle José María La Fragua número 355, Colonia Julián Carrillo en esta ciudad.14 7.- Gerardo Ulises Razo Rodríguez, con domicilio en calle Cóndores número 268, Fraccionamiento Eucaliptos, Colonia Julián Carrillo en esta ciudad.14 Sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento, toda vez el mismo ya se ordenó en el diverso juicio de amparo 23/2019-VI al que se ordenó acumular el presente controvertido, no obstante lo anterior, túrnense los autos al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a efecto de que les haga saber a los aludidos terceros interesados que tienen su residencia en este ciudad, la presente determinación en el domicilio donde fueron emplazados a juicio. En virtud que la diversa tercera interesada Metrofinanciera, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, tiene su domicilio fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda, proceda a notificarle la presnete determinación a la referida tercera interesada por conducto de quien legalmente la represente. Con apoyo en los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Sin que haya lugar a designar representante especial a los menores Karen Aylín Razo Rodríguez y Alexhandel Razo Rodríguez, toda vez que en autos del referido juicio de amparo 23/2019-VI al que se acumuló este expediente, ya le fue designado dicho carácter al licenciado Saúl Vázquez Tovar, asesor jurídico de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública; en consecuencia notifíquesele este proveído por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para su conocimiento. Por tanto, no ha lugar a requerir al Juez Segundo de lo Familiar, la información que solicita en el apartado de pruebas, pues como se advierte del párrafo que antecede, a la fecha ya se designó representante especial a los menores Karen Aylín Razo Rodríguez y Alexhandel Razo Rodríguez, de ahí que no es necesario corroborar que Diana Luz Rodríguez Cruz y Mariana Judith Rodríguez Cruz, también son acreedoras alimentarias y por tal motivo se encuentran impedidas para representar a dichos infantes. Máxime que la documental que se pretende allegar, en los términos que se ofrece, no tiende a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado -resolución que determinó no adjudicar en favor de la postora el inmueble rematado en segunda almoneda dentro del juicio ejecutivo mercantil 8/2014-, sino una diversa circunstancia -impedimento de las referidas Diana Luz Rodríguez Cruz y Mariana Judith Rodríguez Cruz para comparecer a este juicio de amparo en representación de los diversos terceros interesados menores de edad, en virtud que a criterio de la promovente tienen intereses contrarios-, lo cual es exógeno a la litis constitucional. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que anexó a su escrito de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese el presente auto a la autoridad responsable para su conocimiento, sin que haya lugar a solicitarle su informe justificado, toda vez que éste ya obra en autos del juicio de amparo 23/2019-VI. En ese tenor y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito y sus anexos, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comuníquese a las partes que se señalaron las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, en el juicio de amparo 23/2019-VI. Asimismo, solicítese a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 64 de la Ley de la Materia; en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, y el 251 de la citada ley, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente. Se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia de Adrián, Víctor Haniel, Diana Luz y Sofía, todos de apellidos Rodríguez Cruz, mediante la cual ratificaron su escrito presentado en este Juzgado el veintiuno de enero del año en curso, en consecuencia, téngasele desahogando el requerimiento formulado por este Juzgado el veintidós del mes y año en curso. Por otra parte, visto el escrito de cuenta signado por Ricardo Castillo Torres, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Adrián, Víctor Haniel, Diana Luz y Sofía, todos de apellidos Rodríguez Cruz, contra el acto del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho, consistente en la interlocutoria de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, relativa a la adjudicación peticionada en la audiencia de segunda almoneda de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 8/2014-II. Ahora bien, en este acto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, se tiene a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 23/2019-VI, promovido por Mayela del Rocío Martínez Barrera (tercera interesada en el presente juicio de amparo), en el que reclama del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la interlocutoria de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, relativa a la adjudicación peticionada en la audiencia de segunda almoneda de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 8/2014-II. Siendo aplicable al caso la Jurisprudencia número XXII. J/12, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, intitulada: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Asimismo; la tesis de Jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del tomo XXV, Junio de 2007, Noveno Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Bajo esas bases, resulta claro que los actos reclamados en ambos juicios de amparo consisten en la resolución dictada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 8/2014-II. En virtud de lo anterior, de oficio se declara procedente la acumulación del juicio de amparo 35/2019-VI al diverso 23/2019-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, por las consideraciones siguientes: Los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de ésta legislación disponen lo siguiente: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero. Artículo 73.- Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental. Artículo 74.- Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la acumulación se substanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquella proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que haya enviado, en caso contrario. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable. Artículo 75.- El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando esté para verificarse, en ella, la audiencia final del juicio." Del contenido de los preceptos legales transcritos se advierte que cuando dos o más asuntos guardan estrecha relación entre sí, ya sea por el hecho que los origina, la identidad de las partes o el contenido de sus reclamaciones, lo idóneo es que se acumulen para que respecto de ellos se dicte una sola resolución con la finalidad de evitar la emisión de varias sentencias que pudieran ser contradictorias; incidencia puede ser instada de oficio y a petición de parte. Precisado lo anterior, se colige que en el caso se actualizan los supuestos que para la acumulación prevé el numeral 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que, como se anticipó, resulta fundada y, por ende, procedente la acumulación planteada, pues no obstante que los referidos juicios fueron promovidos por distintos quejosos, en el caso, Mayela del Rocío Martínez Barrera, y Adrián, Víctor Haniel, Diana Luz y Sofía, todos de apellidos Rodríguez Cruz, lo cierto es que en ambos se señala como responsable al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reclama la resolución dictada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en la audiencia de segunda almoneda de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 8/2014-II. En efecto, de lo anterior se pone de manifiesto que tanto la autoridad responsable como el acto reclamado en los pluricitados juicios de amparo, son idénticos y, por ende, deben de resolverse en forma conjunta, pues la litis a resolver en cada uno es igual. Luego, no obstante que los citados juicios de amparo fueron promovidos por diversos quejosos, existe identidad de autoridad responsable y acto reclamado, por lo que dable es concluir que se colman plenamente los requisitos que para su acumulación establecen los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismos que, como ya quedó establecido, prevén que cuando dos o más asuntos guardan estrecha relación entre sí, ya sea por el hecho que los origina, la identidad de las partes o el contenido de su reclamaciones, lo idóneo es que se acumulen para que respecto de ellos se dicte una sola resolución con el fin de evitar el dictado de varias sentencias que pudieran ser contradictorias. En mérito de lo expuesto, de oficio resulta procedente la acumulación respecto de la demanda amparo 35/2019-VI, al diverso juicio de amparo 23/2019-VI, ambos del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, por ser éste el más nuevo y aquel el más antiguo, como ya se vio. Sólo resta decir, que si la finalidad de la acumulación de diversos juicios que se tramitan separadamente, que versan sobre un mismo objeto, es que se acumulen para que sean resueltos en una sola sentencia a efecto de lograr la economía de los juicios y evitar sentencias contradictorias, tal como ha quedado señalado con antelación; ningún perjuicio se ocasiona a la impetrante de los amparos que se acumulen dichos juicios y, por ende, se decidan en una misma sentencia, pues ello no modifica los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los juicios cuya acumulación se ordena, puesto que las cuestiones debatidas serán resuelta en la sentencia que al efecto se dicte en el presente juicio. Adquiere aplicación, la Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2015, localizable en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 87 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, comuníquese a las partes que desde ahora, toda comunicación relacionada con tales asuntos, deberá ser dirigida al juicio de amparo 23/2019-VI, y continúese actuando en ambos asuntos en el Sistema Integral de Expedientes (SISE). Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. En diversa tesitura, para efectos de la demanda de amparo que aquí se admite, con fundamento en el artículo 5° fracción III, de la Ley de Amparo, ténganse como terceros interesados a: 1.- Mónica Guadalupe Rodríguez Cruz, con domicilio en calle Tulias número 233, fraccionamiento Valle de Dalias en esta ciudad. 2.- Silvia Sifuentes Valenzuela, con domicilio en calle Agricultura número 349, colonia Burócrata, en esta ciudad. 3.- Metrofinanciera, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, por conducto de quien legalmente la represente, con domicilio en Torre Aurum, Avenida Lazaro Cardenas número 435, Piso 8, Interior 2, esquina Arcangeles, colonia Zona Loma Larga Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León. 4.- Manuela Hernández Reyes, con domicilio en calle Prolongación 79 número 609, colonia El Palmar, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí.22 5.- Karen Aylín Razo Rodríguez (menor de edad) por conducto de Diana Luz Rodríguez Cruz, con domicilio en calle Cóndores número 268, Fraccionamiento Eucaliptos, colonia Julián Carrillo, en esta ciudad.17 6.- Alexhandel Razo Rodríguez (menor de edad) por conducto de Mariana Judith Rodríguez Cruz, con domicilio en calle José María La Fragua número 355, Colonia Julián Carrillo en esta ciudad.14 7.- Gerardo Ulises Razo Rodríguez, con domicilio en calle Cóndores número 268, Fraccionamiento Eucaliptos, Colonia Julián Carrillo en esta ciudad.14 Sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento, toda vez el mismo ya se ordenó en el diverso juicio de amparo 23/2019-VI al que se ordenó acumular el presente controvertido, no obstante lo anterior, túrnense los autos al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a efecto de que les haga saber a los aludidos terceros interesados que tienen su residencia en este ciudad, la presente determinación en el domicilio donde fueron emplazados a juicio. En virtud que la diversa tercera interesada Metrofinanciera, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, tiene su domicilio fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda, proceda a notificarle la presnete determinación a la referida tercera interesada por conducto de quien legalmente la represente. Con apoyo en los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Sin que haya lugar a designar representante especial a los menores Karen Aylín Razo Rodríguez y Alexhandel Razo Rodríguez, toda vez que en autos del referido juicio de amparo 23/2019-VI al que se acumuló este expediente, ya le fue designado dicho carácter al licenciado Saúl Vázquez Tovar, asesor jurídico de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública; en consecuencia notifíquesele este proveído por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para su conocimiento. Por tanto, no ha lugar a requerir al Juez Segundo de lo Familiar, la información que solicita en el apartado de pruebas, pues como se advierte del párrafo que antecede, a la fecha ya se designó representante especial a los menores Karen Aylín Razo Rodríguez y Alexhandel Razo Rodríguez, de ahí que no es necesario corroborar que Diana Luz Rodríguez Cruz y Mariana Judith Rodríguez Cruz, también son acreedoras alimentarias y por tal motivo se encuentran impedidas para representar a dichos infantes. Máxime que la documental que se pretende allegar, en los términos que se ofrece, no tiende a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado -resolución que determinó no adjudicar en favor de la postora el inmueble rematado en segunda almoneda dentro del juicio ejecutivo mercantil 8/2014-, sino una diversa circunstancia -impedimento de las referidas Diana Luz Rodríguez Cruz y Mariana Judith Rodríguez Cruz para comparecer a este juicio de amparo en representación de los diversos terceros interesados menores de edad, en virtud que a criterio de la promovente tienen intereses contrarios-, lo cual es exógeno a la litis constitucional. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que anexó a su escrito de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese el presente auto a la autoridad responsable para su conocimiento, sin que haya lugar a solicitarle su informe justificado, toda vez que éste ya obra en autos del juicio de amparo 23/2019-VI. En ese tenor y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito y sus anexos, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comuníquese a las partes que se señalaron las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, en el juicio de amparo 23/2019-VI. Asimismo, solicítese a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 64 de la Ley de la Materia; en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, y el 251 de la citada ley, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente. Se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese; y personalmente a las partes.
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