Adrián Villanueva Méndez

Expediente 162/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
162/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Adrián Villanueva Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintiuno de febrero del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que obren documentos originales presentados por el quejoso; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve ADRIÁN VILLANUEVA MÉNDEZ, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial y de otra autoridad, por violación que estima en su perjuicio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 162/2018-IV. Ahora bien, examinada la demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, la parte agraviada en su escrito de demanda, hace consistir como acto reclamado, el siguiente: "IV.- ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- El acto que reclamo de la Autoridad Responsable Ordenadora es el auto de 02 dos de febrero de 2018 dos mil dieciocho dictado dentro de los autos del Juicio Extraordinario Civil por Desocupación que promueve CLAUDIA LAMBERT CERDA en contra del suscrito quejoso ADRIÁN VILLANUEVA MÉNDEZ ante el H. Juzgado Primero del Ramo Civil de ésta ciudad, bajo el número de expediente 993/2017." Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado, que el promovente señala bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: 1. Que ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, se radicó el juicio extraordinario civil por desocupación 202/2002, promovido por Claudia Lambert Cerda, en contra del aquí quejoso, en el que se le demandó la entrega del inmueble ubicado en la calle Los Bravo número 235, Zona Centro de esta ciudad. 2. Radicado el juicio a que se ha hecho referencia y seguido sus trámites de ley el dieciocho de marzo de dos mil dos, se celebró convenio judicial entre las partes, el cual se elevó a categoría de sentencia. 3. El Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, se excusó de seguir conociendo el juicio, el cual fue turnado al Juzgado Primero del Ramo Civil en esta ciudad, correspondiéndole el expediente 993/2017. 4. El siete de junio de dos mil diecisiete, se requirió a la parte disidente, justificara haber dado cumplimiento al convenio judicial, bajo el apercibimiento legal de su ejecución forzosa. 5. El once de septiembre del año próximo pasado, hizo efectivo el apercibimiento decretado en siete de junio del mismo año, despachando ejecución en contra del quejoso. 6. Finalmente el dos de febrero del año que transcurre, según el quejoso el Juez responsable vuelve hacer efectivo en su contra el apercibimiento que ya se había hecho efectivo el once de septiembre del año próximo pasado, con la diferencia de que en esta última determinación, decreta el lanzamiento del inmueble materia del juicio ubicado en la calle Los Bravo número 235, Zona Centro de esta ciudad. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De lo anterior, el suscrito considera que en contra del acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, que en lo conducente establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. --- Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. --- En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Así, el Más Alto Tribunal del país, ha establecido diversas reglas para la impugnación, a través el juicio de amparo indirecto, de actos dictados en ejecución de sentencia, a saber. a) El juicio debe de promoverse contra el último acto dictado en el procedimiento de ejecución (en el que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) y tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben (regla general); y, b) El amparo es procedente cuando el acto reclamado de manera autónoma genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos (regla de excepción). Ciertamente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia anteriormente citada, toda vez que la determinación combatida fue dictada en la etapa de ejecución de sentencia, sin que constituya el último acto emitido en esa etapa, es decir, el auto que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues únicamente se trata de una determinación que ordena el lanzamiento del aquí quejoso del inmueble materia del juicio de origen. Determinación que como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253, al haberse emitido en un juicio en el que el quejoso fue parte, y por ende escuchado en defensa de los intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado. La Tesis en comento sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, resulta visible a fojas 1331, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." Además, dicho acto no se encuentre en el caso de excepción señalado en el inciso b), pues no es un acto que de manera autónoma genere una afectación de manera inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que -como se ha visto- tiende a ejecutar el convenio que la autoridad judicial elevó a categoría de sentencia. Por similares razones, tampoco se está en el caso de excepción a que alude la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues como se señaló con antelación la parte quejosa no es extraña al procedimiento de origen, sino que es parte demandada y la orden de lanzamiento reclamada no es autónoma a la cosa juzgada en el juicio subyacente, en tanto que -por el contrario- tiende a ejecutarla y, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público, por lo que el demandado de mérito tiene que esperar hasta que se dicte la última resolución, para impugnar la posible violación de que ahora se duele; lo cual, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no ha ocurrido. Apoya lo anterior, por identidad de razón la Jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 34, Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." En consecuencia, como el acto reclamado no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de sentencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la materia, aplicado a contrario sensu, de tal modo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia, a las personas que menciona. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO.- Se DESECHA DE PLANO por notoria improcedencia la demanda promovida por ADRIÁN VILLANUEVA MÉNDEZ, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial y de otra autoridad, por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve ADRIÁN VILLANUEVA MÉNDEZ, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial y de otra autoridad, por violación que estima en su perjuicio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 162/2018-IV. Ahora bien, examinada la demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, la parte agraviada en su escrito de demanda, hace consistir como acto reclamado, el siguiente: "IV.- ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- El acto que reclamo de la Autoridad Responsable Ordenadora es el auto de 02 dos de febrero de 2018 dos mil dieciocho dictado dentro de los autos del Juicio Extraordinario Civil por Desocupación que promueve CLAUDIA LAMBERT CERDA en contra del suscrito quejoso ADRIÁN VILLANUEVA MÉNDEZ ante el H. Juzgado Primero del Ramo Civil de ésta ciudad, bajo el número de expediente 993/2017." Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado, que el promovente señala bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: 1. Que ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, se radicó el juicio extraordinario civil por desocupación 202/2002, promovido por Claudia Lambert Cerda, en contra del aquí quejoso, en el que se le demandó la entrega del inmueble ubicado en la calle Los Bravo número 235, Zona Centro de esta ciudad. 2. Radicado el juicio a que se ha hecho referencia y seguido sus trámites de ley el dieciocho de marzo de dos mil dos, se celebró convenio judicial entre las partes, el cual se elevó a categoría de sentencia. 3. El Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, se excusó de seguir conociendo el juicio, el cual fue turnado al Juzgado Primero del Ramo Civil en esta ciudad, correspondiéndole el expediente 993/2017. 4. El siete de junio de dos mil diecisiete, se requirió a la parte disidente, justificara haber dado cumplimiento al convenio judicial, bajo el apercibimiento legal de su ejecución forzosa. 5. El once de septiembre del año próximo pasado, hizo efectivo el apercibimiento decretado en siete de junio del mismo año, despachando ejecución en contra del quejoso. 6. Finalmente el dos de febrero del año que transcurre, según el quejoso el Juez responsable vuelve hacer efectivo en su contra el apercibimiento que ya se había hecho efectivo el once de septiembre del año próximo pasado, con la diferencia de que en esta última determinación, decreta el lanzamiento del inmueble materia del juicio ubicado en la calle Los Bravo número 235, Zona Centro de esta ciudad. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De lo anterior, el suscrito considera que en contra del acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, que en lo conducente establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. --- Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. --- En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Así, el Más Alto Tribunal del país, ha establecido diversas reglas para la impugnación, a través el juicio de amparo indirecto, de actos dictados en ejecución de sentencia, a saber. a) El juicio debe de promoverse contra el último acto dictado en el procedimiento de ejecución (en el que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) y tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben (regla general); y, b) El amparo es procedente cuando el acto reclamado de manera autónoma genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos (regla de excepción). Ciertamente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia anteriormente citada, toda vez que la determinación combatida fue dictada en la etapa de ejecución de sentencia, sin que constituya el último acto emitido en esa etapa, es decir, el auto que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues únicamente se trata de una determinación que ordena el lanzamiento del aquí quejoso del inmueble materia del juicio de origen. Determinación que como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253, al haberse emitido en un juicio en el que el quejoso fue parte, y por ende escuchado en defensa de los intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado. La Tesis en comento sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, resulta visible a fojas 1331, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." Además, dicho acto no se encuentre en el caso de excepción señalado en el inciso b), pues no es un acto que de manera autónoma genere una afectación de manera inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que -como se ha visto- tiende a ejecutar el convenio que la autoridad judicial elevó a categoría de sentencia. Por similares razones, tampoco se está en el caso de excepción a que alude la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues como se señaló con antelación la parte quejosa no es extraña al procedimiento de origen, sino que es parte demandada y la orden de lanzamiento reclamada no es autónoma a la cosa juzgada en el juicio subyacente, en tanto que -por el contrario- tiende a ejecutarla y, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público, por lo que el demandado de mérito tiene que esperar hasta que se dicte la última resolución, para impugnar la posible violación de que ahora se duele; lo cual, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no ha ocurrido. Apoya lo anterior, por identidad de razón la Jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 34, Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." En consecuencia, como el acto reclamado no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de sentencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la materia, aplicado a contrario sensu, de tal modo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia, a las personas que menciona. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO.- Se DESECHA DE PLANO por notoria improcedencia la demanda promovida por ADRIÁN VILLANUEVA MÉNDEZ, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial y de otra autoridad, por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente."

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