Adriana Concepción Balderas Almanza
Expediente 721/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adriana Concepción Balderas Almanza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta de septiembre del presente año, por el que se desechó la demanda promovida por ****, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.
- Principal
Recepción de demanda Por recibida la demanda de amparo signada por **************, la cual fue intentada como ampliación de demanda dentro del juicio de amparo 464/2021 de la estadística de este juzgado pero, al estimarse que no se ubicaba en ninguna de las hipótesis del artículo 111 de la Ley de Amparo, que hiciera procedente dicha ampliación, este Tribunal, a fin de no dejar en estado de indefensión a la quejosa ordenó su trámite como una nueva demanda; que es la que ahora nos ocupa. La demanda se promueve en contra de actos de la Agencia del Ministerio Público 4 adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 721/2021-II Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se provee: Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al mencionado principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Se estima importante reseñar los siguientes antecedentes que se obtienen del escrito de demanda y el aclaratorio: La quejosa ******************, acudió a la Agencia del Ministerio Público 4 adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, a denunciar ciertos hechos, que estriban en "discusiones" sostenidas con su esposo ******************. En virtud de lo declarado, la autoridad responsable abrió la carpeta de investigación *******************, en contra del aludido ******************. La quejosa acude a esta instancia constitucional alegando, de manera toral, la integración de la carpeta de investigación **************** del índice de la Agencia del Ministerio Público 4 adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres con sede en esta ciudad (Acto reclamado). De lo anterior se desprenden las siguientes premisas fundamentales: Fue la solicitante de la tutela federal quien presentó la denuncia de hechos que generó la carpeta de investigación, cuya integración ahora impugna. En dicha carpeta figura como imputado persona diversa, *************. La quejosa en ningún momento refiere que en dicha carpeta se haya emitido algún acto de autoridad dirigido a ella. De tal modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la procedencia del juicio de amparo no solo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su interés jurídico. En efecto, resulta indispensable que dicho interés se demuestre fehacientemente de conformidad con el artículo 107 fracción I de la Carta Magna, por ser un requisito sin el cual no es procedente la acción constitucional. Así lo prevé la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, Julio de 1997, página 401 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE" Por tanto, las alegaciones de la parte quejosa respecto a la indebida integración de la carpeta de investigación, la malinterpretación de sus declaraciones, entre otros, no reflejan un agravio concreto dirigido en su contra ni un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, amén de que ella ni siquiera es imputada. Cabe recordar que uno de los principios rectores del juicio de amparo es el principio de agravio personal y directo; en este se hace referencia a la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada y que consista en una afectación real, no subjetiva, cuya realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria o hipotética. Se insiste, en que en el caso, a la quejosa no le agravia la integración de la carpeta de investigación, pues ello no significa o implica que se haya dictado un acto de autoridad en su contra, insistiendo en que dicha carpeta no es imputada; de ahí que ante su falta de agravio (de la quejosa) por el acto de autoridad que reclama, se sostenga que carece de interés para promover este juicio. No es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad dirigido a una persona que no es la peticionaria, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal. Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Además de todo lo expuesto, se estima importante precisar que los actos que ahora reclama tienen el carácter de intraprocesales, pues la deficiente o indebida integración de la carpeta de investigación consolidará su "perjuicio" una vez que se judicialice dicha carpeta de investigación, es decir, la integración de la carpeta tiene como objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con registro digital 2015500, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 48, noviembre de 2017, tomo III, página 1947 de rubro y texto: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Además, en contra de la integración u omisiones del Ministerio Público, se debe agotar el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, registro digital 2017640, página 943, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Domicilio y autorizados. Ahora, como se puntualizó en el inicio de este proveído esta demanda fue intentada inicialmente como ampliación dentro del juicio de amparo 464/2021 de la estadística de este juzgado, lo que constituye un hecho notorio, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así como en términos de la jurisprudencia número XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: " HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. Es así que en el escrito que se atiende no figuran autorizados ni domicilio procesal; sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, se ordena agregar la impresión que de la demanda 464/2021 se obtenga del Sistema de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se tengan como autorizados y domicilio los que figuran en dicho escrito. En consecuencia, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle *********************. Así también, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******************, toda vez que según consta de la certificación que antecede tiene registrada su cédula profesional de licenciado en derecho ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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