Adrián Rodríguez Martínez
Expediente 980/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adrián Rodríguez Martínez
Actuaciones
- Principal
"Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" En efecto, uno de los principios fundamentales que rige el juicio de amparo, es el principio de definitividad, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado, establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio de impugnación, si no lo interpone el quejoso, el amparo será improcedente. El principio de que se habla, se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, pues al ser el amparo un medio de defensa extraordinario de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones desplegadas por los tribunales federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos los medios comunes u ordinarios de invalidación del acto reclamado, el que sólo se podrá atacar directamente por el juicio constitucional, cuando la legislación que lo norma no brinde al afectado ningún medio legal de reparación. De estimar lo contrario, esto es, que existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con toda claridad se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa. Es por lo anterior que el principio a que se alude, implica la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos; en el entendido, desde luego, que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. En el caso específico que nos ocupa, la parte quejosa se duele de un acto que reprocha a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarias del Estado (1) y al Registrador Público de la Propiedad en Apaseo el Grande, Guanajuato (2), consistentes en la resolución de ********************, pronunciada dentro del recurso de inconformidad ********************, por medio de la cual se revocó la resolución emitida por la segunda de las autoridades, en respuesta a la solicitud de inscripción de un contrato de donación con número ********************, de ********************. Acto respecto del cual procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En efecto, en este punto resulta oportuno reproducir el contenido de los numerales 226, 227, 249, 250, 251, 255, 256, 263 y 265 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los cuales son del siguiente contenido literal: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido. Artículo 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de este Código. Artículo 250. Son partes en el proceso administrativo: I. El actor; II. El demandado; y III. El tercero. Artículo 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión: I. Tendrán el carácter de actor: a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y b) Las autoridades en aquellos casos en los que se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular que cause lesión al interés público; II. Tendrán el carácter de demandado: a) Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada; y b) Los particulares a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa; y III. Tendrá el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. Artículo 255. El actor podrá solicitar: I. La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a derecho; II. El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva. Artículo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover directamente el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acción, no se podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa. Artículo 263. La demanda deberá presentarse por escrito o en la modalidad de juicio en línea ante el Tribunal; y por escrito ante el Juzgado respectivo, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado o a aquél en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución, con las excepciones siguientes: I. Cuando el interesado fallezca durante el término para la interposición de la demanda, el mismo se ampliará hasta por seis meses; II. Cuando se demande la nulidad de un acto favorable al particular, las autoridades podrán presentar la demanda dentro del año siguiente a la fecha en que sea emitido el acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular sólo se retrotraerán al año anterior a la presentación de la demanda; y III. En caso de negativa ficta, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa. La demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo, si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde resida el Tribunal o Juzgado, en cuyo caso, se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos. Artículo 265. El escrito de demanda expresará: I. El nombre del actor o de quien promueva en su nombre; así como el domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del Tribunal o del Juzgado respectivo, o la dirección de correo electrónico y, en su caso, los autorizados para oír y recibir notificaciones; II. El acto o resolución que se impugna y, en su caso, la fecha de su notificación o en la que se haya ostentado sabedor del mismo; III. Las autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado; IV. El nombre y domicilio del tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor; V. La pretensión intentada en los términos del artículo 255 de este Código; VI. Los hechos que den motivo a la demanda; VII. Los conceptos de impugnación del acto o resolución que se combate; y VIII. Las pruebas que se ofrezcan." Trasladado el contenido de tales numerales al caso específico que nos ocupa, permite concluir que el acto que la parte quejosa combate mediante esta instancia constitucional es susceptible de ser controvertido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, pues al tratarse de un acto administrativo que a su decir afecta sus derechos y bienes, encuadra en lo dispuesto en los preceptos legales enunciados. De suerte que, antes de acudir al juicio de amparo, ineludiblemente debió haber agotado el aludido medio de impugnación que la ley que rige el acto reclamado le concede, pues a través de su instauración podía obtener su modificación, revocación o nulificación. Situación que incluso así fue advertida por la autoridad responsable y que en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 138 de Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, hizo del conocimiento del ahora impetrante en la propia resolución reclamada, tal como se advierte de su parte final. A lo que se suma que en el caso, la legislación que rige el acto reclamado prevé la suspensión del mismo, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, tal como se desprende del análisis de los numerales 268 al 272 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia que reza: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo.". Igualmente es aplicable por su relevante contenido ilustrativo en relación al tema, la Jurisprudencia que señala: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL.- Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados." Lo anterior, aunado a que el acto que por esta vía combate de inconstitucional, no está en ninguna de las excepciones previstas en el penúltimo párrafo de la invocada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, ya que del análisis de las constancias allegadas por la parte quejosa, se desprende que el acto de autoridad que por esta vía se combate, contiene diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que este juzgador concluya que no carece de fundamentación, lo que haría procedente la excepción de que se trata. Robustece lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." En el mismo orden de ideas, es menester destacar que tampoco se advierte que la parte peticionaria de amparo únicamente alegue violaciones directas a la Constitución Federal; antes bien, de su libelo de demanda se desglosa que plantea violaciones a diversas formalidades legales que rigen sobre el aludido acto reclamado. Menos aún, se desglosa que el medio de defensa de que se viene hablando, sólo se encuentre previstos en un reglamento, pues como se apuntó, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, contempla el juicio contencioso. Sin que esta autoridad federal advierta algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte diverso caso de excepción al principio de definitividad, que torne procedente el presente juicio constitucional. De ahí que si de las constancias que la parte quejosa allegó a su escrito inicial, no se advierte que previo a la promoción del amparo se haya agotado el medio ordinario de defensa que la ley que rige el acto reclamado prevé; entonces, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Tiene aplicación la Jurisprudencia que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así como el diverso criterio del texto y rubro siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Si bien de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, son de observancia general no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, con el objeto de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, ello no implica que la normativa en materia de derechos humanos sea incompatible con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, dado que éste no puede considerarse como un recurso, sino como un verdadero juicio previsto en el artículo 107 de la Carta Magna, en el que se sientan las bases a las que se sujetará el procedimiento y el orden jurídico que lo regula a través de la Ley de Amparo, en cuyo artículo 61 establece diversas causas de improcedencia como presupuestos procesales que deben atenderse, pues lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persiguen el juicio de amparo, la Constitución y los propios tratados sobre derechos humanos. Ahora bien, el citado artículo 61, en su fracción XVIII, señala como casos de excepción al principio de definitividad cuando: a) se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente por desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, el principio de definitividad es compatible con la normatividad en materia de derechos humanos, ya que la observancia de los requisitos para acceder al juicio de amparo resultan acordes con los lineamientos establecidos en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su trámite es rápido, sencillo y únicamente se requiere estar en el supuesto de afectación de un acto de autoridad para acceder a la posibilidad de impetrar la protección de la Justicia Federal, dentro del plazo previsto por la ley. De ahí que el derecho de acceso a la justicia no se traduce en una facultad para transgredir las normas que rigen al procedimiento; tampoco implica que quede al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, pues la ley de la materia dispone específicamente en qué casos el quejoso puede acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa.". En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ********************, en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia.
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