Adriana Aguilar Acevedo
Expediente 220/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adriana Aguilar Acevedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintisiete de abril de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda promovida por Adriana ******, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.
- Principal
Cumplimiento prevención (registro 2776). A sus autos el escrito signado por la quejosa *****, por el cual desahoga la prevención formulada el diecinueve de abril de la presente anualidad, en la que se le requirió entre otras cuestiones, que manifestara si en contra del acto que aquí reclama (la resolución de trece de abril de dos mil veintiuno), promovió algún medio ordinario de defensa, de ser el caso, indique el número de expediente, ante qué autoridad lo tramitó y la etapa procesal en que se encuentra, a lo que manifestó: "[.] No se promovió recurso ordinario alguno, no existe estado procesal." Con el escrito de cuenta, y el exhibido con antelación, se tiene por cumplida la prevención decretada en autos. Desechamiento. Ahora, del análisis integral de la demanda, así como de los escritos aclaratorios, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, del análisis integral del escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se le acompañaron, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene como acto reclamado de manera destacada: El acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, que declara firme la resolución interlocutoria emitida el veintiséis de marzo de la presente anualidad, dentro del juicio familiar **** del índice del Juzgado de Partido Civil especializado en Materia de Oralidad Familiar, con residencia en Apaseo El Grande, Guanajuato, en el que se condenó a la peticionaria de la tutela federal al pago de $190,000.00 (ciento noventa mil pesos 01/100 M.N.), por concepto del pago del vencimiento anticipado pactado dentro del convenio aprobado y sancionado en la audiencia de juicio de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, que deberá pagar a favor del actor incidental *****. En ese orden de ideas, este juzgado federal estima que respecto del citado acto reclamado, procede con fundamento en los artículos artículo 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda. Ello en virtud de que la quejosa inobservó el principio de definitividad, pues no agotó el recurso de revocación, para impugnar el acto reclamado. Se explica: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El numeral transcrito contiene el principio de definitividad que rige a los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Cabe precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé las siguientes excepciones al principio de definitividad, esto es, excluye la obligación de agotar el medio de defensa ordinario previamente a acudir al amparo cuando se reclame: a) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Con la precisión de que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el presente caso el proveído impugnado no implica riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni consisten en una orden de aprehensión o de reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Por otra parte, no obstante que por regla general en todos los casos será improcedente el juicio de amparo cuando en contra del acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio. Empero, en el presente caso no se está en ninguno de los supuestos detallados, al no ser la quejosa ajena al juicio de origen, pues es parte demandada en el incidente planteado. Además, es menester destacar, que no basta que un acto dictado dentro de juicio sea de imposible reparación, para que proceda el juicio de amparo indirecto en su contra, pues para ello debe observarse, además, el principio de definitividad, es decir, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios, que procedan dentro del procedimiento natural, mediante los cuales el acto reclamado pueda ser revocado, modificado o nulificado, en términos de lo previsto en la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Resultando aplicable la tesis identificada como IV.4o.2 K, del Cuarto Tribunal Colegiados del Cuarto Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, de agosto de mil novecientos noventa y siete, página seiscientos cincuenta, titulada: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. PARA QUE PROCEDA EL AMPARO EN SU CONTRA DEBEN AGOTARSE LOS RECURSOS ORDINARIOS." Por tanto, su acción para reclamar el acto que afirma le causa perjuicio, queda supeditada a la regla establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en donde se condiciona la procedencia del juicio constitucional al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes. Destacado lo anterior, tenemos que en el caso la quejosa reclama el acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, que declara firme la resolución interlocutoria emitida el veintiséis de marzo de la presente anualidad, dentro del juicio familiar F584/2019 del índice del Juzgado de Partido Civil especializado en Materia de Oralidad Familiar, con residencia en Apaseo El Grande, Guanajuato, en el que se condenó a la peticionaria de la tutela federal al pago de $190,000.00 (ciento noventa mil pesos 01/100 M.N.), por concepto del pago del vencimiento anticipado pactado dentro del convenio aprobado y sancionado en la audiencia de juicio de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, que deberá pagar a favor del actor incidental Josué Peña Paredes. Ahora bien, se sostiene que se surte la hipótesis de improcedencia en estudio porque en la ley ordinaria se prevé un recurso mediante el cual puede modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En efecto, los artículos 232 y 233, del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, prescriben: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 233.- La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto". Así, de los artículos transcritos se desprende, en primer lugar, que la revocación reviste la naturaleza de un medio de impugnación que debe ser resuelto por el juez del conocimiento, y tiene por objeto modificar, nulificar o revocar la resolución impugnada. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que el acto que se tilda de inconstitucional por el quejoso, pudo ser impugnado mediante el recurso de revocación, previsto en los artículos 232 y 233 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, a través del cual es factible lograr su modificación, revocación o anulación. Al respecto, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que no impugnó el acuerdo reclamado. En ese sentido, la parte quejosa estaba obligada a agotar el aludido recurso de revocación previo a promover el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de impugnación previstos por la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar revocar o anular los actos que vayan a reclamarse y al no haberlo hecho así la parte quejosa, se concreta la causal de improcedencia en estudio en relación con la resolución reclamada y, en consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda respecto del proveído reclamado. En conclusión, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo.
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe el juez de Partido Civil Especializado en materia de Oralidad Familiar en Apaseo el Grande, Guanajuato, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de veintidós de abril del presente año y remite las constancias solicitadas; se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto, se desahogue la prevención formulada o transcurra el término para su desahogo.
- Principal
Por recibido el escrito que suscribe la quejosa ******, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Al respecto debe decirse que se le previno para que subsanara y aclarara su demanda en los siguientes puntos: "[.] Cuándo se aprobó el convenio que celebró con *****, aquí tercero interesado, ante qué autoridad responsable y en términos generales, señale a qué se obligaron las partes que intervinieron. Con relación al incidente planteado dentro del expediente número *****del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato, exprese: Cuáles fueron las prestaciones reclamadas. Si compareció al citado incidente, cuándo y por conducto de quién. Cuál fue el sentido de la sentencia interlocutoria, y en caso de que hubiere sido una determinación condenatoria, a qué se condenó a la parte perdidosa. Si en contra de la determinación de trece de abril de dos mil veintiuno, que declara firme la resolución interlocutoria antes señalada, promovió algún recurso ordinario de defensa, de ser el caso, indique el estado procesal del mismo. Exprese la etapa procesal en que se encuentra el juicio familiar **** del índice de la autoridad responsable [.]." -Énfasis añadido-. Ahora, en el escrito de cuenta, la accionante del amparo dio respuesta completa al punto uno. En relación con el punto dos, solo cumplió con los incisos a), b) y c), pero con relación al inciso d), se le preguntó si en contra de la determinación de trece de abril de dos mil veintiuno, que declara firme la resolución interlocutoria antes señalada, promovió algún recurso ordinario de defensa, de ser el caso, indique el estado procesal del mismo. Al respecto, señaló: De lo que se sigue que refirió que no promovió recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria que se declaró firme, pero omitió señalar en forma expresa lo solicitado, es decir, si promovió recurso en contra del acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, que señala como acto reclamado, y de ser el caso, el estado procesal del mismo, de ahí que no cumplió con este inciso. Por lo que hace al punto tres, señaló: Sin embargo, omitió precisar cuándo Josué Peña Paredes solicitó el pago de la cantidad a la que fue condenada la aquí quejosa, la fecha del acuerdo en el que se proveyó tal petición y el sentido del mismo, esto es, si se despachó mandamiento de ejecución; o bien en su caso, si la ejecución del convenio se ordenó en el auto de trece de abril de dos mil veintiuno, que señala como acto reclamado, por lo cual no cumplió a cabalidad este punto, o en su caso exhibir copia del mismo. Por tanto, no ha lugar a tener por desahogada la prevención referida. Atento a lo anterior, subsiste el requerimiento efectuado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, así como el apercibimiento ahí contenido. Sin perjuicio de lo anterior, y toda vez que de lo manifestado en el escrito aclaratorio se desprende nuevos hechos, se le requiere para que en el plazo de cinco días, manifieste bajo protesta de decir verdad, el contenido del acuerdo de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, que declaró firme la interlocutoria que condenó a la aquí quejosa al pago de las prestaciones reclamadas en el incidente de cumplimiento forzoso y anticipado del convenio que celebró en el juicio de origen. Con los mismos apercibimientos contenidos en el acuerdo de diecinueve de abril de la presente anualidad, en caso de incumplimiento. De igual forma, a efecto de mejor proveer en cuanto a la suspensión del acto reclamado, se requiere -vía electrónica- al juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Apaseo el Grande, Guanajuato, para que por la misma vía, dentro del plazo de veinticuatro horas, remita copia certificada del auto de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, que declaró firme la interlocutoria de cumplimiento forzoso y anticipado que celebraron las partes en el juicio F0584/2019 de su índice, así como del auto que recayó a la petición de Josué Peña Paredes de requerir el pago de la cantidad a la que fue condenada la aquí quejosa. En el entendido que, el escrito de cumplimiento de la prevención lo presentó, cuando no ha transcurrido ningún día, de los cinco otorgados para cumplir con la prevención; por lo cual, el aludido plazo, transcurrirá una vez que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que esté en condiciones de desahogar en sus términos la prevención, así como para que tenga conocimiento del presente acuerdo. Cobra aplicación la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 411/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, aprobada en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, cuyo rubro expone: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO, EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Adrián Mendoza Cardona52/2021
- Adrián Montes González145/2019
- Adrián Rodríguez Martínez980/2023
- Adrián Saucedo Rojo995/2021
- Adrián Sierra Grimaldo308/2021
- Adrián Velázquez Marquez1111/2017
- Adriana Aracely Reyes Maldonado99/2017
- Adriana Concepción Balderas Almanza721/2021
- Adriana Concepción Balderas Almanza464/2021
- ADRIANA ESVEYDY HERNANDEZ GUTIERREz986/2021
- Adriana García Navarrete329/2019
- Adriana Lisbet Cano Alvarado688/2023