Adriana Bello Zeheeny

Expediente 1036/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1036/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Adriana Bello Zeheeny

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el once de febrero del año en curso, en el recurso de queja Q-112/2018 de su índice, interpuesto en el presente juicio de control constitucional contra el auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la cual en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos (fojas 11 a 37) que anexó a su demanda de amparo; apercibida que de no hacerlo, ésta será destruida junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio II. 5422/2018 del Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio 21-B del índice de este juzgado Federal (y anexos que fueron remitidos), y comunica que el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de siete de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa y, que lo radicó bajo el número de toca Q-112/2018. De lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa Adriana Bello Zehenny, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja en contra del proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito, a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la sustanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la ley de la materia, al no habérsele dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo ríndase el INFORME respectivo, manifestando que ES CIERTO que el siete de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente 1036/2018-B, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente sumario constitucional, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el presente asunto no se encuentra en trámite, al haberse desechado la demanda que dio inicio al mismo.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil dieciocho RADICACIÓN Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1036/2018-B DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la quejosa Adriana Bello Zehenny en esta vía constitucional, son los siguientes -Del Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla a) La resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante la cual no autoriza la determinación de no ejercicio de la acción penal propuesta por el Ministerio Público dentro de la averiguación previa AP-2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX, y ordena la devolución de la indagatoria al representante social, para que recabe y desahogue diversos medios de prueba, para determinar la existencia o inexistencia de los delitos de violencia familiar, falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, sustracción de menores y ataques peligrosos -Del Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el Sistema Tradicional b) La ejecución de la citada resolución que se traduce en que continúe integrando la mencionada averiguación previa En tal sentido, el suscrito juzgador Federal advierte que respecto de los referidos actos reclamados, la demanda de amparo deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)." Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Y, en relación con dicho numeral debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio, la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional Por consiguiente sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el tópico, el alto Tribunal del País ha sostenido en diversos criterios, que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir y b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse Establecido lo anterior resulta importante reiterar que Adriana Bello Zehenny promovió esta vía constitucional contra la resolución dictada por el Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla mediante la cual no autorizó la determinación de no ejercicio de la acción penal propuesta por el Ministerio Público dentro de la averiguación previa AP-2050/2016/AESEX y su acumulada 1321/2016/POPUL/AESEX, y ordena la devolución de la indagatoria al representante social, para que recabe y desahogue diversos medios de prueba, y su correspondiente ejecución. En tales condiciones, para determinar si la quejosa tiene interés jurídico para impugnar, vía juicio de amparo indirecto, la determinación del Fiscal General del Estado (en este caso, por conducto del Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla) por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesta por el agente del Ministerio Público, y ordena la devolución de la indagatoria a la representación social, a efecto de que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, se hace indispensable acudir al sistema jurídico, a fin de establecer si este último le concede a la indiciada y denunciante, algún derecho a decidir sobre la reanudación o continuación de la investigación ministerial. La resolución que nos ocupa, constituye una declaratoria que ordena la continuación de una labor fundamental del Ministerio Público tendente a investigar los delitos, la cual está reconocida en el artículo 21 constitucional. Dicha labor inicia con una denuncia o querella y puede concluir con una resolución ministerial de no ejercicio de la acción penal, o bien, con la consignación ante el Juez. Así, la determinación de no ejercicio puede ser confirmada o revocada por el superior jerárquico quien forma parte de esa misma unidad ministerial y, mientras la determinación de no ejercicio esté sub júdice, el indiciado no ha perdido esa calidad jurídica, la cual adquirió desde el inicio de la investigación. Ahora bien, ni la Constitución Federal ni la normatividad secundaria confieren a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando ellos sean considerados como los presuntos responsables de ciertos ilícitos, pues considerar la existencia de tal derecho, sería tanto como anteponer el interés particular de un probable responsable al interés de la sociedad en la investigación de los delitos. De este modo, se advierte que cuando se ordena la continuación de esa etapa procedimental y se giran instrucciones para que se lleven a cabo actos tendentes a la investigación, tales como el desahogo de diversos medios probatorios, la autoridad está actuando en el ámbito de sus atribuciones, de tal modo que al indiciado no se le causa un perjuicio de índole jurídico. En el caso a estudio, se advierte que el acto cuya impugnación se cuestiona, implica el ejercicio connatural de la función ministerial, la cual es relevante preservar, por mandato constitucional, de tal modo que no se actualiza un interés de índole jurídico en beneficio del indiciado, sino sólo y en el mejor de los casos, de carácter simple. Asimismo, conforme lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede sostenerse que a los indiciados les cause un perjuicio actual la determinación ministerial en cuestión, si sus efectos no son de imposible reparación, ya que podrán ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial o, inclusive, dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo; o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento que resulta procedente librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual se afectará real y efectivamente su esfera jurídica. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por Adriana Bello Zehenny, por lo que, se desecha la demanda de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizadas, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sólo para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas referidas en el escrito de cuenta, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarlas en los términos amplios previstos en el citado numeral, no proporcionó los datos suficientes a efecto de que esta autoridad estuviera en condiciones de corroborar que tienen inscritas sus cédulas de Licenciados en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora, atendiendo a que la parte quejosa solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición únicamente hasta este momento, esto es, al dictado de la presente resolución, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA" "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)."" SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico

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