Adrian Soto Maldonado

Expediente 135/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
135/2023
Año
2023
Actuaciones
27
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Adrian Soto Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio, terminación JOPH/843-A-2023 -recibido vía correo electrónico oficial- signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla, por medio del cual, acusa recibo de las misivas 178-1 y 178-11, de este índice, por medio del cual se le devolvieron las copias certificadas de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO de su índice, así como dos discos versátiles digitales; de lo que se toma nota, para los efectos legales conducentes. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, no ha lugar a integrar el presente acuerdo al expediente impreso, pues no se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. No es obstáculo que no obre el acuse de recibo del oficio mediante el cual se ordenó notificar dicha determinación a la autoridad responsable 10. Agente Investigador de Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla (José Severo Contreras Romero), en virtud de que carece de legitimación para impugnar el auto que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, ya que no irroga agravio alguno a ésta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior, las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Sin perjuicio de lo anterior, a e efecto de evitar mayores dilaciones para el archivo de este asunto, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo se ordena notificar por lista a dicha autoridad la resolución de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Destino de expediente principal. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción I, del Acuerdo General. Destino de incidente de suspensión. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Devolución de constancias. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se ordena devolver lo siguiente al 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla (Javier Vázquez Fernández, en sustitución de su homólogo Aarón Hernández Chino): Copia certificada de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO, de su índice, así como dos discos versátiles digitales. En ese sentido, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, haciendo de su conocimiento que podrá hacerlo a través del correo electrónico oficial jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Devolución de billete de depósito En diverso aspecto, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N 956106 expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $3,800.00 (tres mil ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió para que surtiera efectos la medida cautelar concedida en autos, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de doce treinta a trece treinta horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y vigente, y copia simple de la misma, para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Integración a expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, pues se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Notifíquese por lista a las partes quejosa (en cumplimiento al auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés), tercera interesada y autoridad responsable 10. Agente Investigador de Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla (José Severo Contreras Romero) -a esta última, en los términos indicados-; y, por oficio a las autoridades responsables, diversa tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Oficio de autoridad responsable. Intégrese a los autos el oficio JOPH/652-A/2023 signado por el 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla (Javier Vázquez Fernández, en sustitución de su homólogo Aarón Hernández Chino); a través del cual informa, en lo que aquí importa, que en audiencia celebrada el tres de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO, dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Adrián Soto Maldonado (mandato que constituye el acto reclamado en este juicio); y, para corroborar su dicho, remite el registro audiovisual correspondiente, contenido en un disco versátil digital. En ese tenor, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la referida autoridad responsable, el disco versátil digital que remite, sin que haya lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental. Guárdese en sobre cerrado el disco versátil digital referido, mismo que deberá glosarse al expediente en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base a las constancias que obran en autos, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, respecto del acto reclamado en esta contienda, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio, es necesario precisar que Adrián Soto Maldonado reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: -Del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla (Javier Vázquez Fernández, en sustitución de su homólogo Aarón Hernández Chino). a. La orden de aprehensión librada en su contra, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Brígida Maldonado Domínguez. -De las autoridades 2. Coordinador General de Asuntos Jurídicos (José González Zepeda) en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla; 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana); 4. Agente del Ministerio Público encargada del Despacho de la Fiscalía Zona Regional Norte en Huauchinango, Puebla (María Isabel González Amador); 6. Encargado de la Agencia Estatal de Investigación de Huauchinango, Puebla (Alberto Ibarra López); 7. Jefe de Grupo de la Unidad de Apoyo Policial de Xicotepec de Juárez, Puebla (Samuel Pérez Serrano); 9. Inspector, de la Agencia Estatal de Investigación, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, en el Estado de Puebla (Marco Antonio Méndez Rosas), por sí, y en representación del 8. Comandante o Encargado de la Unidad Estatal de Investigación de Lázaro Cárdenas (La Uno), perteneciente al Municipio de Venustiano Carranza, Puebla; 10. Agente Investigador de Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla (José Severo Contreras Romero); y, 11. Notificador adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Norte, Casa de Justicia Huachinango, Puebla. b. La ejecución de la mencionada orden de captura. Al respecto, las autoridades responsables 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla (Javier Vázquez Fernández, en sustitución de su homólogo Aarón Hernández Chino) y 2. Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir sus correspondientes informes de ley, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 57 y 69); razón por lo que se tienen debidamente probados. Por su parte, el 11. Notificador adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Norte, Casa de Justicia Huachinango, Puebla, omitió rendir su informe de ley, a pesar de encontrarse debidamente notificado para ello; por lo que, con fundamento en la parte final del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Lo anterior, se corrobora con la copia auténtica de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO (cuaderno auxiliar I); de cuyo contenido se advierte que el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable libró orden de aprehensión en contra de Adrián Soto Maldonado, como medio de conducción a proceso, a fin de lograr su presencia para la celebración de la audiencia de formulación de imputación en su contra; resolución que notificó al agente del Ministerio Público para su cumplimiento. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Por su parte, las autoridades responsables ejecutoras, 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana); 4. Agente del Ministerio Público encargada del Despacho de la Fiscalía Zona Regional Norte en Huauchinango, Puebla (María Isabel González Amador); 6. Encargado de la Agencia Estatal de Investigación de Huauchinango, Puebla (Alberto Ibarra López); 7. Jefe de Grupo de la Unidad de Apoyo Policial de Xicotepec de Juárez, Puebla (Samuel Pérez Serrano); 9. Inspector, de la Agencia Estatal de Investigación, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, en el Estado de Puebla (Marco Antonio Méndez Rosas), por sí, y en representación del 8. Comandante o Encargado de la Unidad Estatal de Investigación de Lázaro Cárdenas (La Uno), perteneciente al Municipio de Venustiano Carranza, Puebla; y, 10. Agente Investigador de Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla (José Severo Contreras Romero), negaron categóricamente los actos de ejecución que se les atribuyen; sin embargo, al existir la orden de captura atribuida al juez de control responsable, se desvirtúan dichas negativas y, se tienen por ciertos los actos que en esta vía se reclaman, por ser de inminente ejecución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Análisis de la causal de improcedencia. Ahora bien, no obstante la existencia de la orden de captura y su ejecución, se estima innecesario esperar la celebración de la audiencia de ley a efecto de analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de dichos actos, se actualiza, de forma indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al respecto, mediante oficio JOPH/652-A/2023 recibido en esta fecha, el 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla (Javier Vázquez Fernández, en sustitución de su homólogo Aarón Hernández Chino) informó lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Ante la solicitud realizada por las partes en que se tenga bien a diferir la audiencia a fin de que la agente del Ministerio Público imponerse de la resolución dictada en la causa penal 235/2019/HUAUCHINANGO, que afecta sustancialmente al tratarse de los mismos hechos, por los cuales se formulará imputación a Adrián Soto Maldonado, se accedió a la petición realizada y se procedió a diferir la audiencia programada sin proceder a señalar día y hora a efecto de las partes se impongan de las actuaciones de la causa penal 235/2019/HUAUCHINANGO, y una vez proceda a peticionar lo correspondiente, en su caso, se procederá a señalar día y hora para la celebración de la respectiva audiencia. SEGUNDO.- Se dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en contra de Adrián Soto Maldonado al ser acto reclamado en el juicio de amparo 135/2023, y se estará pendiente de la correspondiente solicitud que realice el agente del Ministerio Público. (.)" Aseveración que se encuentra corroborada, con el registro audiovisual correspondiente a la audiencia celebrada el tres de mayo del año en curso; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; cuya reproducción se realiza en este momento, y de la que se advierte que dicha audiencia se celebró con la finalidad de formular imputación al aquí quejoso, y se desarrolló de la forma siguiente: - Después de la individualización de las partes, el juez de control otorgó el uso de la voz a la fiscalía para que formulara imputación; sin embargo, el defensor particular del aquí quejoso, interrumpió dicha intervención y solicitó oportunidad para plantear una incidencia previa. - El juez de control otorgó el uso de la voz a la defensa, quien planteó una incidencia con el objeto de evidenciar que los hechos por los cuales se le pretende formular imputación a su representado -aquí quejoso-, ya fueron materia de diversa audiencia inicial celebrada de la causa penal 235/2019/HUAUCHINANGO. -En atención a lo anterior, en uso de la palabra, la agente del ministerio Público y la asesora jurídica, solicitaron diferir la audiencia en la que se encontraban presentes, a efecto de imponerse de las actuaciones de la mencionada causa penal y estar en aptitud de ejercer contradicción. -El juez de control, accedió a la solicitud, y ordenó diferir la audiencia inicial, sin señalar nueva fecha, hasta en tanto sea solicitada nuevamente, en su caso, por la fiscalía; además, dejó sin efectos la orden de aprehensión librada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO en contra de Adrián Soto Maldonado; de lo que quedaron debidamente notificadas las partes en la propia audiencia. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra de Adrián Soto Maldonado, dentro de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos trasgredidos. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución de la orden de aprehensión reclamada, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Finalmente, se destaca que la causal de improcedencia invocada en este acuerdo, de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos audiencia constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista al quejoso (en cumplimiento al auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés); personalmente a la tercera interesada, por conducto de su asesora jurídica; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 09 DE mayo DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Oficio de autoridad responsable. Intégrese a los autos el oficio JOPH/652-A/2023 signado por el 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla (Javier Vázquez Fernández, en sustitución de su homólogo Aarón Hernández Chino); a través del cual informa, en lo que aquí importa, que en audiencia celebrada el tres de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO, dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Adrián Soto Maldonado (mandato que constituye el acto reclamado en este juicio); y, para corroborar su dicho, remite el registro audiovisual correspondiente, contenido en un disco versátil digital. En ese tenor, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la referida autoridad responsable, el disco versátil digital que remite, sin que haya lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental. Guárdese en sobre cerrado el disco versátil digital referido, mismo que deberá glosarse al expediente en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base a las constancias que obran en autos, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, respecto del acto reclamado en esta contienda, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio, es necesario precisar que Adrián Soto Maldonado reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: -Del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla (Javier Vázquez Fernández, en sustitución de su homólogo Aarón Hernández Chino). a. La orden de aprehensión librada en su contra, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Brígida Maldonado Domínguez. -De las autoridades 2. Coordinador General de Asuntos Jurídicos (José González Zepeda) en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla; 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana); 4. Agente del Ministerio Público encargada del Despacho de la Fiscalía Zona Regional Norte en Huauchinango, Puebla (María Isabel González Amador); 6. Encargado de la Agencia Estatal de Investigación de Huauchinango, Puebla (Alberto Ibarra López); 7. Jefe de Grupo de la Unidad de Apoyo Policial de Xicotepec de Juárez, Puebla (Samuel Pérez Serrano); 9. Inspector, de la Agencia Estatal de Investigación, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, en el Estado de Puebla (Marco Antonio Méndez Rosas), por sí, y en representación del 8. Comandante o Encargado de la Unidad Estatal de Investigación de Lázaro Cárdenas (La Uno), perteneciente al Municipio de Venustiano Carranza, Puebla; 10. Agente Investigador de Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla (José Severo Contreras Romero); y, 11. Notificador adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Norte, Casa de Justicia Huachinango, Puebla. b. La ejecución de la mencionada orden de captura. Al respecto, las autoridades responsables 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla (Javier Vázquez Fernández, en sustitución de su homólogo Aarón Hernández Chino) y 2. Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir sus correspondientes informes de ley, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 57 y 69); razón por lo que se tienen debidamente probados. Por su parte, el 11. Notificador adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Norte, Casa de Justicia Huachinango, Puebla, omitió rendir su informe de ley, a pesar de encontrarse debidamente notificado para ello; por lo que, con fundamento en la parte final del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Lo anterior, se corrobora con la copia auténtica de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO (cuaderno auxiliar I); de cuyo contenido se advierte que el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable libró orden de aprehensión en contra de Adrián Soto Maldonado, como medio de conducción a proceso, a fin de lograr su presencia para la celebración de la audiencia de formulación de imputación en su contra; resolución que notificó al agente del Ministerio Público para su cumplimiento. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Por su parte, las autoridades responsables ejecutoras, 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana); 4. Agente del Ministerio Público encargada del Despacho de la Fiscalía Zona Regional Norte en Huauchinango, Puebla (María Isabel González Amador); 6. Encargado de la Agencia Estatal de Investigación de Huauchinango, Puebla (Alberto Ibarra López); 7. Jefe de Grupo de la Unidad de Apoyo Policial de Xicotepec de Juárez, Puebla (Samuel Pérez Serrano); 9. Inspector, de la Agencia Estatal de Investigación, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, en el Estado de Puebla (Marco Antonio Méndez Rosas), por sí, y en representación del 8. Comandante o Encargado de la Unidad Estatal de Investigación de Lázaro Cárdenas (La Uno), perteneciente al Municipio de Venustiano Carranza, Puebla; y, 10. Agente Investigador de Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla (José Severo Contreras Romero), negaron categóricamente los actos de ejecución que se les atribuyen; sin embargo, al existir la orden de captura atribuida al juez de control responsable, se desvirtúan dichas negativas y, se tienen por ciertos los actos que en esta vía se reclaman, por ser de inminente ejecución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Análisis de la causal de improcedencia. Ahora bien, no obstante la existencia de la orden de captura y su ejecución, se estima innecesario esperar la celebración de la audiencia de ley a efecto de analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de dichos actos, se actualiza, de forma indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al respecto, mediante oficio JOPH/652-A/2023 recibido en esta fecha, el 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, en Huauchinango, Puebla (Javier Vázquez Fernández, en sustitución de su homólogo Aarón Hernández Chino) informó lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Ante la solicitud realizada por las partes en que se tenga bien a diferir la audiencia a fin de que la agente del Ministerio Público imponerse de la resolución dictada en la causa penal 235/2019/HUAUCHINANGO, que afecta sustancialmente al tratarse de los mismos hechos, por los cuales se formulará imputación a Adrián Soto Maldonado, se accedió a la petición realizada y se procedió a diferir la audiencia programada sin proceder a señalar día y hora a efecto de las partes se impongan de las actuaciones de la causa penal 235/2019/HUAUCHINANGO, y una vez proceda a peticionar lo correspondiente, en su caso, se procederá a señalar día y hora para la celebración de la respectiva audiencia. SEGUNDO.- Se dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en contra de Adrián Soto Maldonado al ser acto reclamado en el juicio de amparo 135/2023, y se estará pendiente de la correspondiente solicitud que realice el agente del Ministerio Público. (.)" Aseveración que se encuentra corroborada, con el registro audiovisual correspondiente a la audiencia celebrada el tres de mayo del año en curso; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; cuya reproducción se realiza en este momento, y de la que se advierte que dicha audiencia se celebró con la finalidad de formular imputación al aquí quejoso, y se desarrolló de la forma siguiente: - Después de la individualización de las partes, el juez de control otorgó el uso de la voz a la fiscalía para que formulara imputación; sin embargo, el defensor particular del aquí quejoso, interrumpió dicha intervención y solicitó oportunidad para plantear una incidencia previa. - El juez de control otorgó el uso de la voz a la defensa, quien planteó una incidencia con el objeto de evidenciar que los hechos por los cuales se le pretende formular imputación a su representado -aquí quejoso-, ya fueron materia de diversa audiencia inicial celebrada de la causa penal 235/2019/HUAUCHINANGO. -En atención a lo anterior, en uso de la palabra, la agente del ministerio Público y la asesora jurídica, solicitaron diferir la audiencia en la que se encontraban presentes, a efecto de imponerse de las actuaciones de la mencionada causa penal y estar en aptitud de ejercer contradicción. -El juez de control, accedió a la solicitud, y ordenó diferir la audiencia inicial, sin señalar nueva fecha, hasta en tanto sea solicitada nuevamente, en su caso, por la fiscalía; además, dejó sin efectos la orden de aprehensión librada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO en contra de Adrián Soto Maldonado; de lo que quedaron debidamente notificadas las partes en la propia audiencia. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra de Adrián Soto Maldonado, dentro de la carpeta judicial administrativa 02/2023/HUAUCHINANGO. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos trasgredidos. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución de la orden de aprehensión reclamada, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Finalmente, se destaca que la causal de improcedencia invocada en este acuerdo, de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos audiencia constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista al quejoso (en cumplimiento al auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés); personalmente a la tercera interesada, por conducto de su asesora jurídica; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

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