Adrian Valdez Gonzalez
Expediente 584/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 38 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adrian Valdez Gonzalez
- Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintidós.Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer.En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó y se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.Finalmente, al resultar innecesario la conservación de las pruebas que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se ordena devolverlas a su lugar de origen, es decir, la copia certificada de la causa penal 425/2015, de su índice, con la que se formaron los anexos I, II y III.Sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la autoridad en mención es local, por lo que el actuario de la adscripción encargado de practicar dicha diligencia, tendrá que verificar que la autoridad en cita asiente su recepción.Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por lista a su defensor particular y a los terceros interesados; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por las autoridades responsables, en apoyo a sus informes de ley, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualizan diversas causales de improcedencia respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio es necesario precisar que los actos reclamados en este controvertido constitucional son: Del 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. a) La resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 425/2015, dentro del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, en la que se declaró sin materia dicha incidencia promovida por la ahora parte quejosa; y, Del 2. Diligenciario impar adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. b) La notificación de la referida resolución. En ese sentido, las autoridades responsables -al rendir sus respectivos informes- convinieron en la existencia de los actos combatidos (fojas 22 y 23); lo que se corrobora con las documentales que remitió el juez responsable en apoyo a su informe (copia certificada de la causa penal 425/2015 y del incidente derivado de dicho proceso -anexos I a III-), las cuales a la luz de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, de las que se aprecia que la resolución y la notificación combatidas (fojas 11 a 15 del anexo I). Ahora bien, no obstante la existencia de los actos reclamados, no ha lugar a analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de los mismos, se actualizan sendas causales de improcedencia; y, por cuestión de técnica, primero se analizará el acto reclamado consistente en la notificación reclamada, pues ello impactará en el estudio de la diversa causa de inviabilidad. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. I. En ese sentido, atinente al acto reclamado al Diligenciario impar adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistente en la notificación practicada a la parte quejosa de la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dentro del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, derivado del proceso penal 425/2015, de su índice, se actualiza la causal prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." Del precepto transcrito, se advierte que la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. Que no se trate de actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo, ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 4. Que el acto reclamado no consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, órdenes de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 5. Que no se trate de persona extraña al procedimiento; y, 6. Que no se trate del auto de vinculación a proceso. En esa tesitura, se destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional extraordinario, que se identifica como principio de definitividad; de esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar actos que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos, siempre que no se ubiquen en alguna excepción prevista en el propio ordenamiento legal. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora, se reitera, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la ilegalidad de la notificación practicada respecto de la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, promovido en el proceso penal 425/2015 del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Por tanto, es evidente que tal acto de notificación es susceptible de ser impugnado a través de la vía incidental, conforme a lo estipulado por los artículos 46, fracción XIV y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que establecen: "Artículo 46.- Son aplicables a las notificaciones, además, las siguientes disposiciones. XIV.- Salvo lo dispuesto en la fracción XI, las notificaciones hechas contra lo dispuesto en esta sección, serán nulas, siendo responsable de los daños y perjuicios que por la nulidad se causen, la persona que hizo la notificación, a quien se impondrá además, una multa de uno a cinco días de salario mínimo." "Artículo 349.- Las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio de Defensa Social y que no sean de las especificadas en los Capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen las fracciones siguientes: I.- Cuando la cuestión sea de obvia resolución y las partes no solicitaren prueba, el Juez resolverá de plano. II.- Las cuestiones que, a juicio del Juez, no puedan resolverse de plano o aquéllas en que hubiere de recibirse prueba, se substanciarán por cuerda separada y del modo que expresan los artículos siguientes. III.- Hecha la promoción, se dará vista de ella a las partes, para que contesten dentro de los dos días siguientes al de la notificación. IV.- Si el Juez lo creyere conveniente o alguna de las partes lo pidiere, citará a una audiencia que se verificará dentro de los tres días siguientes. V.- Durante el término a que se refiere la fracción anterior, así como en la audiencia, se recibirán las pruebas. Concurran o no las partes, el Juez fallará desde luego el incidente, y contra el fallo que se dicte procede apelación, sin que este recurso suspenda el procedimiento." De la transcripción del artículo 46, fracción XIV, del Código procesal en cita, se advierte que, salvo lo dispuesto en la fracción XI, las notificaciones hechas contra lo dispuesto en la Sección Quinta del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla titulada: "NOTIFICACIONES, CITACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES", serán nulas, siendo responsable de los daños y perjuicios que por la nulidad se causen, la persona que hizo la notificación. De igual forma, el segundo de los artículos transcritos establece las reglas que deben observarse tratándose de cuestiones susceptibles de ser resueltas vía incidental, propuestas durante la tramitación de un juicio en materia penal y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores a la Sección Quinta del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, titulada: "incidentes no especificados", lo que lleva a concluir que, para controvertir notificaciones practicadas u omitidas en procesos penales, debe combatirse dicho acto a través del incidente de nulidad de notificación, previsto en los artículos 46, fracción XIV, y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Así, es incuestionable que la notificación reclamada es susceptible de ser combatida mediante dicho incidente; sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b), c) y d) del artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria. Ello es así, pues el acto reclamado ya precisado, no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, mucho menos se trata de un auto de vinculación a proceso. En efecto, si bien la notificación reclamada se refiere al incidente de libertad por desvanecimiento de datos, lo cierto es que no puede considerarse como un caso de excepción al referido principio, en virtud de se trata de un acto autónomo e independiente de la resolución per se; es decir, la notificación en sí misma, no guarda una relación directa o indirecta con la libertad personal del hoy quejoso, sino únicamente se trata de una comunicación procesal mediante la cual la autoridad comunica al procesado la resolución que recayó al incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido. Por otra parte, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento -al ser el sentenciado y su defensor-; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Máxime, que es una carga procesal de las partes, estar al pendiente del procedimiento en el que intervienen, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones que podrían perjudicarles. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En consecuencia, al no haberse agotado el aludido medio de defensa (incidente de nulidad), es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V de la ley de la materia. II. Por otro lado, en relación con el acto reclamado al 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistente en la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 425/2015, dentro del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, en la que se declaró sin materia dicha incidencia promovida por la ahora parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación a la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." Ahora, de la documental remitida por el juez responsable, consistente en copia certificada de la causa penal 425/2015 y del incidente derivado de dicho proceso -valorada anteriormente-, se aprecia que la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, en la causa penal 425/2015, del índice de la responsable, fue notificada tanto al sentenciado -aquí quejoso- como a su defensor particular -aquí promovente-, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno (foja 15 del anexo I). Notificaciones que surtieron efectos el mismo día, pues de conformidad con el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, los plazos judiciales se contarán desde el día siguiente al de la fecha de notificación; por lo que, se concluye que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos el mismo día en que se efectúan. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 57/2015, cuyos datos de localización, rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." De modo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra transcurrió del veintiséis de mayo al quince de junio del año próximo anterior, previo descuento de los sábados y domingos que mediaron entre esas fechas, por haber sido inhábiles de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo se presentó, mediante buzón judicial, el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, es incuestionable que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que los actos que se tratan, sean considerados consentidos tácitamente. En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de amparo fuera del plazo de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, respecto de la resolución reclamada, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la ley citada; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. Esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, en todo caso, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Por ello, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. ". En efecto, es preciso indicar, que las causas de improcedencia analizadas, se interpretaron de manera estricta, sin que ello implique vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, pues el hecho de que el quejoso, en su caso, alegue transgresión a sus derechos humanos, de ninguna manera puede interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia sean inaplicables; es decir, no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que, el accionante debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, no implica que se le esté negando su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permitiera acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generarse una saturación de los tribunales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retraso generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y, que no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis III.4o. (III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que es del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo." De igual forma, resulta aplicable la tesis número III.2o.C.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a su defensor particular en el domicilio procesal; por lista a los terceros interesados (por no haber señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales); y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 29-03-2022 SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por las autoridades responsables, en apoyo a sus informes de ley, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualizan diversas causales de improcedencia respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio es necesario precisar que los actos reclamados en este controvertido constitucional son: Del 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. a) La resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 425/2015, dentro del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, en la que se declaró sin materia dicha incidencia promovida por la ahora parte quejosa; y, Del 2. Diligenciario impar adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. b) La notificación de la referida resolución. En ese sentido, las autoridades responsables -al rendir sus respectivos informes- convinieron en la existencia de los actos combatidos (fojas 22 y 23); lo que se corrobora con las documentales que remitió el juez responsable en apoyo a su informe (copia certificada de la causa penal 425/2015 y del incidente derivado de dicho proceso -anexos I a III-), las cuales a la luz de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, de las que se aprecia que la resolución y la notificación combatidas (fojas 11 a 15 del anexo I). Ahora bien, no obstante la existencia de los actos reclamados, no ha lugar a analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de los mismos, se actualizan sendas causales de improcedencia; y, por cuestión de técnica, primero se analizará el acto reclamado consistente en la notificación reclamada, pues ello impactará en el estudio de la diversa causa de inviabilidad. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. I. En ese sentido, atinente al acto reclamado al Diligenciario impar adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistente en la notificación practicada a la parte quejosa de la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dentro del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, derivado del proceso penal 425/2015, de su índice, se actualiza la causal prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." Del precepto transcrito, se advierte que la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. Que no se trate de actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo, ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 4. Que el acto reclamado no consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, órdenes de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 5. Que no se trate de persona extraña al procedimiento; y, 6. Que no se trate del auto de vinculación a proceso. En esa tesitura, se destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional extraordinario, que se identifica como principio de definitividad; de esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar actos que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos, siempre que no se ubiquen en alguna excepción prevista en el propio ordenamiento legal. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora, se reitera, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la ilegalidad de la notificación practicada respecto de la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, promovido en el proceso penal 425/2015 del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Por tanto, es evidente que tal acto de notificación es susceptible de ser impugnado a través de la vía incidental, conforme a lo estipulado por los artículos 46, fracción XIV y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que establecen: "Artículo 46.- Son aplicables a las notificaciones, además, las siguientes disposiciones. XIV.- Salvo lo dispuesto en la fracción XI, las notificaciones hechas contra lo dispuesto en esta sección, serán nulas, siendo responsable de los daños y perjuicios que por la nulidad se causen, la persona que hizo la notificación, a quien se impondrá además, una multa de uno a cinco días de salario mínimo." "Artículo 349.- Las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio de Defensa Social y que no sean de las especificadas en los Capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen las fracciones siguientes: I.- Cuando la cuestión sea de obvia resolución y las partes no solicitaren prueba, el Juez resolverá de plano. II.- Las cuestiones que, a juicio del Juez, no puedan resolverse de plano o aquéllas en que hubiere de recibirse prueba, se substanciarán por cuerda separada y del modo que expresan los artículos siguientes. III.- Hecha la promoción, se dará vista de ella a las partes, para que contesten dentro de los dos días siguientes al de la notificación. IV.- Si el Juez lo creyere conveniente o alguna de las partes lo pidiere, citará a una audiencia que se verificará dentro de los tres días siguientes. V.- Durante el término a que se refiere la fracción anterior, así como en la audiencia, se recibirán las pruebas. Concurran o no las partes, el Juez fallará desde luego el incidente, y contra el fallo que se dicte procede apelación, sin que este recurso suspenda el procedimiento." De la transcripción del artículo 46, fracción XIV, del Código procesal en cita, se advierte que, salvo lo dispuesto en la fracción XI, las notificaciones hechas contra lo dispuesto en la Sección Quinta del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla titulada: "NOTIFICACIONES, CITACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES", serán nulas, siendo responsable de los daños y perjuicios que por la nulidad se causen, la persona que hizo la notificación. De igual forma, el segundo de los artículos transcritos establece las reglas que deben observarse tratándose de cuestiones susceptibles de ser resueltas vía incidental, propuestas durante la tramitación de un juicio en materia penal y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores a la Sección Quinta del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, titulada: "incidentes no especificados", lo que lleva a concluir que, para controvertir notificaciones practicadas u omitidas en procesos penales, debe combatirse dicho acto a través del incidente de nulidad de notificación, previsto en los artículos 46, fracción XIV, y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Así, es incuestionable que la notificación reclamada es susceptible de ser combatida mediante dicho incidente; sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b), c) y d) del artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria. Ello es así, pues el acto reclamado ya precisado, no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, mucho menos se trata de un auto de vinculación a proceso. En efecto, si bien la notificación reclamada se refiere al incidente de libertad por desvanecimiento de datos, lo cierto es que no puede considerarse como un caso de excepción al referido principio, en virtud de se trata de un acto autónomo e independiente de la resolución per se; es decir, la notificación en sí misma, no guarda una relación directa o indirecta con la libertad personal del hoy quejoso, sino únicamente se trata de una comunicación procesal mediante la cual la autoridad comunica al procesado la resolución que recayó al incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido. Por otra parte, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento -al ser el sentenciado y su defensor-; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Máxime, que es una carga procesal de las partes, estar al pendiente del procedimiento en el que intervienen, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones que podrían perjudicarles. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En consecuencia, al no haberse agotado el aludido medio de defensa (incidente de nulidad), es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V de la ley de la materia. II. Por otro lado, en relación con el acto reclamado al 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistente en la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 425/2015, dentro del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, en la que se declaró sin materia dicha incidencia promovida por la ahora parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación a la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." Ahora, de la documental remitida por el juez responsable, consistente en copia certificada de la causa penal 425/2015 y del incidente derivado de dicho proceso -valorada anteriormente-, se aprecia que la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, en la causa penal 425/2015, del índice de la responsable, fue notificada tanto al sentenciado -aquí quejoso- como a su defensor particular -aquí promovente-, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno (foja 15 del anexo I). Notificaciones que surtieron efectos el mismo día, pues de conformidad con el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, los plazos judiciales se contarán desde el día siguiente al de la fecha de notificación; por lo que, se concluye que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos el mismo día en que se efectúan. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 57/2015, cuyos datos de localización, rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." De modo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra transcurrió del veintiséis de mayo al quince de junio del año próximo anterior, previo descuento de los sábados y domingos que mediaron entre esas fechas, por haber sido inhábiles de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo se presentó, mediante buzón judicial, el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, es incuestionable que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que los actos que se tratan, sean considerados consentidos tácitamente. En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de amparo fuera del plazo de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, respecto de la resolución reclamada, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la ley citada; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. Esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, en todo caso, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Por ello, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. ". En efecto, es preciso indicar, que las causas de improcedencia analizadas, se interpretaron de manera estricta, sin que ello implique vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, pues el hecho de que el quejoso, en su caso, alegue transgresión a sus derechos humanos, de ninguna manera puede interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia sean inaplicables; es decir, no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que, el accionante debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, no implica que se le esté negando su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permitiera acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generarse una saturación de los tribunales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retraso generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y, que no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis III.4o. (III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que es del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo." De igual forma, resulta aplicable la tesis número III.2o.C.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a su defensor particular en el domicilio procesal; por lista a los terceros interesados (por no haber señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales); y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. ? Recepción de oficio Intégrese a los autos el oficio signado por el Administrador Regional de la Secretaría Ejecutiva de Administración, del Consejo de la Judicatura Federal, Administración Regional en San Andrés Cholula, Puebla, por medio del cual informa que la fecha límite para la tramitación de la publicación de edictos, concluyó el dieciocho de noviembre pasado, por lo que solicita que se señalen nuevas fechas para la publicación de los mencionados edictos preferentemente a partir de la última semana de enero de dos mil veintidós, pues en ese lapso se liberará el presupuesto para la anualidad próxima. En ese sentido, solicítese de manera atenta a la autoridad oficiante que, una vez que se apruebe el presupuesto de ingresos y egresos del Consejo de la Judicatura Federal del año dos mil veintidós, continúe con el trámite relativo a la publicación de edictos y lo haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional, a fin de proceder conforme a derecho corresponda; asimismo, infórmesele que no habrá modificación alguna del texto a publicar. ? Diferimiento anticipado Ahora bien, visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintiséis minutos del veintiséis de noviembre próximo, no podrá llevarse a cabo, por los motivos expuestos en párrafos precedentes; por tanto, se difiere anticipadamente, y en su lugar se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós; señalándose esa data con la finalidad de evitar múltiples diferimientos, pues es evidente que aquélla no podrá celebrarse hasta en tanto se publiquen los multicitados edictos. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio al Administrador Regional de la Secretaría Ejecutiva de Administración, del Consejo de la Judicatura Federal, Administración Regional en San Andrés Cholula, Puebla.
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