Adriana Barraza Martínez
Expediente 8/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/01/2016
Partes del expediente
- Adriana Barraza Martínez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el quejoso ****; mediante los cual solicite se gire diverso oficio a efecto de localizar al tercero interesado ****; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, a efecto de logar la localización del tercero interesado ****, a efecto de realizar su primera notificación al presente juicio, en esa tesitura, en obvio de mayores dilaciones, se procede a agotar los medios de localización establecidos por el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En consecuencia, remítase oficio a la 1. Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral; 2. Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, en Toluca; 3. Jefe del Área de Amparos de la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estado de México, Poniente; 4. Comisión Federal de Electricidad; 5. Empresa Teléfonos de México, Gerencia Toluca; 6. Instituto de la Función Registral del Estado de México, 7. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 8. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 9. Registro Público de la Propiedad de Toluca, 10. Delegación Estado de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 11. Dirección General de la Policía Ministerial, y 12. Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México (antes Agencia Federal de Investigaciones dependiente de la Procuraduría General de la República), como organismo investigador del Gobierno Federal, el cual ha informado que su búsqueda la realizará por medio del sistema de red nacional (SUIC), conectada a las treinta y dos jefaturas regionales, y al Sistema de Datos Personales Plataforma México, a fin de que dentro del término de tres días, proporcionen a este Juzgado de Distrito, el domicilio que tengan registrado en sus archivos de Héctor Arias de Mazo. En ese sentido, se hace del conocimiento a las autoridades antes referidas, que la información proporcionada es el único dato con el que este juzgador cuenta para efectos de su localización; asimismo, se les apercibe que de no cumplir con lo solicitado en el término concedido para tal efecto sin causa justificable, se les impondrá una multa de hasta cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 244, de la ley en comento.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y anexos que acompaña, por medio del cual, remite original del juicio de amparo 1257/2012-III y copia certificada del testimonio de la resolución de doce de enero del año en curso, emitida en autos de la inconformidad 1/2015, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente: ÚNICO. Es INFUNDADA la inconformidad... Circunstancia de la cual queda enterado este órgano de control constitucional; glósese únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión hecho valer, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese de recibo de estilo. En consecuencia, y tomando en consideración que el veintiocho de enero de dos mil quince se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, cuando esté debidamente integrado archívese el presente sumario como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.
- Principal
Por recibido el oficio 11418, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual transcribe el auto de quince de diciembre de dos mil quince, dictado por el Presidente del Órgano Colegiado en cita, que declaró firme la resolución de siete anterior, por el cual determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto de que se trata, al estimar que la resolución que se tilda de inconstitucional, no es un acto de los que señala el artículo 170 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo cual es legalmente competente este órgano de control constitucional. Por otra parte, se reciben como anexos al oficio en cita, los autos originales del juicio de amparo directo 989/2015, que se formó con la demanda de garantías promovida por Adriana Barraza Martínez, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México y otra autoridad; el informe justificado del Presidente de dicho órgano jurisdiccional y constancia de primera notificación del tercero interesado Adrián Aguilera Pineda, así como, por separado, el toca de apelación 916/2015, del índice de la responsable, expediente 729/2015, en dos tomos, de la estadística del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Lerma del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, un sobre que contiene cuatro legajos de copias certificadas; y, una impresión a color. En consecuencia, conforme a lo indicado por el numeral 45 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), intégrese expediente bajo el número 8/2016 y acúsese el recibo de estilo correspondiente. En el caso, la parte quejosa se duele substancialmente de la resolución de tres de noviembre de dos mil quince, dictada en el recurso de apelación 916/2015, que confirmó la diversa interlocutoria de treinta de septiembre anterior, por la que el juez de la causa declaró improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la quejosa en el expediente 729/2015. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I y 172, fracción XII, de la nueva ley de la materia. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, sólo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: ** Sentado lo anterior, cabe recordar que la parte quejosa en su ocurso inicial de demanda reclamó la resolución de tres de noviembre de dos mil quince, dictada en el recurso de apelación 916/2015, que confirmó la diversa interlocutoria de treinta de septiembre anterior, por la que el juez de la causa declaró improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la quejosa en el expediente 729/2015. Sin embargo, conforme a los criterios establecidos por el máximo Tribunal del País, el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, debe entenderse como aquel que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías y, ahora por los instrumentos internacionales respecto de los cuales el estado mexicano sea parte; nunca en casos en que la afectación se adjetiva o procesal, toda vez que esa afectación o sus efectos no podrían ser destruidos con el solo hecho de que quien la resienta obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: *** Así como la sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LVIII/2004 , cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es del que irrogan perjuicio de imposible reparación a la amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior es así, porque dichos actos tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una imposible reparación, en virtud de que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos. Por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo que se intenta dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio. Lo anterior, pues el acto señalado por la parte quejosa, constituye una violación procesal que podría trascender al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 170, fracción I y 172, fracción XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considera violatoria de sus garantías. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación que por esta vía se reclama, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Es aplicable al caso por las consideraciones que expone, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto: **** Por tanto, se concluye que el acto que se tilda de inconstitucional, en los términos de los artículos 107 fracción III, inciso b) constitucional y 107 fracción V de la Ley de Amparo, no es un acto de imposible reparación. Lo anterior es así, porque la referida resolución constituye un acto procesal que no impide la prosecución del juicio, ni causa a alguna de las partes en el juicio de origen, un agravio no reparable en la sentencia definitiva, dado que en ésta se abordará la materia sobre la que verse la excepción opuesta, en otras palabras, los efectos de la resolución que desecha la excepción de cosa juzgada, se actualizan hasta el dictado del fallo, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si, con motivo de dicho desechamiento, se vulneraron las defensas del afectado; y, con ese motivo, se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación, más aún si se tiene en cuenta que su declaración de improcedencia no implica necesariamente que la sentencia deba ser contraria a los intereses del afectado; y, en su caso, tal fallo es susceptible de ser impugnado a través de esta instancia constitucional, en la vía uniinstancial. De tal manera que si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, pues aun cuando se pudiera ubicar dentro de la hipótesis de actos que ocasionan una afectación en grado superior no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; por tanto, esa circunstancia hace a su vez que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. Sirve de apoyo, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: *** Criterio que, si bien ha sido interrumpido y modificado por la tesis P./J. 99/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 5, de rubro: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", conforme a los nuevos lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho criterio jurisprudencial se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse por un acto de ejecución de imposible reparación, sino que, en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender la afectación material de derechos sustantivos, lo que provoca que la jurisprudencia relativa a la excepción de cosa juzgada, se oponga a la nueva Ley de Amparo y ya no resulte aplicable; aunado a que en la misma se analizó una legislación diversa a la que rige el acto aquí reclamado. Así como la tesis II.1º.C.2K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en sesión de catorce de marzo de dos mil catorce, de contenido siguiente: *** Además, conforme al concepto de irreparabilidad de que se trata, podría sostenerse, incluso, que hasta las violaciones procesales que sólo deben reclamarse en amparo directo, pueden ser reclamables en amparo indirecto, pues es claro que las hipótesis propuestas en las diversas fracciones del artículo 170 de la ley de la materia, constituyen actos de procedimiento que no pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior; así, en caso contrario, se contravendría la sistemática legal de la procedencia del juicio de amparo. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I y 172, fracción XII, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. No es inadvertido para este órgano jurisdiccional, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, Página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, que se emplea de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo Vigente, que señala: **** Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que se invoca en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en dos de abril de dos mil trece, que indica: **** Además, se tomó como directriz el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir el amparo directo en revisión 3103/2012, el pasado veintiocho de noviembre de dos mil doce, en tanto que en la ejecutoria de que se trata, se sostuvo, en líneas generales, que incluso con la existencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, de junio de dos mil once, no es dable asumir que a través del juicio de amparo sea posible dolerse de cualquier acto o ley, sin que se verifiquen ciertos supuestos que permitan el inicio de un medio de defensa, como lo es el hecho de que la demanda de amparo se formule atendiendo a las formalidades procesales, las cuales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución; así, concluyó la Primera Sala, que estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido por la Constitución, respecto de los aspectos de procedencia del juicio de amparo, declarando procedente lo improcedente. De la ejecutoria en cuestión derivó la tesis 1ª LXXXIV/2013 (10ª), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 890, que es del tenor siguiente: **** Así como la diversa, la jurisprudencia emitida por la Primara Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dilucida: ***** Por consiguiente, queda demostrado que no se ignoró al desechar en el presente juicio, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once. En las relatadas condiciones, todo lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad ante quien se interpuso el juicio de amparo. Dado el volumen de las constancias que remite la superioridad, fórmense los tomos de pruebas correspondientes, por separado, debidamente identificados. Ahora, toda vez que el domicilio que refiere la quejosa en el proemio de su demanda, fue señalado para los efectos del trámite ante el Tribunal Colegiado declinante, por economía procesal y en aras de una pronta y expedita administración de justicia, hágase de su conocimiento la radicación del presente asunto ante este juzgado; por lo que, se comisiona al actuario judicial adscrito para que efectúe la notificación relativa en el domicilio ubicado en calle Abetos número 22, en el Club de Golf Los Encinos, en el Municipio de Lerma, Estado de México; asimismo, deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días señale domicilio ante este juzgado para oír notificaciones en esta ciudad o en su zona conurbada; apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° fracción I, 27, fracción I, inciso c), ambos de la ley de la materia, y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué el trámite respectivo. En atención a lo que dispone el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Luego, atento a lo establecido en el arábigo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual, remite el copia certificadas del juicio de amparo indirecto 1132/2015 y copia certificada de la ejecutoria de diez de diciembre del año en curso, emitida en la queja 199/2015, en cuyo punto resolutivo dicho órgano colegiado determinó: "ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Sonia Patricia Rodríguez Porcayo contra el acuerdo emitido el catorce de octubre de dos mil quince, en el juicio de amparo indirecto 1132/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México" Circunstancia de la que queda enterado este juzgado federal, acúsese de recibo, las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Adrian Sanchez Trujillo1331/2017
- Adrián Segura Ocampo781/2017
- Adrían Valencia Monroy1746/2017
- Adrian Valencia Monroy212/2016
- Adriana Álvarez Valdés1438/2023
- Adriana Antonio Segundo1228/2022
- Adriana Bernal Reza1294/2023
- Adriana Bernal Reza106/2023
- Adriana Bernal Reza1232/2023
- Adriana Camberos Delgadillo615/2019
- Adriana Camberos Delgadillo833/2018
- Adriana Camberos Delgadillo1907/2017