Adriana Bernal Reza

Expediente 1232/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1232/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Adriana Bernal Reza

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Registro Vista la demanda que promueve Adriana Bernal Reza, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1232/2023-IV. Acto Reclamado Previo a determinar la procedencia o no del juicio de amparo, es menester efectuar un estudio íntegro de la demanda de amparo, incluso de la totalidad de las constancias existentes en ella, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "Demanda de amparo. Debe ser interpretada en su integridad." y la tesis de rubro "Actos reclamados. Reglas para su fijación clara y precisa en la sentencia de amparo." Conforme a lo anterior, se sigue que la parte quejosa reclama del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente el veintinueve de junio de dos mil veintitrés; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por jubilación. Desechamiento Sentando lo anterior, deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción II (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho [.]" En principio, conviene establecer que la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el diverso 77, fracción II, de la legislación de la materia. Por su parte, la mencionada fracción II del numeral 77 de la ley de la materia, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. De modo que, una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se le restituiría en el pleno goce de las garantías individuales vulneradas, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio de la parte quejosa. Ahora bien, en el caso se advierte que la petición que reclama la parte quejosa se encuentra regulada en el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que establece: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva. Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido a causa de alguna omisión o error, la persona que recibió el pago indebido deberá devolverlo o podrá convenir la forma de restituirlo. Cuando el pago indebido sea ocasionado por información proporcionada por la institución pública, el Instituto se resarcirá con cargo al presupuesto de la misma. El órgano competente del Poder Legislativo, o en su caso de la institución pública proporcionará al Instituto y a los servidores públicos la información que requieran para llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las pensiones correspondientes." Por otra parte, los artículos 75, párrafo segundo y 96 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, establecen: "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." "Artículo 96. El Instituto cubrirá puntualmente el pago de las pensiones y podrá determinar o modificar los procedimientos de pago a los pensionados y pensionistas." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que aquí interesa, que la autoridad responsable cuenta con un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto a la solicitud planteada y para el supuesto de que no se haya otorgado la pensión solicitada, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión correspondiente. Luego, en el presente asunto, como se advierte del acuse de "ACEPTACIÓN DE PENSIÓN", recibido en la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca "PRESTACIONES", del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; se observa que la parte quejosa realizó una petición por escrito recibido por la responsable el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, con la cual se evidencia que a la presentación de la demanda (once de agosto de dos mil veintitrés), se encuentra transcurriendo el día hábil veintiséis, a efecto de que la responsable dé respuesta a dicha petición o en su caso, quede obligado a efectuar el pago de la pensión correspondiente, cómputo que se realiza descontando los sábados y domingos, así como el periodo vacacional de la autoridad señalada como responsable, conforme al calendario de pago a pensionados y pensionistas del ISSEMyM 2023, publicado en la página oficial del Gobierno del Estado de México, respecto a dicho Instituto. Motivo por el cual, se considera que no podrían concretizarse los efectos de un posible otorgamiento del amparo, ya que no puede obligarse a la autoridad responsable para que actúe de determinada manera, cuando todavía no fenece el plazo con el que cuenta legalmente para dar contestación a la petición que efectuó la parte quejosa ante ella. ... En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; de ahí que en términos del artículo 62 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio, acceso y Notificaciones Electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario "********************"; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Medio de Comunicación Alterno Asimismo, se tiene como medio alterno de comunicación no procesales y por excepción, el número de teléfono que proporciona, para efectos del sumario en que se actúa. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.

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