Adrían Valencia Monroy
Expediente 1746/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1746/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/01/2018
Partes del expediente
- Adrían Valencia Monroy
- Adrían Valencia Monroy y Otros.
- María Teresa Monroy Pérez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en la queja 236/2017, en la cual se determinó: "ÚNICO.- Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la sucesión a bienes de *** por conducto de sus albaceas ****, en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (sic) por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el Juicio de Amparo Indirecto 1746/2017-V-A." Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos se advierte que a esta fecha se encuentra pendiente que rinda su dictamen pericial en materia de topografía el Perito Oficial, ya que en proveído de seis de los actuales le fue concedida una prórroga de quince días, mismo que le fue notificado el trece siguiente; es decir, aun transcurre el plazo otorgado para tal efecto. A fin de dar margen a lo anterior y no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las once horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, para su verificativo.
- Principal
Agréguese la misiva signada por la Agente del Ministerio Pública adscrita, atento a su contenido, se autoriza la consulta del expediente electrónico, con nombre de usuario "********************"; asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda suscrita por Adrián Valencia Monroy y María Teresa Monroy Pérez, quienes se ostentan como albaceas de la sucesión de Rafael Valencia Medrano; regístrese bajo el número 1748/2017-V-A. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado consiste esencialmente en: La resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, dentro del expediente 76/2015, en el cual se resolvió el recurso de revocación hecho valer contra el diverso proveído de seis de octubre del año en curso, en el cual no se acordó favorable su petición de regularizar el procedimiento a efecto de tomar en consideración la prohibición de la ley contenida en el artículo 2.27 del ordenamiento legal adjetivo de la materia contenida en las prestaciones hechas valer en la demanda. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado, no tiene una ejecución material de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, dentro del expediente 76/2015, en el cual se resolvió el recurso de revocación hecho valer contra el diverso proveído de seis de octubre del año en curso, en el cual no se acordó favorable su petición de regularizar el procedimiento a efecto de tomar en consideración la prohibición de la ley contenida en el artículo 2.27 del ordenamiento legal adjetivo de la materia contenida en las prestaciones hechas valer en la demanda; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado en todo caso sería una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues, sólo trasciende en el interior o trámite del juicio natural. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Como se dijo, en el caso se considera que el acto reclamado se trata de una violación procesal, porque el único efecto que tiene es que la tramitación del juicio de origen continúe en los términos en que la autoridad responsable lo admitió, en el cual se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes y, será en sentencia, donde la autoridad resuelva si las acciones hechas valer están acreditadas; por lo que, si la violación que alega el quejoso, de no regularizar el procedimiento con base a una manifestación que realizó al inicio del juicio, trasciende al emitirse la sentencia definitiva, será entonces el momento adecuado para combatirse dicha violación adjetiva, como concepto de violación en el amparo que se enderece en contra de la mencionada determinación final. Tiene aplicación, por las razones que la sustenta, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente expone: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE ADMITE SU ACLARACIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Conforme a la fracción II del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, es en la fase de demanda y excepciones cuando el actor expone su demanda, ratificándola, modificándola o, en su caso, aclarándola, ante lo cual, la Junta debe tener por "expuesta la demanda por el actor" en términos de la fracción III del citado precepto para dar intervención al demandado para que, a su vez, pueda producir su contestación. Ahora bien, el auto que tiene por aclarada la demanda en estos términos no constituye una afectación exorbitante, superior o predominante en la esfera jurídica del demandado, pues puede controvertir lo aclarado por el actor al contestar la demanda y obtener un laudo favorable, que torne intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse del acuerdo reclamado, dado que la Junta debe examinar si los hechos tenidos por ciertos justifican la acción ejercida y si el actor tiene derecho a las prestaciones reclamadas. En consecuencia, se requiere llegar a la emisión del laudo para corroborar si esa violación trascendió al resultado del fallo, por lo que el auto que admite la aclaración de la demanda laboral debe impugnarse a través del juicio de amparo directo y no del indirecto, pues es en el estudio de fondo del laudo donde puede advertirse esa afectación." Así como, la jurisprudencia emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser acto el reclamado que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." De igual manera sustenta lo antes expuesto la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que textualmente dice: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera." Por tanto, dado que en el caso, se actualizan la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Adrián Valencia Monroy y María Teresa Monroy Pérez, en su carácter de albaceas de la sucesión de Rafael Valencia Medrano. Finalmente, es oportuno decir que este órgano jurisdiccional no inadvierte que los promoventes del juicio no acrediten fehacientemente su personalidad; sin embargo, este juzgado considera innecesario la prevención respectiva, pues aún cuando fuera subsanada esa circunstancia, el juicio que se intenta seguiría improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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