ADRIANA ARIZBETH CAMARGO PEREZ y Otros.
Expediente 481/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- ADRIANA ARIZBETH CAMARGO PEREZ y Otros.
- GABRIELA ALVAREZ URIAS y Otros.
- ROSA DELIA GASTELUM CASTRO y Otros.
- KARINA CASTILLO SIQUEIROS y Otros.
- NANCY PATRICIA MEZA URIAS y Otros.
- CELENE SARMIENTO SOLANO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que resulta innecesario seguir conservando las documentales que la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas, con sede en Culiacán, Sinaloa, remitió como justificación de su informe; por tanto, devuélvanse a la citada autoridad, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente auto sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Acorde con la fracción I, del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, dado que en acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil dieciocho, se agregó el oficio suscrito por el Procurador Fiscal del Estado en representación de la autoridad responsable Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual conforme a lo dispuesto por el numeral 64 de la Ley de Amparo, informó a este órgano de la actualización de una causa de sobreseimiento, eventualidad que debe analizarse ya que deriva de la actualización de una causal de improcedencia que debe examinarse previamente a la materia de fondo de la litis constitucional, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que a la letra, título y pie, señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la autoridad de mérito expresa a este órgano de control constitucional que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues substancialmente refiere que tanto el Acuerdo como las Reglas de Operación del Programa Estatal para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes y Útiles Escolares a Estudiantes de Educación Básica inscritos en escuelas públicas del Estado de Sinaloa, se refirieron al ciclo escolar 2017-2018, el cual terminó el nueve de julio del año en curso. Al respecto, este juzgador conviene en que en el particular se actualiza una causal de improcedencia; sin embargo, advierte que ésta corresponde a la contenida en el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. En efecto, dicho numeral señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII.- Cuando subsiste al acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". Para establecer la naturaleza de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general la emisión de un determinado acto de autoridad, conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos humanos y fundamentales que un determinado acto o actos de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido (y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado) diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan éste a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la que aquí se analiza, establecida en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, o bien, deje de existir el objeto o la materia del mismo, en caso de concluirse que el referido acto fuere inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime infringida, o bien, ningún efecto práctico ni legal tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la situación jurídica de la que emana la prerrogativa afectada se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, porque no obstante que subsista el acto desplegado por la responsable, exista cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos de una potencial sentencia concesoria con relación al acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo. Así, se materializa la causal de improcedencia en estudio si en el caso de que se trate, de alguna manera pervive el acto reclamado por el gobernado ante la autoridad responsable, empero por situación jurídica indistinta, o por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, ningún beneficio le acarrearía a la parte quejosa el amparo y la protección de la justicia Federal, porque en el singular caso, haya cambiado el entorno con relación a lo reclamado. En el caso concreto, de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa acudió a esta vía constitucional, oponiendo como actos reclamados los siguientes: "Acuerdo por el que se establece el Programa estatal para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes y Útiles Escolares a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del estado de Sinaloa, para el ciclo escolar 2017-2018. Reglas de operación del Programa estatal para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes y Útiles Escolares a estudiantes de educación básica, inscritos en escuelas públicas del estado de Sinaloa, para el ciclo escolar 2017-2018" Ambos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa Tomo CVIII, tercera época, número 085 el día miércoles cinco de junio de dos mil diecisiete Además, de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda, se desprende que la inconformidad de los impetrantes se basó substancialmente en la circunstancia de que el dos de agosto de dos mil diecisiete, los promoventes se enteraron que el Gobierno del Estado de Sinaloa, no entregaría a cada alumno inscrito en escuelas públicas del Estado los dos uniformes y el paquete de útiles escolares, por alumno, lo cual argumentaron constituye un derecho adquirido, ya que desde dos mil once, el Gobierno Estatal acuerda el programa para el otorgamiento gratuito de uniformes escolares y sus respectivas reglas de operación publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa; y, en el Acuerdo y Programa que constituyen los acto reclamados, se otorgaría solo un uniforme por alumno. También de la demanda de amparo, y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se deriva que dichos actos se emitieron exclusivamente para el ciclo escolar 2017-2018. Como se dijo, en el caso sobreviene la causal de improcedencia en estudio, ya que tanto el Acuerdo como las Reglas de Operación del Programa Estatal para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes y Útiles Escolares a Estudiantes de Educación Básica inscritos en escuelas públicas del Estado de Sinaloa, fueron emitidos para el ciclo escolar 2017-2018 y el mismo ya finalizó. La afirmación anterior, relativa a la duración del ciclo escolar 2017-2018, en el Estado de Sinaloa, es un hecho notorio para este juzgador, conforme lo establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, y resulta válido para resolver lo conducente, dado que aparece en el portal oficial de la Secretaría de Educación Pública, localizable en la página https://www.gob.mx/sep, en donde se publicó el calendario del ciclo escolar 2017-2018, vigente para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional y en la página www.sepyc.gob.mx, ésta, del Gobierno del Estado de Sinaloa. Se cita al respecto, la jurisprudencia XX.2o. J/24 , del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 168124, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Asimismo, la tesis I.3o.C.35 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Primer Circuito, consultable en la página 1373, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro de localización 2004949, de rubro y texto siguientes: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Pues bien, en las páginas oficiales referidas, consultables en el portal de internet, se evidencia que el ciclo escolar 2017-2018, concluyó el veinticinco de junio de este año, para las escuelas públicas. De lo anterior se tiene que si los actos reclamados se hicieron consistir en el Acuerdo por el que se establece el Programa Estatal, así como las Reglas de Operación del Programa Estatal para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes y Útiles Escolares a Estudiantes de Educación Básica inscritos en escuelas públicas del Estado de Sinaloa, se circunscribió al ciclo escolar 2017-2018 y éste culminó en las fechas mencionadas con antelación; por tanto, no obstante que la emisión de dichos actos resultó ser un evento existente, según se advierte de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Secretario General de Gobierno, Secretario de Administración y Finanzas, Secretario de Innovación del Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", todos con residencia en Culiacán, Sinaloa; sin embargo, aunque jurídicamente dicho reclamo es subsistente, en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, dado que dejó de existir el objeto o la materia del mismo, que perseguían los promoventes; esto es, la entrega de dos uniformes y un paquete de útiles escolares a cada alumno agraviado para el ciclo escolar 2017-2018. Así se afirma, pues al haber finalizado el año escolar para el ciclo 2017-2018, resulta inconcuso que no sería factible restituir a los impetrantes en los efectos de su pretensión perseguida con la declaración de una eventual sentencia concesoria, dado que materialmente los alumnos inscritos en el ciclo escolar para el que se reglamentó la entrega de uniformes y útiles escolares por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa (2017-2018), ya no se encuentran cursando ese ciclo escolar, pues de acuerdo al calendario oficial, como se evidenció, el año escolar concluyó totalmente el veinticinco de junio y nueve de julio de este año, por lo que, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, en términos del diverso 63, fracción V, del cuerpo normativo que se invoca. Es aplicable a lo resuelto, en lo conducente, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento ochenta y nueve, del tomo veinticuatro, diciembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que impone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las once horas con quince minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, no habrá de celebrarse.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 68/2018, en la cual se resuelve: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja que hace valer el Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, en contra del auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, en el juicio de amparo indirecto 481/2017. SEGUNDO. El presente asunto no tiene relevancia documental, en términos del último considerando de esta ejecutoria.". Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que se resolvió el recurso de queja interpuesto en el presente juicio, se levanta la suspensión del procedimiento decretada en auto de siete de junio del año en curso. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el pasado diecisiete de agosto, se tuvo por recibido el oficio SAF-PF-4092/2018, con el que el Procurador Fiscal del Estado, en representación de la autoridad responsable Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, ambos residentes en Culiacán, solicita se sobresea en el presente sumario; agréguese a los presentes autos para que surta sus afectos legales procedentes. Se tienen por formuladas las manifestaciones en los términos que indica el promovente, mismas que se tienen por reproducidas y serán analizadas en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, se señalan once horas con quince minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.
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