Adriana Meyer Felix
Expediente 404/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Adriana Meyer Felix
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de cuatro de julio del año en curso, mediante el cual se declaró que el núcleo esencial de la sentencia constitucional quedó cumplido y se le restituyó en el pleno goce de sus derechos violados; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Pues bien, en atención a la certificación secretarial de cuenta y acorde a la fracción IV del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, pues mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se negó la protección constitucional a la parte quejosa. En ese contexto, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, el cual deberá resguardarlos, y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De acuerdo a lo anterior, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra algún documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, pues ingresó en este juzgado federal el cinco de julio de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente ni la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.
- Principal
En atención al estado procesal de los autos, se advierte que la quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de dieciocho de junio del año en curso, en relación con el oficio remitido por el Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, residente en Guasave, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó el veinticuatro siguiente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese tenor, por sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Adriana Meyer Félix. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, quien al resolver el amparo en revisión 91/2018 de su índice, revocó la resolución recurrida y concedió la protección constitucional a la promovente del amparo contra el acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la reconvención intentada, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y procediera a resolver lo conducente en cuanto a la solicitud de reconvención realizada por la ahora quejosa, observando los requisitos de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se glosó a los autos la resolución emitida por el Tribunal de Alzada y se requirió a la autoridad responsable para que otorgara cumplimiento a la ejecutoria. Así, por oficio TUA.DTO27-UAJ-1721/2019 de siete de junio del año en curso, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, comunicó el acuerdo emitido en la propia fecha en el expediente 1115/2016 de su índice, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el acta de audiencia de trece de junio de dos mil diecisiete, además, señaló las doce horas con treinta minutos del tres de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de ley. En auto de dieciocho de junio del presente año, se otorgó vista personal a la quejosa con el citado oficio para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de tal determinación, manifestara lo que a su interés conviniera; acuerdo que le fue notificado el veinticuatro siguiente, sin que realizara alguna manifestación. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Titular del Tribunal Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, dejara insubsistente el acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete, y procediera a resolver lo conducente en cuanto a la solicitud de reconvención realizada por la ahora quejosa, observando los requisitos de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener; y por su parte, el Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos del tribunal responsable, comunicó el acuerdo en el cual se dejó sin efectos todo lo actuado en el acta de audiencia de trece de junio de dos mil diecisiete, y señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia de ley -pues en ésta se emitió el acto reclamado-; es claro que la responsable realizó los actos fundamentales tendentes a cumplir la ejecutoria de amparo, y por ende, el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo establecido en el numeral 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2010, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.".
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA ADRIANA MAYER FELIX, EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE,QUE A LA LETRA DICE: En atención al estado procesal de los autos, se advierte que la quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de dieciocho de junio del año en curso, en relación con el oficio remitido por el Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, residente en Guasave, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó el veinticuatro siguiente; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese tenor, por sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Adriana Meyer Félix. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, quien al resolver el amparo en revisión 91/2018 de su índice, revocó la resolución recurrida y concedió la protección constitucional a la promovente del amparo contra el acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la reconvención intentada, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y procediera a resolver lo conducente en cuanto a la solicitud de reconvención realizada por la ahora quejosa, observando los requisitos de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se glosó a los autos la resolución emitida por el Tribunal de Alzada y se requirió a la autoridad responsable para que otorgara cumplimiento a la ejecutoria. Así, por oficio TUA.DTO27-UAJ-1721/2019 de siete de junio del año en curso, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, comunicó el acuerdo emitido en la propia fecha en el expediente 1115/2016 de su índice, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el acta de audiencia de trece de junio de dos mil diecisiete, además, señaló las doce horas con treinta minutos del tres de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de ley. En auto de dieciocho de junio del presente año, se otorgó vista personal a la quejosa con el citado oficio para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de tal determinación, manifestara lo que a su interés conviniera; acuerdo que le fue notificado el veinticuatro siguiente, sin que realizara alguna manifestación. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Titular del Tribunal Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, dejara insubsistente el acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete, y procediera a resolver lo conducente en cuanto a la solicitud de reconvención realizada por la ahora quejosa, observando los requisitos de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener; y por su parte, el Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos del tribunal responsable, comunicó el acuerdo en el cual se dejó sin efectos todo lo actuado en el acta de audiencia de trece de junio de dos mil diecisiete, y señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia de ley -pues en ésta se emitió el acto reclamado-; es claro que la responsable realizó los actos fundamentales tendentes a cumplir la ejecutoria de amparo, y por ende, el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo establecido en el numeral 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2010, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.".
- Principal
Visto el oficio de cuenta que suscribe el Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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