Adrian Galan Guerrero
Expediente 684/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Adrian Galan Guerrero
- VICE FISCAL REGIONAL ZONA NORTE DEL ESTADO DE SINALOA, CIUDAD y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
ES NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO ADRIAN GALAN GUERRERO, EL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Adrián Galán Guerrero; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Así también, se da cuenta con el escrito firmado por el promovente Adrián Galán Guerrero, mediante el cual interpone recurso de queja contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente y en su oportunidad remítanse los presentes autos, el escrito de agravios y una copia para la Ministerio Público de la Federación adscrito, al Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer.
- Principal
Personal al promovente
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO ADRIAN GALAN GUERRERO EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE:Visto el escrito de cuenta signado por Adrián Galán Guerero, con el que da cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve; agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes. A efecto de proveer respecto de la procedencia de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." El citado criterio jurisprudencial establece que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que es notoriamente improcedente y, por ende, debe ser desechada de plano con fundamento en el artículo 113, en relación con los artículos 5º y 61, fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo vigente. Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El quejoso señala como autoridad responsable al Vice Fiscal Regional Zona Norte del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad. Su reclamo, lo hace consistir el peticionario, textualmente, en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO La negativa de proporcionarme quincenalmente el apoyo de gasolina y así mismo la de no pagarme retroactivamente este apoyo desde la segunda quincena del mes de noviembre de 2016 a la fecha actual 31 de octubre de 2019 (70 quincenas) tal como lo solicité en el oficio de fecha 08 de agosto de 2019, en franca violación convencional, constitucional y leyes secundarias.". Conforme su narrativa, el quejoso desde la segunda quincena del mes de noviembre de dos mil dieciséis, detenta la calidad de titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal de Choix, Sinaloa, correspondiente al área geográfica de la Vice Fiscalía General del Estado, Zona Norte. Señala que desde entonces, ha recibido un trato violatorio de los derechos de igualdad y no discriminación por parte de la Fiscalía General del Estado, particularmente del licenciado Jesús Arnoldo Serrano Castelo, como responsable de dicha Vice Fiscalía Regional correspondiente a la Zona Norte, al no recibir, al igual que el resto de las Agencias y Unidades del Ministerio Público el apoyo quincenal de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M:N), de vales de gasolina, ya que de acuerdo al artículo 39 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, es al titular de la Vice Fiscalía en mención, a quien corresponde realizar visitas de supervisión a las unidades administrativas de su adscripción y con base en las necesidades de cada unidad proveer lo necesario para tener los medios necesarios para el debido funcionamiento de esas unidades y Agencias del Ministerio Público; lo que puede realizar dicho Vice fiscal ya sea directamente o a través del Director de la Dirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, encargado de administrar el servicio de combustible. Y como en los hechos -señala el quejoso- la trasgresión a los principios de igualdad y a la no discriminación ha originado la violación colateral a otra serie de derechos humanos en perjuicio de su familia, debido a que tiene que pagar de su salario los gastos que le genera su desempeño como Agente del Ministerio Público , es por lo que el ocho de agosto del presente año, presentó la solicitud por escrito al aludido licenciado Jesús Arnoldo Serrano Castelo, "el apoyo del mencionado hidrocarburo y su pago retroactivo. Conforme a lo que expone, a pesar de haber transcurrido más de cincuenta días -desde entonces a la fecha de presentación de la demanda de amparo- no se le ha apoyado en alguno de los dos sentidos. Pues bien, luego del respectivo análisis, el suscrito concluye que el acto que aquí se reclama no tiene las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En principio, se hace necesario determinar qué es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. El artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo presenta idéntico texto. En el artículo 5, fracción II de este último ordenamiento legal, se prevé: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Por otro lado, en el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se define el concepto de autoridad de la siguiente manera: "AUTORIDAD...III. Los juristas entienden por autoridad: La posesión de quien se encuentre investido de facultades o funciones o la persona o cosa que goza (o se le atribuye) fuerza, ascendencia u obligatoriedad. Por extensión la expresión se aplica para designar a los individuos u órganos que participan del poder público, nombrando así a los detentadores (legítimos) del poder. De lo anterior se desprende que el significado persistente de auctoritas expresa, primeramente, ascendencia, fuerza, vínculo; en segundo lugar, manifiesta capacidad, atributo, potestad, función; por último, se refiere a los individuos o entidades investidos de estas facultades o funciones. Estos tres significados descriptivos (estrechamente relacionados entre sí) reciben la carga ritual, mágica o ideológica que rodea los usos de autoridad. El significado jurídico relevante de la noción de autoridad presupone la idea de una investidura (i.e. potestad, función). La noción de autoridad jurídica gira, así, alrededor del concepto de facultad la cual indica el poder o capacidad de un individuo (o grupo) para modificar la situación jurídica existente". En el mismo orden de ideas, acorde con la doctrina, existen tres clases de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos: a) De coordinación: Se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Son aquellas que se entablan entre particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. b) De supraordenación: Las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) De supra a subordinación: Las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. En este sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XIV, Noviembre de 2001; Página: 39; Tesis: 2a. CCIV/2001; Tesis Aislada; Materia(s): Común) Asimismo, se cita al respecto, la tesis número P. XXVII/97, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo los siguientes rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En ese orden y en términos de las consideraciones que a continuación se expresan, el acto reclamado relativo a negarse a proporcionar el apoyo para pago de combustible (gasolina), atribuido al Vice Fiscal Regional Zona Norte de a Fiscalía General del Estado de Sinaloa, señalado por el quejoso como autoridad responsable, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es así, ya que tal apoyo económico por ese concepto -el cual obviamente no constituye una prestación ordinaria- es en favor del quejoso como servidor público, deviene del marco de una relación de coordinación. En efecto, el vínculo jurídico entre el quejoso y el órgano descentralizado al que presta servicios el aquí peticionario, esto es, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, deriva de una relación laboral, regida por un contrato o nombramiento; dicho de otro modo, la manifestación de voluntades tendentes a crear, modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones y, en su caso, las diferencias deben ser dirimidas a través de los mecanismos ordinarios para ello, por lo que si como en la especie, el servidor púbico estima que se le viola un derecho de esa naturaleza, debe acudir ante la instancia pertinente, a fin de que pueda ser exigida coactivamente. En otras palabras, al existir un conflicto entre las partes de esa relación jurídica-laboral, como es el caso, en que se reclama la negativa a cumplir con el pago de una prestación derivada de esa relación laboral, es inconcuso que tal conflicto debe dirimirse en un marco de coordinación, no de supra subordinación. De ahí que, se reitera, para efecto del presente juicio de amparo no reviste el carácter de autoridad responsable la señalada como tal por el quejoso, puesto que actúa en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Se cita al respecto, por correspondencia temática, la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito , cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". De igual forma se invoca, por los motivos que la infoman, la tesis número P. XXVII/97 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Por tanto, de acuerdo con los argumentos plasmados en el presente auto, ante la notoria e indudable actualización de la causal improcedencia, en términos de los preceptos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II y 113, todos de la Ley reglamentaria del juicio de garantías, así como el 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ADRIÁN GALÁN GUERRERO.
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