Adrián Zárate Hernández
Expediente 526/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Adrián Zárate Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
PRAL 526/2020 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. Plazo para interposición de recurso. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes quejosa y tercera interesada interpusieran recurso de inconformidad contra el acuerdo de doce de abril de este año, por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que lo hayan hecho. 2. Firmeza del acuerdo de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 3. Archivo del expediente. Con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo y los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Por haberse concedido a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, en atención a lo dispuesto en el mismo numeral, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes, este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique 1º que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y, como se precisó en el auto inicial, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, 2º realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 6. Devolución de tomo anexo. De la certificación de cuenta se advierte que en esta Secretaría obra un tomo de pruebas consistente en copia certificada del toca penal JOTP/44/2020, que exhibió la autoridad responsable Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como justificación a su informe; por tanto, se ordena su devolución mediante oficio, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Con la precisión que el disco versátil digital (DVD) certificado que también exhibió la autoridad responsable con su informe, ya fue devuelto mediante oficio 5675/2021 de cinco de marzo de este año. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 526/2020 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en auto de diecisiete de marzo de este año, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento que adujo dar a la sentencia de amparo la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; sin que hayan hecho alguna manifestación al respecto. Antecedentes. En esas condiciones, se procede a establecer si, del análisis de las constancias que obran en autos, se encuentra cumplido el fallo protector, por tanto, se efectúa la narración sucinta de los antecedentes de este juicio de amparo: a) El quejoso *** reclamó de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veinte en el toca penal JOTP/44/2020, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019. b) En sentencia dictada en audiencia constitucional de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, engrosada el veintinueve siguiente, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "...la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dentro del término de tres días, posterior al en que se declare firme esta sentencia, deberá: 1. Dejar insubsistente la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veinte en el toca penal JOTP/44/2020, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido el catorce de enero de dos mil veinte por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019, así como las consecuencias jurídicas inherentes a dicha determinación. 2. Emitir una nueva resolución en la que, en razón de la violación al derecho de defensa técnica y adecuada del quejoso, ordene a la juez de Control: -Dejar sin efectos todo lo actuado a partir de la audiencia inicial. -Señalar nueva fecha para la celebración de la misma. -Verificar el cumplimiento del derecho de defensa técnica y adecuada del quejoso y, llegado el momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción, continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho corresponda. -Que la reposición ordenada no implica que se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; en observancia al principio de igualdad entre las partes." c) En acuerdo de veinticuatro de febrero de este año causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. d) Mediante proveído dictado el diecisiete de marzo de este año se tuvo al magistrado presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada; sin que hayan hecho alguna manifestación al respecto. 3. Análisis del cumplimiento de la sentencia de amparo. El primer efecto de la sentencia de amparo constriñe a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a dejar insubsistente la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veinte en el toca penal JOTP/44/2020, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido el catorce de enero de dos mil veinte por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019, así como las consecuencias jurídicas inherentes a dicha determinación. Para acreditar el cumplimiento de dicho efecto, el presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió copia certificada de la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/44/2020, de su índice; constancia que adquiere valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De dicha constancia se aprecia que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca penal JOTP/44/2020, que confirmó el auto de vinculación a proceso de catorce de enero de dos mil veinte, pronunciado por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019, así como las consecuencias jurídicas inherentes a dicha determinación. Por ello, se estima que la autoridad responsable cumple con el primer efecto de la sentencia de amparo. El segundo efecto de la sentencia obliga a la autoridad responsable a emitir una nueva resolución en la que, en razón de la violación al derecho de defensa técnica y adecuada del quejoso, ordene a la juez de Control: Dejar sin efectos todo lo actuado a partir de la audiencia inicial. Señalar nueva fecha para la celebración de la misma. Verificar el cumplimiento del derecho de defensa técnica y adecuada del quejoso y, llegado el momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción, continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho corresponda. Que la reposición ordenada no implica que se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; en observancia al principio de igualdad entre las partes. El cumplimiento de dicho efecto también se encuentra acreditado con la copia certificada de la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/44/2020, de la se aprecia que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca determinó que procedía la reposición del procedimiento, al evidenciarse una violación a las normas procesales penales que dejaron en estado de indefensión al imputado Adrián Zárate Hernández, en contravención a su derecho fundamental a la defensa técnica y adecuada previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, desde luego, trascendió al resultado del auto de vinculación a proceso; por ello, ordenó a la jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca diera cumplimiento a los cuatro aspectos destacados en la sentencia de amparo (marcados previamente con viñetas); como se aprecia de la transcripción de la parte relativa de la resolución en análisis: "En el caso, se tiene que la defensora privada del imputado solicitó a la jueza que requiriera al Ministerio Público que precisara "otros medios de prueba que no hizo mención"; cuando aún no había expuesto los datos de prueba, púes únicamente había formulado imputación en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al terminar el Ministerio Público la exposición de sus datos de prueba, la juez preguntó a la defensa si requería aclaración de los mismos y, en vez de ello, la abogada insistió en reiteradas ocasiones en que el Ministerio Público había omitido referir datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación y beneficiaban a su defendido. Cuando el Ministerio Público puntualizó que en la carpeta de investigación obraban datos, pero no era útiles para su teoría del caso, la defensa solicitó la incorporación del dictamen pericial como medio de prueba; evidenciando el Ministerio Público que no era la etapa procesal correspondiente para ello. Al corroborar la jueza que la intención de la defensa era incorporar los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación, le precisó que debía hacerlo en el momento procesal oportuno. Al elegir entre las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas para la resolución de la situación jurídica, la defensa mostró incapacidad para la asesoría al imputado, lo que, incluso, motivó a la juez a decretar un receso para que tal asesoría pudiera verificarse en sus términos; no obstante, la defensa se negó, pues dijo no tener problemas. La defensora refirió a la jueza que, en su momento y por escrito, haría del conocimiento del Juzgado los datos y medios de prueba que ofrecerían para la defensa del imputado; pese a ello, no se ofrecieron los datos de prueba que ya obraban en la carpeta de investigación, a los que insistentemente se refirió la defensora como "aclaraciones", cuando solicitó que el Ministerio Público los vertiera por obrar en la carpeta. Pese a que solicitó la duplicidad del término constitucional para el ofrecimiento y desahogo de los datos y medios de prueba en favor del imputado, en la audiencia de ampliación de término constitucional la defensa tampoco pudo incorporar material probatorio, porque se desistieron expresamente de ello, en razón de que, en primer lugar, el defensor desconocía el contenido de la causa penal, y las razones por las que no asistirían a la audiencia las personas a las que pretendían interrogar; en segundo lugar, la defensa no pudo presentar a un testigo y, en tercer lugar, tampoco asistió el perito Quevedo Centeno. Con la precisión que tanto la declaración del testigo como el dictamen del perito, según lo afirmaron, ya obraban en la carpeta de investigación, pero no fueron ofrecidos como datos de prueba, si no como medios de prueba a desahogarse mediante interrogatorios en la audiencia y, al no presentarse las personas, la defensa desistió. (.) En ese contexto, es evidente que la participación de los defensores particulares del imputado, durante el desarrollo de la audiencia de comunicación de la imputación y ampliación del término constitucional, fue notoriamente inútil, demostrando un notorio incumplimiento a las obligaciones que, como defensores, les impone la legislación procesal penal aplicable, toda vez que la defensa no supo cómo incorporar en favor del imputado, conforme a las reglas del procedimiento, datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación, ya que pretendió insistentemente que el Ministerio Público los incorporara por "aclaración" y, además, porque en la audiencia de ampliación de término constitucional pretendió desahogarlos como medios de prueba sin lograr la comparecencia de las personas para los interrogatorio que, en ese momento, se efectuarían, terminando la defensa por desistirse de todo elemento probatorio que pudo favorecer al apelante. Lo que hace evidente que los defensores carecían de los conocimientos y técnicas necesarias para aportar datos de prueba pertinentes y necesarios para una defensa adecuada, y así poder desvirtuar la existencia del hecho atribuido al quejoso. - - - (.) En ese tenor, se establece que en el desarrollo de las audiencias no se garantizó al imputado Adrián Zárate Hernández su derecho a una defensa adecuada, pues a pesar que estuvo asistido por la Defensora Privada y luego el Defensor Privado que libremente escogió, quienes acreditaron contar con la licenciatura en derecho (elemento formal; sin embargo, no ejercieron la defensa técnica a su favor (elemento material), porque no actuaron diligentemente con el fin de proteger los derechos procesales del imputado y evitar que éstos se vean lesionados; al no incorporar datos de prueba que obraban en la carpeta de Investigación y que benefician al imputado, por desconocer las técnicas de litigación. - - - (.) Por tanto, el imputado careció de una defensa adecuada, dado que los abogados que fungieron como sus defensores privados no cuentan con los conocimientos técnicos en derecho, para actuar diligentemente en protección de las garantías procesales del imputado. - - - (.) En consecuencia, al evidenciarse una violación a las normas procesales penales que dejaron en estado de indefensión al imputado Adrián Zárate Hernández, en contravención a su derecho fundamental previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, desde luego, trascendió al resultado del auto de vinculación a proceso, procede la reposición del procedimiento, por lo cual se ordena a la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: Dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la audiencia inicial Señalar nueva fecha para la celebración de la misma. Verificar el cumplimiento del derecho de defensa técnica y adecuada del imputado y llegado el momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho corresponda. Con la precisión que la reposición ordenada no implica que se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; en observancia al principio de igualdad entre las partes. RESOLUCIÓN DE RECURSO PRIMERO. (.) SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto PRAL. 526/2020 Mesa 5B, del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, promovido por Adrián Zárate Hernández, se deja insubsistente la resolución emitida por esta Sala el veintiocho de agosto de dos mil veinte, en la que se confirmó el auto de vinculación a proceso de catorce de enero del año dos mil veinte, realizado por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019, así como las consecuencias jurídicas inherentes a dicha determinación. TERCERO. Ante la violación al derecho fundamental de defensa técnica adecuada del imputado Adrián Zárate Hernández, procede la reposición del procedimiento por lo que se ordena a la jueza de Control: Dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la audiencia inicial Señalar nueva fecha para la celebración de la misma. Verificar el cumplimiento del derecho de defensa técnica y adecuada del imputado y llegado el momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho corresponda. Con la precisión que la reposición ordenada no implica que se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; en observancia al principio de igualdad entre las partes. - - -- - (.)" 3.1 Determinación. Por las consideraciones apuntadas, se estiman cumplidos los dos efectos de la sentencia de amparo, sin defecto o exceso; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en sus términos la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa. 4. Archivo. Se reserva el archivo de este juicio de amparo, hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LOS TERCEROS INTERESADOS.- PRAL 526/2020 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en auto de diecisiete de marzo de este año, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento que adujo dar a la sentencia de amparo la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; sin que hayan hecho alguna manifestación al respecto. Antecedentes. En esas condiciones, se procede a establecer si, del análisis de las constancias que obran en autos, se encuentra cumplido el fallo protector, por tanto, se efectúa la narración sucinta de los antecedentes de este juicio de amparo: a) El quejoso *** reclamó de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veinte en el toca penal JOTP/44/2020, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019. b) En sentencia dictada en audiencia constitucional de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, engrosada el veintinueve siguiente, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "...la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dentro del término de tres días, posterior al en que se declare firme esta sentencia, deberá: 1. Dejar insubsistente la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veinte en el toca penal JOTP/44/2020, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido el catorce de enero de dos mil veinte por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019, así como las consecuencias jurídicas inherentes a dicha determinación. 2. Emitir una nueva resolución en la que, en razón de la violación al derecho de defensa técnica y adecuada del quejoso, ordene a la juez de Control: -Dejar sin efectos todo lo actuado a partir de la audiencia inicial. -Señalar nueva fecha para la celebración de la misma. -Verificar el cumplimiento del derecho de defensa técnica y adecuada del quejoso y, llegado el momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción, continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho corresponda. -Que la reposición ordenada no implica que se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; en observancia al principio de igualdad entre las partes." c) En acuerdo de veinticuatro de febrero de este año causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. d) Mediante proveído dictado el diecisiete de marzo de este año se tuvo al magistrado presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada; sin que hayan hecho alguna manifestación al respecto. 3. Análisis del cumplimiento de la sentencia de amparo. El primer efecto de la sentencia de amparo constriñe a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a dejar insubsistente la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veinte en el toca penal JOTP/44/2020, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido el catorce de enero de dos mil veinte por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019, así como las consecuencias jurídicas inherentes a dicha determinación. Para acreditar el cumplimiento de dicho efecto, el presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió copia certificada de la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/44/2020, de su índice; constancia que adquiere valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De dicha constancia se aprecia que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca penal JOTP/44/2020, que confirmó el auto de vinculación a proceso de catorce de enero de dos mil veinte, pronunciado por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019, así como las consecuencias jurídicas inherentes a dicha determinación. Por ello, se estima que la autoridad responsable cumple con el primer efecto de la sentencia de amparo. El segundo efecto de la sentencia obliga a la autoridad responsable a emitir una nueva resolución en la que, en razón de la violación al derecho de defensa técnica y adecuada del quejoso, ordene a la juez de Control: Dejar sin efectos todo lo actuado a partir de la audiencia inicial. Señalar nueva fecha para la celebración de la misma. Verificar el cumplimiento del derecho de defensa técnica y adecuada del quejoso y, llegado el momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción, continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho corresponda. Que la reposición ordenada no implica que se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; en observancia al principio de igualdad entre las partes. El cumplimiento de dicho efecto también se encuentra acreditado con la copia certificada de la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/44/2020, de la se aprecia que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca determinó que procedía la reposición del procedimiento, al evidenciarse una violación a las normas procesales penales que dejaron en estado de indefensión al imputado Adrián Zárate Hernández, en contravención a su derecho fundamental a la defensa técnica y adecuada previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, desde luego, trascendió al resultado del auto de vinculación a proceso; por ello, ordenó a la jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca diera cumplimiento a los cuatro aspectos destacados en la sentencia de amparo (marcados previamente con viñetas); como se aprecia de la transcripción de la parte relativa de la resolución en análisis: "En el caso, se tiene que la defensora privada del imputado solicitó a la jueza que requiriera al Ministerio Público que precisara "otros medios de prueba que no hizo mención"; cuando aún no había expuesto los datos de prueba, púes únicamente había formulado imputación en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al terminar el Ministerio Público la exposición de sus datos de prueba, la juez preguntó a la defensa si requería aclaración de los mismos y, en vez de ello, la abogada insistió en reiteradas ocasiones en que el Ministerio Público había omitido referir datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación y beneficiaban a su defendido. Cuando el Ministerio Público puntualizó que en la carpeta de investigación obraban datos, pero no era útiles para su teoría del caso, la defensa solicitó la incorporación del dictamen pericial como medio de prueba; evidenciando el Ministerio Público que no era la etapa procesal correspondiente para ello. Al corroborar la jueza que la intención de la defensa era incorporar los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación, le precisó que debía hacerlo en el momento procesal oportuno. Al elegir entre las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas para la resolución de la situación jurídica, la defensa mostró incapacidad para la asesoría al imputado, lo que, incluso, motivó a la juez a decretar un receso para que tal asesoría pudiera verificarse en sus términos; no obstante, la defensa se negó, pues dijo no tener problemas. La defensora refirió a la jueza que, en su momento y por escrito, haría del conocimiento del Juzgado los datos y medios de prueba que ofrecerían para la defensa del imputado; pese a ello, no se ofrecieron los datos de prueba que ya obraban en la carpeta de investigación, a los que insistentemente se refirió la defensora como "aclaraciones", cuando solicitó que el Ministerio Público los vertiera por obrar en la carpeta. Pese a que solicitó la duplicidad del término constitucional para el ofrecimiento y desahogo de los datos y medios de prueba en favor del imputado, en la audiencia de ampliación de término constitucional la defensa tampoco pudo incorporar material probatorio, porque se desistieron expresamente de ello, en razón de que, en primer lugar, el defensor desconocía el contenido de la causa penal, y las razones por las que no asistirían a la audiencia las personas a las que pretendían interrogar; en segundo lugar, la defensa no pudo presentar a un testigo y, en tercer lugar, tampoco asistió el perito Quevedo Centeno. Con la precisión que tanto la declaración del testigo como el dictamen del perito, según lo afirmaron, ya obraban en la carpeta de investigación, pero no fueron ofrecidos como datos de prueba, si no como medios de prueba a desahogarse mediante interrogatorios en la audiencia y, al no presentarse las personas, la defensa desistió. (.) En ese contexto, es evidente que la participación de los defensores particulares del imputado, durante el desarrollo de la audiencia de comunicación de la imputación y ampliación del término constitucional, fue notoriamente inútil, demostrando un notorio incumplimiento a las obligaciones que, como defensores, les impone la legislación procesal penal aplicable, toda vez que la defensa no supo cómo incorporar en favor del imputado, conforme a las reglas del procedimiento, datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación, ya que pretendió insistentemente que el Ministerio Público los incorporara por "aclaración" y, además, porque en la audiencia de ampliación de término constitucional pretendió desahogarlos como medios de prueba sin lograr la comparecencia de las personas para los interrogatorio que, en ese momento, se efectuarían, terminando la defensa por desistirse de todo elemento probatorio que pudo favorecer al apelante. Lo que hace evidente que los defensores carecían de los conocimientos y técnicas necesarias para aportar datos de prueba pertinentes y necesarios para una defensa adecuada, y así poder desvirtuar la existencia del hecho atribuido al quejoso. - - - (.) En ese tenor, se establece que en el desarrollo de las audiencias no se garantizó al imputado Adrián Zárate Hernández su derecho a una defensa adecuada, pues a pesar que estuvo asistido por la Defensora Privada y luego el Defensor Privado que libremente escogió, quienes acreditaron contar con la licenciatura en derecho (elemento formal; sin embargo, no ejercieron la defensa técnica a su favor (elemento material), porque no actuaron diligentemente con el fin de proteger los derechos procesales del imputado y evitar que éstos se vean lesionados; al no incorporar datos de prueba que obraban en la carpeta de Investigación y que benefician al imputado, por desconocer las técnicas de litigación. - - - (.) Por tanto, el imputado careció de una defensa adecuada, dado que los abogados que fungieron como sus defensores privados no cuentan con los conocimientos técnicos en derecho, para actuar diligentemente en protección de las garantías procesales del imputado. - - - (.) En consecuencia, al evidenciarse una violación a las normas procesales penales que dejaron en estado de indefensión al imputado Adrián Zárate Hernández, en contravención a su derecho fundamental previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, desde luego, trascendió al resultado del auto de vinculación a proceso, procede la reposición del procedimiento, por lo cual se ordena a la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: Dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la audiencia inicial Señalar nueva fecha para la celebración de la misma. Verificar el cumplimiento del derecho de defensa técnica y adecuada del imputado y llegado el momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho corresponda. Con la precisión que la reposición ordenada no implica que se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; en observancia al principio de igualdad entre las partes. RESOLUCIÓN DE RECURSO PRIMERO. (.) SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto PRAL. 526/2020 Mesa 5B, del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, promovido por Adrián Zárate Hernández, se deja insubsistente la resolución emitida por esta Sala el veintiocho de agosto de dos mil veinte, en la que se confirmó el auto de vinculación a proceso de catorce de enero del año dos mil veinte, realizado por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 626/2019, así como las consecuencias jurídicas inherentes a dicha determinación. TERCERO. Ante la violación al derecho fundamental de defensa técnica adecuada del imputado Adrián Zárate Hernández, procede la reposición del procedimiento por lo que se ordena a la jueza de Control: Dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la audiencia inicial Señalar nueva fecha para la celebración de la misma. Verificar el cumplimiento del derecho de defensa técnica y adecuada del imputado y llegado el momento procesal oportuno, con plenitud de jurisdicción continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho corresponda. Con la precisión que la reposición ordenada no implica que se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; en observancia al principio de igualdad entre las partes. - - -- - (.)" 3.1 Determinación. Por las consideraciones apuntadas, se estiman cumplidos los dos efectos de la sentencia de amparo, sin defecto o exceso; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en sus términos la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa. 4. Archivo. Se reserva el archivo de este juicio de amparo, hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 526/2020 MESA 5º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Remisión de escrito original. Vista la certificación y el contenido del escrito de cuenta, firmado por ****, se aprecia que ese ocurso no corresponde a este juicio de amparo, sino al diverso 526/2020 radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio; por tanto, previa copia certificada que se deje en autos, remítase el escrito original al citado órgano jurisdiccional, para que esté en condiciones de atenerlo. Sin que haya lugar a requerir acuse de recibo, dado que el sello que se asiente en la constancia correspondiente será suficiente para acreditar la entrega de la referida promoción al Juzgado correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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