Adrián Zárate Hernández
Expediente 122/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Adrián Zárate Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL.122/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veintinueve de abril del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Adrián Zárate Hernández, sin que dicha parte hubiese interpuesto ese medio de impugnación dentro de ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Resulta innecesario pronunciarse sobre el plazo de las autoridades y parte tercera interesada, pues al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Considerando que el quejoso se opuso a la publicación de sus datos personales; con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia dictada en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, con supresión de los datos personales de esa parte procesal, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, este expediente es DEPURABLE, mientras, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 8. Devolución. Por otra parte, la autoridad responsable, magistrado presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, como justificación a su informe, remitió a) el original del toca penal JOTP/170/2021, de su índice, y b) un disco compacto en formato dvd; por tanto, se ordena devolver esa documental por resultar innecesario que continúe en resguardo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.122/2022.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 122/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido en la misma fecha al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Adrián Zárate Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/170/2021, por la que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirma el auto de vinculación a proceso pronunciado en la causa penal 626/2019, el treinta de abril del referido año, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; y su ejecución atribuida a esta última autoridad judicial. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Remisión por relación. En el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca se ordenó formar el juicio de amparo 78/2022 mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, y al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, declaró ser legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo, por relación, y remitió el expediente a este órgano jurisdiccional. Tercero. Se registra demanda de amparo y se admite competencia planteada. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós: I. Se tuvo por recibido el oficio de la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que remitió: a) Los autos originales del juicio de amparo 78/2022, de su índice; y, b) La demanda de amparo promovida por Adrián Zárate Hernández y las copias respectivas. II. Se aceptó la competencia declinada, avocándose al conocimiento del mismo. III. Se admitió a trámite el juicio de amparo y se solicitó el informe justificado respectivo. IV. Se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se reservó proveer respecto el emplazamiento de la parte tercera interesada y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Cuarto. Emplazamiento de parte tercera interesada. Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados a) Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos, b) Luis Alberto Castellanos Castellanos, c) María de Lourdes Pérez Villalana y d) Francisca Castellanos Hernández, así como e) al agente del Ministerio Público que actuó en el toca penal JOTP/170/2021 del que deriva el acto reclamado; este último se apersonó a juicio por diverso auto de siete de marzo de este año. Quinto. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2, y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque la causa penal se instruye por un Juzgado de Control que tiene su residencia en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por los cuales se realizará el análisis relativo, son: 1º Resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/170/2021, por la que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirma el auto de vinculación a proceso pronunciado en la causa penal 626/2019, el treinta de abril del referido año, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. 2º La ejecución atribuida a la juez de Control de que se trata. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El magistrado presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, convino en la existencia del acto reclamado. Al respecto, señaló que mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/170/2021, declaró infundados los agravios expresados por el imputado Adrián Zárate Hernández en el recurso de apelación que hizo valer y confirmó el auto de vinculación a proceso de treinta de abril de dos mil veintiuno, pronunciado en la causa penal 626/2019, por el hecho que la ley señala como el delito culposo de lesiones y daños, cometido el primero en agravio de Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos y Luis Alberto Castellanos Castellanos, y el segundo en perjuicio de María de Lourdes Pérez Villalana y Francisca Castellanos Hernández. La autoridad responsable, jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye. Sin embargo, al existir el acto de ordenamiento existe el de ejecución, por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Cuarto. Análisis del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Ahora, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige en el dictado del auto de vinculación a proceso que ahora se reclama, establece los lineamientos a los que la autoridad judicial debe sujetar su proceder para ello, al señalar: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Y de la interpretación sistemática de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben converger los siguientes requisitos: a) Se haya formulado imputación; b) El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, acorde a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial, al pronunciar el auto de vinculación a proceso, mencionará el lugar y la fecha en que se dictó y demás requisitos que se prevean para cada caso; asimismo, establece que serán emitidos oralmente y surtirán efectos a más tardar al día siguiente y después de su emisión oral, deberán constar por escrito. Luego, si de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44 de dicha legislación, la formalidad que distingue al sistema es la oralidad de las actuaciones procesales, es claro que no deben desvincularse una de otra; esto es, la determinación emitida oralmente y la que se hace constar por escrito. Además, "la oralidad" constituye el instrumento más importante que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; de manera que los juzgadores se encuentran constreñidos a dirimir en forma verbal los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo establecido en el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las razones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las decisiones adoptadas; por tal motivo, se estudiará la determinación emitida de forma oral en la audiencia de vinculación a proceso. Y aunque ese acto de molestia también debe dictarse de manera escrita, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 16 de la Constitución Federal, no significa que existan dos resoluciones que puedan impugnarse en amparo, sino que esas actuaciones (la oral y la escrita), constituyen un mismo acto de autoridad, pues la escrita tiene su origen en la audiencia en que se resolvió el auto de vinculación a proceso, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la diligencia. También es de señalarse que existe cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso no se exigen pruebas, ni comprobar que aconteció un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, es decir, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema tradicional, con lo que se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, en consecuencia, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso; ello, atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.). Página: 360 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Entonces, el análisis de la constitucionalidad de la resolución reclamada por la que se confirma el auto de vinculación a proceso se constatará con base en las actuaciones del toca penal, así como de las audiencias de veintiséis y treinta de abril de dos mil veintiuno, en que se basó aquella resolución, hecha del conocimiento a las partes de manera oral en las audiencias relativas, en las que aparece que: 1º Se individualizaron las partes (00 horas, 00 minutos, 47 segundos del video 004728_2021_P01 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 2º El fiscal formula imputación a Zárate Hernández Adrián (00 horas, 02 minutos, 06 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021): 4º La juez de Control responsable preguntó al imputado si deseaba declarar, señalando este último que se reserva su derecho a declarar (00 horas, 07 minutos, 09 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 5º La representante social solicitó la vinculación a proceso del imputado y expresó los datos de prueba relativos (00 horas, 08 minutos, 20 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). Hecho que la ley señala como delito. Es correcto que en la resolución reclamada (fojas 31 a 39 del toca penal) se estableciera que era procedente confirmar el auto de vinculación a proceso al imputado, aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito: 1º Culposo de lesiones, previsto por el artículo 271 y sancionado por el 277, del Código Penal del Estado de Oaxaca, en agravio de Luis Alberto Castellanos Castellanos. 2º Culposo de lesiones, previsto por el artículo 271 y sancionado por el 272, segunda parte, del Código Penal del Estado de Oaxaca, en agravio de Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos. 3º Culposo de daños, previsto por el artículo 387 y sancionado por el numeral 354, del Código Penal del Estado de Oaxaca, en perjuicio de Francisca Castellanos Hernández, dueña de la motocicleta. 4º Culposo de daños, previsto por el artículo 387 y sancionado por el numeral 353, del Código Penal del Estado de Oaxaca, en perjuicio de María de Lourdes Pérez Villalana, dueña de la unidad de motor marca Volkswagen. Numerales que se encuentran relacionados con el artículo 58 del código invocado. Esos preceptos refieren: "Artículo 271. - Bajo el nombre de lesiones se comprenden, no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa". "Artículo 277. - Al que infiera una lesión que ponga en peligro la vida, se le impondrán de tres a siete años de prisión sin perjuicio de las sanciones que le corresponda conforme a los artículos anteriores". "Artículo 272. - Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar quince días o menos se le impondrán de seis días a seis meses de prisión y además podrá imponerse multa de cincuenta a quinientos pesos según la gravedad del caso. Si el ofendido tardare en sanar más de quince días se impondrán de cuatro meses a tres años de prisión y multa de cien a mil pesos. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella". "Artículo 387. Se aplicarán las penas de robo simple al que por cualquier medio destruya o deteriore alguna cosa ajena o propia, en perjuicio de otro. Cuando el delito se ejecute por persona que fuera embozado y por objeto de manifestaciones, se aumentará la sanción al doble y se impondrá multas correspondientes de quinientos a mil salarios mínimos". "Artículo 354. Cuando el valor de lo robado exceda de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, pero no de quinientas, la prisión será de tres a seis años y la multa será de cien a doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización". "Artículo 353. - Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se aplicará prisión de seis meses a tres años y multa de veinte a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización". "Artículo 58. - Cuando el delito culposo lesione un solo bien jurídico, se impondrá al sujeto activo de la cuarta parte del mínimo a la cuarta parte del máximo de la punibilidad, o medida de seguridad, asignada al tipo doloso, salvo disposición en contrario. . Si el delito culposo lesionare varios bienes jurídicos, se estará a lo dispuesto en el artículo 69; si fueren distintos los delitos culposos se aplicará el artículo 68". Ahora, el hecho atribuido es el que (00 horas, 02 minutos, 06 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021): a) Francisca Castellanos Hernández es propietaria del vehículo de motor tipo motocicleta marca Itálika, modelo FT150, color rojo, sin placas de circulación, número de serie 3SCPFTEE5J1063793. b) María de Lourdes Pérez Villalana es propietaria del vehículo de motor Volkswagen, tipo sedán, color naranja, placas de circulación TLM-81-26 del Estado de Oaxaca. c) El uno de octubre de dos mil dieciocho Adrián Zárate Hernández manejaba el vehículo de motor Seat Ibiza, color verde, placas de circulación TLN-69-05 del Estado de Oaxaca, sobre el boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, específicamente a la altura a la entrada de la Universidad Anáhuac, con dirección de oeste a este, haciendo el conductor maniobra de vuelta en "u" con falta de precaución y haciendo también cambio de carril sin cerciorarse de las condiciones de flujo vehicular y por dichas circunstancias este vehículo impacta con la motocicleta conducida por Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos y como pasajero Luis Alberto Castellanos Castellanos, debido a que le hace corte de circulación a la motocicleta posterior a la colisión primaria el conductor de la moticicleta se sale de su carril hacia la parte media del camellón central y dicha motocicleta a su vez se impacta con el vehículo Volkswagen tipo sedán conducido por María de Lourdes Pérez Villalana quien trataba de realizar maniobra de reincorporación hacia la avenida Congreso. d) Como consecuencia de ello Luis Alberto Castellanos Castellanos resultó con lesiones que afectaron piel tejido celular subcutáneo, tejidos blandos, sistema nervioso central, probablemente huesos, de naturaleza activa pasiva que si ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de quince días, y Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos resultó con lesiones que afectaron tejidos blandos musculares, óseos, de naturaleza activa pasiva que ponen en peligro la vida y que también tardan en sanar más de quince días. e) En tanto que la motocicleta resultó con daños como abollamiento en tanque de gasolina, desprendimiento de faro, manubrio doblado, tablero roto y ausente entre otros, y por su parte, el vehículo Volkswagen presentó daños como abolladura en la salpicadera frontal izquierda y parte del cofre. Concepto de violación. Ahora, previo a establecer si la autoridad responsable observó estuvieran reunidos los requisitos previstos por el artículo 19 constitucional, es de señalarse que la parte quejosa, vía concepto de violación, expresa que faltó el requisito de procedibilidad por parte de la ofendida María de Lourdes Pérez Villalana, en tanto que, dice, la Sala Penal invocó una tesis aislada, no aplicable al caso, y soslayó lo que disponen los numerales 211, inciso a), fracción I, 221, 222, 223 y 225, segundo párrafo (no dice a qué legislación se refiere), porque de la querella que se presentó no se advierte la indicación de quiénes cometieron y presenciaron el hecho delictivo, por lo que alega se vulneró en su perjuicio el derecho fundamental del debido proceso consagrado en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es inoperante ese concepto de violación, por lo siguiente: Dicho argumento fue hecho valer por el quejoso como agravio, al interponer recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra, el que fue analizado en la resolución reclamada por la Sala Penal. Ahora, el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 225. Querella u otro requisito equivalente La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente. La querella deberá contener, en lo conducente, los mismos requisitos que los previstos para la denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse que éstos se encuentren debidamente satisfechos para, en su caso, proceder en los términos que prevé el presente Código. Tratándose de requisitos de procedibilidad equivalentes, el Ministerio Público deberá realizar la misma verificación". En tanto que los requisitos que debe contener la querella, en lo conducente, son los previstos para la denuncia a que se refiere el numeral 223 de ese código, y que son: "Artículo 223. Forma y contenido de la denuncia La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante. En el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se levantará un registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que se haga de la misma, lo firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, estampará su huella digital, previa lectura que se le haga de la misma. Así, como lo alega la parte quejosa, entre esos requisitos que se exigen en la querella, se encuentra el de contener la indicación de quién o quiénes habrían cometido el hecho, de ahí lo fundado de su manifestación. Sin que en el caso resulte aplicable la tesis de rubro: "QUERELLA. PARA TENER POR VÁLIDO Y PROCEDENTE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN DELITOS QUE SE PERSIGUEN A PETICIÓN DE PARTE OFENDIDA, NO ES NECESARIO QUE SE PRECISE EL NOMBRE DEL SUJETO A QUIEN SE CONSIDERA AUTOR DEL DELITO", que invocó la Sala Penal en la resolución reclamada, en la medida que en ese criterio se analizaron diversos preceptos del Código Federal de Procedimientos Penales, en tanto que en el caso en particular se aplicó el Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante lo anterior, resulta inoperante dicho concepto, ya que a nada práctico conduciría otorgar la protección constitucional, porque, como lo analizó la Sala Penal responsable, de forma correcta, existe la petición al Ministerio Público, por parte de María de Lourdes Pérez Villalana, como ofendida, para que se iniciara la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos, y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados, en su caso, ejerciera la acción penal correspondiente (foja 37 del toca penal). Entonces, de acuerdo con las facultades investigadoras del Ministerio Público, el único competente para conocer quién podría ser el autor del delito, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, es a dicho representante social. Por tanto, sí está satisfecho el requisito de procedibilidad. Ahora, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca estuvo en lo correcto al considerar que los datos de prueba expresados en la audiencia y considerados por la juez de Control son: 1. Parte informativo suscrito por los agentes de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Idelfonso Cruz Ruiz, William Daza Hernández y Jaime Uriel Medina Esteban, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho (00 horas, 09 minutos, 58 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021), en el que: Señalaron que aproximadamente a las veintiuna horas, del uno de octubre de dos mil dieciocho al realizar vigilancia sobre el boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, específicamente a la altura de la Universidad Anáhuac, logran escuchar un estruendo y cerca de ahí vieron que un sujeto estaba tirado sobre el asfalto, otro que estaba de pie trataba de levantarlo y cinco metros antes una motocicleta con daños visibles, derribada, y un vehículo de motor Ibiza, color verde, que a simple vista presentaba en la parte de enfrente, lado izquierdo, unos golpes, y estaba otro vehículo marca Volkswagen, que presentaba un golpe en el lado izquierdo, cuyos conductores dijeron llamarse Adrián Zárate Hernández y María de Lourdes Pérez Villalana, respectivamente. 2. Querella presentada por María de Lourdes Pérez Villalana ante la representación social el dos de octubre de dos mil dieciocho (00 horas, 13 minutos, 38 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021); en el que: Dijo que aproximadamente a las veintiuna horas con veinte minutos, del uno de octubre de dos mil dieciocho, circulaba en su vehículo Volkswagen, sedán, color rojo, placas de circulación TLN8126, y al circular sobre el boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, con dirección a Zaachila, y en el monumento de los Hombres Ilustres, dio vuelta a la derecha, para incorporarse hacia la Universidad Anáhuac; luego, al pretender dar vuelta a la izquierda, con rumbo a la Cámara de Diputados, y en el entronque que viene de esa Cámara de Diputados, vio que pasó una pipa, y que un vehículo Ibiza, color verde, estaba parado, que pretendía dar la vuelta en "u" con direccional, enseguida, escuchó un impacto en el vehículo que estaba enfrente y luego en el suyo, en la parte frontal, lado izquierdo, lado de la salpicadera, y ve una motocicleta que no tenía luces prendidas, cuyas personas salieron impactados metros adelante, y al bajarse de la unidad de motor ve a dos personas tiradas, y cinco minutos después llega la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 3. Factura número 2505, expedida por Auto Centro Monterrey, de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, con última cesión de derechos en la parte posterior, a favor de la víctima María de Lourdes Pérez Villalana, el tres de febrero de dos mil quince (00 horas, 16 minutos, 46 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 4. Dictamen médico de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, expedido por la doctora Monserrat del Carmen Montesinos Mijangos, perito médico de la Fiscalía, a favor de Luis Alberto Castellanos Castellanos (00 horas, 17 minutos, 40 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 5. Certificado médico de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, de la doctora Monserrat del Carmen Montesinos Mijangos, perito médico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a favor de Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos (00 horas, 18 minutos, 53 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 6. Diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos, de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, firmado por el agente estatal de investigaciones Luis Roberto Sánchez Trujillo (00 horas, 20 minutos, 23 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 7. Diligencia de inspección ocular a los vehículos de motor, de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, firmado por el agente estatal de investigaciones Luis Roberto Sánchez Trujillo (00 horas, 21 minutos, 58 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 8. Querella presentada por Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos, con fecha seis de octubre de dos mil dieciocho (00 horas, 24 minutos, 00 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 9. Querella presentada por Luis Alberto Castellanos Castellanos, con fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (00 horas, 26 minutos, 11 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). Quienes, en esencia, señalaron que aproximadamente a las veintiuna horas del uno de octubre de dos mil dieciocho, iban a bordo de una motocicleta marca Itálika, color negro con rojo, conducida por Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos; circulaban sobre la bajada de la calle del Crit, de manera repentina, sin que vieran ningún vehículo de motor, a la altura del entronque de la Universidad Anáhuac, siente un impacto del lado derecho, de la llanta, pierde el control de la moto, que salieron proyectados hacia la carpeta asfáltica, por lo que ve un vehículo de motor verde que les impacta, y al pretender huir esa persona impacta otra unidad de motor. 10. Dictamen de mecánica de hechos, avalúo de daños e identificación vehicular, de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil dieciocho, emitido por el perito técnico Miguel Ángel Hernández Pérez, de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la que dio a conocer que los daños ocasionados a la motocicleta ascienden a $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional) y los daños del vehículo de motor Volkswagen, tipo sedán, con un valor de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional) y en la mecánica de hechos concluyó que el responsable fue el imputado Adrián Zárate Hernández, al conducir su vehículo de motor con falta de precaución y realizando el cambio de carril sin cerciorarse si las condiciones del flujo vehicular se lo permitían (00 horas, 29 minutos, 10 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 11. Dictamen de revaloración médica, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, respecto a Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos, realizado por la doctora Monserrat del Carmen Montesinos Mijangos, perito médico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (00 horas, 39 minutos, 06 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 12. Dictamen de revaloración médica, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, respecto a Luis Alberto Castellanos Castellanos, realizado por la doctora Monserrat del Carmen Montesinos Mijangos, perito médico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (00 horas, 40 minutos, 38 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 13. Querella presentada por Francisca Castellanos Hernández, de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, ante el representante social, contra Adrián Zárate Hernández, y solicita se le pague la reparación del daño (00 horas, 42 minutos, 07 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 14. Factura número 7287519, de tres de abril de dos mil dieciocho, expedida por Nueva Elektra del Milenio, sociedad anónima de capital variable, a favor de Francisca Castellanos Hernández, por la compra de motocicleta ft-150, color negro (00 horas, 42 minutos, 53 segundos del video 004728_2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). La defensa ofreció los siguientes datos de prueba: 1. Declaración de Daniel Alejandro Carrasco Elizárraga (00 horas, 03 minutos, 45 segundos del video 00662_2021_P01 de la carpeta 2 que contiene el archivo A4 AMP.TERM. CONST. 30-04-2021). 2. Declaración de María de Lourdes Pérez Villalana (00 horas, 05 minutos, 00 segundos del video de la carpeta 2 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). 3. Dictamen en materia criminalística en tránsito terrestre, de veinte de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el perito José Isaías Quevedo Centeno (00 horas, 06 minutos, 10 segundos del video 00662-2021_P02 de la carpeta 1 que contiene el archivo A4 CUMPL.EJEC. DE AMP. DE AUD.URG.26.04.2021). Análisis. Ahora, es de señalarse que existe cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso no se exigen pruebas, ni comprobar que aconteció un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, es decir, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema tradicional, con lo que se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, en consecuencia, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso; ello, atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Conceptos de violación relacionados con el hecho que la ley señala como delito. 1º El quejoso manifestó, vía concepto de violación, que no se satisface el requisito previsto en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el representante social no cumplió con el principio de onus probandi, ya que el dato de prueba relativo al dictamen de mecánica de hechos, avalúo de daños e identificación vehículo, fue realizado por el perito oficial en un lugar distinto al en que sucedieron los hechos, sin que exista prueba idónea que demuestre que el boulevard Anáhuac de San Raymundo Jalpan, y el boulevard Guadalupe Hinojosa de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, se trate del mismo lugar, por lo que no se demuestra la circunstancia de lugar a que se refiere el artículo 19 constitucional. Es infundada la manifestación del quejoso. Como lo sostuvo la Sala Penal responsable, de los datos de prueba de que se trata, aparece la declaración de María de Lourdes Pérez Villalana, quien dijo que el día de los hechos, circulaba con su vehículo de motor, dando vuelta a la derecha para entroncar a la avenida Universidad Anáhuac, que sigue siendo boulevard Guadalupe Hinojosa, cuando sucedió el impacto sobre esa unidad vehicular. Sin que el imputado incorporara dato de prueba alguno que demostrara que el boulevard Anáhuac de San Raymundo Jalpan, y el boulevard Guadalupe Hinojosa de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, sean lugares distintos, como lo sostiene. Por lo que, como lo apreció la Sala responsable, aunque en el peritaje se estableciera un lugar, en el caso, se trata del mismo en el cual sucedió el hecho que la ley considera como delito. 2º La parte quejosa refiere como concepto de violación que la Sala Penal responsable no tomó en cuenta que la juez de Control no valoró correctamente la versión de María de Lourdes Pérez Villalana, quien declaró que vio parado al conductor del vehículo seat, tipo Ibiza, que pretendía dar vuelta en "u", porque vio prendida su direccional, cuando de repente escuchó un impacto muy fuerte y la motocicleta impactó a aquel vehículo, luego su unidad de motor, quien iba a exceso de velocidad y que no tenía luces; que ello se encuentra adminiculado con el dictamen del perito de su parte, en tanto que la querellante Francisca Castellanos no estuvo en el lugar de los hechos. No asiste razón al quejoso. Como lo determinó la Sala Penal responsable, en el caso prevalece el dictamen del perito oficial, quien concluyó que el conductor del vehículo marca Ibiza, es el que al manejar con falta de precaución y realizando el cambio de carril sin cerciorarse si las condiciones del flujo vehicular se lo permitían, fue el que causó lesiones y daños; se explica: Hasta la etapa procesal en que se emitió el acto reclamado, el dictamen que emitió el perito de la defensa del imputado, aquí quejoso, carece de eficacia demostrativa para establecer que fue el conductor de la motocicleta el que causó esas lesiones y daños, porque, como lo refirió la juez de Control y convalidada de forma correcta por la Sala Penal responsable (foja 38 reverso del toca penal), la defensa no aportó información suficiente a la juez de Control que le permitiera conocer que ese perito contaba con los conocimientos para emitir su opinión, como lo es el de tener cédula profesional y en qué materia; aunado a que al incorporar los datos de prueba por parte de la defensa ante la juez de Control, el defensor refirió que en ese dictamen el perito de su parte estableció que existían tres hipótesis que pudieron ocasionar esos daños y lesiones, concluyendo que había sido el conductor de la motocicleta el que los causó, pero no explicó la defensa en la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno los motivos por los cuales se excluían los otros dos supuestos. De ahí que, por lo menos, hasta ese momento en que se resolvió la situación jurídica del quejoso, prevaleció el dictamen del perito oficial. Por tanto, lo dicho por la querellante María de Lourdes Pérez Villalana, que la motocicleta no tenía luces y era conducida a exceso de velocidad, hasta esa etapa procesal, no encuentra sustento en algún otro dato de prueba incorporado ante la juez de Control. Pues lo que manifestó el testigo Daniel Alejandro Carrasco Elizarraga no desvirtuó los datos de prueba que incorporó la representación social, esencialmente, el dictamen pericial que determina fue el conductor del vehículo Ibiza el que produjo el resultado ilícito. Por tanto, para efectos de resolver la situación jurídica del imputado, aquí quejoso, los elementos del hecho que la ley señala como delitos, como correctamente lo consideró la Sala Penal en el considerando quinto de la resolución reclamada, quedaron demostrados de acuerdo a la ponderación de los datos de prueba que realizó la juez de Control e incorporados por el representante social, en el que se aplicó la sana crítica racional, lógica y libre, suficiencia y congruencia, que son idóneos y pertinentes en términos de los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al señalar que con la conducta imprudente del imputado al conducir un vehículo de motor, ocasionó diversas lesiones a Luis Alberto Castellanos Castellanos y Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos, y causó un menoscabo en el patrimonio de María de Lourdes Pérez Villalana y Francisca Castellanos Hernández (foja 36 del toca penal). Probabilidad. Como correctamente lo estimó la responsable (foja 36 reverso del toca penal), de esos mismos datos de prueba, se aprecia que fue el imputado, aquí quejoso, el que ocasionó diversas lesiones a Luis Alberto Castellanos Castellanos y Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos, y un menoscabo en el patrimonio de María de Lourdes Pérez Villalana y Francisca Castellanos Hernández. Por lo que queda justificada la probabilidad de la intervención del quejoso en la comisión del hecho atribuido, a título de culpa, en términos del artículo 8, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca (foja 38 reverso del toca penal). De ahí que es apegado a derecho que la Sala responsable considerara que la juez de Control señaló con razonable grado de aproximación que, posiblemente, se perpetró un hecho que la ley señala como delito, y el imputado posible autor, suficiente para confirmar la vinculación a proceso. En efecto, debe decirse que por probabilidad de su intervención debe entenderse la concurrencia de datos suficientemente eficaces para considerar viable la demostración futura, de lo que en una etapa procesal preliminar representa al menos una razonable deducción de intervención en los hechos, al grado de justificar el potencial juicio de reproche más allá de la simple posibilidad o eventualidad; de esa manera, en forma adecuada refirió la Sala responsable fue correcto que la juez de Control estimara que existen datos de prueba con los que quedó justificada la probabilidad de la intervención del quejoso en la comisión de los hechos delictuosos citados. Además, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia señalada con anterioridad, la oralidad en el sistema penal acusatorio se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad; principios que fueron observados durante la audiencia de veintiséis y treinta de abril de dos mil veintiuno, pues la juez de Control responsable permitió que las partes conocieran, controvirtieran y confrontaran los datos de prueba; escuchó las refutaciones, las audiencias se desarrollaron en su presencia e intervención y fueron públicas. Por tanto, fue apegado a derecho que la responsable confirmara la decisión de la juez de Control respecto de que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son suficientes, hasta la etapa procesal relativa, para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito, materia de la formulación de la imputación, al establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho respectivo y la probable participación del quejoso en su comisión, sin que se hubieren vulnerado sus derechos fundamentales. Además, para la emisión del auto de vinculación no se exige la comprobación del hecho que la ley señale como delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que basta con que el juez de Control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio. Y de acuerdo con el proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juez de control para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 constitucional, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de referencia; luego, la videograbación de las audiencias permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente, la fundamentación y motivación que debe contener. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 34/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel". En consecuencia, al no existir materia de queja que suplir, ni se vulneraron los derechos fundamentales alegados, se niega al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo que se hace extensivo al acto de ejecución que se reclama, porque no se hace depender de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la hace depender del acto de ordenamiento; atento a la tesis de rubro: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS". Quinto. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considerará lo procedente en el momento oportuno. No obstante ello, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, y su publicación se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Adrián Zárate Hernández, contra: 1º La resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/170/2021, por la que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirma el auto de vinculación a proceso pronunciado en la causa penal 626/2019, el treinta de abril del referido año, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. 2º La ejecución atribuida a la juez de Control de que se trata. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, veintinueve de abril de dos mil veintidós, en lo que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Conste.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Adrián Zárate Hernández, contra: 1º La resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/170/2021, por la que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirma el auto de vinculación a proceso pronunciado en la causa penal 626/2019, el treinta de abril del referido año, por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. 2º La ejecución atribuida a la juez de Control de que se trata. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, veintinueve de abril de dos mil veintidós, en lo que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Conste.
- Principal
PRAL.122/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal. Vistos los autos, advirtiéndose que: a) Mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso se ordenó el emplazamiento de a) Adolfo Alejandro Castellanos Castellanos, b) Luis Alberto Castellanos Castellanos, c) María de Lourdes Pérez Villalana y d) Francisca Castellanos Hernández, en su carácter de víctimas, así como e) al agente del Ministerio Público que actuó en el toca penal JOTP/170/2021del que deriva el acto reclamado. b) Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós se tuvo a la secretaria de acuerdos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remitiendo la diligencia de emplazamiento y notificaciones realizadas por estrados de ese órgano jurisdiccional, a los citados terceros interesados; asimismo, se ordenó realizar las notificaciones a dicha parte, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publique en este Juzgado. Por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de las actuaciones que integran este expediente. Diferimiento de la audiencia constitucional. En esas condiciones, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, misma que se difiere y se fijan las nueve horas con veintiún minutos del dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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