Adrian Serrano Sánchez

Expediente 822/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
822/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Adrian Serrano Sánchez
  • Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    PRAL: 822/2019 MESA 3 A& San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de seis de diciembre del año en curso, asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio ********, por la razones que expone, en el que se anexó copia certificada de constancias deducidas del expediente *******del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que, como se dijo, el tomo anexo era de constancias en copia certificada, las cuales se ordenó su devolución por haber concluido definitivamente este asunto y, en su caso, ser reutilizadas por la referida Sala Unitaria. Notifíquese...

  2. Principal

    PRAL.822/2019-3A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Se devuelve tomo. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diez de octubre del año en curso (foja 31), la magistrada de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, remitió copia certificada de constancias deducidas del expediente ******************** de su índice; en consecuencia, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional, toda vez que mediante auto de ocho de noviembre último (fojas 58 a 60), se ordenó el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 822/2019 MESA 3-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la determinación de veintiuno de octubre del año en curso (fojas 42 a 47) que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Adrián Serrano Sánchez, sin que se hubiere interpuesto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Devolución de documentos. Por otra parte, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente a fojas 6 a 12 obra el escrito del quejoso de veintiocho de octubre de dos mil quince, con sello original de recibo que anexó al escrito de la demanda de amparo. Por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dicha constancia, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidos en su momento junto con el expediente. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 5.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 5.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.822/2019-3A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 1. Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el secretario de Acuerdos encargado de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, por el que rinde informe justificado. 1.1. Prueba. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de esa autoridad responsable a) la copia certificada de la diligencia de pago de diecisiete de octubre del año en curso, realizada en el expediente 349/2016, del índice de la responsable, b) nombramiento de confianza mando medio a nombre de Jaime Alejandro Velázquez Martínez y c) cheque expedido a favor de Adrián Serrano Sánchez; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. 2. Actualización de una causa de improcedencia. En el caso, la parte quejosa reclama en este juicio (foja 4): Lo que se traduce en la falta de cumplimiento de la sentencia de once de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio 349/2016, del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Contra dichos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expide; se aprecia que: Mediante diligencia de pago de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, realizada en el expediente 349/2016, del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, compareció el aquí quejoso Adrián Serrano Sánchez, así como el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, este último con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de once de octubre de dos mil diecisiete, respecto del pago de diversas prestaciones al quejoso. Por lo que en esa misma diligencia se tuvo a la autoridad responsable haciendo el pago de la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) Al respecto, Adrián Serrano Sánchez indicó que era su voluntad recibir el título de crédito que exhibió la autoridad demandada, como pago de las prestaciones reclamadas, lo anterior, como resultado al acuerdo al que llegaron, no reservándose acción civil o penal que hacer valer y solicitando el archivo del expediente 349/2016; por ello, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en dicho expediente, ordenándose el archivo del mismo. Actuaciones que patentizan la cesación del acto reclamado, pues Adrián Serrano Sánchez se quejaba del incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio 349/2016, del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, esto es, la omisión de pago de diversas prestaciones laborales por parte del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, la misma ya aconteció. Lo que demuestra la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado; en la medida de que desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y sus efectos. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, a sobreseer, fuera de audiencia, en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia número 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, del texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 4. Se deja sin efecto fecha y hora de la audiencia. En virtud de lo anterior, al haberse actualizado, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia invocada en párrafos anteriores, queda sin efecto la hora y fecha señaladas en proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve (fojas 31), para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, a saber, nueve horas con tres minutos del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve; pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer este asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, en la medida de que el resultado de la resolución sería en el mismo sentido; además, de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. 5. Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo". Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 6. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. 7. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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