Adrian Romero Paredes

Expediente 1873/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 44 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1873/2014
Año
2014
Actuaciones
44
Última actuación
21/09/2016

Partes del expediente

  • Adrian Romero Paredes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2, se agrega a los autos el oficio telegráfico de cuenta, enviado por el Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez Puebla, a través del cual acusa recibo del oficio 18689/2016 y anexos adjuntos. Información de la que toma conocimiento este juzgado Federal para los efectos legales conducentes; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento decretado el dos de septiembre último y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se negó el amparo y protección de la justicia en el juicio de amparo promovido por Adrián Romero Paredes; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en Libro de Gobierno; glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es depurable, pues se concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, primera parte, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, únicamente deberá ser glosado el original del mismo. Finalmente, mediante oficio que al efecto se envíe, se ordena la devolución de las constancias adjuntas al informe justificado de la autoridad responsable Juzgado de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla, consistentes en copias certificadas relativas a la causa penal 175/2009, de su índice. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México; dos de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual ha quedado firme la ejecutoria de amparo de seis de mayo de dos mil dieciséis, que negó la protección constitucional en el juicio promovido por Adrián Romero Paredes, por lo que se procede declarar sin materia este incidente de suspensión, dejar sin efecto las medidas decretadas en la suspensión provisional y la definitiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos; para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1873/2014, promovido por Adrián Romero Paredes, por propio derecho, contra actos de la Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez Puebla, y; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el once de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con sede en Nezahualcoyotl, Adrián Romero Paredes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez Puebla, como autoridad ordenadora, así como de la Policía Ministerial de Xicotepec de Juárez Puebla, como autoridad ejecutora; consistentes en: "(.) A. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS. LA ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA EN MI CONTRA POR LA COMISIÓN DE DELITOS QUE EL SUSCRITO PETICIONARIO DE GARANTÍAS NO HA COMETIDO. B. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA: LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DICHA ORDEN DE APREHENSIÓN PARA PRIVARME DE MI LIBERTAD. II. Trámite y admisión de la demanda. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda al Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Nezahualcóyotl, quien por acuerdo de doce de diciembre de dos mil catorce, lo registró con el número de juicio de amparo indirecto 1390/2014-IV, declarándose legalmente incompetente, por razón de territorio, sustentado en que de la reseña de datos de la demanda de amparo se desprende que la ejecución de los actos reclamados tiene lugar en la jurisdicción de Toluca, Estado de México al estimar que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Reclusorio de Almoloya de Juárez Toluca, Estado de México, por tanto declinó competencia a favor del Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, en turno, para su trámite correspondiente (fojas 17 a 22). III. Por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil catorce, se agregó el oficio 31655, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Nezahualcóyotl informando que dicho Órgano de Control Constitucional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Adrián Romero Paredes. IV. Por auto de veintidós de diciembre de dos mil catorce el Secretario Encargado del Despacho de este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, la registró bajo el número 1873/2014; ordenó formar por separado y por duplicado el incidente de suspensión relativo, por así haberse solicitado, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a los Fiscales que hubieren tenido intervención el juicio del que se originó el acto reclamado; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b, de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una orden de aprehensión cuya ejecución se puede ejecutar en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar el acto reclamado en la demanda. Sobre el particular se invocan la jurisprudencia P./J. 40/2000, así como la tesis aislada P. VI/2004, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros, respectivamente, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que los actos que reclama la parte quejosa y por los cual se admitió a trámite, son: La orden de aprehensión de diecinueve de agosto de dos mil nueve, emitida en su contra por el Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez Puebla, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido, el Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, en el Estado de Puebla (foja 41), así como el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Xicotepec de Juárez en el Estado de Puebla y el Comandante de la Policía Ministerial de Xicotepec de Juárez en el Estado de Puebla (fojas 33 a 39), rindieron su informe justificado, los primeros aceptando la existencia de los actos reclamados y el Comandante de la Policía en sentido negativo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Ahora bien no obstante que el Comandante de la Policía Ministerial de Xicotepec de Juárez en el Estado de Puebla rindió su informe negando los actos reclamados tal circunstancia no es motivo para sobreseer en el presente juicio de garantías pues al haber aceptado el Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, en el Estado de Puebla en su carácter de autoridad ordenadora el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones, por lo tanto, queda desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado. Certeza que además se corrobora con la copia certificada del proceso 175/2009, que anexó el juez responsable a su informe justificado; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, este juzgado no advierte que en el caso se actualice alguna causa de improcedencia que de oficio tenga que analizarse o que las partes hicieran valer. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para un mejor conocimiento del evento controvertido, resulta preciso señalar los antecedentes relevantes que se advierten de las constancias que se acompañó a su informe justificado el juez responsable, de donde se obtiene lo siguiente: El veinticuatro de junio de dos mil nueve, el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito de Metlatoyuca, Puebla, ejerció acción penal contra Adrián Romero Paredes y Juan Miguel Cano Vivian, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado y robo a casa habitación, en agravio de quien en vida llevó el nombre de Fernando Beltrán Valderrama y por el delito de robo en agravio de Bulmaro Beltrán Márquez ilícitos previstos en los artículos 312, 313, 323, 326 fracción II, 329, 331, 373, 374 fracción IV, y 380 fracciones I, III, X, y XI del Código Penal vigente en la Entidad, solicitando orden de aprehensión en su contra (fojas 608 a 642). Por auto de diecinueve de agosto de dos mil nueve, el Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, en el Estado de Puebla, libró la orden de captura solicitada acto que constituye el reclamado en el presente juicio de amparo. (fojas 643 a 666 del anexo I); SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, se procede al análisis del fondo del acto reclamado -el cual se encuentra impreso dentro de los anexos que envió el juez responsable en apoyo a su informe justificado-; examen que se practicará a la luz de los conceptos de violación, los cuales se tienen por transcritos, en obvio de repeticiones innecesarias, por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su reproducción en la sentencia. Sirve de apoyo, a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." De igual manera, apoya lo anterior la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De esa manera, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su escrito de demanda, aún suplidos de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, son infundados, por las consideraciones siguientes: En esencia, el inconforme plantea como conceptos de violación, que la autoridad responsable transgrede los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Atendiendo a la técnica que impera en el juicio de amparo, es dable en primer término dar contestación al concepto de violación se argumenta que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, al no otorgarse garantía de audiencia antes de que se emitiera la orden de aprehensión que se reclama. Al efecto el artículo 14 de la Carta Magna, en su párrafo segundo, prevé la garantía de seguridad jurídica que todo procedimiento seguido en forma de juicio debe contener: "(.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" Dicho precepto consagra la garantía de seguridad jurídica, dentro de la que se encuentran inmersas la garantía de audiencia, la de juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate. Por tanto, la garantía de audiencia, obliga a todas las autoridades del Estado a permitir la defensa de los particulares previamente a cualquier privación de sus derechos, por lo que, dicha prerrogativa es el acto, por parte de las autoridades, de oír a las personas que exponen, reclaman, demandan o solicitan alguna cosa. Ahora bien, del artículo 16 constitucional, se deduce que para dictar una orden de aprehensión es suficiente que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, la emisión de este acto de autoridad no exige como requisito observar la garantía de audiencia de la persona en contra de quien se dicta. Lo anterior se relaciona con lo establecido en el numeral 184 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual señala que cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, tuviesen señalada pena privativa de la libertad y se trate de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o que su asistencia a la audiencia de la formulación de imputación pudiera verse demorada o dificultada, el juez de control, a solicitud del ministerio público, ordenará su aprehensión para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. De lo anterior, se aprecia que tanto constitucional, como legalmente, no es exigible que previo a emitir el mandato de captura, se oiga al inculpado; por lo cual es infundado el concepto de violación en el cual se argumenta lo contrario. Como apoyo a lo anterior, es aplicable al caso la tesis IX.1o.33 P, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Máxime que, de la lectura de la orden de aprehensión reclamada se advierte que ésta se encuentra fundada y motivada. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, en lo que interesa dice: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." El precepto constitucional transcrito consagra la garantía de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación, que obliga a todas las autoridades en sus actos y más aún cuando éstos son tendentes a realizar un acto de molestia en los particulares o gobernados. Por fundamentación del acto de autoridad se debe entender la sustentación en una disposición normativa de carácter general una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, de donde se sigue que las autoridades sólo pueden hacer lo permitido en la ley. Por motivación del acto de autoridad, se debe entender la invocación de las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma. En otras palabras, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el cual éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación, contenidos en la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario citar en sus determinaciones los preceptos legales de apoyo y, además, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la condujeron a la conclusión del asunto concreto tratado y que encuadra en los supuestos de la norma invocada. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Pues bien, contrario a lo que sostiene el quejoso, de la lectura del acto reclamado, tenemos que se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que en éste el Juez citó los preceptos legales en el que fundó su determinación y precisó los motivos que lo llevaron a tomar tal determinación. Sentado lo anterior, se tiene que, de los preceptos tanto constitucionales como legales transcritos en párrafos precedentes se desprende que para emitir un acto de molestia, en el caso, la orden de captura, se deben satisfacer las siguientes formalidades o requisitos: Que sea librada por autoridad competente; Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que se encuentre sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; y, Que existan datos que acrediten los elementos del cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión. La primera de las exigencias señaladas se encuentra actualizada en el presente caso, porque de las constancias que integran la causa 175/2009, se advierte que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por el Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, en el Estado de Puebla, quien al ser integrante del Poder Judicial del Estado de Puebla, goza de la característica de ser autoridad judicial y, por ende, se encuentra legalmente facultado para el pronunciamiento de actos de la naturaleza del que se impugna. Sustenta lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se contiene en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 26/99, que es del tenor literal siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad." En este punto es importante precisar que si bien la autoridad responsable no realizó pronunciamiento alguno respecto a su competencia legal para conocer del asunto, lo cierto es que ello no es motivo suficiente para conceder el amparo al quejoso, pues este juzgado advierte que el A quo sí tiene jurisdicción para pronunciarse en el expediente, en virtud de que los hechos acontecieron en Metlatoyuca, Puebla. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 48/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD EMISORA FUNDE SU COMPETENCIA, SI EL ÓRGANO DE AMPARO ADVIERTE QUE LA MISMA EXISTE Y SE ACTUALIZA A FAVOR DE DICHA AUTORIDAD. Acorde con la tesis P./J. 10/94, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", la fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto reclamado es un requisito esencial de éste, porque de no conocer el sustento legal relativo, se dejaría en estado de indefensión al gobernado a quien va dirigido y se le privaría de la oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si es conforme a la ley. Sin embargo, tratándose del juicio de garantías en materia penal, cuando el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, no procede conceder el amparo para el único efecto de que la autoridad responsable funde su competencia legal cuando ésta no es cuestionada por el quejoso por alguna razón de fondo y el juzgador advierte su existencia y actualización en favor de aquélla, pues al tratarse de actos restrictivos de la libertad dictados en los procesos penales, subsiste el interés de la sociedad en que el Estado ejerza su potestad punitiva, por lo que la concesión del amparo en los términos mencionados puede traer como consecuencia que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia, en perjuicio del interés general. Además, si el órgano de amparo determina que la competencia se surte a favor de la autoridad responsable, ello otorga certeza al quejoso respecto a la emisión del acto reclamado y se colma lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El segundo de los requisitos también se satisface porque de las constancias de la causa penal 175/2009, se advierte que el mandamiento de captura tiene como antecedente la denuncia presentada por BULMARO BELTRÁN MARQUEZ, EMILIA BELTRAN VALDERRAMA y BULMARO BELTRAN VALDERRAMA por los hechos ocurridos el día nueve de mayo de dos mil ocho, en los que resultó lesionado FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA, quien falleció al día siguiente en el Hospital Regional de Poza Rica, a causa de un impacto de bala, por lo que el requisito de procedibilidad para el dictado de la correspondiente orden de aprehensión está satisfecho. La tercera exigencia, relativa a que para librar una orden de aprehensión se trate de un delito que esté sancionado con pena de prisión, se ve satisfecha considerando que para los delitos en comento, respecto del homicidio calificado el artículo 332 del Código Penal en el Estado de puebla, establece una pena de veinte a cincuenta años de prisión y por el delito de Robo el artículo 374 fracción IV, señala una pena de tres a ocho años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario. Finalmente, el cuarto requisito constitucional, se satisface, porque de los datos que se desprenden de la indagatoria de origen se acreditan los elementos que integran los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad por la comisión de los ilícitos de homicidio calificado y robo a casa habitación, que se le atribuye al disconforme ADRIÁN ROMERO PAREDES, lo cual quedará demostrado con las siguientes consideraciones. El juez responsable citó como fundamento de la orden de captura reclamada, por lo que se refiere al delito de homicidio calificado, los artículos 312, 313, 323, 326 fracción II, 329 y 331 del Código Penal para el Estado de Puebla, que en esencia establecen lo siguiente: "Artículo 312.- Comete el delito de Homicidio el que priva de la vida a otro. (.) Artículo 323.- Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o traición. Artículo 331.- Al responsable de un homicidio calificado, se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión. (.)" Del texto de los artículos previamente transcritos, se advierte que los elementos del cuerpo del delito de homicidio calificado son: ELEMENTOS OBJETIVOS a) La privación de la vida a una persona. b) Que el sujeto activo produzca la extinción del funcionamiento orgánico vital del pasivo. c) Que se haya afectado irremediablemente el bien jurídicamente tutelado por la norma, que es la vida humana. AGRAVANTES d) Que la privación de la vida se haya realizado con premeditación y ventaja. En este punto, es necesario precisar que el objeto del ilícito es la privación de la vida, y en su realización va a existir una conducta de acción, o de omisión, siendo para esta última de comisión por omisión. El resultado siempre será material, siendo éste la privación de la vida humana y la existencia del nexo causal entre la conducta y el resultado producido. Así, se tiene que el primero de los elementos objetivos del hecho delictuoso en estudio, consistente en la privación de la vida a una persona, correctamente lo tuvo por acreditado la juez responsable, fundamentalmente al tomar en consideración los siguientes indicios: Diligencia de traslado del personal actuante, fe ministerial de cuerpo muerto y levantamiento de cadáver, en la que el Agente del Ministerio Público en Poza Rica Veracruz se constituyó en el Hospital Regional de la ciudad en cita, ubicado en calle Las Flores sin número en la colonia Las Vegas, en el cual dio fe de que la víctima mostraba signos de muerte real y reciente (fojas 73 y 74); La diligencia de identificación de cadáver, practicada por el Representante Social y presente BULMARO BELTRÁN VALDERRAMA, persona que teniendo a la vista en la sala mortuoria del Hospital Regional en Veracruz identificó a quien en vida el nombre de FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA, como su hermano (foja 77). El dictamen médico de necropsia, suscrito por YOLANDA OLVERA CRUZ, perito médico forense, que concluyó ".2.-Tipo de muerte: violencia mecánica, - - - 3.-Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego que lacera bazo, perfora diafragma y perfora pulmón izquierdo en su lóbulo inferior con hemotorax izquierdo." (foja 78) Los dictámenes en materia de Criminalística y Balística, suscritos por los peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, de los que se advierten las conclusiones sobre la causa de muerte de la víctima, la mecánica de los hechos y las características de las armas fuego utilizadas. Actuaciones que correctamente la Juez de control, al analizarlos de manera armónica, lógica y jurídica los consideró suficientes para acreditar la pérdida de la vida del sujeto pasivo del delito debido a las alteraciones en la salud, causadas por los activos. Sirve de apoyo a la anterior consideración, por identidad de razón, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de epígrafe: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL. EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR." Así como, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN." Por otra parte, el segundo y tercero de los factores estructurales de naturaleza objetiva del hecho delictuoso de homicidio, esto es, que el sujeto activo produzca la extinción del funcionamiento orgánico vital del pasivo y que se haya afectado irremediablemente el bien jurídicamente tutelado por la norma, que es la vida humana, en la especie se acredita con la declaración de BULMARO BELTRÁN MARQUEZ. En la cual el deponente señala que, el nueve de mayo de dos mil ocho, se encontraba viendo la televisión en su domicilio en compañía de su hija EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, de su nieta LIDIA RUBÍ BELTRÁN VALDERRAMA, y su hijo FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA, cuando escuchó que tocaron el portón de su casa, motivo por el cual se dirigió a la entrada y en el momento en el que abrió el portón, dos sujetos lo empujaron hacia adentro percatándose que uno era chaparrito, delgado, como de unos sesenta kilogramos de peso, de aproximadamente un metro con cincuenta y cinco centímetros de estatura y treinta años de edad, tez morena; y el otro lo describió como un sujeto alto, de aproximadamente un metro con setenta centímetros de estatura, tez morena, agregando que ambos se encontraban armados. Una vez dentro del domicilio los activos cerraron el portón y el sujeto chaparro se puso al lado derecho de BULMARO BELTRÁN MARQUEZ, al tiempo que le tapaba la boca con su mano izquierda y lo amenazaba con el arma de fuego que colocó en su cabeza a la altura de la cien y lo llevó caminando por el pasillo ubicado entre su casa y su negocio comercial, mientras el sujeto alto caminaba por delante, acto seguido, ambos sujetos activos le advirtieron: "Queremos el dinero, usted tiene el dinero aquí guardado y me lo tiene que entregar", posteriormente el sujeto chaparro lo tumbó y lo comenzó a arrastrar tomándolo de la playera, instante en el que llegó el pasivo FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA, y después de solicitarles que dejaran en paz a BELTRÁN MARQUEZ se le aventó al sujeto chaparro y lo comenzó a golpear, posteriormente entre los dos agresores lograron someter a FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA, pegándole un cachazo en la cabeza y después le dispararon, causándole la lesión que ocasionara su deceso al día siguiente. Indicio que, como correctamente lo estimó el juez de lo Penal en Xicotepec de Juárez, Puebla, se desprende que se desplegó una conducta de acción de efectos instantáneos por parte de los activos del delito, ya que mediante varios movimientos corpóreos, idóneos y necesarios, consistentes en disparar con una arma de fuego, se provocaron alteraciones a la salud del pasivo, que originaran que posteriormente cesaran por completo sus signos vitales causándole la muerte. Circunstancias por las cuales es claro que el segundo y tercer elementos objetivos del hecho previsto por la ley como delito de homicidio quedó acreditado, en virtud de que con la demostración de la acción de privación de la vida del sujeto pasivo, queda evidenciada la afectación que existió hacia el bien jurídicamente tutelado y consistente en la vida humana. Por otra parte, en relación a las agravantes consistentes en que la privación de la vida se haya realizado con premeditación y ventaja, prevista en la fracción II del artículo 326 del Código Penal del Estado de Puebla, es correcto el razonamiento efectuado por el juzgador de origen, porque tomando en consideración que los activos del delito al momento de privar de la vida al occiso, utilizaron un arma de fuego, como se advierte del informe médico de necropsia, en el que el perito medico forense asentó que observó en el cuerpo del pasivo FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA, una herida por disparo de proyectil de arma de fuego de un centímetro de diámetro, con área equimotica de borde invertido con trayecto de izquierda a derecha ligeramente hacia la derecha y de atrás adelante sin orificio de salida; asimismo, de la pericial en materia de criminalística se advierte que en el lugar del hecho fueron encontrados dos casquillos de metal amarillo los cuales fueron levantados y embalados con las formalidades de ley; finalmente, por las características de las lesiones presentadas en la entidad corpórea de quien en vida llevara el nombre de FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA, se advierte que fueron ocasionadas por proyectiles disparados con arma de fuego. En ese contexto, como acertadamente lo apreció el Juez de lo Penal en Xicotepec de Juárez, Puebla, con los anteriores elementos probatorios se justifica que los agresores no corrieron ningún riesgo de ser muertos o lesionados por el pasivo del delito, pues en principio la acción la realizaron de manera repentina y utilizaron para cometerla arma de fuego, lo que puso en desventaja a la víctima en relación a ellos, máxime que no existen datos reveladores de que el pasivo del delito hubiera ido armado para repeler una agresión de tal naturaleza; de ahí que se considere adecuado el proceder del juzgador al tener por acreditada la agravante de ventaja. Al integrarse los elementos de referencia, es que se estima, se vulneró el bien jurídicamente tutelado que en éste caso es la vida. Con ello se considera integrado el cuerpo del delito de homicidio calificado, como bien lo advirtió el Juez de origen. Por otra parte, en relación al diverso ilícito de robo a casa habitación el juez responsable citó como fundamento de la orden de captura reclamada, los artículos 373, 374 fracción IV, 380 fracciones I, III, X, XI del Código Penal para el Estado de Puebla, que establecen lo siguiente: "Artículo 373.- Comete el delito de robo, quien se apodere de un bien ajeno mueble, sin derecho o sin consentimiento de la persona que puede disponer de él con arreglo a la ley. (.) Artículo 374.- El robo se sancionará: "(.) IV.- Cuando el valor de lo robado sobrepasare doscientos cincuenta días de salario, se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario," "Artículo 380.- Además de la sanción que le corresponda al delincuente, conforme a los artículos 374 y 378, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión, en los casos siguientes: I.- Si el robo se ejecuta con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en el lugar de los hechos; (.) III.- Cuando se cometa el delito en lugar cerrado o en casa, edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que están fijos en la tierra, sino también los movibles, sean cual fuere la materia de que estén construidos, o en sus dependencias; (.) X.- Cuando se cometa de noche, llevando armas, con fractura, excavación o escalamiento: XI.- Cuando sean los ladrones dos o más, o se fingieren servidores públicos o supusieren una orden de alguna autoridad; (.)" Del contenido de los artículos trascritos, se advierten los elementos que integran el cuerpo del delito en estudio, que son: a) Que alguien se apodere de un bien mueble ajeno (elemento objetivo- normativo); b) Que dicho apoderamiento se realice sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer del citado bien conforme a la ley (elemento normativo); CIRCUNSTANCIA CUALIFICANTES: c) Que el apoderamiento se realice con violencia contra la víctima de aquél o contra u otras personas que se encuentren en el lugar d) Que el apoderamiento se cometa en lugar cerrado o en casa, edificio, vivienda, u otros destinados para habitación e) Que el ilícito se cometa de noche, llevando armas, con fractura, excavación o escalamiento. f) Cuando sean los ladrones dos o más..; Ahora bien, el juez de la causa acertadamente consideró que se acreditan los elementos del cuerpo del delito de robo a casa habitación, y para llegar a tal conclusión, se advierte que tomó en cuenta el segmento fáctico siguiente: Que el nueve de mayo de dos mil ocho, una vez que dos sujetos del sexo masculino se introdujeron al domicilio del ofendido BULMARO BELTRÁN MARQUEZ, y lesionaran a FERNANDO BELTÁN VALDERRAMA, causándole a la postre la muerte, después de la agresión a FERNANDO BELTRÁN, BULMARO BELTRÁN, les dijo que dejaran a su hijo y les entregaría el dinero, acto seguido los dos sujetos lo llevaron a empujones a su domicilio donde se encontraba EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, y su nieta RUBÍ BELTRÁN VALDERRAMA, quienes también fueron sometidas por uno de los sujetos activos que se refirió a ellas diciéndoles que se mantuvieran calladas, posteriormente BULMARO BELTRÁN MARQUEZ, se dirigió a un ropero de madera sacó el dinero que tenía guardado en una caja de cartón aproximadamente doscientos cuarenta mil pesos, de un portafolio de piel sacó aproximadamente veintisiete mil quinientos pesos, de una cajita de madera sacó doscientos mil pesos, llevándose también monedas de plata, unas joyas que eran, una cadena con dije en forma de ancla, una medalla de la Virgen de Guadalupe, una esclava para hombre, una sortija para hombre, todos de oro, de una caja de madera sacó otros ciento treinta mil pesos y también se llevó siete mil pesos propiedad de EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, finalmente BULMARO BELTRÁN MARQUEZ, manifiesta que mientras el sujeto chaparro sacaba las cosas su compañero los apuntaba con la pistola, una vez que se apoderaron de los objetos se retiraron de su domicilio y el agraviado se regresó a auxiliar a su hijo FERNANDO, aclarando que el monto de lo robado es de ochocientos mil pesos. Apreciación fáctica que el juez de la causa apoyó en el estudio y análisis de las evidencias e indicios que sobresalen del cuadro probatorio, principalmente, el conformado con los siguientes medios de prueba: 1.- Declaración ministerial del agraviado BULMARO BELTRÁN MARQUEZ, de nueve de mayo de dos mil ocho (fojas 4 a 7). 2.- Declaración de la testigo EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, de doce de mayo de dos mil ocho (fojas 37 a 40). 3.- La diligencia de inspección ocular del lugar de los hechos de nueve de mayo de dos mil ocho (fojas 17 a 27) 4.- El dictamen pericial en materia de contabilidad signado por la perito DORA MARÍA RIVERA GONZÁLEZ (Fojas 217 y 218). Así, el juez de la causa, respecto al ilícito de robo a casa habitación, en agravio de BULMARO BELTRÁN MARQUEZ; correctamente apreció que hubo una conducta de acción, que produjo un resultado material en el mundo fáctico, con motivo de la perpetración del hecho delictivo, pues con la acción de apoderamiento ejecutada por el quejoso y otro, se causó un cambio en el mundo físico, respecto de dinero en efectivo y joyas de oro (objeto material), pues salió de la esfera patrimonial del ofendido, sin su consentimiento, con la conducta desplegada por el quejoso y otro; evidenciándose así el nexo de causalidad entre la conducta humana y el resultado producido que afectó el patrimonio del ofendido; por tanto, se actualizó la lesión al bien jurídico tutelado por la norma, que es el patrimonio de las personas, quedando así acreditados los elementos normativos de valoración jurídica y cultural que exige la descripción típica, relativos a cosa ajena, mueble y sin consentimiento. Asimismo, en relación al cuerpo del delito de ROBO CALIFICADO, es correcto que el Juez de la causa haya acreditado las diversas calificativas previstas en el artículo 380, fracciones I, III, X y XI, del Código Penal para el Estado de Puebla, vigente al momento de los hechos, pues como bien lo apreció el Juez A quo, las calificativas se encuentra demostradas principalmente con las declaraciones del ofendido BULMARO BELTRÁN MARQUEZ y la testigo EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, ya que de ellas se advierte que el quejoso y su compañero el día y hora de los hechos para cometer el delito, se introdujeron a un lugar cerrado destinado a casa habitación, amenazaron con un arma al ofendido y familiares que se encontraban en el lugar y actuando en número de dos se apoderaron de los objetos reclamados, dándose así la demostración de las calificativas previstas en el artículo 380, fracciones I, III, X y XI, antes citado. Finalmente fue correcto que el Juez responsable considerara que el cuerpo del delito de robo, encuadra en la fracción IV del artículo 374 del Código Penal para el Estado de Puebla, pues atendiendo al monto de lo robado $880,102.38 se advierte que dicha cantidad excede de doscientos cincuenta días de salario mínimo ($52.59) vigente en la época de los hechos (2008). Para la comprobación del objeto material (dinero), como acertadamente lo consideró el Juez responsable resulta idóneo el dictamen pericial en materia de contabilidad signado por DORA MARÍA RIVERA GONZÁLEZ (fojas 217 y 218), perito habilitada por el Representante Social quien realizó su dictamen basándose en los registros internos del señor BULMARO BELTRÁN, y según el acumulado de los gastos y el saldo actual o total al periodo en que los realizó (2008), resultó ser la cantidad de $880,102.38, monto que coincide en aproximado con las declaraciones del ofendido BULMARO BELTRÁN MÁRQUEZ, quien calculó que el monto aproximado de lo que le robaron fue de $800,000.00 (ochocientos mil pesos). A lo anterior se concatena lo depuesto por la testigo de los hechos EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, quien precisó que su padre sacó del ropero una fuerte cantidad de dinero, sin especificar cuánto, y se la entregó a uno de los sujetos activos el cual se la colocó bajo el brazo y les advirtió que no salieran del cuarto en el que se encontraban, además debe ponderarse que el ofendido BULMARO BELTRÁN MÁRQUEZ, aportó a la causa el catorce de mayo de dos mil ocho, veinticinco copias de cheques por diversas cantidades (fojas 46 a 55), de personas que iban a cambiar esos cheques a su negocio, los cuales también fueron robados por el quejoso y su compañero, lo cual, es un dato probatorio que otorga mayor credibilidad a su dicho en cuanto a la existencia de los objetos robados, incluso, en el aspecto del numerario, cuya existencia, como ya fue señalado, también fue reiterada por la testigo EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, quien es hija del ofendido y conoce de su poder económico. Por lo anterior, no se advierte algún motivo legal para restar veracidad a la narración del denunciante en relación a los objetos que le fueron robados, pues la acreditación de este aspecto resulta de la concatenación lógica de los indicios que se desprenden de los medios de prueba supra-indicados. Ahora bien, respecto a la acreditación de la probable responsabilidad del quejoso en su comisión de los ilícitos de homicidio calificado y robo a casa habitación, del análisis de las constancias que integran la causa 175/2009, que remitió el Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, en el Estado de Puebla, se obtiene que, tal como lo aseveró la autoridad responsable, existen indicios suficientes para considerar que Adrián Romero Paredes y otro, probablemente perpetraron los delitos que quedaron acreditados en los párrafos que preceden. Ello es así, pues esa circunstancia queda demostrada principalmente con las comparecencias de BULMARO BELTRÁN MARQUEZ y EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, de diecinueve y veinticinco de marzo de dos mil nueve, respectivamente, en las que después de que a los deponentes se les pusieron a la vista diversas imágenes digitalizadas a color de sujetos del sexo masculino, fueron coincidentes en manifestar que reconocían sin temor a equivocarse a ADRIÁN ROMERO PAREDES y otro, como las personas que privaron de la vida a FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA y robaron en el domicilio de BULMARO BELTRÁN MARQUEZ. No se soslaya que existe el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CXC/2009, consultable en la página cuatrocientos trece del tomo XXX, noviembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, que establece: "PRUEBA TESTIMONIAL. DEBE SER RENDIDA DE FORMA LIBRE Y ESPONTÁNEA. Conforme a la garantía de legalidad y debido proceso, contenida en el artículo 14 Constitucional, en relación con lo dispuesto en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, las personas que declaren como testigos en una averiguación previa deben hacerlo de forma espontánea e imparcial. Esta máxima se ve violentada en el momento en que el órgano investigador muestra a los testigos fotografías de los indiciados sin que hayan manifestado poder reconocer a éstos o sin que hayan proporcionado la razón por la cual estarían en posibilidad de identificarlos. Con tal forma de actuar, el órgano acusador induce la declaración del testigo para que realice imputaciones en contra de personas determinadas, mismas que, de esa forma, ven violentadas sus garantías individuales. En este supuesto, la vinculación de los inculpados a los hechos investigados se logra sin que se hayan respetado sus derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, las declaraciones en que se actualizan los vicios de ilicitud pueden tener valor probatorio en aquella parte en que los testigos declaran libremente, y deben considerarse como ilícitamente obtenidas en la parte en que el órgano de la acusación induce el señalamiento de los inculpados a partir de la muestra de fotografías mediante las cuales se imputa un cargo." Sin embargo, se estima que en este caso no resulta aplicable el criterio sustentado por la referida Sala virtud a que de la revisión de constancias que integran la causa penal 175/2009, se advierte que al momento de que el Agente del Ministerio Público realizó las diligencias del reconocimiento por fotografías del quejoso por parte de los denunciantes BULMARO BELTRÁN MARQUEZ y EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, no era el único sujeto que les pusieron a la vista por lo que no puede considerarse como una prueba inducida. Máxime que BULMARO BELTRÁN MARQUEZ, en la diligencia de diecinueve de marzo de dos mil nueve (foja 200) señaló: "La fotografía que aparece en la parte superior lo reconozco e identifico como la misma persona que entrara a robar a mi domicilio el día nueve de mayo de dos mil ocho y es la misma persona que privara de la vida a mi hijo FERNANDO BELTRAN VALDERRAMA, y lo identifico sin temor a equivocarme como quien disparara el arma de fuego..ya que yo los tuve de frente cuando les abrí el portón de mi casa y los vi cara a cara como a cincuenta centímetros y que fue con luz del día, por lo que no temo a identificarlos ni a equivocarme como los mismos sujetos que privaran de la vida a mi hijo." Por su parte EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, el veinticinco de marzo de dos mil nueve señaló (foja 201): "La fotografía del sujeto que aparece en el margen superior con el nombre de ADRIAN ROMERO PAREDES, lo reconozco e identifico plenamente y sin temor a equivocarme como la misma persona que se introdujo a mi domicilio (sic) el día nueve de mayo de dos mil ocho, y esto lo afirmo porque lo tuve frente a mí a una distancia de cuarenta centímetros de mi aproximadamente y lo vi claramente ya que lo tuve bien frente a mi." Con lo anterior se cumplió las formalidades establecidas en la ley, consistentes en que se colocaran diversas personas con similares características y que los testigos manifestaran la razón por la cual estarían en posibilidad de identificar a sus agresores si se les pusiera a la vista de nueva cuenta. Por ello es que en el caso más bien cobra aplicación, la tesis aislada número CCCLI/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 980, del Tomo I, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, que dice: "IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. REQUISITOS PARA QUE LA EXHIBICIÓN DE SUS FOTOGRAFÍAS SE ESTIME CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE EN LOS CASOS DE TESTIGOS PROTEGIDOS. El hecho de mostrar a los testigos fotografías de personas que podrían estar involucradas en hechos delictivos será constitucional siempre que, como lo ha establecido este Alto Tribunal -sin distinción tratándose de testigos protegidos-, la toma de fotografías cumpla con las formalidades dentro de la averiguación previa por el Ministerio Público y no se induzca de forma alguna a las terceras personas a reconocer a alguien, lo cual puede darse si la muestra de una fotografía se hace de forma aislada, es decir, si se muestra únicamente una fotografía y no se hace junto con un grupo de otras." Probanzas de las cuales se acredita que el aquí quejoso, probablemente perpetró los delitos de homicidio calificado y robo a casa habitación, pues de las mismas se obtienen indicios suficientes para considerar, en este momento procesal, que existe la probabilidad de que el impetrante de garantías tuvo participación en esos injustos. Medios de convicción que tienen valor probatorio indiciario, y que son eficaces para corroborar el caudal probatorio vertido con anterioridad y así concluir que queda acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos de homicidio calificado y robo a casa habitación. Ahora bien, no obstante que el material probatorio analizado anteriormente resulta bastante para justificar la legalidad de la resolución que se revisa en esta vía Constitucional cabe adicionar que del caudal probatorio referido también encuentra sustento con la declaración ministerial emitida por ARIADMA VARGAS ALONSO, quien el dieciocho de marzo de dos mil nueve, sostuvo que al tener a la vista el teléfono celular marca Sony Ericsson, modelo W200A, de color negro, con los números del teclado en color blanco, con vivos en color naranja, que fuera encontrado por MIGUEL BELTRÁN VALDERRAMA el quince de mayo de dos mil ocho, cerca del lugar donde fue lesionado FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA, lo reconoció plenamente y sin temor a equivocarse como de su propiedad agregando que el día nueve de mayo del año citado levantó un reporte de dicho aparato como extraviado para que lo cancelaran, también señaló que dicho teléfono celular se lo regaló ADRIAN ROMERO PAREDES, con quien sostuvo una relación sentimental persona que ocasionalmente utilizaba el referido aparato de telefonía móvil incluso tenía varios números registrados de personas conocidas de él. Por lo anterior resulta inatendible el argumento que hace valer el quejoso en su escrito de alegatos en el sentido de que todo lo relacionado con el teléfono celular que fue encontrado el quince mayo de dos mil ocho carece de valor probatorio al haber sido manipulado por MIGUEL BELTRÁN VALDERRAMA, además de que la obtención de datos por parte del Ministerio Público se realizó sin que mediara una orden judicial, lo anterior es así porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de amparo en revisión 338/2012, en el que abordó los límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba, estableció los supuestos siguientes: a) si la contaminación de la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba, y c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente En ese contexto la Primera Sala destacó que las pruebas independientes deberán ser analizadas de acuerdo a cada caso en particular, en el conjunto del acervo probatorio, independientemente de la violación inicial. Bajo esa tónica, se considera la declaración ministerial de ARIADMA VARGAS ALONSO, como una prueba independiente y por tanto con un valor indiciario que se suma para acreditar la probable responsabilidad del quejoso en los ilícitos que se le imputan, y si bien del deposado de ARIADMA VARGAS no se advierte que en el momento en que sucedieron los hechos ADRIÁN ROMERO PAREDES, portara el teléfono celular que fue encontrado seis días después por el señor MIGUEL BELTRÁN VALDERRAMA, cerca de donde falleció su hermano FERNANDO BELTRÁN VALDERRAMA, sí se advierte que la testigo señaló que ocasionalmente el quejoso utilizaba el teléfono celular marca Sony Ericsson, modelo W200A, de color negro, con los números del teclado en color blanco, con vivos en color naranja que incluso tenía contactos y direcciones en dicho aparato telefónico, y no se advierte que la testigo haya emitido su declaración obligada por la fuerza o miedo, ni impulsada por engaño, error o soborno, de ahí que se presuma su veracidad e imparcialidad sobre las circunstancias fácticas que declaró. Tiene aplicación la tesis aislada CCCXXVI/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación; sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba. Dichos supuestos son, en principio, y de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: a) si la contaminación de la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba; y c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Sobre el primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían tomar, entre otros, los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado: a) cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es no intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras faltas es menos irresistible; b) entre más vínculos (o peculiaridades) existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión; y c) entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba. En relación con el segundo supuesto es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. Finalmente, el tercer punto para no excluir la prueba consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho supuesto se refiere, en general, a elementos que constituyan prueba del delito que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. La aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto". Medios de convicción que tienen valor probatorio indiciario, y que son eficaces para corroborar el caudal probatorio vertido con anterioridad y así concluir que queda acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos de homicidio calificado y robo a casa habitación. Sin que pueda considerarse que este Juzgado de Distrito trasgreda el numeral 75 de la Ley de Amparo, al valorar el referido deposado de ARIADMA VARGAS ALONSO, así como la diligencia de identificación en la que participaron BULMARO BELTRÁN MARQUEZ y EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, toda vez que esas probanzas si bien no fueron estimadas por la autoridad responsable, al realizar el estudio de la probable responsabilidad del quejoso, lo cierto es que dichos medios de convicción sí fueron considerados dentro del acto reclamado, pues obran dentro de la indagatoria de origen, máxime que el juez de la causa los relacionó en la determinación combatida, lo que significa que sí los tuvo a la vista al momento de emitir la misma. Sin que al efecto sea dable considerar los argumentos que hace valer el quejoso sobre las posibles contradicciones de los deposados de BULMARO BELTRÁN MARQUEZ y EMILIA BELTRÁN VALDERRAMA, virtud a que no debe olvidarse que en la etapa procesal que configura el acto reclamado, la participación del quejoso es a título probable, máxime que las contradicciones que alude el quejoso no son de carácter sustancial, además de que esa circunstancia será materia de indagación en el proceso. Por último, debe decirse que hasta la emisión de la resolución reclamada, como acertadamente lo estableció el juez de la causa, no aparece comprobada plenamente a favor del inculpado alguna circunstancia eximente de responsabilidad o que extinga la acción penal. En ese tenor, toda vez que el acto de autoridad impugnado y que constituye la materia de estudio en el presente considerando, no resulta violatorio de garantías y, en consecuencia, debe negarse la protección de la Justicia Federal al quejoso Adrián Romero Paredes, al ser infundados los conceptos de violación formulados y sin encontrarse materia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Negativa que se hace extensiva a los actos de el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Xicotepec de Juárez en el Estado de Puebla y el Comandante de la Policía Ministerial de Xicotepec de Juárez en el Estado de Puebla por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación la jurisprudencia II.1o. J/12, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con sustento además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a Adrián Romero Paredes, respecto de los actos y autoridades indicados en el considerando cuarto de este fallo, en términos del considerativo quinto.

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