Adrian Ruben Calderon Calzada
Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adrian Ruben Calderon Calzada
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado electrónicamente por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 845/2023, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto por el que se desechó la demanda dentro del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno, e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 185/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.ERR
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese la copia del escrito presentado por el quejoso Adrián Rubén Calderón Calzada, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de cinco de julio del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, para lo cual se ordena rendir el informe respectivo sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que en el citado acuerdo se desechó la demanda de amparo, por las consideraciones que lo sustentan. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado correspondiente, copia certificada de las principales constancias, el escrito original de agravios y una copia del mismo; lo anterior, previamente la integración del cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa con el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por Adrián Rubén Calderón Calzada, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número I-845/2023-E. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser de estudio preferente este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo respecto del secretario de acuerdos, del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y de actualizarse alguna de ellas de desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo instituye que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que se actualice alguna otra causal que resulte de las restantes disposiciones de la misma legislación. De acuerdo con el artículo 5, facción II, de la misma ley, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto este juzgado advierte que el secretario de acuerdos, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, no tiene la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo referido en el párrafo que antecede. Es así, toda vez que si bien es cierto que entre las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo otorga al secretario, se encuentra la de autorizar resoluciones y actuaciones dictadas por el juez, así como dar fe pública, ello no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, ya que el secretario únicamente autoriza en función de fedatario, sin imperio ni facultad de decisión. En esas condiciones es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, únicamente respecto del secretario de acuerdos, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado se desecha de plano la demanda únicamente respecto del citado secretario, por su notoria e indudable improcedencia. En otra tesitura, el propio artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. Analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: - La resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintitrés dictada por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario 820/2018, por la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el demandado- aquí quejoso Adrián Rubén Calderón Calzada-, en contra del auto de fecha diecisiete de mayo de la presente anualidad, por el cual el aquí quejoso promovió el incidente de falta de personería dentro del juicio de origen. Este órgano de control constitucional estima que en el caso resulta improcedente la demanda de amparo porque los actos que se reclaman fueron emitidos dentro de juicio, sin embargo, no son de aquéllos cuyos efectos son de imposible reparación, por lo que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación inversa del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos indicados disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Ahora bien, en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que no resulta procedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también será improcedente en los demás casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la misma ley, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto la Ley de Amparo, es clara y precisa al definir qué debe entenderse por "actos de imposible reparación", y limita éstos a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquél que tiene como consecuencia afectar materialmente derechos y que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo así, este Juzgador no advierte que sea un acto de imposible reparación la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintitrés dictada por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecario 820/2018, por la cual declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el demandado- aquí quejoso Adrián Rubén Calderón Calzada-, en contra del auto de fecha diecisiete de mayo de la presente anualidad, por el cual el aquí quejoso promovió el incidente de falta de personería dentro del juicio de origen. Ello, porque la afectación que pudiera generar el acto reclamado no recae sobre derechos sustantivos tutelados por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos, en virtud de que el auto contra el cual la parte quejosa interpone el recurso de revocación lo es aquel por el que se le desechó el incidente de falta de personería en el juicio de origen, lo cual denota una mera afectación procesal a la parte aquí quejosa. En efecto el acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no trasciende al resultado del fallo, sino que sólo es susceptible de producir efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable; y, en caso contrario, si la sentencia le fuera adversa y se considera que la violación intraprocesal destacada trascendió al resultado del fallo, entonces podrá reclamarla, previo el cumplimiento de los principios rectores del juicio de amparo, en la vía directa ante Tribunal Colegiado de Circuito. A mayor abundamiento, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto por los artículos 170, 171 y 172, fracción IX, de la Ley de Amparo que rezan: "Ley de Amparo (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.)" De dichos dispositivos legales se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales, ya sea que la violación se cometa en ellas o que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Así las cosas, al no ser el acto reclamado de aquéllos considerados de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio, en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; y, por tanto, con apoyo en el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo conducente es desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo, por analogía jurídica sustancial, la Jurisprudencia (Común) P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una contradicción de tesis y puede ser localizada bajo el número de registro 2006589, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Finalmente, tal determinación no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efecto de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 Constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso la quejosa, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". En consecuencia, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, en términos del artículo 113 de la misma legislación, se desecha la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se autoriza a las partes la expedición de copias para los efectos legales a que haya lugar. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Asimismo, se precisa que el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las determinaciones dictadas en el juicio, que en su caso requieran notificación personal, en términos de los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 27, de la Ley de Amparo; queda constreñido al lapso que comprende de las nueve a las quince horas de los días hábiles, por ser el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.ERR/Jjsg
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Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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