Adrián Torres Fernandez
Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adrián Torres Fernandez
- Ma. Corina Guzmán Villicaña
- Julia Monzerrath Carranza Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 553/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias de autos, de las que se advierte que el presente incidente de pago de daños se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar la resolución respectiva. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación anterior para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que únicamente la parte tercera interesada ofreció como prueba de su parte la siguiente: Copias certificadas del juicio sumario civil 279/2021 que sobre pago de rentas y otras prestaciones promovió la tercera interesada frente a los quejosos En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas referidas y se declara concluido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, concluye el desahogo de la audiencia de alegatos y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución respectiva dentro del incidente de pago de daños. V I S T O, para resolver, el incidente relativo al pago de daños, promovido por el apoderado jurídico de Armando Barrera Guzmán, albacea testamentario de la tercera interesada Ma. Corina Guzmán Villicaña, derivado del juicio de amparo indirecto 553/2021 promovido por Adrián Torres Fernández y Julia Monzerrath Carranza Torres, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL INCIDENTE. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, compareció Armando Barrera Guzmán, albacea testamentario de la tercera interesada Ma. Corina Guzmán Villicaña, por conducto de su apoderado jurídico, a efecto de plantear, en la vía incidental a que hace referencia el artículo 156 de la Ley de Amparo, el pago de daños, a fin de hacer efectiva la garantía que otorgó la parte quejosa Adrián Torres Fernández y Julia Monzerrath Carranza Torres, con motivo de la suspensión definitiva que se le concedió en el presente cuaderno incidental, derivado del juicio de amparo, aduciendo las razones de hecho y de derecho que hizo valer en su escrito respectivo. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de seis de diciembre del año en curso se admitió a trámite el incidente en los términos planteados y se corrió traslado a las partes por el término legal. Posteriormente, una vez que transcurrió el término de vista por tres días, establecido en los preceptos 66 y 67 de la Ley de Amparo, mediante acuerdo de veintiuno de diciembre pasado se fijaron las trece horas con cuarenta minutos del día de hoy para el desahogo de la audiencia de alegatos correspondiente, la cual fue desahogada en sus términos, por lo que se dejaron los autos a la vista del suscrito para dictar resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán es competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo. Ello, atendiendo a que la cuestión planteada deriva de un juicio de amparo tramitado ante esta autoridad, por lo que la cuestión accesoria también debe ser resuelta por este juzgado de Distrito. SEGUNDO. PROCEDENCIA DE LA TRAMITACIÓN INCIDENTAL DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. Es procedente el análisis incidental de la probable generación de daños a la parte tercera interesada con motivo de la concesión de la medida cautelar en favor de la quejosa. Ello, tomando en cuenta que dentro del presente incidente de suspensión en que se actúa, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, con lo cual se pudieron causar daños a la parte tercera interesada, ahora promovente. Se estima de esa forma, pues al momento de resolver el juicio de origen se sobreseyó el mismo. Resolución que fue confirmada mediante ejecutoria de trece de octubre de dos mil veintidós por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Por ende, como al tenor de la sentencia se determinó que la quejosa no obtuvo resolución favorable a sus intereses, ello genera que la parte tercera interesada pueda hacer valer su derecho a reclamar los daños que, probablemente, pudieron generarse en su contra con motivo de la tramitación del presente juicio constitucional, específicamente con la concesión de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, tal como refiere en su escrito incidental la parte tercera interesada y ahora promovente. TERCERO. ESTUDIO. Ya en relativo al fondo de la cuestión sometida a escrutinio, resulta infundado el incidente de pago de daños, instado por el apoderado jurídico de Armando Barrera Guzmán, albacea testamentario de la tercera interesada Ma. Corina Guzmán Villicaña. Ahora bien, a fin de demostrar dicha decisión, en primer lugar es conveniente precisar los requisitos materiales que resulta necesario acreditar para efecto de la solicitud que nos ocupa, para lo cual es menester que se cumplan con los siguientes requisitos: I. Que se haya concedido la suspensión definitiva al quejoso; II. La existencia de un tercero interesado; III. Que haya depositado la garantía, requerida como requisito de efectividad, pues sólo en ella se puede ejecutar la responsabilidad que resulte, dado el compromiso que se asume al exhibirla, es decir, responder a daños y perjuicios al tercero interesado; IV. La emisión de una resolución constitucional, en la que se sobreseea en el juicio o se niegue el amparo a quien depositó la garantía; y, V. Se promueva el incidente, respectivo, dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoría de amparo, en términos del artículo 156 de la Ley de Amparo. Aspectos que acontecieron en la especie pues, en lo referente al punto primero, se puede apreciar que por resolución interlocutoria de ocho de julio de dos mil veintiuno, dentro del presente incidente deducido del juicio de amparo 553/2021, este Órgano Jurisdiccional concedió a la parte quejosa Adrián Torres Fernández y Julia Monzerrath Carranza Torres la suspensión definitiva del acto que reclamó, consistente en que no se ejecute la orden de requerimiento de pago y embargo a través del uso de la fuerza pública en el inmueble ubicado en la calle Belisario Domínguez número 156, colonia Centro, de esta ciudad, ordenado dentro del juicio sumario civil 279/2021, que sobre pago de rentas y otras prestaciones promovio la tercera interesada frente a Amalia Torres Fernández. En lo concerniente al punto segundo, dentro de los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, por auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo con el carácter de tercera interesada a Ma. Corina Guzmán Villicaña., a quien en diverso auto de cuatro de enero pasado se le tuvo apersonando, por conducto de su apoderado, por lo que a partir de éste proveído se integró a la litis constitucional con el mencionado carácter. Luego, en lo referente al punto tercero, es un hecho notorio que dentro de los autos que integran el incidente de suspensión derivado de este juicio, los quejosos Adrián Torres Fernández y Julia Monzerrath Carranza Torres otorgaron garantía por la cantidad de $10,000 (diez mil pesos), por concepto de suspensión definitiva para cumplir con el requisito de efectividad impuesto, mediante la convalidación del billete de depósito N 906860, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, exhibido con motivo de la suspensión provisional, para que resguardara la suspensión definitiva otorgada; circunstancia que se desprende del proveído de trece de julio de dos mil veintiuno. En lo que atañe al cuarto de los requisitos mencionados, por sentencia dictada el veintiséis de enero pasado se sobreseyó en el juicio de amparo, sentencia que con posterioridad fue confirmada por la superioridad. Finalmente, por lo que ve al quinto de los requisitos señalados, se tiene que la mencionada determinación del órgano revisor se notificó a la aquí promovente (tercera interesada) el once de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, es inconcuso que, cuando se aperturó esta incidencia (auto de uno de diciembre de dos mil veintidós), aún no transcurrían los seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, por lo que el presente incidente se presentó en tiempo y forma legales. Ahora bien, una vez que se han analizado los requisitos esenciales para la tramitación de esta incidencia, procede analizar el fondo de la solicitud. En esos términos, la finalidad de este incidente es la de determinar si con motivo de la suspensión definitiva otorgada a los quejosos Adrián Torres Fernández y Julia Monzerrath Carranza Torres el ocho de julio de dos mil veintiuno, se ocasionó un daño a la parte tercera interesada Armando Barrera Guzmán, albacea testamentario de Ma. Corina Guzmán Villicaña; de ser así, debe determinarse al monto a que ascienden en una cantidad líquida. Por principio de cuentas, conviene precisar qué se entiende por "daños", dado que lo aquí pretende la parte tercera interesada es hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión, por los daños que estima se le ocasionaron, en términos de lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo. De esa forma, resulta aplicable lo que al efecto dispone el artículo 2108 del Código Civil Federal, ya que de conformidad con lo dispuesto por el diverso 1° del propio código, las disposiciones de dicho ordenamiento legal regirán en toda la República en asuntos del orden federal, como en el caso en particular y, además, porque la fianza legal o judicial se rige conforme a los artículos del 2850 al 2855 del mencionado código sustantivo; de ahí que para acotar tales conceptos, se estime aplicable esta legislación, en términos de la supletoriedad permitida por el diverso 2 de la Ley de Amparo, interpretado por extensión al caso particular, pues dichas instituciones jurídicas no están reguladas por la Ley de Amparo. Al respecto, dispone el artículo 2108 del Código Civil Federal: "ARTÍCULO 2108. Se entiende por daño la perdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación". Del precepto legal transcrito se advierte que daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2011, sostuvo que en la exposición del escrito incidental, el tercero interesado ha de expresar, como hechos relevantes, aquellos en los que sustenta la generación de los daños o de los perjuicios que reclama. Por tanto, en primer lugar la incidentista tiene la carga de manifestar, a través de los hechos que narra en su escrito inicial, en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa (causa-efecto) con la inejecución del acto reclamado (derivada del otorgamiento de la medida cautelar en el juicio de amparo); y, en segundo lugar, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, la actora debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones, lo cual se estima aplicable al caso concreto aunque las partes intervinientes sean el tercero interesado como promovente y la parte quejosa, como la que pudo generar la actualización de dichos conceptos con la tramitación del juicio de amparo. Bajo esas hipótesis, cabe sostener que el daño constituye un dato cierto y objetivo, en tanto que el perjuicio se ubica dentro del ámbito de las probabilidades, de donde se colige que en cada caso se requiere un estándar de prueba diferente, dada la diversidad de los hechos que, en cada supuesto particular, debe demostrar el tercero interesado que reclama su pago. Por tanto, cuando la pretensión de la incidentista descansa en la base de que la suspensión del acto reclamado con motivo de la concesión de la medida cautelar le generó daños, esto es, la pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio, es imperativo que dicho tercero interesado precise tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su haber patrimonial, así como que justifique la existencia de una vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado. Lo anterior, porque la garantía que se pretende hacer efectiva se rige por el principio indemnizatorio, conforme al cual la indemnización (de la voz "indemne", que implica "dejar sin daño") constituye propiamente la reparación del quebranto o menoscabo que, sobre sus bienes, patrimonio o derechos, de manera efectiva y plena ha soportado la persona que tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo. De tal forma, con el objeto de acreditar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, resulta menester que se demuestre el hecho, acto o situación concreta en que tuvieron su génesis, pues únicamente de esa manera el juzgador de amparo está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. Todo lo anteriormente expuesto se encuentra justificado a la luz del considerando quinto de la ya citada contradicción de tesis 27/2011 de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, la cual concluyó con la siguiente jurisprudencia: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista". Así las cosas, tal como se ha dicho, es indudable que la carga probatoria en este incidente recae en la parte que aduce haber sufrido la actualización de los mencionados daños, es decir, al aquí tercero interesado, pues es éste quien los resintió, dado que sólo él está en aptitud de determinar o cuantificar dichos extremos, respecto al daño que sufrió con motivo de la suspensión definitiva que se otorgó a su contraparte. Es aplicable al particular, el criterio judicial que a continuación se cita: "DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE CON LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CARGA DE LA PRUEBA EN EL INCIDENTE RELATIVO. Del texto de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, se advierte que la garantía otorgada por la parte quejosa para obtener la suspensión del acto reclamado, responde por los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a un tercero con motivo de la concesión de la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable; y que el que pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de esa garantía, debe tramitar un incidente ante la autoridad que conoció de la suspensión, cuando la sentencia no sea favorable al accionante de amparo. Lo anterior, sin duda, pone de manifiesto que corresponde al promovente del incidente relativo la comprobación de los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión otorgada y, bajo ningún supuesto, es dable sostener que la carga probatoria debe arrojarse a la parte quejosa, ya que ésta no se encuentra en aptitud de determinar y cuantificar dichos conceptos. Además, al estar debidamente plasmados los requisitos de procedencia de dicho incidente, en los dispositivos mencionados con antelación, no puede válidamente hacerse uso de las reglas que rigen un juicio ordinario, pues la acción incidental del reclamo por daños y perjuicios deriva directamente de la suspensión otorgada en un juicio de garantías". Por tanto, como corresponde a este juzgador establecer los extremos que debe colmar el incidentista en el caso concreto, a fin de contar con mayores elementos de análisis en la cuestión que nos ocupa, resulta aplicable a la tesis que a continuación se transcribe: "INCIDENTE DE DAÑOS DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ACTOR DEBE INDICAR EN QUÉ CONSISTIÓ EL MENOSCABO A SU PATRIMONIO, SU RELACIÓN DIRECTA CON AQUÉLLA Y LA MANERA DE CALCULARLO. De acuerdo a lo establecido por el artículo 129 de la Ley de Amparo, el incidente de reclamación de daños y perjuicios, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión, debe sustanciarse conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo artículo 81 señala que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, precepto que al relacionarlo con los diversos numerales 2108 y 2110 del Código Civil Federal, que rige en toda la República en asuntos del orden federal, según su artículo 1o., se obtiene que si se ejerce una acción, en reclamo del pago de daños, la parte actora debe determinar con precisión en su demanda en qué consiste el menoscabo sufrido a su patrimonio y exponer, razonadamente, por qué ese daño es consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de la obligación, en virtud de que sólo los hechos planteados por las partes pueden ser materia de prueba; así, el material probatorio que aporten las partes debe estar destinado a demostrar los hechos constitutivos de la acción y los hechos relatados por el demandado al oponer excepciones y defensas. Por tanto, si la parte actora incidental reclama el pago de daños derivados del otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo, debe indicar en qué consiste el menoscabo a su patrimonio y exponer, razonadamente, por qué ese daño es una consecuencia inmediata de la suspensión del acto reclamado lo que, desde luego, implica señalar la manera en que el monto del daño debe ser calculado". Sentado lo anterior, de la lectura de los hechos se advierte que lo que la tercero interesada se dispuso a acreditar a través de la promoción de esta incidencia, son los daños que a su juicio se le ocasionaron con la concesión de la suspensión definitiva. En esencia, la tercero interesada señala que le causaron daños por no haber podido ejecutar el embargo precautorio sobre un bien inmueble materia del presente juicio, hasta por la cantidad de ciento setenta y ocho mil pesos, pero sin especificar en qué consistió ese menoscabo a su patrominio, su relación directa con la suspensión otorgada, y principalmente, cómo calculó ese daño para así estar en considiones de determinar que la garatía otorgada para que surtiera efectos la suspensión, es precisamente la cantidad de diez mil pesos, que en billete de depósito exhibio la quejosa. Al respecto, debe declararse improcedente (por infundado) el incidente que nos ocupa, ya que la tercera interesada y promovente de la incidencia no adjuntó un solo documento con el que justifique los daños ocasionados, sino que se limitó a exhibir constancias del juicio de origen donde se condenó a la parte actora, aquí quejosa, al pago de diversas prestaciones con motivo del cumplimiento de un contrato de arrendamiento y se ordenó el trance y remate de los bienes embargados. Por tanto, el promovente incumplió con la carga procesal que le imponen las normas y los criterios ya mencionados, al no haber proporcionado los medios que sustenten la cuantificación de dichos daños. Así, ante la inobservancia de dichos requisitos, el suscrito determina que es infundado el incidente planteado, en cuanto al pago de los daños que refirió el tercero interesado en su ocurso. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo se resuelve: PRIMERO. Fue procedente, en cuanto a su tramitación, el estudio de la presente cuestión accesoria al juicio de amparo; tal como se justificó en el considerando segundo de esta resolución incidental. SEGUNDO. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, resultó infundado el incidente de pago de daños promovido por el apoderado jurídico de Armando Barrera Guzmán, albacea testamentario de la tercera interesada Ma. Corina Guzmán Villicaña, en términos de lo justificado en el considerando tercero de esta determinación interlocutoria. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, de autos se advierte que concluyó el plazo de tres días que establece el artículo 67 de la Ley de Amparo, para que las partes expusieran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas dentro del incidente de daños y perjuicios promovido por ********************, en cuanto apoderado de ******************** albacea testamentario de la tercera interesada ******************** Asimismo, del estado procesal que guardan los autos se advierte que únicamente la parte tercera interesada ofreció pruebas documentales. Con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y se considera innecesario abrir la dilación probatoria a que aluden los citados numerales, dado que las pruebas ofrecidas no requieren preparación. En tal virtud, con apoyo en los citados preceptos, se fijan las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de alegatos relativa al incidente de daños y perjuicios. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez, en cuanto apoderado de Armando Barrera Guzmán albacea testamentario de la tercera interesada Ma. Corina Guzmán Villicaña mediante el cual promueve incidente de pago de daños y perjuicios dentro del presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se admite el incidente de daños y perjuicios dentro del presente juicio de amparo que promueve el citado apoderado de la tercera interesada con motivo de la suspensión decretada en el incidente de suspensión en que se actúa. Atento lo anterior, con apoyo en el citado precepto 67, con copia del escrito de dicha incidencia dése vista a las partes para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, expongan lo que a su derecho convenga, o bien, ofrezcan los medios de prueba que estimen convenientes. Una vez que transcurra el término de tres días concedido a las partes, se ordena dar nueva cuenta con los presentes autos y acordar lo conducente con relación a los medios de convicción que dentro de dicho incidente se promuevan. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de trece de octubre de dos mil veintidós dictada dentro de la revisión civil 89/2022, de la que se advierte que dicho tribunal confirmó la sentencia recurrida por la que se sobreseyó en el presente juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismos Acuerdo General, toda vez que se concedió la suspensión provisional. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. En caso de que existan constancias pendientes en devolver a su lugar de origen, por considerar innecesaria su retención, se ordena remitirlas sin formular ulterior acuerdo. Resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Finalmente, en virtud de obrar documentos exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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